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Primer operativo del año contra tramitadores y cobros indebidos en el Registro Civil deja resultados inmediatos

(Redacción Ecuador).- Los recientes controles ejecutados por el Estado en agencias del Registro Civil responden a una estrategia nacional para combatir la intermediación ilegal, los cobros indebidos y la venta de turnos fraudulentos, prácticas que afectan directamente a la ciudadanía.

Como parte de estas acciones, este martes se realizaron operativos simultáneos en varias ciudades del país, con la participación de la Policía Nacional, el Servicio de Rentas Internas, Gobernaciones y agencias municipales de control. Las intervenciones permitieron reducir la presencia de tramitadores en los exteriores de las agencias, inspeccionar locales comerciales y detectar irregularidades administrativas vinculadas a permisos y facturación.

Según información oficial, en 2025 se ejecutaron 99 operativos a escala nacional, que dejaron 46 personas aprehendidas, una sentencia por falsificación y uso de documento falso, y ocho locales clausurados, evidenciando que las detenciones se producen por delitos relacionados con la tramitación ilegal y el fraude documental.

En este contexto, y en medio de la investigación a 32 locales comerciales ubicados en los alrededores de varias agencias del Registro Civil a nivel nacional, en la ciudad de Tulcán cuatro funcionarios del Registro Civil del Carchi fueron desvinculados este martes, en un procedimiento que ha generado cuestionamientos por presuntas presiones y amenazas para forzar la firma de sus renuncias. Según denunciaron abogados de los afectados, la medida se habría ejecutado tras la llegada del coordinador general del Registro Civil a la dependencia local, bajo el argumento de supuestas irregularidades, concretándose al final de la jornada la salida obligada de cuatro servidores.

Las defensas legales aseguran que varios de los funcionarios contaban con nombramiento definitivo y que habrían sido advertidos con posibles penas de prisión de entre cuatro y cinco años si no renunciaban, sin que se les informara el presunto delito. También denunciaron impedimentos para brindar asesoría legal, la ausencia de Fiscalía y Policía durante el proceso, y la incomunicación de los empleados. Entre los desvinculados figuran servidores con hasta 24 y 15 años de trayectoria institucional.

Policía Nacional frustra atentado con explosivos en el norte de Quito

(Redacción Quito).- La Policía Nacional evitó la detonación de tres cargas explosivas en un vehículo estacionado en las inmediaciones del Complejo Judicial Norte de Quito la noche de este jueves 6 de noviembre. El ministro del Interior, John Reimberg, informó que se trataba de cilindros de gas con un sistema de ignición electrónica, los cuales fueron desactivados por el Grupo de Intervención y Rescate (GIR).

De acuerdo con Reimberg, este operativo se enmarca dentro de las investigaciones relacionadas con el hecho terrorista ocurrido semanas atrás en Guayaquil. El ministro señaló que los explosivos fueron neutralizados de manera segura y aseguró que se trata de intentos de atentados sincronizados “por quienes están desesperados”.

Horas más tarde, el Consejo de la Judicatura (CJ) emitió un comunicado en el que condenó el acto de intimidación y confirmó que el vehículo con los cilindros de gas fue hallado en los exteriores del Complejo Judicial. La institución destacó la rápida acción de la Policía Nacional y recalcó que se activaron los protocolos de seguridad para proteger la integridad de servidores y usuarios.

El CJ mantiene coordinación permanente con las autoridades competentes para continuar con las investigaciones e hizo un llamado a la ciudadanía a informarse únicamente por los canales oficiales. Además, reafirmó su compromiso con la justicia, la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia y al crimen organizado.

Caso Lago San Pablo: Fiscalía investiga a la Alcaldía de Otavalo por posible delito contra el agua

(Redacción Otavalo).- La situación legal de la alcaldesa de Otavalo podría complicarse tras el reciente pronunciamiento del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), que confirmó haber presentado una denuncia formal ante la Fiscalía Provincial de Imbabura por un presunto delito contra el agua, en relación con la crítica situación ambiental del lago San Pablo.

El comunicado, emitido el lunes 6 de mayo, también ratifica que el municipio de Otavalo y la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPA-O) se encuentran inmersos en un procedimiento administrativo sancionador abierto por el mismo Ministerio, a la que se suma esta denuncia penal por delitos contra el agua, tipificada en artículo 251 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de tres a cinco años de prisión para quienes contaminen, desequen o alteren cuerpos de agua y recursos hidrobiológicos, provocando daños graves al ambiente.

Como parte del proceso sancionador, el MAATE espera que en un plazo máximo de quince días, se entreguen los resultados de los análisis realizados por la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), los cuales serán incorporados como elementos probatorios en la causa administrativa que lleva adelante el Ministerio.

Por su parte, la Fiscalía será la encarga de recoger las pruebas, elementos de convicción, informes técnicos, testimonios y demás elementos necesarios para determinar el grado de responsabilidad de los actuales administradores de la ciudad, como de la Empresa de Agua Potable de Otavalo y los posibles involucrados en este delito penal.

Como antecedente, un caso similar se registró en Cuenca, en el año 2019. En esa ocasión, el Tribunal de Garantías Penales del Azuay encontró culpable a Lorenzo C., quién contaminó gravemente el agua de la quebrada Cachihuayco y alteró con esto su estado natural, dentro de las sanciones el ciudadano enfrentó una pena privativa de libertad de tres años, además debió cumplir con medidas de reparación integral como la limpieza del área afectada, la siembra de 1.000 árboles y disculpas públicas en medios de comunicación y espacios comunitarios.

Según el COIP, contaminar o alterar cuerpos de agua es considerado un delito ambiental grave. En caso de comprobarse la responsabilidad de los actuales funcionarios municipales, las sanciones podrían escalar hasta afectar directamente a las autoridades responsables del manejo de los sistemas de tratamiento de agua residual que se descargan en este lago.

El futuro del caso dependerá del avance de las investigaciones y del informe técnico que emitirá ARCA en los próximos días. Mientras tanto, la ciudadanía y colectivos ambientales exigen respuestas claras y acciones concretas para proteger el lago San Pablo, frente al silencio de la Alcaldía de Otavalo, que hasta la fecha no ha emitido ningún pronunciamiento oficial, generando desconcierto e incertidumbre en la población.

Agencia Nacional de Tránsito autoriza a conducir con licencia caducada en Ecuador, cumpliendo estos requisitos

(Redacción Imbabura).- La Agencia Nacional de Tránsito emitió la mañana de este 1 de febrero del 2024, un escueto comunicado en el que menciona que según la resolución 005-2024, los conductores podrán circular con licencia caducada en Ecuador, siempre y cuando, porten:

  • El turno impreso para la renovación, obtenido en la página web y agendado hasta el 31 de diciembre de 2024
  • La licencia vencida o la denuncia por pérdida o robo.

En el comunicado la Agencia Nacional de Tránsito informó además que se está trabajando para cumplir con el agendamiento de turnos de acuerdo a lo programado.

La ANT, no ha brindado más detalles de porque se ha tomado esta decisión.

Comunidades campesinas e indígenas de Cotacachi UNORCAC se unen en contra de la delincuencia y el terrorismo

(Redacción Cotacachi).- Desde la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi – UNORCAC se emitió un comunicado oficial que informaba sobre las acciones que tomarían las organizaciones indígenas y campesinas de Cotacachi, al punto también de rechazar rotundamente las malas acciones que están realizando por parte de la delincuencia organizada;

Informaron de su respaldo al Presidente de la República Daniel Noboa en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y las mafias, así mismo pedimos que se radicalice las acciones en contra de estos grupos, desde los mismos centros penitenciarios, lugares que son altamente peligrosos, también depurar a todos los generales de las fuerzas armadas del país ya que varios de estos están inmiscuidos en esta red delincuencial.

Informó que se han reactivado las guardias indígenas de mínimo 6 personas para tomar el control del ingreso hacia las comunidades y de la misma manera los ingresos hacia el Cantón con el fin de proteger la vida y la integridad de las comunidades.

Dentro de los territorios mediante su autonomía se faculta exigir identificación de toda persona desconocida, en caso de no ser identificado será sometido a la resolución comunitaria.

Y finalmente, se exigió a los distribuidores de productos de primera necesidad que no se especule los precios de los productos.

Comunicado oficial de ECU911 sobre difusión no autorizada de vídeo

 

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(Comunicado Oficial).- El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, ante la difusión de un video publicado a través de redes sociales informa: Que en cumplimiento a nuestra misión institucional dirigida a desarrollar acciones efectivas de coordinación para atención de emergencias, apoyadas por herramientas tecnológicas para contribuir, de manera permanente, a la consecución y mantenimiento de la seguridad integral ciudadana, ponemos en conocimiento de la opinión pública que todos los audios, videos e imágenes en general captadas por nuestros centros, están sujetos a una estricta cadena de custodia que se mantiene durante el proceso de grabación y, en caso de ser requeridas para trámites judiciales por jueces y fiscales, son entregadas a través de una plataforma tecnológica que garantiza el cumplimiento de dicha cadena.

A esta plataforma pueden acceder, única y exclusivamente, las autoridades anteriormente mencionadas, con la finalidad de salvaguardar el derecho a la privacidad de las personas y el cumplimiento a las leyes establecidas. En tal virtud, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, en concordancia con su espíritu de servicio con base en sus competencias legalmente establecidas, ha realizado las investigaciones pertinentes para que se ponga a conocimiento de la autoridad máxima de la institución articulada a fin de que se inicie el proceso administrativo correspondiente, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran desarrollarse, al funcionario de la institución articulada que hizo un uso equivocado de la plataforma tecnológica del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, además de fracturar los niveles de confianza concedidos por la institución al difundir el citado video a través de las redes sociales. Adicionalmente, es necesario aclarar que todo funcionario del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 y de las instituciones articuladas al mismo que tienen acceso a las cámaras de videovigilancia, comprometen mediante documentos legales la confidencialidad y buen uso del material puesto a su cargo. Ante este reprochable incidente, esta institución se reserva el derecho de acogerse a las disposiciones señaladas en el Art. 178 del Código Integral Penal, referente a la violación de la intimidad, el cual detalla que “La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años…”.

Caso similar se aplicará para las personas que hayan grabado el video de características sensibles acorde a lo que indica el Art. 179 que refiere a la revelación de secreto: “La persona que teniendo conocimiento por razón de su estado u oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño a otra persona y lo revele, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año…”, adicional a lo detallado en el Art. 180 del mencionado Código, donde se indica que: “La persona que difunda información de circulación restringida será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”. Es así como el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, reafirma su compromiso de mantener los altos estándares de confidencialidad que lo caracterizan, con base en el trabajo continuo desarrollado permanentemente por elementos positivos tanto de la entidad, como de las instituciones articuladas al servicio, además de tomar decisiones firmes al momento en el que se registren casos completamente aislados que no buscan más que afectar la labor consolidada en beneficio de la ciudadanía.

Dirección Nacional de Comunicación
Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

COMUNICADO_OFICIAL_SIS_ECU911_01_DIC_2015