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Imbabura cierra 2025 entre crisis política y la llegada de un nuevo gobernador

(Redacción Imbabura).- Imbabura vivió durante 2025 uno de los años más complejos y conflictivos de su historia política reciente, marcado por una prolongada paralización provincial, una profunda inestabilidad institucional y una ciudadanía que no olvidó la percepción de abandono del Gobierno central durante casi 30 días del paro nacional. Este escenario dejó una huella en la memoria colectiva y reconfiguró la dinámica política local, fortaleciendo el descontento social y la desconfianza hacia las autoridades, un malestar que posteriormente se reflejaría en la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa.

Paro 2025

Las paralizaciones iniciaron en Imbabura el 22 de septiembre, cuando comunidades indígenas y sectores sociales se movilizaron en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, convirtiendo a la provincia en el epicentro de las protestas en el norte del país. Durante cerca de treinta días, se registraron bloqueos permanentes e intermitentes en la vía E35, desde Salinas hacia el norte, afectando puntos estratégicos como Ibarra, Natabuela, Atuntaqui, Cotacachi, Tabacundo y Cajas, en el límite con Pichincha, así como numerosos sectores rurales entre ellos Imantag, Ilumán, Buenos Aires, González Suárez, Caluquí, Quichinche, Peguche, Eugenio Espejo, Coñaqui y Zuleta. Esta situación aisló las principales rutas de la provincia y paralizó la vida cotidiana, provocando escasez de combustible, alimentos, lácteos, cárnicos, gas de uso doméstico y medicinas. Además, la exportación florícola se vio interrumpida, generando pérdidas económicas estimadas en cerca de dos millones de dólares diarios, de acuerdo con la Cámara de Comercio.

La conflictividad alcanzó su punto más crítico en el cantón Otavalo, donde se produjeron disturbios que afectaron el casco urbano y causaron daños a bienes públicos y privados, incluidos vehículos, motocicletas y la incineración de un comando de la Policía Judicial. En este contexto, 12 personas fueron detenidas y procesadas por presuntos actos de terrorismo. Los enfrentamientos con las fuerzas del orden dejaron dos víctimas mortales en Imbabura: Efraín Fuérez, comunero de Cuicocha, falleció por impacto de bala, y posteriormente José Guamán perdió la vida mientras era trasladado en un helicóptero del Cuerpo de Bomberos de Quito hacia el Hospital Eugenio Espejo, tras recibir un disparo que comprometió órganos vitales. Tras casi un mes de tensión social, se alcanzaron acuerdos entre el Ejecutivo y las organizaciones indígenas, lo que permitió el cese de las manifestaciones, cerrando uno de los episodios más críticos para la provincia.

Imbabura le dijo no a la consulta popular y marcó distancia del Gobierno:

En la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa, Imbabura registró un resultado mayoritariamente adverso al Ejecutivo, con el “No” imponiéndose en la mayoría de las preguntas relacionadas con seguridad, justicia y reformas institucionales. El comportamiento del voto fue interpretado como una respuesta política y social frente al desgaste acumulado durante el año, especialmente tras el paro nacional y la percepción de abandono estatal. Más allá del contenido de las preguntas, el resultado evidenció un voto de castigo, en el que amplios sectores de la población expresaron su inconformidad con la gestión gubernamental y el manejo de la crisis.

Cuatro gobernadores y una provincia sin estabilidad política:

Imbabura cerró el año marcada por una fuerte inestabilidad política en la Gobernación, con constantes cambios de autoridad durante el gobierno del presidente Daniel Noboa. El primer gobernador del periodo fue Juan Sebastián Echeverría, quien asumió el cargo el 21 de marzo de 2024 y permaneció hasta el 19 de junio, con una gestión enfocada en seguridad y control territorial, especialmente en zonas conflictivas como Buenos Aires, aunque rodeada de cuestionamientos y polémicas mediáticas.

Tras su salida, el 19 de junio fue designado Leonardo Israel Cabezas González, quien permaneció cerca de tres meses en funciones, con un trabajo centrado en territorio y seguridad, aunque con resultados limitados. La crisis se profundizó el 18 de septiembre de 2025, cuando Luis Efraín Amaguaña Muenala asumió la Gobernación y renunció apenas cuatro días después, tras recibir amenazas contra él y su familia en medio del paro nacional.

El 23 de septiembre asumió Elsy Maite Landeta Sánchez, cuya administración estuvo marcada por cuestionamientos a su capacidad de gobernabilidad y por su ausencia en el debate público, al no conceder entrevistas a medios de comunicación, lo que generó en la ciudadanía una percepción de falta de liderazgo y presencia institucional. Finalmente, el 17 de diciembre, el Gobierno Nacional designó a Jorge Aníbal Ortiz Cifuentes, militar en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano, con la expectativa de devolver estabilidad y orden a la conducción política de Imbabura.

Deudas de Daniel Noboa con Imbabura :

En cuanto a los ofrecimientos y deudas pendientes con la provincia de Imbabura, en lo que va de 2025 no se registraron avances concretos en varias obras consideradas prioritarias para la conectividad y el desarrollo regional. Entre ellas consta el paso lateral de Ibarra, una infraestructura estratégica destinada a descongestionar el tránsito urbano y facilitar la movilidad hacia Carchi y Esmeraldas, que permanece inconclusa desde hace más de una década y cuya reactivación fue anunciada durante la campaña presidencial de Daniel Noboa, sin que hasta ahora se evidencie intervención alguna. A esta situación se suma la problemática de la vía RVE10, en el kilómetro 114, sector El Guadual, así como otros tramos críticos entre Salinas, Lita y Palacara, afectados por derrumbes y socavamientos desde 2021, que continúan sin una solución estructural. Pese a contratos firmados, anuncios oficiales y la confirmación de autoridades del Ministerio de Infraestructura y Transporte sobre la persistencia de estos puntos críticos, durante 2025 no se han ejecutado obras definitivas, manteniéndose las afectaciones a comunidades, al transporte interprovincial y a la seguridad vial en la provincia.

Esta mañana se posesionó Jorge Ortíz, quien asume el mando provincial de Imbabura de cara al 2026. En su discurso, las promesas de seguridad, salud y desarrollo no estuvieron lejos de los ofrecimientos planteados por sus antecesores. La interrogante que queda abierta es si, esta vez, esos compromisos se traducirán en acciones concretas y resultados visibles durante el próximo año.

Votar con el celular podría costarte más de 5 mil dólares y un año de suspensión para sufragar

(Redacción Imbabura).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó que en Imbabura y todo el país está prohibido usar celulares o cualquier dispositivo electrónico dentro del biombo durante el referéndum y consulta popular del 16 de noviembre. Los ciudadanos no podrán tomar fotos de la papeleta ni manipular sus teléfonos mientras emitan su voto, medida que busca garantizar el secreto del sufragio.

La sanción por incumplir esta norma es severa y corresponde a USD 5.170 (equivalentes a once salarios básicos) y un año de suspensión de derechos políticos, según el artículo 279 del Código de la Democracia. Esta infracción puede ser tramitada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

En Imbabura, el CNE reforzará el control en los recintos de Ibarra, Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante y Pimampiro, debido a denuncias recientes sobre presuntas presiones para que votantes fotografíen su papeleta a cambio de incentivos económicos. El organismo advirtió que estas prácticas comprometen la integridad del proceso.

La prohibición también aplica a los vocales de mesa, quienes no podrán usar sus celulares durante la jornada ni en el conteo, salvo el responsable de llenar las actas. El CNE insiste en que el respeto a esta disposición será clave para una elección segura y transparente en la provincia.

Además de la sanción por usar el celular en el biombo, en Imbabura rigen otras multas electorales establecidas por el Código de la Democracia. No acudir a votar—obligatorio para ciudadanos de 18 a 65 años—implica una multa del 10% del salario básico, es decir, $47. Infringir la ley seca o el silencio electoral también conlleva sanciones del 50% del salario básico ($235), aplicables a quienes consuman o vendan alcohol en el periodo prohibido, o a quienes realicen propaganda en plena restricción. En el caso de los miembros de las juntas receptoras del voto, no asistir a su mesa genera una multa de $70,50, mientras que abandonarla sin justificación puede costar entre 10 y 20 salarios básicos (de $4.700 a $9.400). Estas sanciones son administradas por el CNE, y pueden consultarse o pagarse en la delegación electoral correspondiente.

Clases no presenciales el 14 y 17 de noviembre por la Consulta Popular de este domingo

(Redacción Ecuador).- El Ministerio de Educación informó que los días 14 y 17 de noviembre de 2025 las instituciones educativas designadas como recintos electorales trabajarán en modalidad no presencial, debido a la jornada democrática del Referéndum y Consulta Popular que se realizará este domingo.

En total, 4.005 escuelas y 71 institutos y universidades de todo el país funcionarán como centros de votación, según datos oficiales del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.

Esta medida busca garantizar la continuidad del aprendizaje, facilitar la limpieza y reacondicionamiento de los planteles educativos antes y después del proceso electoral.

Gobierno de Daniel Noboa anuncia nuevas jornadas de cedulación por la Consulta 2025

(Redacción Ecuador).- Con el objetivo de garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en el Referéndum y Consulta Popular 2025 del próximo domingo 16 de noviembre, el Registro Civil del Ecuador realizará dos nuevas jornadas extraordinarias de cedulación este sábado 15 y domingo 16 de noviembre, en 38 agencias del país.

Con el liderazgo del presidente Daniel Noboa, se desarrollan estas jornadas de fines de semana, en respuesta a la necesidad de la ciudadanía que, por situaciones de trabajo, estudiantiles u otras, no pueden acudir a una agencia los días de la semana laboral.

La atención está dirigida a los ciudadanos que agenden un turno para el sábado o domingo, en la agencia virtual del Registro Civil. Las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria (niñas y niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad), no requieren turno previo y tendrán preferencia en la atención. Sin embargo, también pueden acercarse a las agencias del Registro Civil cualquier día de la semana, en su horario habitual.

Los horarios establecidos serán: sábado 15 de noviembre, de 08h00 a 17h00; y el domingo 16 de noviembre, de 08h00 a 12h00.

Los ciudadanos deberán acercarse al punto de atención seleccionado con: el comprobante de pago impreso del servicio (emitido por la banca corresponsal); la cédula anterior (en caso de renovación); y, si es por pérdida o robo, presentar la constancia, física o digital, del Formulario de Documentos Extraviados, emitida por el Consejo de la Judicatura.

La cédula por primera vez tiene un valor de 5,00 dólares y por renovación 16,00 dólares. Para las personas con discapacidad igual o superior al 30%, no tiene costo. El pago puede realizarse en línea con tarjeta de crédito o débito, o de forma presencial en agencias bancarias autorizadas

CHIJALLTA FICI oficializa su distancia con el Gobierno mediante nueve resoluciones

(Redacción Otavalo).- La Confederación de Pueblos Kichwas de la Sierra Norte (CHIJALLTA FICI) emitió ayer un comunicado oficial con la presencia de presidentes de pueblos, uniones y comunidades de Imbabura. En el documento, que contiene alrededor de nueve resoluciones, la organización adopta una postura crítica frente al Gobierno Nacional y reafirma su decisión de impulsar la campaña por el “NO” en la consulta popular y referéndum convocados por el Ejecutivo.

Uno de los aspectos más controversiales del documento es el punto seis, donde:

“Se exige al municipio de Otavalo que, a partir de este año y de manera permanente, el desfile cívico del 31 de octubre y todos los actos cívicos se realicen sin presencia militar ni policial, en respeto a la memoria de nuestros pueblos que fueron reprimidos con violencia desmedida”.

La resolución refleja las secuelas sociales y políticas que aún persisten en Imbabura, especialmente entre el pueblo otavaleño, quienes mantienen un sentimiento de distancia y desconfianza hacia el accionar del Gobierno en base a lo que muchos consideran un uso desproporcionado de la fuerza policial y militar durante las protestas.

Asimismo, en el punto siete, CHIJALLTA FICI anunció que:

“Prohíbe el ingreso a nuestros territorios a operadores políticos del Gobierno que están utilizando los recursos públicos para tratar de manipular o comprar conciencias para promover la Consulta Popular a favor del Gobierno.

Invitando a su vez a los actores sociales a trabajar de manera conjunta en la campaña por el “No”, y anunciaron que desde su estructura ejercerán un control permanente y estricto sobre los precios de los productos de primera necesidad y del gas en todas sus comunidades.

Con estas resoluciones, la organización indígena marca una postura firme de autonomía y rechazo a la intervención política de Daniel Noboa, reafirmando que, a pesar del fin del paro en Imbabura, la tensión entre las comunidades indígenas y el Estado central persiste, una brecha que se profundizó tras los episodios de represión vividos durante los 30 días de paralizaciones.

Daniel Noboa presenta 7 preguntas para nueva consulta popular que se votará en diciembre de 2025

(Redacción Ecuador).- El presidente Daniel Noboa anunció oficialmente la convocatoria a una nueva consulta popular que se realizará en diciembre de 2025. El proyecto incluye 7 preguntas clave que abordan reformas estructurales en política, justicia, economía y seguridad, con las que el Gobierno busca impulsar su visión de modernización institucional y atraer inversión extranjera.

Entre los temas más polémicos se encuentran la autorización para que fuerzas militares extranjeras operen en el país, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la posibilidad de permitir casinos en hoteles cinco estrellas como medida para reactivar el sector turístico.

Además, se propone eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos, reducir el número de asambleístas, permitir el trabajo por horas en el sector turístico y habilitar la posibilidad de realizar juicios políticos a jueces de la Corte Constitucional, una de las instituciones clave del sistema judicial ecuatoriano.

El anuncio se realizó tras semanas de expectativa por parte de la ciudadanía, analistas y actores políticos, muchos de los cuales ya han comenzado a expresar sus posturas a favor o en contra de la consulta.

Según el presidente, estas reformas buscan «destrabar al país, generar empleo y fortalecer la democracia». Sin embargo, sectores sociales y opositores advierten que varias de las preguntas podrían poner en riesgo derechos ciudadanos y abrir la puerta a una concentración del poder.

Los ecuatorianos deberán acudir a las urnas en diciembre de 2025 para responder cada una de las preguntas de forma individual, en un proceso que podría redefinir varios aspectos del funcionamiento del Estado.

Estas son las 7 preguntas de la nueva consulta popular:

1. ¿Está usted de acuerdo con permitir la presencia de fuerzas militares extranjeras en el territorio ecuatoriano para combatir el crimen organizado transnacional?

2. ¿Está usted de acuerdo con eliminar el financiamiento público a los partidos y movimientos políticos?

3. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y reestructurar el sistema de representación en la Asamblea Nacional?

4. ¿Está usted de acuerdo con permitir la instalación y funcionamiento de casinos exclusivamente en hoteles de cinco estrellas como incentivo turístico?

5. ¿Está usted de acuerdo con que se puedan realizar juicios políticos a los jueces de la Corte Constitucional?

6. ¿Está usted de acuerdo con permitir el trabajo por horas en el sector turístico como forma de fomentar el empleo?

7. ¿Está usted de acuerdo con eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)?

Plazos y requisitos para una revocatoria del mandato en Imbabura ¿Alcanza el tiempo?

(Redacción Imbabura).- La revocatoria del mandato es un derecho constitucional y una herramienta de participación ciudadana que permite a los ecuatorianos solicitar la salida anticipada de una autoridad elegida por votación popular, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley.

Este mecanismo de democracia directa, contemplado en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, puede aplicarse a alcaldes, concejales, prefectos, asambleístas e incluso al Presidente de la República.

Según la normativa vigente, cualquier ciudadano ecuatoriano que goce de sus derechos políticos puede solicitar una revocatoria de mandato, siempre que haya transcurrido al menos un año desde la posesión de la autoridad en funciones y no se esté en el último año del periodo para el cual fue electa la autoridad. Además, deben presentarse motivos claros y documentados que sustenten el pedido. La solicitud debe ser presentada ante el Consejo Nacional Electoral, y una vez ingresada, la autoridad señalada tendrá siete días para impugnarla. Luego, el CNE dispondrá de siete días más para resolver si acepta o niega el pedido.

Una vez que el CNE admite la solicitud, los proponentes deben recolectar un número de firmas equivalente al 10% del padrón electoral correspondiente al territorio donde fue electa la autoridad. En el caso de Ibarra, donde existen aproximadamente 170 mil electores, se necesitan cerca de 17 mil firmas válidas. El CNE entrega formularios oficiales para la recolección y los ciudadanos tienen un plazo de 180 días para completar esta etapa.

Una vez entregadas las firmas, el Consejo Nacional Electoral tiene un plazo de 15 días para verificar su autenticidad. Si las firmas son válidas y se confirma el cumplimiento de todos los requisitos legales, el CNE debe convocar al proceso de revocatoria en un plazo máximo de tres días. La consulta popular debe realizarse dentro de los 60 días siguientes a la convocatoria.

Esta sería la línea de tiempo que se debería seguir en el caso de que el proceso de revocatoria inicie este 01 de julio del 2025.

  • 01 de Julio del 2025 : Inicio del pedido de revocatoria, formalización de documentos en el CNE.
  • 07 de Julio del 2025 : Fin del periodo de impugnación de la revocatoria
  • 14 de Julio del 2025: Fin del plazo para que el CNE califique o deseche el pedido de revocatoria.
  • 15 de Julio del 2025: En el caso de aprobar el CNE entregará los formularios para la recolección de firmas.
  • 28 de Diciembre del 2025: Fin del plazo para la entrega de las más de 17 mil firmas validas.
  • 12 de Enero del 2026: Fin del plazo para que el CNE verifique las firmas.
  • 15 de enero del 2026: En caso de encontrar las firmas válidas necesarias, el CNE convocará al proceso de revocatoria.
  • 16 de enero del 2026: Inicio de campaña política a favor o en contra de la revocatoria.
  • 15 de marzo del 2026: Elecciones para decidir sobre la revocatoria del mandato.

Desde 2010, seis alcaldes en el país han sido revocados de su cargo:

1. Jorge Tsenkush (Tiwintza, Morona Santiago) – octubre de 2010: El alcalde Jorge Tsenkush fue el primer caso tras la reforma constitucional de 2009. En octubre de 2010, el CNE validó las firmas presentadas por Hernán Uwijint en apoyo a la revocatoria y convocó a la consulta dentro de los 60 días siguientes.

2. Doris López (Jaramijó, Manabí) – julio de 2011: En la consulta del 24 de julio de 2011, la ciudad de Jaramijó decidió revocar a su alcaldesa Doris López. El 46,7% votó por su destitución, siendo uno de los cuatro alcaldes revocados en esa fecha.

3. Víctor González (Pablo Sexto, Morona Santiago) – julio de 2011: Ese mismo 24 de julio, Pablo Sexto removió al alcalde Víctor González mediante consulta popular, con aproximadamente 49 % de votos a favor.

4. Hugo Pineda (Baños, Tungurahua) – julio de 2011: El 24 de julio de 2011, Baños optó por destituir a su alcalde Hugo Pineda, con un 52,1 % de votos a favor de la revocatoria.

5. Segundo Mejía (Palanda, Zamora Chinchipe) – julio de 2011: El alcalde Segundo Mejía fue destituido el 24 de julio de 2011, con un 50,6 % de respaldo a la revocatoria, convirtiéndose en uno de los seis alcaldes removidos en ese proceso masivo.

6. José Bolívar Castillo (Loja, Loja) – junio de 2018: En junio de 2018, la ciudadanía lojana revocó el mandato del entonces alcalde José Bolívar Castillo Vivanco. El proceso fue impulsado por Segundo Armijos, un dirigente de la Unión Provincial de Cooperativas de Taxi, quien argumentó que el exalcalde cometió arbitrariedades con el sistema de fotomultas. En la votación, el 70,8 por ciento de los ciudadanos apoyó su salida del cargo.

Existen procesos abiertos actualmente en el país; en los primeros tres meses de este año, se han presentado pedidos de revocatoria de mandato y remoción de los alcaldes de Riobamba y Quito.

El alcalde John Vinueza enfrentó ya tres procesos de revocatoria de mandato y, además, un pedido ciudadano para su remoción en 2025. El último caso llegó hasta el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que ratificó a Vinueza en el cargo, este 26 de junio se inició un nuevo pedido de revocatoria impulsado por Juan Carlos Romero y actúa en calidad de ciudadano y no representa ningún partido político.

Pabel Muñoz, alcalde de Quito, también enfrenta un proceso de revocatoria de mandato. En su caso, se lo acusa de hacer campaña política a favor de Luisa González, de Revolución Ciudadana, organización política a la que ambos pertenecen. El colectivo Cuida tu voto ha recolectado hasta el momento un total de 165 000 firmas, lo que representa el 80,4% del total requerido. La meta establecida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) es de 205 000 firmas válidas, que deben presentarse hasta el 5 de octubre de 2025.

Por otro lado, algunos actores políticos en Ibarra han mencionado, a través de plataformas como TikTok, que existe un supuesto clamor ciudadano para iniciar un proceso de recolección de firmas con miras a una revocatoria de mandato contra el alcalde de la ciudad. Sin embargo, hasta el momento, el CNE no ha recibido ninguna solicitud formal ni documentación oficial por parte de movimientos o partidos políticos que respalden dicha iniciativa.

El 21 de abril los ecuatorianos volveremos a las urnas, ahora Consulta Popular y Referendo

(Redacción Nacional).- El 21 de abril de 2024 los ecuatorianos se pronunciarán sobre las 10 preguntas propuestas por el presidente Daniel Noboa. Este miércoles, el Consejo Nacional Electoral aprobó el calendario para la consulta popular y referendo.

Las seis preguntas de la consulta

1.¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social?

2. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de: (i) terrorismo y su financiación,(ii) producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, (iii) delincuencia organizada, (iv) asesinato, (v) sicariato, (vi) trata de personas, (vii) secuestro extorsivo, (viii) tráfico de armas, (ix) lavado de activos y (x) actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta?

3. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el Anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido Anexo?

4. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta?

5. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta?

6. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conforme el Anexo de la pregunta?

Las cuatro preguntas del referendo

1.¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la Ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes, conforme el Anexo 1?

2. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el Anexo 2?

3. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales?

4. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el Anexo 4?

Gobierno nacional envió a la Corte Constitucional 11 preguntas para la Consulta Popular

(Redacción Nacional).- La participación de FF.AA. contra el crimen organizado en Ecuador; la prohibición de ordenar la prisión preventiva de policías y militares en procesos judiciales por sus actos contra la delincuencia; la extinción de dominio; el endurecimiento de penas; la auditoría a jueces, y la reapertura de casinos, forman parte de la consulta popular del presidente Daniel Noboa.

La tarde del martes 2 de enero de 2024 el Gobierno de Ecuador envió a la Corte Constitucional 11 preguntas que forman parte de su propuesta de consulta y referendo constitucional.

El contenido de las propuestas se hizo público este miércoles 3. La Corte tiene 20 días para calificar la constitucionalidad de las propuestas.

Estas son las 11 preguntas de la consulta de Noboa:

  1. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales trasnacionales que operan dentro y fuera del territorio nacional, conforme el Anexo de la pregunta 1?
  2. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social?
  3. ¿Está usted de acuerdo con que los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, no sean privados de su libertad, o se les ordene arresto domiciliario, mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 3?
  4. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementenlas penas de los delitos de: (i) terrorismo y su financiación, (ii) producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, (iii) delincuencia organizada, (iv) asesinato, (v) sicariato, (vi) trata de personas, (vii) secuestro extorsivo, (viii) tráfico de armas, (ix) lavado de activos y (x) actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 4?
  5. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el Anexo de la pregunta 5, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido Anexo?
  6. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 6?
  7. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta 7?
  8. ¿Está usted de acuerdo con que se evalúe a las servidoras y los servidores de la Función Judicial,incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales, conforme el Anexo de la pregunta 8?
  9. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienesde origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conforme el Anexo de la pregunta 9?
  10. ¿Está usted de acuerdo en que se reformen los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros, para controlar la migración y fortalecer la seguridad del Estado, conforme el Anexo de la pregunta 10?
  11. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinossalas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, bajo las condiciones que se detallan en el Anexo de la pregunta 11?

Escrutado alrededor del 99% de actas en la provincia de Imbabura

Redacción Imbabura).- En la provincia de Imbabura 364 461 electores se encontraban habilitados para ejercer su derecho al voto, los mismos se distribuyeron en 1004 juntas receptoras del voto.

La jornada electoral transcurrió con normalidad, según la evaluación que realizó el Ab. Santiago Vallejos, Presidente de la Delegación Provincial Electoral de Imbabura.

Hasta 02:00 am de este lunes 05 de febrero del 2018, se tenia escrutado el 99% de actas.

Primera pregunta: Muerte civil a personas con sentencia por corrupción

Sí: 76%

No: 24%

Segunda pregunta: Eliminar la reelección indefinida

Sí: 66.08%

No: 33.92%

Tercera pregunta: Reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs)

Sí: 65.38%

No: 34.62%

Cuarta pregunta: No prescripción de los delitos sexuales contra infantes

Sí: 75.81%

No: 24.19%

Quinta pregunta: Minería metálica

Sí: 69.7%

No: 30.3%

Sexta pregunta: Derogar la Ley de Plusvalía

Sí: 64.96%

No: 35.04%

Séptima pregunta: Protección del Yasuní

Sí: 68.25%

No: 31.75%

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