(Redacciòn Ecuador).-A un año de que Daniel Noboa asumiera la Presidencia de Ecuador, varios de los ofrecimientos realizados durante su campaña y al inicio de su gestión continúan siendo cuestionados por ciudadanos que consideran que algunas decisiones tomadas por el Ejecutivo contradicen el discurso con el que llegó al poder.
“No más impuestos” vs IVA al 15% Durante la campaña presidencial, Daniel Noboa aseguró que no se crearían nuevas cargas tributarias para los ecuatorianos. Sin embargo, pocos meses después de asumir el poder, el Gobierno impulsó el incremento del IVA del 12% al 15% como una medida para enfrentar la crisis fiscal y financiar acciones de seguridad. La decisión generó cuestionamientos debido al impacto directo en productos, servicios y el costo de vida de la población.
Aunque el Ejecutivo ha decretado de manera esporádica la reducción temporal del IVA al 8% durante feriados nacionales y fechas especiales con el objetivo de incentivar el turismo y dinamizar la economía, sectores ciudadanos y comerciales sostienen que estas medidas no compensan el efecto permanente que significó el aumento general del impuesto en el consumo diario de los ecuatorianos.
“Bajar la gasolina” vs incremento en combustibles Durante la campaña presidencial, Daniel Noboa habló de reducir el impacto económico que enfrentaban los hogares ecuatorianos, especialmente en temas relacionados con los combustibles. Sin embargo, durante su administración se aplicaron incrementos en las gasolinas extra y ecopaís, medida que derivó en protestas y paralizaciones de transportistas a nivel nacional. Como parte de los acuerdos alcanzados tras las movilizaciones, el Gobierno implementó compensaciones económicas para ciertos sectores del transporte, beneficios que continúan vigentes hasta la actualidad.
Posteriormente, organizaciones indígenas también protagonizaron jornadas de protesta en rechazo al alza de combustibles y otras medidas económicas. En provincias como Imbabura se registraron cierres de vías y paralizaciones que se extendieron durante varias semanas, afectando el comercio, el turismo y la movilidad de miles de ciudadanos.
La discusión volvió a tomar fuerza este 12 de mayo, cuando nuevamente se registró un incremento en las tarifas de los combustibles, reactivando críticas de sectores ciudadanos que consideran que las decisiones adoptadas por el Gobierno contradicen el discurso de campaña relacionado con aliviar el costo de vida de la población.
“Bajar la luz” vs crisis energética y apagones Durante la campaña presidencial, Daniel Noboa habló de aliviar el gasto de las familias ecuatorianas en servicios básicos; sin embargo, durante 2024 el país atravesó una de las peores crisis energéticas de los últimos años. Los cortes de luz llegaron a extenderse hasta por 14 horas diarias en varias provincias, afectando a hogares, comercios, industrias, estudiantes y trabajadores en todo el territorio nacional.
La emergencia eléctrica provocó millonarias pérdidas económicas y obligó al Gobierno a implementar medidas de contingencia para evitar un colapso mayor en el sistema energético. Entre ellas estuvo la compra de energía a Colombia, así como el impulso de proyectos de generación eléctrica y la incorporación de nueva infraestructura para enfrentar el déficit energético que aún continúa siendo motivo de preocupación en el país.
Aunque el Ejecutivo atribuyó la crisis a la sequía, la falta de mantenimiento y problemas estructurales heredados de administraciones anteriores, ciudadanos y sectores productivos continúan cuestionando la falta de previsión frente a una situación que impactó directamente en la economía y en la vida cotidiana de millones de ecuatorianos.
Plan Fénix y la inseguridad El “Plan Fénix” fue presentado como la principal estrategia para enfrentar la violencia y recuperar la seguridad en el país. Aunque el Gobierno ha desplegado operativos y estados de excepción, ciudadanos continúan manifestando preocupación por extorsiones, sicariatos y hechos violentos que persisten en varias provincias del Ecuador.
Con un año de gestión cumplido y un periodo presidencial que se extiende hasta 2029, el Gobierno de Daniel Noboa continúa enfrentando el desafío de equilibrar las promesas realizadas durante la campaña con las decisiones adoptadas en medio de la crisis económica, energética y de seguridad que atraviesa el país.
(Redacción Imbabura).- Aunque el presidente Daniel Noboa destaca una reducción de homicidios a nivel nacional y en El Oro, en la provincia de Imbabura la realidad muestra un escenario distinto. El mandatario atribuye los resultados a medidas como el toque de queda focalizado, controles fronterizos y operativos contra el crimen organizado; sin embargo, Imbabura no fue parte de estas restricciones.
En la provincia, el contingente policial y militar ha concentrado su accionar en sectores como Buenos Aires por la minería ilegal y en la zona norte por problemáticas vinculadas al contrabando y narcotráfico. Mientras tanto, la migración delincuencial se ha focalizado en ciudades como Ibarra y Otavalo. Días atrás, tras la visita del ministro del Interior, John Reimberg, se enfatizó la necesidad de debilitar redes delictivas relacionadas con narcotráfico, extorsión y préstamos ilegales tipo “gota a gota”. Además, se anunció el fortalecimiento del contingente policial en una provincia donde hay cerca de 2.400 uniformados para una población de cerca de 300 mil habitantes.
A pocos días después de la visita ministerial y en medio de las declaraciones de Noboa, las víctimas se siguen contabilizando en la provincia:
01 de enero: José Daniel V., de 31 años. Falleció por proyectil de arma de fuego durante un incidente en Santa Teresita de Alpachaca, en Ibarra.
19 de enero: Edwin Patricio Brazales, de 46 años, y Óscar Daniel Brazales., de 39, reconocidos comerciantes, fueron asesinados al estilo sicariato en Otavalo.
2 de febrero: Matías M., quien había sido reportado como desaparecido tras abordar un vehículo de servicio de transporte de la app inDrive, fue hallado sin vida en Ibarra.
5 de febrero: Deyran P., menor de edad que fue reportado como desaparecido en el sector de Alpachaca, fue encontrado muerto con rasgos de violencia días después.
12 de febrero: Francisca T. víctima de secuestro junto a otros ciudadanos, fue asesinada y su cuerpo fue hallado al día siguiente por la Policía Nacional.
29 de marzo: Manuel Fabián Franco Cedeño, de 42 años, y Diego Caballero, de 31 años, fueron asesinados en un ajuste de cuentas en el sector de la Cruz Verde, al interior de la licorería y un karaoke aledaño en Ibarra.
Con este hechos, Imbabura cierra el tercer mes del año con al menos ocho muertes vinculadas a desapariciones, asesinatos y sicariatos, reflejando una situación de seguridad que aún genera preocupación, pese a los resultados positivos expuestos a nivel nacional.
(Redacción Imbabura).– La Policía Nacional ejecutó intervenciones de control en los Centros de Privación de Libertad (CPL) de la provincia, como parte de la Estrategia Operacional 3D, orientada a intervenir estos espacios estratégicos con el objetivo de debilitar, desorientar y desarticular estructuras delictivas que operan al interior de los centros penitenciarios.
Estas acciones permitieron reforzar los niveles de seguridad y control, tanto para las personas privadas de libertad como para el personal de seguridad penitenciaria, en el marco de las operaciones permanentes que ejecuta la institución policial
Durante las acciones policiales se logró el decomiso de varios objetos prohibidos, entre los que constan ocho dispositivos móviles, trece envolturas sujetas a fiscalización, cinco cargadores de celular, ocho cables USB, doce objetos cortopunzantes, dos fosforeras, ocho pipas artesanales y dos auriculares.
La Policía Nacional indicó que estos controles continuarán ejecutándose de manera permanente en la provincia como parte de las estrategias de seguridad para prevenir actos ilícitos.
(Redacción Imbabura).- Ante el impacto económico generado por el reciente paro nacional y la inestabilidad política en el país, la Fundación FEPEV Ecuador y el Instituto Tecnológico ITCA anunciaron un ejercicio conjunto de colaboración para impulsar la reactivación productiva de la provincia.
La iniciativa surge como respuesta directa al deterioro económico que atraviesa Imbabura. Durante la presentación, la Dra. Alicia Soto, rectora del ITCA, destacó que “la solución no puede depender únicamente del Gobierno, sino de la capacidad local para proponer alternativas responsables que permitan dinamizar la economía con planes concretos”.
Por su parte, Patricio Rubio, representante de la Fundación FepeveEcuador, recordó que desde 2019 la organización ha trabajado en cuatro ejes fundamentales de atención: personas con cáncer, adicciones, adultos mayores y víctimas de violencia. Solo en Imbabura —señaló— han llegado a 14 mil familias, con 3 mil beneficiarios directos.
Rubio enfatizó que el objetivo ahora es integrar esfuerzos con el sector productivo para promover oportunidades laborales: “Como ONG buscamos articular con empresas y fomentar la productividad. Enseñamos a nuestros usuarios a convertirse en participantes activos del mundo laboral”, afirmó.
El proyecto cuenta con avales internacionales, entre ellos la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como el respaldo de programas como Imesun, «Inicie y Mejore Su Negocio». Con esta alianza, ambas instituciones buscan convertirse en un motor de apoyo y crecimiento económico, promoviendo estrategias sostenibles que permitan enfrentar la crisis y fortalecer el desarrollo de negocios en la provincia.
(Redacción Imbabura).- Imbabura cumplió un mes de paralización, en un paro atípico que la convirtió en la única provincia donde continuaron los cierres y la interrupción de actividades. Durante ese tiempo, no se logró avanzar hacia una mediación efectiva, y la inestabilidad se mantuvo como un factor constante en la región. A lo largo de cuatro semanas, diversos acontecimientos marcaron el desarrollo de la protesta, dejando un registro de conflictos, bloqueos y enfrentamientos que reflejaron la magnitud del descontento en la provincia. A continuación les presentamos una cronología de los momentos clave que tuvo esta paralización en Imbabura.
12 de septiembre de 2025: El presidente Daniel Noboa promulgó el Decreto 126, eliminación del subsidio al diésel.
Una medida que generó un rechazo inmediato y desató protestas en distintos sectores del país, especialmente entre comunidades indígenas y transportistas. Ante la creciente tensión, la Presidencia de la República anunció que, a partir del sábado 13 de septiembre, la sede del Ejecutivo funcionaría temporalmente en Latacunga, Cotopaxi, mientras que la Vicepresidencia operaría desde Otavalo, en Imbabura. Esta reubicación buscaba garantizar la continuidad administrativa en medio de las movilizaciones convocadas por organizaciones sociales e indígenas.
15 de septiembre: Inicio de los primeros bloqueos viales en Carchi
Transportistas bloquearon la vía en el sector de Julio Andrade y se enfrentaron con las fuerzas armadas. La tensión se moderó días después, tras la autorización del presidente Noboa para entregar beneficios económicos a los transportistas, lo que permitió levantar el paro en la provincia. Sin embargo, la calma resultó ser temporal.
18 de septiembre: CONAIE anuncia movilizaciones a nivel nacional
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) anunció un paro nacional en rechazo al Decreto 126 y a otras políticas económicas del Gobierno. Ese mismo día, en Imbabura, el presidente Daniel Noboa, mediante el Decreto Ejecutivo N.º 145, designó a Luis Efraín Amaguaña Muenala, abogado kichwa otavaleño, como nuevo gobernador de la provincia. Sin embargo, Amaguaña renunciaría días después, presionado por dirigentes indígenas. Además, a través del Decreto Ejecutivo N.º 134, el mandatario declaró el estado de excepción y estableció toque de queda en las provincias de Cotopaxi, Imbabura, Bolívar, Chimborazo y Carchi.
21 de septiembre: El movimiento indígena en Imbabura declara una paralización indefinida.
Mediante un comunicado, se declararon movilizaciones indígenas desde las 10 de la noche, anticipando bloqueos y concentraciones en puntos estratégicos de la provincia.
22 de septiembre: Primeros cierres viales en Imbabura.
Organizaciones indígenas como CHIJALLTA FICI, UNORCAC, FENOCIN y comunidades Kichwa Karanki, Natabuela, Cayambi y Otavalo se sumaron a las movilizaciones, bloqueando varios tramos de la vía E35 e imposibilitando el paso desde Imbabura hacia el sur del país. Ese mismo día, los manifestantes se concentraron en el ingreso a Otavalo, donde un fuerte contingente policial y militar provocó un enfrentamiento marcado por un nivel de violencia desproporcionado. Durante los disturbios se destruyeron bienes públicos, se dañaron cámaras del ECU911 e incluso se incendió el Comando de Policía Judicial de la ciudad. Motocicletas, patrulleros y vehículos particulares quedaron consumidos por las llamas. En el marco de los incidentes, las autoridades detuvieron a 18 personas acusadas de presunto terrorismo. En la audiencia de flagrancia realizada al día siguiente, se resolvió que de los 18 aprehendidos (15 adultos, 2 menores de edad y una mujer), 12 continuarían detenidos mientras avanzaba la instrucción fiscal y seis recuperaron su libertad. El 6 de octubre, la Corte Provincial de Justicia de Manabí aceptó parcialmente el pedido de habeas corpus presentado por la defensa de 10 de los 12 detenidos. En la audiencia se dispuso el retorno inmediato de siete de los privados de libertad, quienes regresaron el 15 de octubre desde la cárcel El Rodeo, en Manabí, hacia la jurisdicción de Imbabura, donde cumplirán la medida de prisión preventiva mientras avanza la instrucción fiscal. De los 10 detenidos beneficiados, tres ya habían sido trasladados previamente desde Manabí hasta la cárcel de Ibarra el pasado 30 de septiembre debido a problemas de salud. Paralelamente, 17 militares fueron retenidos por comunidades del cantón Otavalo, recuperando su libertad de manera gradual, mientras en Ibarra se desarrollaban marchas pacíficas.
23 de septiembre de 2025: Nueva gobernadora para Imbabura
El presidente Daniel Noboa designó a la abogada Elsy Maite Landeta Sánchez como nueva gobernadora de Imbabura mediante el decreto ejecutivo 154.
El ministro del Interior confirmó que 50 personas fueron detenidas a nivel nacional en manifestaciones, 20 en Imbabura de los cuales dos personas de nacionalidad venezolana estarían ligadas al Tren de Aragua.
24 de septiembre: Daniel Noboa encabezó el primer convoy que ingresó a Imbabura.
Un contingente policial y militar se trasladó hacia Otavalo por carretera mientras el presidente de la república arribó en helicóptero alrededor de las 9 de la mañana. Desde allí, pronunció un breve discurso, pero se retiró sin ofrecer ninguna resolución ni respuesta concreta a la población.
En los días posteriores, la crisis se extendió a sectores como Peguche, Ilumán, Caluquí, González Suárez, Antonio Ante, Zuleta, Cayambe, Urcuquí, El Juncal y Lita, donde los bloqueos en ejes viales rurales paralizaron la movilidad en toda la región.
26 de septiembre:CONAIE da por finalizado el paro, sin embargo las bases no aceptan.
En una asamblea realizada en las instalaciones de la UNOPAC, en el cantón Cayambe, alrededor de 100 dirigentes de comunidades y organizaciones locales se reunieron para conocer y ratificar las resoluciones adoptadas por la dirigencia principal de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). El encuentro estuvo encabezado por Marlon Vargas, presidente de la Conaie; Ercilia Catañeda, vicepresidenta; y Dennis de la Cruz, presidenta del Pueblo Kayambi. Durante la reunión se resolvió levantar las paralizaciones en los cantones Cayambe, Pedro Moncayo y Otavalo a partir del 27 de septiembre, a las 09:00.
26 de septiembre: Retienen a presidente de la CONAIE en Otavalo
Comuneros de Huaycopungo, en el cantón Otavalo, retuvieron al presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, tras el anuncio del fin del paro. Las comunidades lo acusaron de traición y anunciaron que debería someterse a la justicia indígena. Durante la reunión, todas las comunidades ratificaron que el paro continuaría en Imbabura hasta que se cumplieran sus demandas.
El 28 de septiembre: Primer fallecido por manifestaciones en Imbabura
Efraín Fueres, ciudadano de 47 años oriundo de Cuicocha, se convirtió en la primera víctima mortal de las movilizaciones, tras recibir un disparo por parte de personal militar en Ilumán, según testigos.
Días después, el presidente Daniel Noboa y el ministro del Interior se trasladaron a Ibarra para reunirse en la Gobernación, aunque no se conocieron acuerdos ni medidas concretas que lograran apaciguar la crisis.
Las protestas continuaron en Imbabura y comenzaron a tornarse vandálicas, ya que los manifestantes pincharon neumáticos e intimaron a los dueños de negocios para obligarlos a cerrar sus locales, mientras que la escasez de gasolina, gas doméstico y alimentos se convirtió en un problema recurrente para la población, en especial la otavaleña.
El 1 de octubre: FICI desconoce a su presidente
La decisión de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (Chijallta FICI) de declarar una tregua temporal y abrirse al diálogo con el Gobierno Nacional genero fracturas internas en el movimiento indígena del norte del país. Pocas horas después de emitido el comunicado oficial de la FICI, varias comunidades y organizaciones de base anunciaron que desconocen la resolución y a la dirigencia encabezada por Mesías Flores, presidente de la Federación. Lenin Farinango, presidente del pueblo Kichwa Karanki, declaró que nunca recibió “ni una llamada del presidente de la FICI”, y ratificó que las comunidades Karanki se mantienen en las medidas de hecho. “Intentan dividir al movimiento indígena”, advirtió.
04 de octubre: Se elimina el toque de queda en Imbabura
Tras varios días de bloqueos en el norte del país, la Corte Constitucional revisó los decretos del Ejecutivo y determinó que el toque de queda vulneraba derechos fundamentales, mientras que el estado de excepción solo se justificaba en Carchi e Imbabura, las provincias más afectadas por la crisis.
El 6 de octubre: Invasión a florícolas en Cotacachi
Jessica Torres, vicepresidenta de la UNORCAC, lideró a aproximadamente 200 manifestantes indígenas que invadieron una finca florícola en Cotacachi de Expoflores, intimidando a los trabajadores y presionándolos para sumarse a la paralización.
El 8 de octubre: Movilización masiva de indígenas a Ibarra
Un intento de tomarse Ibarra se registró durante una marcha multitudinaria a las afueras del edificio de la gobernación. El dirigente indígena de la UNORCAC, Guido Perugachi, advirtió que si la ciudad no colaboraba con el paro, volverían a tomarse la urbe y a causar destrozos.
13 de octubre: Segundo convoy humanitario ingresó a Imbabura por la vía Zuleta.
Un convoy humanitario ingreso a Imbabura con resguardo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, para abastecer a las comunidades afectadas por los bloqueos y actos de violencia debido al paro en Ecuador. El Bloque de Seguridad confirmó que el convoy transportó víveres, colchones, gas, medicinas y otros insumos esenciales destinados a la población civil que permanece aislada por la interrupción de vías. El convoy contó con la presencia y acompañamiento de representantes de la Vicepresidencia de la República, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Humano, Registro Social, Cruz Roja, medios de comunicación, delegados de la Fiscalía General del Estado y equipos técnicos encargados de la asistencia. La presencia de organismos institucionales formo parte del protocolo para asegurar transparencia, seguimiento y atención directa a las comunidades afectadas.
14 de octubre: Fuerte represión y enfrentamientos entre manifestantes y militares en Otavalo.
El Gobierno Nacional confirmó en rueda de prensa que su misión principal era devolver la paz a Imbabura, al siguiente día, Otavalo amaneció militarizado, y el ministro del Interior, John Reimberg, declaró a los medios: “Vamos a quedarnos hasta que todo vuelva a la normalidad. Aquí estaremos todo el tiempo que sea necesario; Imbabura no está sola”. El ministro indicó que un convoy humanitario fue atacado esa madrugada por manifestantes y este hecho desencadenó un enfrentamiento en el que la fuerza pública reprimió a los manifestantes con dureza. La ciudad se convirtió en un verdadero campo de batalla con calles destrozadas, actos de vandalismo, militares persiguiendo a manifestantes y más de 40 personas detenidas, la mayoría de las cuales fue liberada poco después gracias a la intervención legal de sus abogados y al respaldo de la comunidad. En medio del caos, un periodista comunitario resultó herido por el impacto de una bala –
15 de Octubre: Segundo comunero falleció por impacto de bala
José Guamán, de 30 años, recibió un disparo en el pecho durante las manifestaciones del día anterior, permaneció en el Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra en cuidado intensivo. Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladado en helicóptero a Quito, pero lamentablemente falleció durante el trayecto.
15 de octubre: Alto al fuego y primeros acuerdos
Tras 23 días de paralización provincial, el presidente del pueblo Kichwa de Otavalo y la alcaldesa Anabel Hermosa Acosta anunciaron el cese de hostilidades y el inicio de mesas de diálogo directas con el Gobierno Nacional, misma que se instaló la tarde del 15 octubre en el hotel Yamor Continental, en donde 60 dirigentes, la curia y el ministro del Interior finalmente pudieron llegar a un acuerdo y anunciaron el fin del paro.
15 de octubre: Efímero final del paro en Imbabura
Luego del anuncio en rueda de prensa, las bases del movimiento indígena se declararon en rebeldía, causando una ruptura total, desconocieron los acuerdos y acusaron a sus dirigentes de traición, llegando incluso a agredir al presidente de la FICI, Mesías Flores, mientras informaba sobre el fin de las movilizaciones. Al final de la noche las vías no fueron habilitadas.
El 16 de octubre: Pronunciamientos de la alcaldesa de Otavalo
En una asamblea realizada a los pies de la Alcaldía de Otavalo, la alcaldesa encabezó un encuentro entre las bases y los dirigentes indígenas con el objetivo de buscar una salida al paro. En medio de un ambiente tenso, marcado por acusaciones y nuevos pedidos, la primera autoridad del cantón exhortó a los presentes a regresar a sus territorios, dialogar sobre las propuestas y socializarlas en las mesas técnicas que se instalarían el lunes 20 de octubre.
19 de octubre: FICI asume liderazgo de las movilizaciones en Imbabura
La CHIJALLTA-FICI asumió el control total del paro en Imbabura mediante un comunicado difundido en redes sociales, la organización informó que Sisa Inés Cotacachi, actual vicepresidenta, asumirá la presidencia en reemplazo de Mesías Flores, debido a su “ausencia y falta de liderazgo” Asimismo, la FICI invitó a la CONAIE, ECUARUNARI y FENOCIN a participar en el proceso de diálogo nacional, aunque precisó que las organizaciones de Imbabura serán las encargadas de dirigir el proceso
19 de octubre: Gobierno denuncia incumplimientos de acuerdos y suspende el diálogo.
El Gobierno Nacional anunció la suspensión del diálogo con los movimientos indígenas, citando incumplimientos de los acuerdos, cambios en los representantes y acciones violentas que, según el Ejecutivo, quebrantaban lo pactado previamente. Por ello, calificó los hechos ocurridos posteriormente como responsabilidad íntegra del movimiento indígena en la provincia.
21 de octubre: Paro provincial condenado a terminar
La Unión de Comunidades y Barrios Indígenas y Campesinas de Ilumán (UNICOBICI) resolvió en una asamblea comunitaria regresar a sus territorios. Durante la reunión, se señaló que continuarán en resistencia de forma pacífica desde cada comunidad, permaneciendo vigilantes ante los acontecimientos. Fabián Díaz, dirigente de Ilumán criticó duramente que solo cuatro cantones se mantienen en resistencia activa, afirmando que el paro no representa a todo el Ecuador. Añadió que, si la movilización se convierte en un paro verdaderamente nacional, las comunidades de Ilumán volverían a salir a las calles.
21 de Octubre: Comunidades de Imantag anuncian fin del paro
En una reunión que duró hasta la madrugada las comunidades de Imantag dieron por finalizado el paro en sus territorios y anunciaron la apertura total de la vía Imantag–Atuntaqui. Además, ofrecieron disculpas públicas a toda la comunidad por los inconvenientes ocasionados durante los días de movilización.
22 de octubre: Primeas vías habilitadas en Imbabura.
Medinte labores de limpieza se aperturó un tramo de la vía Atuntaqui-Santa Bertha que fue bloqueada con palos y piedras como parte de los primeras vías en ser habilitadas en la provincia.
22 de octubre: CONAIE anuncia fin del paro
Al medio dia, el presidente de la CONAIE Marlon Vargas se pronunció al país mediante un video en el que ratificó que, frente al anuncio del Gobierno de desplegar toda la fuerza del Estado para habilitar las vías en Imbabura, la organización ha decidido dar por terminado el paro. Vargas informó que se dará paso a la apertura de las vías e hizo un llamado a las comunidades a replegarse a sus territorios, para salvaguardar la vida.
22 de octubre: UNORCAC anuncia que mantendrá la resistencia pese a comunicado de la CONAIE del fin del paro
La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC) emitió un pronunciamiento en el que aclaró que no pertenece a la CONAIE y que, pese al anuncio de su presidente Marlon Vargas de dar por terminado el paro, mantendrán la resistencia en la provincia de Imbabura. En su comunicado, la organización confirmó que las vías en Cotacachi permanecerán cerradas y que el día de mañana realizarán una gran marcha que saldrá desde el centro de Cotacachi hasta el ingreso al cantón. Los dirigentes expresaron su preocupación por el anuncio del presidente de la República, quien ordenó el despliegue de toda la fuerza del Estado para reabrir las vías en Imbabura. Afirmaron que, pese al temor por posibles enfrentamientos, mantendrán su resistencia de manera pacífica, defendiendo su derecho a la protesta.
22 de octubre: Fuerzas Armadas hacen un barrido de la vía E35 para despejar el paso
Durante la tarde, dos convoyes de las Fuerzas Armadas iniciaron las labores de limpieza y despeje de la vía E35, uno avanzando desde Otavalo hacia Ibarra y otro en sentido contrario, desde Ibarra hacia Otavalo. La operación contó con el apoyo de maquinaria pesada que trabaja en la remoción de escombros, ramas y obstáculos que permanecían sobre la calzada tras 30 días de bloqueos. De igual manera, personal policial se mantiene desplegado a lo largo del corredor vial, garantizando el control de la zona y la seguridad del operativo.
Luego del paso del primer convoy moradores de San Rafael de la Laguna, en el cantón Otavalo salieron nuevamente a las vías y atacaron a los vehículos que se movilizaban pinchando neumáticos y afectando a parabrisas de los vehículos.
22 de octubre: FICI convoca a reunión de emergencia
La FICI anunció que iniciará la apertura de las vías en toda la provincia, luego de varias jornadas de diálogo con las comunidades. Con esta decisión, la FICI se convirtió en una de las últimas organizaciones en levantar el paro provincial que se extendió por casi un mes.
23 de octubre: Marcha por la dignidad en homenaje a la víctimas del Paro 2025
Esta mañana, distintas comunidades indígenas se congregaron a la entrada a Cotacachi para dar inicio a una marcha pacífica por la dignidad, convocada por la Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi UNORCAC y la Federación de Indígenas y Campesinos de Imbabura FICI. Bajo el lema “Por la memoria, la resistencia y la dignidad de nuestros pueblos”, los participantes avanzaron por la vía E35 con tambores, flautas, banderas y consignas, en homenaje a Efraín Fueres, José Guamán y Rosa Paqui, las tres personas que perdieron la vida durante las protestas sellando de este modo el fin del paro en Imbabura.
(Redacción Imbabura).- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a través del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), reportó que Ecuador registró 5.268 homicidios en el primer semestre de 2025 (enero-julio), lo que representa un incremento del 47% respecto al mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3.753 casos. En lo que respecta a los homicidios intencionales por grupo etario, la estadística nacional evidencia que la población de mayor afectación son víctimas entre los 25 y 29 años, representando el 19,2 % del total de homicidios en el periodo de 2025.
Este lapso de siete meses se ha catalogado como el periodo más violento de la última década, en medio de una crisis de inseguridad marcada por la acción de carteles, mafias y grupos de delincuencia organizada, así como por la fragmentación de bandas criminales y la aparición de nuevas estructuras delictivas desde finales de 2024.
Frente a esta situación, el presidente Daniel Noboa ha decretado 13 estados de excepción y conmoción interna, siendo el más reciente el del 6 de agosto, que incluyó a seis provincias, en su mayoría ubicadas en la región Costa, debido al aumento de robos, homicidios y casos de sicariato.
En el caso de Imbabura, la provincia registra un 4,42% de participación en los homicidios por cada 100 mil habitantes, superando a territorios como Carchi, Loja, Napo, Morona Santiago y Azuay. La tasa provincial de homicidios pasó de 18 en 2024 a 22 en 2025, lo que refleja un aumento de 3,64 puntos respecto al año pasado.
Imbabura registró 4.42% en la tasa de homicidios en el país
En la capital imbabureña, la percepción ciudadana sobre robos, homicidios y delincuencia ha crecido. Entre enero y julio de 2025 se reportaron 15 homicidios, frente a los 12 del mismo periodo en 2024, lo que elevó la tasa provincial del 5,25% al 6,5%.
Cantones como Pimampiro e Ibarra sobresalen con una mayor tasa en la provincia (7,07% y 6,5%, respectivamente), mientras que Cotacachi, Otavalo y Antonio Ante muestran tasas muy bajas, incluso por debajo del promedio latinoamericano de 19,7 por cada 100 mil habitantes.
(Redacción Ibarra).- El asambleísta Luis Fernando Molina realizó un recorrido por el Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra, un centro de salud con cerca de 34 años de funcionamiento y que, según el Ministerio de Salud, fue catalogado en 2015 como el primer hospital de segundo nivel en el norte del país. Solo en ese año atendió a más de 52.973 pacientes en consulta externa y alrededor de 32.466 en sus 17 especialidades.
Molina denunció en sus redes sociales el grave deterioro estructural y las irregularidades que atraviesa el hospital. Durante su visita constató que la infraestructura es obsoleta y no reúne las condiciones necesarias para garantizar una atención médica de calidad ni estándares adecuados de salubridad e higiene. Entre las falencias observadas se encuentran la cocina del hospital en condiciones insalubres y sin mantenimiento, lavandería colapsada por maquinaria obsoleta, servicios de limpieza, alimentación y seguridad impagos desde febrero, déficit de especialistas y despidos bajo la Ley de Integridad Pública. Todo esto ocurre en medio de la crisis sanitaria nacional, marcada por el desabastecimiento y el presunto sobreprecio en la compra de medicamentos, lo que afecta directamente a miles de pacientes que dependen de esta casa de salud.
El asambleísta de Revolución Ciudadana señaló además que el director del hospital se negó a entregar la lista de medicamentos, mientras que los Ministerios competentes no han respondido a los pedidos de información. Además, recordó que, pese a que el Gobierno aseguró que la Ley de Integridad Pública no afectaría al personal sanitario, en la práctica se han registrado despidos y reducción de puestos en varios hospitales del país, incluido el de Ibarra.
(Redacción Imbabura). El Gobierno de Daniel Noboa anunció la desvinculación de 5.000 funcionarios públicos a nivel nacional, una medida que, aunque aún no detalla cuántos trabajadores serán afectados en la provincia de Imbabura, ya despierta un debate sobre el tamaño del Estado y su papel en la economía y los servicios públicos.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Imbabura registra actualmente 18.581 servidores públicos, una cifra que casi se duplicó durante la presidencia de Rafael Correa (2007–2017), cuando pasaron de 10.443 a 18.741. Este incremento respondió a una política de expansión estatal que apostó por fortalecer la presencia del Estado a través de nuevos hospitales, escuelas, instituciones públicas y programas sociales. La contratación de personal fue clave para operar esta estructura.
Sin embargo, esa misma expansión generó una carga fiscal elevada. Tras la caída de los precios del petróleo y el endeudamiento progresivo, el Estado comenzó a mostrar señales de desgaste económico. Desde 2017, con Lenín Moreno, se redujo el ritmo de contrataciones, y con Guillermo Lasso el número de funcionarios disminuyó aún más.
Hoy, la decisión de Noboa de reducir 5.000 plazas se presenta como una medida de contención frente a una crisis fiscal profunda. El recorte apunta a un Estado más liviano, en teoría más eficiente, pero también implica riesgos: menos personal podría significar reducción de servicios públicos en sectores clave como salud, educación y seguridad.
En provincias como Imbabura, donde muchas familias dependen de empleos estatales, la medida podría tener un impacto social y económico considerable.
(Redacción Ibarra).– Un intento de vulnerar la seguridad del Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Ibarra terminó con la detención de dos agentes penitenciarios la noche del jueves 3 de julio.
El hecho ocurrió cerca de las 7:30 p.m cuando personal policial del circuito Arcángel 1 detectó un comportamiento inusual entre las funcionarias Fernanda G. y Jennifer A., quienes intercambiaron una funda plástica blanca en una aparente maniobra coordinada.
La actitud nerviosa de ambas alertó a los uniformados que custodian los filtros de ingreso. Tras el cruce, Fernanda G. huyó del lugar, mientras que Jennifer A. fue interceptada antes de ingresar nuevamente al área de seguridad.
En su poder se encontró una funda con dos envolturas negras que contenían una sustancia compacta de color crema. Tras la verificación de la Unidad de Antinarcóticos, se confirmó que se trataba de cocaína, con un peso neto de 667,50 gramos.
Ambas agentes fueron detenidas en delito flagrante y puestas a órdenes de las autoridades competentes. El caso fue notificado a la Dirección General de Inteligencia y al ECU 911 para los procedimientos correspondientes.
(Redacción Imbabura).- Después de un año marcado por la crisis energética, el Ecuador anunció que no habrá cortes de electricidad en todo el país a partir del 20 de diciembre. Esta medida es el resultado de un conjunto de acciones implementadas por el gobierno para recuperar la capacidad instalada, incorporar nueva generación de energía y mejorar la eficiencia del sistema eléctrico.
Causas de la crisis y medidas tomadas
La crisis energética que afectó al país se debió en gran parte a la negligencia y mala gestión de gobiernos pasados, sumada a los efectos del cambio climático. Sin embargo, después de procesar y sentenciar a los responsables de la corrupción en el sector eléctrico, el gobierno ha trabajado para recuperar la capacidad instalada y mejorar la eficiencia del sistema.
Logros clave
Recuperación de 696,7 MW en centrales térmicas e hidroeléctricas.
Incorporación de 204 MW del proyecto Toachi Pilatón.
Operación de 100 MW de generación firme flotante, con 501 MW adicionales para diciembre y enero.
Acuerdos para la compra de energía a Colombia.
Compromiso con la transparencia y la eficiencia
El gobierno aseguró que continúa trabajando para construir un país más resiliente y eficiente, a pesar de los esfuerzos de la «vieja política» por difundir información falsa y desviar la responsabilidad. Agradeció a los ecuatorianos su perseverancia y fortaleza durante esta crisis.
Un futuro más seguro
Con estas medidas, el gobierno busca garantizar que esta sea la última crisis energética que afecte al país de manera significativa. La población puede tener la certeza de que se están tomando las medidas necesarias para asegurar un suministro de electricidad estable y confiable.
Este logro es un paso importante hacia la recuperación y el desarrollo sostenible del Ecuador.
