(Redaccion Ibarra).- La posible exposición de 14,8 millones de registros y más de 10,6 millones de imágenes en alta definición de cédulas y documentos oficiales volvió a poner sobre la mesa uno de los mayores temores en la era digital.
La advertencia, difundida por la organización Usuarios Digitales, apunta a información sensible vinculada a documentos oficiales ecuatorianos que presuntamente estaría siendo comercializada o compartida en espacios digitales. Aunque la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación (Digercic) aseguró que la filtración no proviene de su infraestructura tecnológica actual, la magnitud del caso abrió cuestionamientos sobre la trazabilidad y protección histórica de los datos biométricos de la población.
La institución informó que activó sus protocolos de seguridad desde el pasado 4 de mayo y que, tras los primeros análisis, no se detectaron vulneraciones directas en sus sistemas. Según el Registro Civil, se investigan posibles fuentes externas relacionadas con registros históricos o integraciones con terceros.
El contexto no es menor. Entre 2024 y 2025, la entidad reportó haber enfrentado más de 3,5 millones de intentos de ataques cibernéticos provenientes de varios países, especialmente durante periodos previos a procesos electorales. Aunque los sistemas habrían neutralizado esos intentos, especialistas advierten que una filtración de datos biométricos podría facilitar delitos como suplantación de identidad, estafas financieras, falsificación documental e incluso redes de fraude internacional.
A esto se suman antecedentes que ya habían dejado dudas sobre la consistencia y seguridad del sistema registral ecuatoriano. Uno de los casos más delicados es el de Caitlan Nathaly Gómez Cervantes, una joven ecuatoriana que descubrió que, pese a tener cédula de identidad, su información no constaba correctamente en el Registro Civil. Durante un trámite migratorio encontró que el número de acta y tomo que le pertenecían aparecían registrados a nombre de otra persona, situación que terminó con la anulación de su cédula, pasaporte y registro electoral.
La preocupación no gira únicamente alrededor de una posible filtración, sino de las consecuencias que podría tener para millones de ciudadanos cuya información personal y biométrica forma parte de las bases de datos estatales.
(Redacción Ibarra).- La Policía Nacional logró la captura de los dos sujetos que se movilizaban en motocicleta y que estarían involucrados en varios asaltos registrados en distintos sectores de la parroquia de San Antonio de Ibarra.
La detención se produjo tras la difusión de videos de cámaras de videovigilancia que evidenciaban al menos dos robos en el sector de Tanguarín, donde las víctimas fueron abordadas mientras esperaban transporte público.
Según información preliminar, los sospechosos fueron identificados gracias a labores investigativas y operativos desplegados en la zona, luego de las denuncias ciudadanas que alertaban sobre esta modalidad delictiva. Tras su aprehensión, los individuos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente, mientras las investigaciones continúan para determinar su posible participación en otros delitos.
(Redacción Ibarra).- Dos videos captados por cámaras de videovigilancia evidencian dos robos registrados en el sector de Tanguarín en la parroquia de San Antonio de Ibarra.
El primer hecho ocurrió aproximadamente a las 07:25 de la mañana de ayer, específicamente en la intersección de la calle 15 de Mayo y Monseñor Leonidas Proaño, cuando dos sujetos en motocicleta asaltaron a una joven en una parada de autobús. En el video, la joven forcejea, pero los delincuentes huyen con su teléfono celular.
Horas más tarde, en otro punto del sector, una cámara capta a los mismos individuos realizando un segundo asalto a otra joven, a la cual le despojan de sus pertenencias y luego huyen del lugar.
De acuerdo con testimonios de los moradores, esta modalidad de robo se ha vuelto cada vez más frecuente. Sin embargo, ante la falta de patrullaje preventivo y de acciones concretas por parte de las autoridades, aseguran que permanecen inseguros al transitar por la zona.
(Redacción Ibarra).- En un video difundido por la Policía Nacional, se evidenció un presunto hecho delictivo ocurrido el 21 de noviembre, cerca de las 13:50, en un domicilio ubicado en la calle Luis Felipe Borja. En las imágenes se observa cómo un individuo ingresa al inmueble forzando aparentemente la seguridad de la vivienda y procede a sustraer varios cilindros de gas, los cuales fueron cargados en un taxi para luego huir del lugar.
Según información de la entidad, el sujeto habría sido identificado como Anderson P., quien posteriormente habría sido aprehendido en un operativo en la parroquia Alpachaca por el delito de hurto y puesto a órdenes de las autoridades competentes. De acuerdo con datos preliminares, el ciudadano registraría antecedentes penales y procesos judiciales pendientes.
Un aspecto que llamó la atención de los investigadores es la facilidad con la que el individuo ingresa al domicilio, lo que hace presumir que habría utilizado una especie de llave maestra o un objeto similar para vulnerar la seguridad del inmueble.
Segundo caso con características similares De manera presumible, un nuevo hecho de similares características quedó registrado en cámaras de seguridad el 20 de diciembre, alrededor de las 16:57, en un domicilio ubicado en la calle Galo Plaza Lasso, en el sector del parque Céntrica, a pocos metros del ECU 911.
En este segundo video se observa a un hombre con rasgos físicos similares al del primer caso, quien actuó en compañía de dos mujeres. Mientras el individuo irrumpía en la vivienda utilizando un objeto metálico, las mujeres permanecían en el exterior vigilando el entorno.
El sujeto logró sustraer un cilindro de gas, regresó al interior del domicilio, manipuló la cámara de seguridad y posteriormente intentó llevarse dos tanques más. Sin embargo, al escuchar ruidos dentro de la vivienda, huyó del lugar, dejando el presunto delito inconcluso.
Ambos sucesos presentan coincidencias en la forma de ejecución, lo que permitiría presumir que podrían estar relacionados y que un mismo individuo habría actuado en más de una ocasión en un lapso menor a un mes. No obstante, hasta el momento no existe confirmación oficial que establezca una vinculación directa entre los casos, por lo que la información descrita en esta redacción se mantiene en el ámbito de lo presuntivo para conocimiento de la ciudadanía.
(Redacción Ibarra).- Un hecho delictivo quedó registrado en varios videos de cámaras de seguridad enviados a nuestra redacción, en los que se evidencia cómo un delincuente forzó la ventana de un vehículo para ingresar y sustraer varias partes del interior del automotor.
El incidente se registró en la intersección de las calles Abelardo Moncayo y Juan de Dios Navas, en el sector del Hospital San Vicente de Paúl. Según las imágenes, el sujeto logra ingresar al vehículo en un lapso aproximado de tres minutos, tiempo en el que se observa cómo forcejea directamente con el tablero del automóvil, aparentemente con conocimiento de la ubicación de los componentes internos.
De manera preliminar, y de acuerdo con lo observado en los videos y en imágenes, el delincuente habría sustraído módulos electrónicos del vehículo, como la computadora (ECU), el sistema del tablero o parte del cableado, lo que explicaría que durante el robo los faros delanteros del automotor comenzaran a titilar, evidenciando una afectación directa al sistema eléctrico.
Posteriormente, el sujeto avanza algunos metros, guarda los objetos sustraídos en un bolso y procede a huir del lugar sin ser detectado por los moradores de la zona.
(Redacción Imbabura).- Durante la audiencia realizada la tarde de ayer, la Fiscalía anunció una reformulación de cargos en el proceso judicial que involucra a las 12 personas detenidas durante las manifestaciones en Otavalo.
El fiscal Galiano Balcázar, encargado del caso, informó que los procesados serán investigados por los presuntos delitos de ataque y resistencia, además de daño al bien público. La autoridad señaló que estos deberán ser demostrados durante el proceso judicial.
Por su parte, la defensa de los acusados rechazó los nuevos señalamientos, asegurando que no existen pruebas que vinculen a sus representados con los delitos mencionados.
La decisión de la Fiscalía se produjo luego de descartar el delito de terrorismo, al no encontrarse elementos que sustenten la acusación presentada originalmente por el Gobierno Nacional, en el contexto del Paro Nacional de 2025.
La audiencia de reformulación de cargos se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre, fecha en la que además se dará a conocer el dictamen final sobre el hábeas corpus solicitado a favor de Luis Jácome, que continúa privado de libertad en la cárcel de Ibarra.
(Redacción Ibarra).-El pasado martes, la Policía Nacional, a través de la Fuerza de Investigación Contra la Extorsión (FICE), ejecutó el operativo “Libertad 442”, que resultó en la aprehensión de cuatro ciudadanos, entre ellos Orlando E., conocido con el alias de “Buñuelo”, señalado como presunto implicado en delitos de extorsión.
Alias “Buñuelo” no es un desconocido para las autoridades. En su historial figuran antecedentes por asesinato en el año 2011, tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y un caso previo de extorsión en 2017. Además, ha sido identificado como segundo cabecilla de la organización delictiva “Los Lobos”, según reportes de inteligencia.
Alias “Buñuelo” ya registra DOS aprehensiones en menos de un año; la primera detención ocurrió el 24 de octubre de 2024, cuando fue detenido en pleno centro de la ciudad. Según reportes policiales, intentó darse a la fuga a bordo de una camioneta Ford F-150 color azul y vidrios polarizados, siendo interceptado tras una persecución entre las calles Bolívar y Sucre. Al registrar al interior del vehículo, se encontró una bolsa transparente con contenido de sustancia vegetal verde, presuntamente marihuana.
Meses después, el 14 de mayo de 2025, fue nuevamente interceptado durante un operativo militar del bloque de seguridad de las Fuerzas Armadas en el marco del plan CAMEX. Aunque en esa ocasión no se hallaron armas ni drogas en su poder, al revisar su teléfono celular se habría encontrado contenido que lo vincula con actividades ilícitas. Sin embargo, NO fue detenido en ese momento.
Actualmente, alias “Buñuelo” permanece bajo investigación, mientras la Policía Nacional continúa con los procesos correspondientes. No obstante, a pesar del trabajo operativo de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, las decisiones judiciales no han derivado, hasta ahora, en una sentencia condenatoria que garantice su permanencia en prisión.
(Redacción Ibarra).- Desde las primeras horas de la mañana de este jueves, la Policía Nacional ejecutó un megaoperativo en los alrededores de la laguna de Yahuarcocha, en Ibarra, con el fin de controlar motocicletas sin documentos en regla, sin matrícula o con alteraciones en el número de chasis.
El despliegue policial incluyó puntos estratégicos como El Arcángel, así como las vías de ingreso y salida de la laguna. Según información preliminar, decenas de motocicletas fueron retenidas, varias de ellas por presentar irregularidades que podrían estar relacionadas con actividades delictivas.
La capitana Vanesa Freire, vocera del operativo, informó que, además del control vehicular, se realizó una búsqueda focalizada de usureros, personas que se dedican a prestar dinero con intereses excesivos y condiciones abusivas, lo cual constituye un delito. “Estamos detrás de estas estructuras que afectan a ciudadanos de bajos recursos, muchas veces bajo amenaza o extorsión”, señaló.
Varios de los detenidos registran antecedentes penales, lo que ha encendido las alertas sobre el uso de motocicletas como medio para cometer robos y otros delitos en la ciudad.
Numerosos ciudadanos que frecuentan la zona turística de Yahuarcocha aplaudieron la intervención, destacando que este tipo de acciones son necesarias ante el crecimiento de asaltos y delitos en motos. Se espera que en las próximas horas se emitan más detalles oficiales sobre los resultados del operativo.
(Redacción Imbabura).-Ecuador atraviesa una de las peores crisis de seguridad de su historia. Solo en los primeros cinco meses de 2025, el país ha registrado un promedio de un asesinato por hora, según cifras oficiales del Ministerio del Interior. De enero a abril se han contabilizado 3.087 muertes violentas, lo que representa un incremento del 58 % en comparación con el mismo período del año anterior.
Enero y febrero sumaron 1.530 homicidios, mientras que marzo y abril registraron 831 y 726 asesinatos, respectivamente. Las cifras convierten este periodo en el más violento jamás registrado en el país.
A pesar de los operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la violencia continúa escalando. Ciudades de la Costa ecuatoriana, varios sectores de la Sierra y zonas urbanas que antes eran consideradas tranquilas, como Ibarra, también han sido alcanzadas por esta ola delictiva.
En la capital imbabureña, la percepción de inseguridad ha crecido significativamente. La ciudadanía reporta un incremento de los delitos de oportunidad, como robos a domicilios y asaltos a personas en la vía pública, especialmente en zonas con escasa iluminación y sin presencia policial. Los antisociales, a bordo de motocicletas, aprovechan la falta de patrullaje para cometer estos robos. En sectores como Miravalle y Los Huertos Familiares, se registran hasta tres robos por semana según los reportes ingresados a nuestra redacción.
Frente a este panorama, el presidente Daniel Noboa envió el pasado 17 de mayo su primer proyecto de ley a la nueva Asamblea Nacional. Bajo el nombre de “Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno”, la iniciativa busca golpear las finanzas de los grupos delincuenciales, atacando directamente el poder económico del crimen organizado.
La propuesta, calificada como urgente en materia económica, implica reformas al Código Orgánico Integral Penal y otros cuerpos legales. Los asambleístas tienen un plazo de 30 días para tramitarla.
El texto legal propone medidas tributarias, financieras y de seguridad con el objetivo de “proteger a la ciudadanía, estabilizar el sistema económico y reactivar zonas afectadas por el crimen organizado”.
El crecimiento del narcotráfico y la presencia de bandas delincuenciales han profundizado la crisis. Noboa enfrenta el mayor reto de su mandato: recuperar el control territorial y restablecer la seguridad del país.
(Redacción Imbabura).- Una vez posesionado el gobierno de Daniel Noboa el próximo 24 de mayo, los retos a los que se enfrentaría su gobierno en la provincia de Imbabura son claros: vialidad, seguridad y empleo. Estos temas concentran la atención de autoridades locales y ciudadanos, quienes esperan que el nuevo gobierno cumpla con los ofrecimientos adquiridos durante la campaña y atienda las demandas de la provincia.
Vialidad:
El paso lateral de Ibarra: Una obra iniciada en 2013 y paralizada desde 2014 por falta de recursos sigue inconclusa más de una década después. Su construcción fue planificada con el objetivo de descongestionar el tránsito en zonas céntricas de la ciudad y facilitar la movilidad hacia las provincias de Imbabura, Carchi y Esmeraldas.
Durante la campaña presidencial de 2025, el ahora presidente Daniel Noboa ofreció retomar y culminar esta vía estratégica. En 2023, se estimaba que completar la obra costaría alrededor de 65 millones de dólares; sin embargo, en 2025, considerando la variación de precios y el incremento en los costos de materiales e insumos, se calcula que el valor podría ascender a unos 80 millones. A pesar de su importancia para la región, hasta hoy no se ha registrado ningún avance significativo y ningún gobierno ha logrado superar lo construido hace ya diez años.
Vía RVE10, kilómetro 114, sector El Guadual: Se mantiene como uno de los tramos más críticos de la carretera Ibarra–San Lorenzo, que conecta las provincias de Imbabura y Esmeraldas. En diciembre de 2021, un derrumbe destruyó gran parte de la mesa de la vía, inhabilitando completamente el paso vehicular y dejando aisladas a varias comunidades de la zona.
A pesar de múltiples anuncios y compromisos, como la fallida propuesta de construir un puente Bailey, la ejecución de un camino piloto que nunca se concluyó y un contrato firmado en 2023 para una variante con un puente definitivo, adjudicado por USD 3’572.941 (sin IVA), a cargo de la empresa PATE C.A. y con supervisión técnica de IPH Pablo Herrera, con plazo de entrega para el mismo año, la obra nunca se ejecutó. Problemas técnicos, la presencia de una falla geológica, deficiencias en la planificación, trabas administrativas y acciones legales entre contratistas han impedido su avance. Hasta hoy, ni los gobiernos anteriores ni el actual han logrado concretar una solución estructural para este tramo crítico de la vía.
La Ing. Carla Acosta, directora distrital del MTOP en Imbabura, confirmó en rueda de prensa que la vía RVE10, desde Salinas hasta Lita, continúa siendo un punto crítico sin intervención definitiva, afectado por deslizamientos constantes agravados por la pasada temporada invernal. A este se suma otro tramo conflictivo en el sector de Palacara, afectado por socavamiento. Ambos puntos cuentan únicamente con señalización preventiva, sin que hasta ahora se ejecuten obras que garanticen una solución de largo plazo y que además esperan desde el 2021 una solución definitiva.
Seguridad ciudadana: La creciente percepción de inseguridad, el avance del microtráfico y el aumento de la delincuencia exigen una intervención urgente y sostenida en todo el país, especialmente en provincias como Imbabura. Se requiere reforzar la presencia policial, implementar sistemas de videovigilancia, intensificar el patrullaje coordinado y aplicar políticas de prevención con énfasis en entornos escolares y comunitarios. Aunque en 2024 Ecuador registró una tasa de 38,76 muertes violentas por cada 100.000 habitantes —una reducción de 7,42 puntos frente a 2023—, los datos del Ministerio del Interior revelan que solo en el primer trimestre de 2025 se contabilizaron 2.361 homicidios, de los cuales 831 ocurrieron en marzo. Estas cifras reflejan una violencia persistente a nivel nacional, que obliga al Gobierno a actuar con firmeza en todos los territorios, incluyendo a Imbabura, donde la ciudadanía demanda respuestas inmediatas.
Reducción de la pobreza y generación de empleo: Imbabura necesita políticas integrales para disminuir brechas de desigualdad. Fomentar el empleo juvenil, fortalecer emprendimientos rurales y abrir oportunidades en sectores como el agro, el turismo y la economía popular son urgencias que no pueden postergarse. Según datos del INEC de 2024, la provincia de Imbabura registró el 3,8% de desempleo, y solo el 29,1% de su población tenía acceso a un empleo adecuado. El subempleo se posicionó en el 19,9% y el 55,1% permaneció en la informalidad.
Para el presidente Daniel Noboa, enfrentar los problemas que arrastra Imbabura —como la inseguridad, la falta de empleo y el abandono de obras viales estratégicas— no solo representa un reto técnico, político y financiero, sino también una oportunidad clave para recuperar la confianza ciudadana. Atender estas tres áreas de forma articulada permitiría dinamizar la economía local, mejorar la movilidad y fortalecer la seguridad en una provincia que lleva años esperando respuestas concretas.
