(Redacción Imbabura).- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a través del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), reportó que Ecuador registró 5.268 homicidios en el primer semestre de 2025 (enero-julio), lo que representa un incremento del 47% respecto al mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3.753 casos. En lo que respecta a los homicidios intencionales por grupo etario, la estadística nacional evidencia que la población de mayor afectación son víctimas entre los 25 y 29 años, representando el 19,2 % del total de homicidios en el periodo de 2025.
Este lapso de siete meses se ha catalogado como el periodo más violento de la última década, en medio de una crisis de inseguridad marcada por la acción de carteles, mafias y grupos de delincuencia organizada, así como por la fragmentación de bandas criminales y la aparición de nuevas estructuras delictivas desde finales de 2024.
Frente a esta situación, el presidente Daniel Noboa ha decretado 13 estados de excepción y conmoción interna, siendo el más reciente el del 6 de agosto, que incluyó a seis provincias, en su mayoría ubicadas en la región Costa, debido al aumento de robos, homicidios y casos de sicariato.
En el caso de Imbabura, la provincia registra un 4,42% de participación en los homicidios por cada 100 mil habitantes, superando a territorios como Carchi, Loja, Napo, Morona Santiago y Azuay. La tasa provincial de homicidios pasó de 18 en 2024 a 22 en 2025, lo que refleja un aumento de 3,64 puntos respecto al año pasado.
Imbabura registró 4.42% en la tasa de homicidios en el país
En la capital imbabureña, la percepción ciudadana sobre robos, homicidios y delincuencia ha crecido. Entre enero y julio de 2025 se reportaron 15 homicidios, frente a los 12 del mismo periodo en 2024, lo que elevó la tasa provincial del 5,25% al 6,5%.
Cantones como Pimampiro e Ibarra sobresalen con una mayor tasa en la provincia (7,07% y 6,5%, respectivamente), mientras que Cotacachi, Otavalo y Antonio Ante muestran tasas muy bajas, incluso por debajo del promedio latinoamericano de 19,7 por cada 100 mil habitantes.
(Redacción Urcuquí).- En una operación militar desplegada durante el fin de semana, el Ejército Ecuatoriano logró desarticular una compleja red de minería ilegal en la denominada Zona Minera Norte, ubicada en el sector de Buenos Aires, cantón Urcuquí. La intervención, que se ejecutó en tres áreas distintas dentro de la zona conocida como Mina Nueva, reveló el alto nivel de organización e infraestructura utilizada por los grupos dedicados a esta actividad ilícita.
Durante la operación, los uniformados hallaron una mega procesadora compuesta por tres trituradoras de material aurífero, quince piscinas de sedimentación, más de mil quinientos sacos de material aurífero y una central de poleas con motor, lo que evidencia la magnitud de la extracción clandestina. Además, se encontraron nueve generadores de electricidad, veintitrés canecas de gasolina, tanques de gas, cocinas improvisadas y alojamientos con capacidad para albergar a más de 150 personas, lo cual sugiere una operación a gran escala, sostenida y bien abastecida.
En otra zona del operativo se identificó un campamento con espacio para 40 personas y otra procesadora equipada con trituradoras, piscinas, tanques de agitación y nueve canecas de ácido, presumiblemente utilizadas para procesos químicos de separación del oro.
En un tercer punto, los militares encontraron más maquinaria: tres trituradoras, tanques de agitación y cientos de sacos con material aurífero listo para ser procesado, además de armas de fuego y uniformes militares.
Todo el material fue inhabilitado por personal especializado EOD del Ejército, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), como parte de las acciones de combate a la minería ilegal que afectan gravemente a los ecosistemas locales y a la seguridad de la región.
Según fuentes militares, esta intervención representa un duro golpe a los Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) que operan en el sector, y forma parte de una serie de acciones estratégicas para recuperar el control del territorio y frenar el avance de economías criminales vinculadas a la minería ilegal.
(Redacción Ecuador).- La Fiscalía General del Estado anunció esta mañana el inicio de un operativo de gran envergadura denominado “Depuración Azul”, que busca desarticular una red de delincuencia organizada dentro de la propia Policía Nacional. La investigación pone en la mira a uniformados en servicio activo que, presuntamente, estarían abasteciendo de armas y municiones a grupos delictivos a cambio de dinero.
Como parte de esta acción, se están realizando allanamientos simultáneos en varias provincias del país, incluyendo Imbabura, Pichincha, Guayas y Cotopaxi. En Imbabura, las autoridades han intervenido en diversos puntos estratégicos para recabar pruebas y desarticular esta presunta estructura criminal.
Este nuevo escándalo ocurre en medio de una escalada de violencia en el país, donde las armas provenientes del mercado negro han sido utilizadas en delitos graves como asesinatos, sicariatos y atentados contra servidores públicos. Uno de los focos principales del operativo es el Departamento de Almacenamiento de la Dirección Nacional de Logística de la Policía, donde se investigan posibles irregularidades en el manejo y entrega de armamento institucional.
Hasta el momento se conoce la aprehensión de 10 uniformados por este delito y otros servidores policiales estarían bajo investigación.
(Redacción Ecuador).- “Aferrarse a los cargos no le hace bien al país”. Con esas palabras, la abogada ibarreña Diana Salazar anunció este martes 20 de mayo su renuncia como Fiscal General del Estado, luego de seis años y 42 días al frente de una de las instituciones clave en la justicia ecuatoriana.
Nacida en Ibarra en junio de 1981, Diana Salazar se convirtió en un símbolo nacional de la lucha contra la corrupción. Su paso por la Fiscalía estuvo marcado por investigaciones de alto impacto que sacudieron al poder político y económico del país, revelando tramas que involucraron a expresidentes, exvicepresidentes, jueces, asambleístas y funcionarios públicos.
Estos son los 10 casos de connotación nacional que manejó Diana Salazar:
Caso Metástasis
Caso Purga
Caso Plaga
Caso Encuentro
Caso Sobornos
Caso Sinohydro
Caso Vocales
Independencia Judicial
Reconstrucción de Manabí
Caso FIFA Gate
Caso Metástasis:
A raíz del asesinato del narcotraficante Leandro Norero en la cárcel de Cotopaxi, la investigación de la Fiscalía General permitió obtener evidencias, como los celulares de Norero.
Así se determinó su estrategia delictual para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado, entre los que se cuentan jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura y del SNAI, abogados en libre ejercicio y otros. El delito que se investigó fue delincuencia organizada.
El expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, el exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) Pablo Ramírez, y algunos jueces involucrados en el Caso Metástasis, recibieron sentencia la tarde del lunes 25 de noviembre del 2024.
Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia los condenó a nueve años y cuatro meses de prisión por el delito de delincuencia organizada. La Fiscalía General del Estado demostró que Terán y 18 personas más actuaron como parte de una estructura de corrupción en el sistema de justicia para beneficiar al fallecido narcotraficante Leandro Norero.
Caso Purga:
A raíz del caso Metástasis, la Fiscalía encontró indicios para investigar a un exasambleísta, la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, varios jueces de la misma Corte y personal administrativo de la Dirección del Consejo de la Judicatura de esa jurisdicción.
Ellos fueron señalados por el presunto delito de delincuencia organizada para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico. Es decir, partiendo del poder político legislativo, pervirtiendo el poder judicial y favoreciendo o buscando favorecer a criminales como alias “Fito”.
La Corte Nacional de Justicia dictó, el 3 de marzo del 2025, una sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada contra el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes; la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo; y el exjuez del Guayas, Johann Marfetán, en el marco del caso Purga.
Caso Plaga
La Fiscalía General investigó el presunto delito de delincuencia organizada por parte de jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios públicos. Todos fueron señalados por otorgar ilegítimamente acciones constitucionales a personas privadas de la libertad.
Según el Ministerio Público, la red delictiva captaba a sus integrantes a través de la entrega de dinero o favores a cambio de permitir que los presos obtengan libertad.
Caso Encuentro
Fiscalía investiga una presunta organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, quienes, de forma planificada y coordinada, pretendían obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y así interferir en instituciones públicas como: CNEL EP, BanEcuador y Servicio Nacional de Aduanas.
Con sus acciones, el grupo habría direccionado la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas en empresas del Estado, con la finalidad de obtener beneficios económicos.
Caso Sobornos
Un Tribunal de la Corte Nacional sentenció a 8 años de pena privativa de libertad a 18 personas, entre ellos, Rafael Correa y Jorge Glas, expresidente y exvicepresidente de la República, respectivamente. También, dos procesadas recibieron penas atenuadas. Luego de haber analizado las pruebas presentadas por Fiscalía, fueron declarados culpables del delito de cohecho.
La investigación de Fiscalía determinó que los sentenciados conformaron una estructura criminal que recibió sobornos, a través de cruce de facturas y en efectivo, entre 2012 y 2016. Con eso se habría pagado servicios para el movimiento político Alianza País y, a cambio, los empresarios sentenciados recibían contratos con el Estado.
Caso Sinohydro
La investigación de la Fiscalía General permitió develar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero.
Se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en sobornos, aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra. Para la entrega de coimas se habría utilizando a terceras personas a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones. En este caso se investiga el delito de cohecho.
Caso Vocales
En este proceso se investigó el delito de tráfico de influencias. La investigación de este caso se inició en junio de 2022, luego de que un exasambleísta y un abogado denunciaran el hecho, con base en la difusión de la grabación de una conversación entre dos vocales del Consejo de la Judicatura y el entonces presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
En el audio se escuchaba una conversación sobre una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Guadalupe Llori, para mantenerse en el cargo.
Caso Independencia Judicial
Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, fue condenado a nueve años y cuatro meses de cárcel, el 23 de diciembre del 2024, dentro del caso denominado Independencia Judicial. Fue juzgado como parte de la investigación por obstrucción a la justicia.
El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia determinó la culpabilidad de Terán, pues él fue parte de la mayoría de vocales que ejecutó la suspensión y destitución del juez, Walter Macías, relevado de la Corte en el 2023.
Según las investigaciones de Fiscalía, en este caso se habría interferido ilegalmente en el proceso judicial relacionado con la destitución del juez Walter Macías, quien estaba a cargo del caso Vocales.
Caso Reconstrucción de Manabí
La investigación de Fiscalía determinó la presunta existencia de un abuso de fondos públicos en beneficio de terceras personas y empresas, quienes fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto en Manabí del 16 de abril de 2016.
En este caso está procesado el exvicepresidente Jorge Glas. De hecho, ayer (lunes 19 de mayo del 2025) se conoció que él fue llamado a juicio por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en las obras de reconstrucción.
Junto a Glas, que ya tiene dos condenas previas por corrupción, también se juzgará a Carlos Bernal, exsecretario del Comité de Reconstrucción de Manabí, que el entonces vicepresidente lideraba con el objetivo de seleccionar las obras que debían ejecutarse.
CASO FIFA GATE
En 2015, la fiscal Diana Salazar lideró en Ecuador la investigación del caso FIFA Gate, que destapó una red de corrupción en el fútbol. Acusó por lavado de activos al entonces presidente de la FEF, Luis Chiriboga, quien fue condenado a 10 años de prisión. Su trabajo marcó un hito en la lucha contra la corrupción deportiva y consolidó a Salazar como una figura clave en la justicia ecuatoriana.
Pese a mantener siempre un perfil bajo, su firmeza y claridad al presentar pruebas y enfrentar presiones políticas hicieron de Diana Salazar una figura incómoda para sectores del poder.
Su salida de la Fiscalía General se produce en medio de la falta de un reemplazo designado por el Consejo de Participación Ciudadana. Mientras tanto, el doctor Wilson Toainga continuará como subrogante hasta que el proceso concluya.
En su mensaje de despedida, Salazar reiteró su compromiso con la justicia y agradeció la confianza del país. “Estoy segura de que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance”, afirmó.
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