(Redacciòn Ecuador).- Los ciudadanos pueden verificar desde ahora el lugar y la junta donde deberán sufragar en las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026. El organismo electoral también avanza con la preparación de los miembros de mesa.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó la consulta del registro electoral para que los ecuatorianos conozcan con anticipación el recinto en el que deberán votar durante las próximas elecciones seccionales.
Para acceder a la información, los ciudadanos deben ingresar a la plataforma habilitada por el organismo electoral y proporcionar su número de cédula y fecha de nacimiento.
Una vez realizada la consulta, el sistema mostrará el nombre del recinto electoral, su dirección y el número de la Junta Receptora del Voto (JRV) que corresponde a cada elector. Además, permitirá conocer si la persona fue seleccionada para cumplir funciones como miembro de mesa.
CNE notifica a los miembros de mesa
Como parte de la organización de los comicios, el CNE comenzó el 4 de septiembre la notificación de 288.949 ciudadanos que fueron seleccionados para integrar las Juntas Receptoras del Voto.
Los ciudadanos que reciban la notificación deberán cumplir con una capacitación presencial obligatoria. Este proceso se desarrollará desde el 7 de septiembre hasta el 29 de noviembre de 2026. Durante la jornada electoral, los miembros de las juntas tendrán varias responsabilidades, entre ellas instalar las mesas, recibir los votos, realizar el escrutinio y encargarse del embalaje y envío del material electoral.
Mientras se desarrolla este proceso, el CNE continúa con la revisión y calificación de las candidaturas que participarán en las elecciones seccionales del próximo 29 de noviembre.
(Redacción Ibarra).- A las 18:00 del lunes 17 de agosto de 2026 terminó el plazo para la inscripción de candidaturas para las Elecciones Seccionales 2027. En Imbabura se registraron preliminarmente 2.183 solicitudes para las distintas dignidades. El proceso entra ahora en una nueva etapa: la revisión y calificación de las postulaciones por parte de la Junta Provincial Electoral.
La nómina preliminar incluye 4 candidaturas para prefecto y viceprefecto, 35 para alcaldes, 190 para concejales rurales, 184 para concejales urbanos, 90 para concejales urbanos por circunscripción y 1.680 para vocales de juntas parroquiales rurales. En total, son 2.183 solicitudes de inscripción.
El proceso se realizó exclusivamente en línea, a través del Sistema de Inscripción de Candidaturas del Consejo Nacional Electoral (CNE), que permaneció habilitado de manera ininterrumpida desde el 2 de agosto hasta las 18:00 del 17 de agosto. Para este proceso, el organismo electoral habilitó 10 módulos destinados a brindar asistencia técnica a las organizaciones políticas.
Sin embargo, estas postulaciones aún no son definitivas. Primero deberán pasar por la revisión de requisitos, la etapa de objeciones y, de ser el caso, los recursos correspondientes. El organismo electoral informó que hasta este jueves se podrán presentar objeciones. Una candidatura será considerada oficialmente inscrita cuando la resolución que la califique quede en firme y no existan recursos administrativos o jurisdiccionales pendientes.
Según el calendario electoral, el 9 de noviembre se conocerá el listado definitivo de candidaturas calificadas. La campaña electoral nacional comenzará el 12 de noviembre, por lo que las organizaciones políticas deberán ajustarse a ese periodo y no realizar campaña anticipada.
Anabel Hermosa y una inscripción que quedó en manos de la Junta
Alexandra Alencastro, directora de la Delegación Provincial Electoral de Imbabura, explicó a nuestra redacción los detalles del proceso de inscripción y confirmó que uno de los casos que marcó esta semana fue el de Anabel Hermosa, actual alcaldesa de Otavalo, cuya candidatura quedó a decisión de la Junta Provincial Electoral de Imbabura.
Alencastro explicó que estas observaciones estuvieron relacionadas con las reglas de paridad electoral. Según el reglamento del CNE, el 50% de las listas pluripersonales debe estar encabezado por mujeres. En el caso de las candidaturas unipersonales presentadas en binomio, la paridad se cumple con la participación de una mujer y un hombre, en cualquier orden.
En la alianza integrada por las listas 70-17 Juntos por la Transformación, inicialmente se contemplaban cuatro candidaturas para las alcaldías de Ibarra, Otavalo, Urcuquí y Antonio Ante: dos mujeres y dos hombres. Posteriormente, el movimiento inició el trámite de renuncia de la candidata que ocupaba la plaza de Urcuquí y, en el curso de ese proceso, decidió retirar al candidato de Otavalo para colocar en su lugar a Anabel Hermosa. Sin embargo, este cambio alteraba la distribución de las candidaturas y el sistema no permitía procesarlo bajo las reglas de paridad, por lo que el trámite no pudo avanzar antes del cierre del plazo.
La funcionario explicó que la Delegación Provincial Electoral recibió y procesó la documentación dentro de sus competencias y horarios, pero aclaró que la decisión final sobre la calificación de las candidaturas corresponde a la Junta Provincial Electoral. Será este organismo el que determine si Hermosa cumple con los requisitos para quedar oficialmente inscrita.
El martes por la tarde, varios simpatizantes realizaron un plantón en los exteriores de la Delegación del CNE en Imbabura para exigir que se permita la participación de Hermosa. La alcaldesa también estuvo presente en el lugar. No obstante, Alencastro señaló que pese a que se había presentado un pedido formal ante la Junta para resolver o aclarar el caso, durante el plantón no se produjo ningún acercamiento presencial para buscar informarse sobre el avance del proceso.
La funcionaria también descartó que haya existido algún retraso, falla o inconveniente en el sistema informático del CNE durante la modificación de las candidaturas, frente a versiones que circularon en redes sociales y fueron recogidas por algunos medios de comunicación.
Por ahora, el futuro electoral de Hermosa sigue en discusión y dependerá de la resolución que adopte la Junta Provincial Electoral, una vez concluida la revisión de requisitos y, de ser el caso, la etapa de objeciones. Mientras tanto, en los exteriores de la Delegación Provincial Electoral se colocó un tablero con las diferentes notificaciones dirigidas a los distintos movimientos y partidos políticos para verificaciòn y seguimiento del proceso electoral.
Las suspensiones cambiaron el tablero electoral
El cierre de inscripciones dejó una carrera por la Prefectura de Imbabura más reducida de la que se perfilaba semanas atrás. Las suspensiones de Revolución Ciudadana (lista 5) y AMIGO (lista 16) obligaron a reconfigurar candidaturas y dejaron fuera a varios nombres que habían sido proclamados en procesos internos.
Uno de los principales cambios fue el de Paolina Vercoutère, quien pasó de ser precandidata a viceprefecta a encabezar la candidatura a la Prefectura por la alianza Juntos por la Transformación, listas 17-70, junto a Michael Encalada. La otavaleña encontró en el Partido Socialista Ecuatoriano una estructura para mantenerse en la contienda.
La modificación dejó fuera a Juan Manuel Mantilla, quien había sido escogido como precandidato a prefecto por RC y AMIGO. Con ambas organizaciones suspendidas, la fórmula inicialmente planteada se desarmó y las negociaciones terminaron colocando a Vercoutère al frente de la alianza 17-70.
Otro nombre que quedó fuera en las últimas horas fue Marco Vinicio Jarrín. Su precandidatura se fracturó un día antes del cierre, luego de que Pachakutik y Centro Democrático retiraran su respaldo. Aunque anunció que continuaría, finalmente no apareció entre las cuatro candidaturas registradas para la Prefectura.
(Redacción Ibarra).- Luego de que reconocidos medios de comunicación digitales locales, provinciales y nacionales vertieran información que señalaba que el candidato a la Alcaldía de Ibarra, Juan Arias, habría sido detenido en aparente estado de embriaguez, pocas horas después de protagonizar un incidente con un candidato a concejal de otra organización política, y tras los comentarios realizados por José Moncayo en un espacio periodístico, el equipo de nuestra redacción realizó una verificación de los datos para contrastar dicha información.
Al revisar el portal de procesos de la Función Judicial se constató que Juan Fernando Arias Carvajal sí registra una detención, pero esta corresponde al 13 de agosto de 2023, es decir, a un hecho ocurrido hace tres años y que no guarda relación temporal con el incidente que actualmente circula en redes sociales.
De acuerdo con la información que consta en el proceso judicial, la resolución señala que existió colaboración del procesado con el agente de tránsito durante el procedimiento y que no hubo intención de darse a la fuga ni circunstancias agravantes. En aplicación del artículo 44 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la pena fue reducida en un tercio, estableciéndose tres días de privación de libertad, descontándose el tiempo que permaneció privado de su libertad por esta causa. Además, se estableció una multa de USD 300 y la reducción de tres puntos en su licencia de conducir.
Tras la incendiaria acusación, Arias publicó en sus redes sociales un comunicado en el que reconoció que el video difundido era real y que no había sido generado mediante inteligencia artificial, pero aclaró que no correspondía a un hecho ocurrido en la actualidad. La publicación posteriormente fue eliminada de sus redes sociales.
La controversia se produce a pocos días de que se oficialicen las candidaturas y se cumpla el proceso de inscripción ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), en un escenario marcado por la actividad política y la exposición de antecedentes de los aspirantes.
Mientras tanto, ciudadanos y sectores políticos han cuestionado este tipo de publicaciones y las atribuyen a posibles estrategias de confrontación electoral entre candidatos, al considerar que la difusión de hechos ocurridos años atrás podría tener como objetivo afectar la imagen de los aspirante y desacreditar su trabajo de cara a las próximas elecciones.
(Redacciòn Ibarra).- Mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) mantiene habilitadas 117 mesas de asistencia técnica a escala nacional para orientar a las organizaciones políticas en el proceso de inscripción de candidaturas, en Ibarra cuatro de los cinco precandidatos a la Alcaldía ya preparan concentraciones, marchas y caravanas para acudir al organismo electoral.
El contraste no pasa desapercibido: la inscripción de candidaturas para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027 se realiza exclusivamente en línea, a través del sistema informático habilitado por el CNE. Sin embargo, los aspirantes han convertido el trámite en una demostración de fuerza política en las calles.
La primera movilización será protagonizada por Álvaro Castillo Monge, quien tiene previsto concentrar este viernes 14 de agosto, a las 14:30, una caravana motorizada que recorrerá las principales calles de la urbe desde el sector de la gasolinera Terpel, en Natabuela, hasta las instalaciones del CNE.
A la misma hora, José Moncayo ha convocado a sus simpatizantes en el Obelisco de Ibarra para avanzar hacia el organismo electoral y acompañar su inscripción.
Para el sábado 15 de agosto, Lucía Posso, de Somos Libres, tiene prevista una concentración a las 15:00, con punto de partida en el Polideportivo de Alpachaca y destino final en el CNE.
Mientras tanto, Juan Arias, del movimiento Juntos por la Transformación, escogió el domingo 16 de agosto. Sus colaboradores se concentrarán a las 09:00 en el Obelisco de Ibarra para posteriormente avanzar en caravana hacia el organismo electoral.
Así, lo que administrativamente constituye un registro digital de candidaturas se transforma en una puesta en escena política: caravanas, concentraciones y movilizaciones buscan exhibir respaldo popular y marcar territorio antes del inicio formal de la campaña electoral.
El CNE ha informado que la atención en las mesas de asistencia técnica se mantiene de lunes a domingo durante todo el periodo de inscripción, de acuerdo con el horario establecido por cada Delegación Provincial Electoral. Además, los puntos de atención podrán incrementarse conforme aumente la demanda.
El plazo para presentar las solicitudes de inscripción vence a las 18:00 del lunes 17 de agosto de 2026.
(Redacciòn Antonio Ante).- La reciente desvinculación del abogado anteño Santiago Vallejo Vásquez, Mgtr., Ph.D., de la Secretaría General del Consejo Nacional Electoral (CNE) ha despertado interés y diversas reacciones tanto en el ámbito político como ciudadano en Imbabura.
Su salida de una de las funciones más importantes dentro del organismo electoral estuvo acompañada por numerosos mensajes de reconocimiento por parte de autoridades, funcionarios y ciudadanos, quienes destacaron su trayectoria profesional, académica y su aporte al fortalecimiento institucional durante su gestión.
Según fuentes cercanas al jurista, esta nueva etapa estaría relacionada principalmente con la culminación de sus estudios doctorales realizados en universidades del exterior, así como con nuevos proyectos académicos y profesionales que demandarían una mayor dedicación de tiempo.
Sin embargo, en distintos sectores políticos del cantón Antonio Ante también ha comenzado a tomar fuerza una interrogante: ¿podría Santiago Vallejo convertirse en uno de los protagonistas de las Elecciones Seccionales de 2027?
Aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial sobre una posible candidatura, trascendió que varias organizaciones políticas habrían mostrado interés en sumar al profesional anteño a sus proyectos electorales. Su experiencia en la administración pública, formación académica y conocimiento de los procesos democráticos lo posicionan como una figura que empieza a ser considerada dentro del escenario político local.
Las especulaciones han aumentado en los últimos días, impulsadas por comentarios en redes sociales, publicaciones en medios de comunicación y expresiones de respaldo de distintos sectores de la ciudadanía, que ven en Vallejo Vásquez una alternativa para liderar el futuro del cantón.
Con la proximidad de los procesos internos de selección de candidaturas y la preparación de las organizaciones políticas para los próximos comicios seccionales, las próximas semanas podrían resultar decisivas para conocer si el abogado anteño decide dar el salto a la política local y asumir un nuevo desafío en busca de la Alcaldía de Antonio Ante.
(Redacción Ibarra).- El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el pasado 3 de abril la nueva delimitación de circunscripciones electorales para la elección de concejales urbanos y rurales en 17 cantones del país, en función de su crecimiento poblacional y conforme a la normativa vigente.
Como parte de esta actualización, Ibarra pasará de tener 9 a 11 concejales en su Concejo Municipal. La nueva distribución establece que 9 serán urbanos y 2 rurales, alineándose con ciudades como Esmeraldas, Riobamba, Daule, Loja, Quevedo y Manta, que también aplican este sistema.
En Imbabura, dos cantones como es el caso de Cotacachi y Antonio Ante también aumentarán su número de concejales de 5 a 7 mientras que los otros cantones de la provincia mantendrán el mismo número de autoridades para elección.
La medida responde al incremento demográfico del cantón y busca garantizar una representación más proporcional de la población en el gobierno local. Este cambio se implementará en las próximas Elecciones Seccionales de Ecuador 2026, previstas para el domingo 29 de noviembre de 2026.
En esa jornada electoral, a nivel nacional, se elegirán 5.742 autoridades principales, entre prefectos y viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales rurales, así como miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), junto con sus respectivos suplentes.
La adopción de circunscripciones electorales en estos cantones forma parte de un proceso de ajuste institucional orientado a fortalecer la representatividad y organización territorial de los gobiernos locales en el país.
(Redacción Imbabura).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó que en Imbabura y todo el país está prohibido usar celulares o cualquier dispositivo electrónico dentro del biombo durante el referéndum y consulta popular del 16 de noviembre. Los ciudadanos no podrán tomar fotos de la papeleta ni manipular sus teléfonos mientras emitan su voto, medida que busca garantizar el secreto del sufragio.
La sanción por incumplir esta norma es severa y corresponde a USD 5.170 (equivalentes a once salarios básicos) y un año de suspensión de derechos políticos, según el artículo 279 del Código de la Democracia. Esta infracción puede ser tramitada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
En Imbabura, el CNE reforzará el control en los recintos de Ibarra, Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante y Pimampiro, debido a denuncias recientes sobre presuntas presiones para que votantes fotografíen su papeleta a cambio de incentivos económicos. El organismo advirtió que estas prácticas comprometen la integridad del proceso.
La prohibición también aplica a los vocales de mesa, quienes no podrán usar sus celulares durante la jornada ni en el conteo, salvo el responsable de llenar las actas. El CNE insiste en que el respeto a esta disposición será clave para una elección segura y transparente en la provincia.
Además de la sanción por usar el celular en el biombo, en Imbabura rigen otras multas electorales establecidas por el Código de la Democracia. No acudir a votar—obligatorio para ciudadanos de 18 a 65 años—implica una multa del 10% del salario básico, es decir, $47. Infringir la ley seca o el silencio electoral también conlleva sanciones del 50% del salario básico ($235), aplicables a quienes consuman o vendan alcohol en el periodo prohibido, o a quienes realicen propaganda en plena restricción. En el caso de los miembros de las juntas receptoras del voto, no asistir a su mesa genera una multa de $70,50, mientras que abandonarla sin justificación puede costar entre 10 y 20 salarios básicos (de $4.700 a $9.400). Estas sanciones son administradas por el CNE, y pueden consultarse o pagarse en la delegación electoral correspondiente.
(Redacción Ecuador).- El Ministerio de Educación informó que los días 14 y 17 de noviembre de 2025 las instituciones educativas designadas como recintos electorales trabajarán en modalidad no presencial, debido a la jornada democrática del Referéndum y Consulta Popular que se realizará este domingo.
En total, 4.005 escuelas y 71 institutos y universidades de todo el país funcionarán como centros de votación, según datos oficiales del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura.
Esta medida busca garantizar la continuidad del aprendizaje, facilitar la limpieza y reacondicionamiento de los planteles educativos antes y después del proceso electoral.
(Redacción Imbabura).- La revocatoria del mandato es un derecho constitucional y una herramienta de participación ciudadana que permite a los ecuatorianos solicitar la salida anticipada de una autoridad elegida por votación popular, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley.
Este mecanismo de democracia directa, contemplado en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, puede aplicarse a alcaldes, concejales, prefectos, asambleístas e incluso al Presidente de la República.
Según la normativa vigente, cualquier ciudadano ecuatoriano que goce de sus derechos políticos puede solicitar una revocatoria de mandato, siempre que haya transcurrido al menos un año desde la posesión de la autoridad en funciones y no se esté en el último año del periodo para el cual fue electa la autoridad. Además, deben presentarse motivos claros y documentados que sustenten el pedido. La solicitud debe ser presentada ante el Consejo Nacional Electoral, y una vez ingresada, la autoridad señalada tendrá siete días para impugnarla. Luego, el CNE dispondrá de siete días más para resolver si acepta o niega el pedido.
Una vez que el CNE admite la solicitud, los proponentes deben recolectar un número de firmas equivalente al 10% del padrón electoral correspondiente al territorio donde fue electa la autoridad. En el caso de Ibarra, donde existen aproximadamente 170 mil electores, se necesitan cerca de 17 mil firmas válidas. El CNE entrega formularios oficiales para la recolección y los ciudadanos tienen un plazo de 180 días para completar esta etapa.
Una vez entregadas las firmas, el Consejo Nacional Electoral tiene un plazo de 15 días para verificar su autenticidad. Si las firmas son válidas y se confirma el cumplimiento de todos los requisitos legales, el CNE debe convocar al proceso de revocatoria en un plazo máximo de tres días. La consulta popular debe realizarse dentro de los 60 días siguientes a la convocatoria.
Esta sería la línea de tiempo que se debería seguir en el caso de que el proceso de revocatoria inicie este 01 de julio del 2025.
01 de Julio del 2025 : Inicio del pedido de revocatoria, formalización de documentos en el CNE.
07 de Julio del 2025 : Fin del periodo de impugnación de la revocatoria
14 de Julio del 2025: Fin del plazo para que el CNE califique o deseche el pedido de revocatoria.
15 de Julio del 2025: En el caso de aprobar el CNE entregará los formularios para la recolección de firmas.
28 de Diciembre del 2025: Fin del plazo para la entrega de las más de 17 mil firmas validas.
12 de Enero del 2026: Fin del plazo para que el CNE verifique las firmas.
15 de enero del 2026: En caso de encontrar las firmas válidas necesarias, el CNE convocará al proceso de revocatoria.
16 de enero del 2026: Inicio de campaña política a favor o en contra de la revocatoria.
15 de marzo del 2026: Elecciones para decidir sobre la revocatoria del mandato.
Desde 2010, seis alcaldes en el país han sido revocados de su cargo:
1. Jorge Tsenkush (Tiwintza, Morona Santiago) – octubre de 2010: El alcalde Jorge Tsenkush fue el primer caso tras la reforma constitucional de 2009. En octubre de 2010, el CNE validó las firmas presentadas por Hernán Uwijint en apoyo a la revocatoria y convocó a la consulta dentro de los 60 días siguientes.
2. Doris López (Jaramijó, Manabí) – julio de 2011: En la consulta del 24 de julio de 2011, la ciudad de Jaramijó decidió revocar a su alcaldesa Doris López. El 46,7% votó por su destitución, siendo uno de los cuatro alcaldes revocados en esa fecha.
3. Víctor González (Pablo Sexto, Morona Santiago) – julio de 2011: Ese mismo 24 de julio, Pablo Sexto removió al alcalde Víctor González mediante consulta popular, con aproximadamente 49 % de votos a favor.
4. Hugo Pineda (Baños, Tungurahua) – julio de 2011: El 24 de julio de 2011, Baños optó por destituir a su alcalde Hugo Pineda, con un 52,1 % de votos a favor de la revocatoria.
5. Segundo Mejía (Palanda, Zamora Chinchipe) – julio de 2011: El alcalde Segundo Mejía fue destituido el 24 de julio de 2011, con un 50,6 % de respaldo a la revocatoria, convirtiéndose en uno de los seis alcaldes removidos en ese proceso masivo.
6. José Bolívar Castillo (Loja, Loja) – junio de 2018: En junio de 2018, la ciudadanía lojana revocó el mandato del entonces alcalde José Bolívar Castillo Vivanco. El proceso fue impulsado por Segundo Armijos, un dirigente de la Unión Provincial de Cooperativas de Taxi, quien argumentó que el exalcalde cometió arbitrariedades con el sistema de fotomultas. En la votación, el 70,8 por ciento de los ciudadanos apoyó su salida del cargo.
Existen procesos abiertos actualmente en el país; en los primeros tres meses de este año, se han presentado pedidos de revocatoria de mandato y remoción de los alcaldes de Riobamba y Quito.
El alcalde John Vinueza enfrentó ya tres procesos de revocatoria de mandato y, además, un pedido ciudadano para su remoción en 2025. El último caso llegó hasta el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que ratificó a Vinueza en el cargo, este 26 de junio se inició un nuevo pedido de revocatoria impulsado por Juan Carlos Romero y actúa en calidad de ciudadano y no representa ningún partido político.
Pabel Muñoz, alcalde de Quito, también enfrenta un proceso de revocatoria de mandato. En su caso, se lo acusa de hacer campaña política a favor de Luisa González, de Revolución Ciudadana, organización política a la que ambos pertenecen. El colectivo Cuida tu voto ha recolectado hasta el momento un total de 165 000 firmas, lo que representa el 80,4% del total requerido. La meta establecida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) es de 205 000 firmas válidas, que deben presentarse hasta el 5 de octubre de 2025.
Por otro lado, algunos actores políticos en Ibarra han mencionado, a través de plataformas como TikTok, que existe un supuesto clamor ciudadano para iniciar un proceso de recolección de firmas con miras a una revocatoria de mandato contra el alcalde de la ciudad. Sin embargo, hasta el momento, el CNE no ha recibido ninguna solicitud formal ni documentación oficial por parte de movimientos o partidos políticos que respalden dicha iniciativa.
(Redacción Imbabura).- La candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, se dirigió a sus simpatizantes desde la sede de campaña en Quito la noche de este domingo, tras conocerse los resultados preliminares que otorgan la victoria al presidente Daniel Noboa en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
González expresó su desacuerdo con los resultados y solicitó la apertura de las urnas para verificar posibles inconsistencias. Afirmó que, a pesar del despliegue de control electoral de su partido en todo el país, se han detectado datos que no coinciden con las actas oficiales.
«No reconocemos los resultados», declaró González, instando a las autoridades electorales a revisar el proceso de escrutinio. Estas declaraciones han generado diversas reacciones en el ámbito político, con algunos analistas advirtiendo que podrían incitar a movilizaciones sociales en un contexto de alta polarización.
Según el Consejo Nacional Electoral, con más del 85% de las actas escrutadas, Daniel Noboa lidera con aproximadamente el 56% de los votos, mientras que González alcanza cerca del 44%, lo que representa una diferencia de más de un millón de sufragios.
La comunidad internacional y observadores electorales han instado a todas las partes a respetar los resultados y a canalizar cualquier reclamo a través de los mecanismos legales establecidos, para garantizar la estabilidad democrática del país.
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