(Redacción Ibarra).- La Policía Nacional logró la captura de los dos sujetos que se movilizaban en motocicleta y que estarían involucrados en varios asaltos registrados en distintos sectores de la parroquia de San Antonio de Ibarra.
La detención se produjo tras la difusión de videos de cámaras de videovigilancia que evidenciaban al menos dos robos en el sector de Tanguarín, donde las víctimas fueron abordadas mientras esperaban transporte público.
Según información preliminar, los sospechosos fueron identificados gracias a labores investigativas y operativos desplegados en la zona, luego de las denuncias ciudadanas que alertaban sobre esta modalidad delictiva. Tras su aprehensión, los individuos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente, mientras las investigaciones continúan para determinar su posible participación en otros delitos.
(Redacción Ibarra).- El uso de aplicaciones de transporte se ha consolidado como una alternativa cotidiana de movilidad en distintas ciudades del país. No obstante, el modelo de verificación de conductores que aplican estas plataformas ha reabierto el debate sobre los alcances reales de los controles previos y los posibles vacíos en materia de seguridad para los usuarios.
En el caso de inDrive, el proceso de habilitación de conductores se basa principalmente en la carga digital de documentos personales y del vehículo, un sistema que permite un ingreso rápido a la plataforma, pero que no siempre implica una validación exhaustiva antes de comenzar a operar.
Habilitación sin confirmación de revisión manual
Conductores que presentan documentos vigentes, como cédula de identidad, licencia de conducir y matrícula del vehículo, pueden quedar habilitados para recibir solicitudes de viaje sin recibir una notificación expresa de que exista una revisión manual detallada de la información enviada.
En la práctica, si el sistema no detecta inconsistencias evidentes en los documentos cargados, la cuenta puede activarse y comenzar a operar, lo que convierte el filtro inicial en un control básico, más que en una certificación integral del perfil del conductor.
Sin cruce automático con bases oficiales
En Ecuador, este tipo de plataformas no realiza cruces automáticos en tiempo real con bases oficiales del Estado, como la Agencia Nacional de Tránsito, el Registro Civil o los sistemas judiciales de antecedentes.
Esto implica que una persona puede ingresar a la aplicación con documentos auténticos y en regla, pero sin que se verifique de manera previa su historial judicial, siempre que cumpla con los requisitos formales exigidos por la plataforma.
Un sistema de control reactivo
El control más estricto se activa, en la mayoría de los casos, después de que el conductor ya se encuentra operando. Reportes de usuarios, calificaciones negativas reiteradas, incidentes de tránsito o denuncias formales son los principales detonantes para que la plataforma revise o suspenda un perfil.
Mientras no existan reportes, el conductor puede continuar activo, un escenario que plantea riesgos potenciales, considerando que no todos los hechos irregulares son denunciados por los usuarios.
¿Cómo verifican a los conductores las apps de transporte? – Solicitan documentos digitales básicos del conductor y del vehículo. – Aplican filtros automáticos de formato, vigencia y coherencia. – Pueden realizar revisiones humanas puntuales, que no siempre son notificadas. – No cruzan información en tiempo real con bases estatales en Ecuador. – El control más riguroso se activa tras reportes, incidentes o denuncias.
Un debate aún abierto
El análisis sobre la seguridad en las aplicaciones de transporte no se limita a una sola empresa, sino que forma parte de un debate más amplio sobre regulación, responsabilidad y el rol del Estado frente a plataformas tecnológicas que operan en un entorno normativo en desarrollo.
El desafío sigue siendo encontrar un equilibrio entre accesibilidad, rapidez y seguridad, en un modelo donde una parte importante del control depende de la denuncia posterior de los usuarios.
(Redacción Imbabura).- Como ocurre cada año durante las festividades de fin de año, grupos de personas disfrazadas de las denominadas “viudas” han retomado de forma anticipada la práctica de bloquear la vía E35 en el sector de Mascarilla, provincia del Carchi, para exigir dinero a los conductores. En esta ocasión, la presencia de estos grupos se ha registrado a pocos días de finalizar el año, generando interrupciones en una carretera estratégica que conecta a Imbabura con Carchi.
Según denuncias, se ha identificado la operación de al menos dos grupos ubicados a corta distancia entre sí, quienes utilizan escombros y obstáculos para forzar la detención de los vehículos y solicitar “colaboraciones” económicas. Los montos exigidos van desde un dólar, mediante retenes improvisados que, en algunos tramos, llegarían a contabilizarse hasta 20 a lo largo de la E35.
Ante esta problemática recurrente, la Alcaldía de Pimampiro activó desde el sábado pasado operativos de control para garantizar el orden y la seguridad vial. Las acciones se ejecutan desde tempranas horas de la mañana con el apoyo de la Policía Nacional y del Ejército Ecuatoriano, especialmente en los puntos considerados conflictivos de la vía.
Durante los operativos se registraron intentos de bloqueo mediante la colocación de cadenas; sin embargo, la intervención de las fuerzas del orden evitó que estas acciones se concreten. Como medida preventiva por las festividades de fin de año, la E35 fue militarizada y se anunció que los controles se mantendrán para impedir cobros ilegales y garantizar la libre circulación.
(Redacción Ecuador).- En distintos puntos del país se han registrado largas filas de personas que, incluso desde la noche anterior, pernoctan en los exteriores de centros comerciales con la intención de ingresar primero y aprovechar las promociones anunciadas por el Black Friday, una jornada comercial que se celebra cada año a nivel mundial y que promete rebajas significativas en una amplia variedad de productos.
El Black Friday, conocido en español como “Viernes Negro”, es uno de los eventos de compras más concurridos del año, impulsado por intensas estrategias de marketing que destacan descuentos agresivos y ofertas limitadas. Sin embargo, esta edición ha generado descontento entre numerosos ciudadanos, quienes aseguran que muchos de los supuestos descuentos no representan una reducción real en los precios.
De acuerdo con los reportes de los propios consumidores, varios artículos mantienen los mismos valores que en semanas anteriores, lo que ha despertado indignación y la percepción de que ciertos establecimientos estarían recurriendo a publicidad engañosa para atraer clientes sin ofrecer rebajas efectivas. Incluso se denuncia que algunos locales elevan previamente los precios para luego simular descuentos que, en realidad, no existen, aprovechándose de la temporada de alta demanda.
Las denuncias se han multiplicado en redes sociales, donde usuarios comparten fotografías de etiquetas, comparaciones de precios previos y testimonios que evidenciarían la falta de rebajas reales. Ante este panorama, se recuerda que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor prohíbe expresamente la publicidad engañosa y exige que las promociones reflejen reducciones auténticas. El organismo encargado de recibir denuncias, investigar y solicitar sanciones es la Defensoría del Pueblo, a través de sus delegaciones provinciales; no obstante, en la práctica, los controles suelen ser limitados y muchos consumidores no presentan formalmente sus quejas.
Por ello, se exhorta a la ciudadanía a mantenerse alerta, evitar dejarse llevar por ofertas que podrían no ser reales y denunciar estas prácticas para prevenir abusos y fortalecer la protección de los derechos del consumidor en el país.
(Redacción Ibarra).- Una banda delictiva conocida como «Dulces Sueños», famosa en varias provincias por escopolaminar a sus víctimas, podría estar operando ahora en Ibarra, poniendo en riesgo a los ibarreños más picarones.
Los antecedentes a nivel nacional son preocupantes. En Quito, tres jóvenes fueron drogados y asaltados por mujeres en un restaurante. En Guayaquil, el pasado mes de abril, un hombre denunció que dos mujeres lo escopolaminaron en su departamento de Urdenor 2 y lo despojaron de sus pertenencias. En todos estos casos, las asaltantes son mujeres.
Ahora, la amenaza toca cerca de casa. A nuestra redacción llegaron dos nuevos testimonios que confirman que el modus operandi se repite. Uno de ellos proviene de un ciudadano de Ambato, quien relató que fue víctima de estas mujeres: tras ser escopolaminado, le robaron 5 mil dólares de su cuenta bancaria. El afectado compartió fotografías de los perfiles falsos utilizados para delinquir y alertó que estas mismas mujeres ya estarían operando en Ibarra.
La alerta ya genera alarma en Ibarra con un reciente caso ocurrido este día jueves en la madrugada, cuando un joven relató en la red social Facebook cómo una mujer, que se identificó como “Alejandra”, lo abordó en una licorería de la avenida Atahualpa, ofreciéndole un trago. Lo que parecía una simple promoción se convirtió en un robo con escopolamina. La mujer insistió en subirse a su vehículo y, con la excusa de “poner música”, pidió el código de su celular. Minutos después, la víctima notó cómo ella añadía algo a su bebida. Tras un solo vaso, comenzó a sentirse mareado, sin reflejos y prácticamente paralizado. Horas después despertó dentro de su auto, despojado de billetera, celular, dinero y demás pertenencias. El diagnóstico médico confirmó la presencia de escopolamina.
El joven logró rescatar una fotografía de la presunta implicada, que coincide con los perfiles compartidos desde Ambato, reforzando la sospecha de que estas delincuentes ya estarían activas en Ibarra, utilizando distintos métodos para ganarse la confianza de sus víctimas.
Estos casos han generado preocupación y elevan la alerta a todas las personas que frecuentan aplicaciones de citas en internet y se dejan llevar por mujeres hermosas, que posiblemente sean perfiles falsos, para llegar a su casa o en su auto y proceden a delinquir; además, estos casos nos recuerdan la importancia del cuidado personal que deben tener las personas para evitar ser víctimas de la delincuencia.
(Redacción Ibarra).- En una rueda de prensa realizada este lunes, el gerente general de Movildenor, Santiago Chiriboga, dio a conocer dos graves irregularidades que afectan directamente a la actual administración de la empresa, heredadas de gestiones anteriores y calificadas por la ciudadanía como uno de los mayores actos de corrupción dentro de la institución.
El primer hecho se relaciona con 145 vehículos desmantelados en los patios de retención vehicular, y el segundo con la clonación de stickers de revisión vehicular, hechos que habrían ocurrido antes de que la nueva administración asumiera el control.
“Estas irregularidades estallaron apenas días después de que asumimos la administración”, señaló Chiriboga. Afirmó que desde la gerencia se han activado los procesos legales correspondientes y que la entidad colabora de manera directa con las investigaciones en curso.
Chiriboga también lamentó que, a pesar de que los Centros de Retención Vehicular cuentan con custodia de agentes de tránsito, así como con sistema de videovigilancia y cercado eléctrico, los hechos ilícitos se concretaron, lo que evidencia una seria vulneración de los protocolos de seguridad.
Por su parte, Gustavo Samaniego, presidente de la Mancomunidad de Tránsito Norte, fue enfático al señalar que “ningún funcionario estará exento de responsabilidad ante actos de corrupción”. Añadió que varios elementos han sido separados de la institución tras detectarse conductas indebidas, como parte del compromiso por depurar y recuperar la confianza ciudadana en el sistema de tránsito.
Movildenor ha informado que las personas afectadas no deberán cancelar valores por concepto de uso de patios de retención, y que se encuentran a la espera de la resolución de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General del Estado para proceder a indemnizar a los afectados, aunque esto represente una pérdida considerable para la institución.
(Redacción Imbabura).- En un hecho sin precedentes para la jurisprudencia ambiental del país, un juez constitucional reconoció al Lago San Pablo como sujeto de derechos, marcando un hito legal en la protección de la naturaleza en Ecuador. La decisión judicial obliga a las autoridades locales a responder por años de omisión y negligencia en el manejo de este emblemático cuerpo de agua. Durante la audiencia celebrada ayer, el juez acogió la acción de protección presentada por colectivos ciudadanos y declaró responsables a la Empresa Pública de Agua Potable de Otavalo (EMAPAO) y al Municipio de Otavalo por la vulneración de los derechos de la naturaleza.
El fallo dispone la ejecución inmediata de un plan de remediación ambiental que deberá ser elaborado en coordinación con otras entidades del Estado. El proceso judicial con el número 10311-2025-00496 se basó en evidencia técnica, testimonios de la comunidad y múltiples denuncias sobre la creciente contaminación del lago San Pablo, el más emblemático de la provincia. Organizaciones como Unidos por la Pachamama, impulsoras de esta causa, celebraron la sentencia como una victoria histórica y una oportunidad para revertir décadas de daño ambiental.
El pasado 6 de mayo, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) presentó una denuncia ante la Fiscalía provincial de Imbabura por presunto delito contra el agua, según el artículo 251 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). También inició un procedimiento administrativo contra EMAPAO y el Municipio de Otavalo, tras conocerse un diagnóstico técnico de la Corporación para la Defensa del Lago San Pablo, que reveló que las 14 plantas de tratamiento estaban fuera de funcionamiento y que cerca de 68.000 litros de aguas residuales se descargan diariamente en el lago. El nivel de contaminación se situó en 7 sobre 10, calificándolo como “alarmante” por el Ministerio, y de no tomarse acciones urgentes, el lago podría desaparecer en menos de dos años.
Con la sentencia en firme, EMAPAO y el Municipio deberán presentar un plan integral que contemple medidas urgentes para detener la contaminación, restaurar las áreas afectadas y garantizar un sistema sostenible de tratamiento de aguas. Aunque los detalles del fallo aún no han sido publicados, se anticipa que incluirá sanciones técnicas y administrativas concretas para los responsables.
(Redacción Otavalo).– La tranquilidad de Otavalo se ha visto gravemente alterada por una creciente ola de extorsiones a comerciantes locales, quienes en los últimos días han reportado amenazas directas presuntamente por parte de integrantes del grupo delictivo “Los Lobos”.
Uno de los casos más alarmantes ocurrió recientemente, cuando sujetos a bordo de un taxi ingresaron a un establecimiento comercial y entregaron una funda de regalo que contenía en su interior un panfleto con mensajes intimidatorios, en los que se exigía el pago de dinero mensual para cuidar su integridad, lo que comúnmente se conoce como una “vacuna” . El documento, firmado con el nombre de la organización criminal, detallaba incluso el monto que debía ser cancelado para evitar represalias.
La situación se intensificó el día de ayer, cuando cámaras de videovigilancia captaron a varios individuos armados merodeando distintos negocios en el sur de la ciudad, con la aparente intención de amedrentar a sus propietarios. Gracias a una rápida intervención de la Policía Nacional, los sospechosos fueron capturados y puestos a órdenes de las autoridades competentes, donde actualmente se encuentran bajo investigación, por intimidación y tenencia ilegal de armas.
Las primeras indagaciones apuntan a que se trataría de una estructura delictiva organizada, dedicada al cobro de extorsiones en sectores comerciales de la ciudad. Ante estos hechos, la Policía Nacional exhorta a la ciudadanía a no compartir información personal con desconocidos y a denunciar de inmediato cualquier intento de extorsión al 1800 DELITO o al 911.
Hoy en Imbabura 