(Redaccion Ibarra).- La posible exposición de 14,8 millones de registros y más de 10,6 millones de imágenes en alta definición de cédulas y documentos oficiales volvió a poner sobre la mesa uno de los mayores temores en la era digital.
La advertencia, difundida por la organización Usuarios Digitales, apunta a información sensible vinculada a documentos oficiales ecuatorianos que presuntamente estaría siendo comercializada o compartida en espacios digitales. Aunque la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación (Digercic) aseguró que la filtración no proviene de su infraestructura tecnológica actual, la magnitud del caso abrió cuestionamientos sobre la trazabilidad y protección histórica de los datos biométricos de la población.
La institución informó que activó sus protocolos de seguridad desde el pasado 4 de mayo y que, tras los primeros análisis, no se detectaron vulneraciones directas en sus sistemas. Según el Registro Civil, se investigan posibles fuentes externas relacionadas con registros históricos o integraciones con terceros.
El contexto no es menor. Entre 2024 y 2025, la entidad reportó haber enfrentado más de 3,5 millones de intentos de ataques cibernéticos provenientes de varios países, especialmente durante periodos previos a procesos electorales. Aunque los sistemas habrían neutralizado esos intentos, especialistas advierten que una filtración de datos biométricos podría facilitar delitos como suplantación de identidad, estafas financieras, falsificación documental e incluso redes de fraude internacional.
A esto se suman antecedentes que ya habían dejado dudas sobre la consistencia y seguridad del sistema registral ecuatoriano. Uno de los casos más delicados es el de Caitlan Nathaly Gómez Cervantes, una joven ecuatoriana que descubrió que, pese a tener cédula de identidad, su información no constaba correctamente en el Registro Civil. Durante un trámite migratorio encontró que el número de acta y tomo que le pertenecían aparecían registrados a nombre de otra persona, situación que terminó con la anulación de su cédula, pasaporte y registro electoral.
La preocupación no gira únicamente alrededor de una posible filtración, sino de las consecuencias que podría tener para millones de ciudadanos cuya información personal y biométrica forma parte de las bases de datos estatales.
(Redacción Ibarra).- Aunque durante años fue común observar a grupos de personas consumiendo alcohol en espacios públicos de Ibarra tras el cierre de bares, discotecas y karaokes —alrededor de las 22:00— esta práctica ha comenzado a disminuir gracias a los controles municipales y las medidas implementadas por la Alcaldía.
Calles, parques, veredas e incluso vehículos estacionados se convertían con frecuencia en puntos improvisados para libar, especialmente durante los fines de semana. Uno de los sectores donde más se evidenciaba esta situación era en los alrededores del parque Ciudad Blanca, lugar donde se concentraban ciudadanos junto a autos y motocicletas, acompañados de música y bebidas alcohólicas.
Estas reuniones informales no solo generaban ocupación del espacio público, sino que también incrementaban el riesgo de incidentes, sobre todo cuando el consumo de alcohol se mezclaba con la conducción.
Sin embargo, autoridades locales han reforzado los operativos de control en coordinación con la Policía Nacional y la Agencia de Tránsito, realizando recorridos permanentes para dispersar concentraciones de libadores y prevenir conductores en estado etílico.
Además, desde la Alcaldía de Ibarra se implementó la colocación de vallas metálicas en puntos estratégicos del parque Ciudad Blanca, restringiendo el acceso vehicular en determinadas zonas. Según ciudadanos y autoridades, estas acciones han contribuido a reducir considerablemente este tipo de concentraciones nocturnas.
Libar en la vía pública continúa siendo una contravención sancionada por la ley ecuatoriana. A nivel nacional, las multas pueden superar los 140 dólares, mientras que en Ibarra la ordenanza municipal contempla sanciones cercanas al 10% de la Remuneración Básica Unificada. En casos donde existan riñas o alteración del orden público, incluso pueden registrarse detenciones.
(Redacción Ibarra).- El mercado Amazonas, uno de los principales puntos de concentración comercial y de abastecimiento en la ciudad de Ibarra y para la región norte del país, actualmente ya no cumple con las condiciones necesarias para su adecuado funcionamiento, tras más de 62 años de servicio.
Debido a su antigüedad y prolongado uso, presenta un evidente deterioro en su infraestructura, así como problemas de insalubridad, desorden y ocupación del espacio público en sus alrededores por parte de vendedores ambulantes. A esto se suman situaciones de inseguridad y la presencia de actividades ilícitas, factores que, con el paso del tiempo, han provocado que el mercado pierda funcionalidad y atractivo para los consumidores.
En este contexto, la construcción de un nuevo Mercado Amazonas en Ibarra se ha posicionado como una de las principales propuestas de campaña de varios candidatos que aspiran a la Alcaldía. Esta obra es presentada como una posible solución a las problemáticas actuales del comercio local y como una apuesta para reordenar, modernizar y dinamizar la actividad comercial en la ciudad.
Este ofrecimiento ha tomado mayor fuerza debido a la presencia de diversos precandidatos a la Alcaldía, quienes, en el marco de sus recorridos y propuestas, buscan captar el respaldo ciudadano de cara a las próximas elecciones. Entre ellos se mencionan Juan Árias, Álvaro Castillo Monge, José Moncayo, Juan Manuel Mantilla, Estefano Bolaños entre otros.
Sin embargo, esta no es una propuesta nueva. Su origen se remonta a administraciones anteriores, durante las cuales distintos alcaldes han pasado por el despacho municipal sin lograr concretar la construcción del nuevo Mercado Amazonas. De esta manera, el proyecto se ha mantenido a lo largo del tiempo como una deuda pendiente con la ciudad.
A continuación, se presenta un repaso de las administraciones que han abordado —sin concretar— este proyecto:
Pablo Jurado (2005–2009): Durante su administración ya se planteaba la necesidad de ordenar y modernizar el sistema de mercados, enmarcado dentro de una visión más amplia de planificación urbana. En ese contexto, se impulsó la idea de transformar los mercados tradicionales en espacios más organizados y funcionales, incluso con características propias de centros comerciales, buscando dejar atrás la percepción de desorden e insalubridad.
Para 2006 ya se hablaba de concentrar la actividad comercial en un solo lugar a través de un macro proyecto que contemplaba infraestructura moderna y la reubicación de comerciantes, incluidos los del mercado Amazonas, hacia el sector de La Playa. La iniciativa contaba con estudios y planos listos, pero su ejecución dependía de un financiamiento estimado en alrededor de 9 millones de dólares, recursos que no pudieron ser cubiertos por el presupuesto municipal y que quedaron sujetos a una eventual asignación del Estado.
Posteriormente, en 2009, en el marco de su campaña de reelección, Jurado también planteó la ampliación del mercado La Playa y la construcción de nuevos centros de abasto en sectores de crecimiento como Los Ceibos, Alpachaca y San Antonio, reforzando la idea de desconcentrar y reorganizar el sistema de mercados de la ciudad.
Jorge Martínez (2009–2014): Durante su administración se mantuvo en agenda la necesidad de reorganizar el sistema de mercados, aunque sin concretar una intervención estructural en el mercado Amazonas. Su gestión priorizó obras de regeneración urbana, entre ellas la construcción del bulevar en el centro de la ciudad, proyecto en el que se invirtieron alrededor de 6 millones de dólares. Si bien estas obras apuntaron a mejorar la imagen urbana y dinamizar el comercio, la problemática de los mercados tradicionales continuó sin una solución de fondo.
Álvaro Castillo (2014–2019): Durante su administración se impulsó la construcción de un nuevo mercado Amazonas en las inmediaciones de la terminal terrestre, como parte de una estrategia para reordenar el comercio en la ciudad. En 2015 se colocó la primera piedra y se inició la ejecución del proyecto, cuyo costo total se estimaba en alrededor de 7 millones de dólares. Sin embargo, la obra se vio afectada por un litigio con la familia Morejón relacionado con la propiedad de los terrenos, lo que frenó su avance. A pesar de haberse invertido cerca de 3 millones de dólares en la primera fase, los trabajos no pasaron de los cimientos y estructura inicial, quedando la obra inconclusa y sin cumplir el objetivo previsto.
Andrea Scacco (2019–2023): Durante su administración se retomó la intención de construir un nuevo mercado Amazonas; sin embargo, se planteó un cambio de enfoque, priorizando su ejecución por etapas o incluso analizando la posibilidad de intervenir en el mismo sitio del actual mercado. Su gestión se centró en la búsqueda de financiamiento externo para viabilizar el proyecto, pero no se logró concretar una inversión ni iniciar obras, por lo que la propuesta volvió a quedar en planificación sin ejecución.
Álvaro Castillo (2023–2027): En la actual administración se ha planteado la creación de un “Sistema de Mercados Centrales”, que contempla la construcción de un nuevo mercado Amazonas junto con infraestructura complementaria, como parte de un proyecto más amplio y estructurado. No obstante, la propuesta se ha mantenido en debate y ha enfrentado resistencia por parte de los comerciantes.
El 15 de julio del año pasado se realizó un proceso de socialización entre dirigentes del mercado y el alcalde, quien informó que no existe un presupuesto asignado para la ejecución del proyecto. En ese contexto, señaló que el Municipio se encuentra gestionando financiamiento a través de empresas internacionales, entre ellas una mexicana y otra española.
La iniciativa, impulsada por el alcalde y delegada a la empresa pública municipal Innova EP, contempla una inversión estimada de 70 millones de dólares mediante un modelo de alianza público-privada. De acuerdo con la planificación, se destinarían 50 millones para el mercado Amazonas, 18 millones para el centro comercial municipal La Playa y 2 millones para la plaza de servicios Amazonas.
Sin embargo, hasta la fecha, la propuesta no se ha concretado y, considerando que la actual administración está próxima a culminar su periodo, su ejecución en el corto plazo resulta poco probable.
(Redacción Imbabura).- La eliminación de los murales que recordaban las movilizaciones de octubre de 2025 en el sector del Partidero, en la vía hacia Cotacachi, ha generado una fuerte reacción de rechazo entre comunidades indígenas y autoridades locales. Las obras, ubicadas a lo largo de la vía E35, fueron cubiertas con pintura durante trabajos de mantenimiento ejecutados por personal de la empresa Panavial.
El concejal de Otavalo, Jorge De la Torre, calificó lo ocurrido como un atentado contra la memoria histórica del territorio. “Rechazo rotundamente esta actividad. Representa la memoria y la lucha del pueblo kichwa; no permitiremos la arbitrariedad ni el autoritarismo”, manifestó. Además, anunció el inicio de una investigación formal para determinar quién ordenó la intervención.
De acuerdo con declaraciones de un miembro de la Unión de Comunidades de Ilumán a medios de comunicación, esta persona acudió al lugar y constató que dos trabajadores de Panavial se encontraban cubriendo el mural. Señaló que la obra representa la lucha indígena durante las movilizaciones y que no debía ser intervenida. Asimismo, indicó que los trabajadores habrían manifestado que la orden de cubrir el mural provenía del Gobierno Central, en Quito. Añadió que el mural también rendía homenaje a Efraín Fueres, quien falleció en ese mismo sitio durante los disturbios registrados en octubre frente a las fuerzas armadas.
Desde las comunidades y organizaciones sociales, el hecho no es visto como una simple acción de mantenimiento vial, sino como un intento de borrar los acontecimientos de 2025, un periodo marcado por intensas movilizaciones sociales y episodios de violencia en la región.
En respuesta, la Unión de Comunidades de Ilumán y otros colectivos se han declarado en estado de alerta y analizan posibles medidas de protesta. Paralelamente, han convocado a artistas y ciudadanos a participar en la restauración del mural, insistiendo en que la memoria colectiva no puede ser silenciada. “La memoria del pueblo no se borra con pintura”, señalaron en su pronunciamiento.
(Redacción Ecuador).- En Ecuador, la fe no solo se vive en procesiones o rituales de Semana Santa; también queda marcada para toda la vida en algo tan íntimo como el nombre. Y las cifras más recientes del Registro Civil revelan una historia que va mucho más allá de lo estadístico.
En los últimos 26 años, 45.852 ecuatorianos han sido registrados con el nombre de Jesús, convirtiéndolo en uno de los nombres más cargados de simbolismo en el país. La mayor concentración está en Guayas, con 14.599 personas, seguido por Manabí (6.914) y Pichincha (4.695).
Pero el contraste es lo que realmente llama la atención: en todo el Ecuador, apenas cinco personas llevan el nombre de Judas. Tres están en Napo, una en Tungurahua y una en Cotopaxi.
Más allá de los números, este fenómeno revela cómo una sociedad elige sus símbolos. Mientras “Jesús” sigue siendo una representación de fe, esperanza y protección —un nombre que padres repiten generación tras generación—, “Judas” carga con un peso histórico que pocos están dispuestos a heredar.
No se trata simplemente de religión, sino de identidad. Los nombres, en silencio, dicen quiénes somos y qué valores queremos transmitir. Y en Ecuador, incluso en los registros oficiales, parece haber una decisión clara: apostar por lo que inspira, une y representa el bien.
Porque al final, más allá de creencias o simbolismos, los datos reflejan una tendencia cultural clara: los nombres que elegimos siguen siendo una expresión de identidad colectiva y de los valores que, como sociedad, decidimos preservar a lo largo del tiempo.
(Redacción Ecuador).– Los controles vehiculares forman parte de la rutina en carreteras y ciudades del país. Sin embargo, aún persisten dudas entre los conductores sobre el alcance de las facultades de los agentes y los derechos que asisten a los ciudadanos durante una intervención.
De acuerdo con principios constitucionales y la normativa vigente en materia de tránsito, existen límites claros sobre lo que un agente puede y no puede hacer al detener un vehículo.
Límites durante una intervención
No pueden obligar a descender del vehículo sin causa justificada. El automotor es considerado una extensión del espacio privado. Por tanto, el conductor y sus acompañantes no están obligados a salir del vehículo salvo que exista una causa legal, un riesgo inminente o un operativo debidamente autorizado por autoridad competente. Si el ciudadano decide bajar voluntariamente, pasa a encontrarse en la vía pública, donde el control puede ampliarse dentro del marco legal.
No pueden interrogar ni intimidar. Durante el procedimiento, el agente está facultado para solicitar únicamente los documentos habilitantes: licencia de conducir, matrícula y el comprobante del seguro obligatorio vigente. No puede exigir información sobre domicilio, lugar de trabajo, procedencia o destino del viaje, ni emplear amenazas o intimidación.
No pueden detener sin motivo legal. La retención de un vehículo procede únicamente ante una infracción flagrante o dentro de operativos formalmente establecidos. Las denominadas “revisiones de rutina”, sin sustento legal específico, no constituyen por sí solas una causa válida. El ciudadano puede consultar de manera respetuosa cuál es el fundamento de la detención.
No pueden impedir que se grabe el procedimiento. El conductor tiene derecho a registrar en video o audio la actuación del agente como mecanismo de respaldo y transparencia. La autoridad no puede exigir que se suspenda la grabación ni retener el dispositivo. Asimismo, el agente debe identificarse al momento de realizar la intervención.
No pueden retener documentos sin justificación. Si al revisar la licencia y la matrícula no se detecta ninguna inconsistencia, infracción o irregularidad, el agente no puede retener de manera arbitraria estos documentos. La retención solo procede cuando la ley lo establece expresamente como medida ante una contravención o infracción determinada. De lo contrario, los documentos deben ser devueltos de inmediato al conductor.
Facultades legales del agente
Entre las atribuciones reconocidas a los agentes de tránsito constan: solicitar documentos habilitantes, verificar el estado del vehículo, informar sobre la infracción detectada, emitir la citación correspondiente y adoptar medidas para garantizar la seguridad vial en el marco de la ley.
Conocer estos límites y atribuciones permite a los ciudadanos actuar con mayor seguridad jurídica y respeto mutuo durante los controles en las vías del país.
(Redacción Ibarra).- La madrugada del jueves, un hecho violento estremeció a los habitantes de Ibarra. Cuatro personas que, según reportes preliminares, se encontraban al interior de un vehículo en la intersección de la calle Corina Parral y la avenida Mariano Acosta sector de La Florida fueron interceptadas por sujetos armados que se movilizaban en motocicletas.
Un video difundido en redes sociales, captado alrededor de la 01:35 en el sector de La Compañía de Jesús, en Tanguarín —San Antonio de Ibarra—, muestra el paso del vehículo junto a motocicletas presuntamente involucradas en el hecho. Horas más tarde, tres hombres aparecieron con heridas en distintos puntos entre Natabuela y La Cruz. El automotor fue encontrado encunetado en el sector Marianitas de San Antonio.
El hecho mas lamentable ocurrió cuando Francisca T., de 31 años fue hallada sin vida, quien también formaba parte de los ocupantes del vehículo interceptado.
Más allá de los hechos preliminarmente confirmados, el silencio institucional ha generado inquietud en la ciudadanía. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni se ha detallado una línea investigativa concreta. Tampoco se ha emitido un pronunciamiento amplio por parte de la máxima autoridad de la provincia que permita esclarecer lo ocurrido o brindar tranquilidad a la población.
Por su parte, el comandante de la Subzona de Policía Imbabura, Alex Reina antes los medios hizo un llamado a la ciudadanía a no exponerse, reforzar la autoprotección y evitar el consumo excesivo de alcohol, señalando que este reduce la capacidad de reacción y aumenta la vulnerabilidad ante este tipo de delitos.
Sin embargo, en distintos sectores de la ciudad, vecinos señalan que la falta de patrullaje preventivo es una de las principales preocupaciones recurrentes, especialmente en horarios nocturnos.
Este hecho se produce en un contexto donde episodios recientes han incrementado la percepción de inseguridad en zonas que antes eran consideradas tranquilas. La preocupación ya no se limita a un barrio específico si no que se ha extendido a toda la ciudad.
(Redacción Imbabura).- Como ocurre cada año durante las festividades de fin de año, grupos de personas disfrazadas de las denominadas “viudas” han retomado de forma anticipada la práctica de bloquear la vía E35 en el sector de Mascarilla, provincia del Carchi, para exigir dinero a los conductores. En esta ocasión, la presencia de estos grupos se ha registrado a pocos días de finalizar el año, generando interrupciones en una carretera estratégica que conecta a Imbabura con Carchi.
Según denuncias, se ha identificado la operación de al menos dos grupos ubicados a corta distancia entre sí, quienes utilizan escombros y obstáculos para forzar la detención de los vehículos y solicitar “colaboraciones” económicas. Los montos exigidos van desde un dólar, mediante retenes improvisados que, en algunos tramos, llegarían a contabilizarse hasta 20 a lo largo de la E35.
Ante esta problemática recurrente, la Alcaldía de Pimampiro activó desde el sábado pasado operativos de control para garantizar el orden y la seguridad vial. Las acciones se ejecutan desde tempranas horas de la mañana con el apoyo de la Policía Nacional y del Ejército Ecuatoriano, especialmente en los puntos considerados conflictivos de la vía.
Durante los operativos se registraron intentos de bloqueo mediante la colocación de cadenas; sin embargo, la intervención de las fuerzas del orden evitó que estas acciones se concreten. Como medida preventiva por las festividades de fin de año, la E35 fue militarizada y se anunció que los controles se mantendrán para impedir cobros ilegales y garantizar la libre circulación.
(Redacción Ecuador).- El Gobierno Nacional anunció la suspensión de la jornada laboral en todo el territorio ecuatoriano para el día viernes 2 de enero de 2026, medida que aplicará tanto para el sector público como para el privado.
Esta decisión tiene como objetivo incorporar el viernes 2 de enero al feriado nacional por Año Nuevo, correspondiente al jueves 1 de enero de 2026, extendiendo así los días de descanso obligatorio desde el 1 hasta el 4 de enero de 2026.
De acuerdo con lo establecido, la jornada de trabajo suspendida no será recuperable, por lo que no se deberán compensar las horas no laboradas en fechas posteriores.
Las autoridades indicaron que esta disposición busca facilitar la planificación familiar, el turismo interno y el descanso de los trabajadores, manteniendo la continuidad de los servicios esenciales conforme a la normativa vigente.
(Redacción Imbabura).- El Consejo Nacional Electoral (CNE) recordó que en Imbabura y todo el país está prohibido usar celulares o cualquier dispositivo electrónico dentro del biombo durante el referéndum y consulta popular del 16 de noviembre. Los ciudadanos no podrán tomar fotos de la papeleta ni manipular sus teléfonos mientras emitan su voto, medida que busca garantizar el secreto del sufragio.
La sanción por incumplir esta norma es severa y corresponde a USD 5.170 (equivalentes a once salarios básicos) y un año de suspensión de derechos políticos, según el artículo 279 del Código de la Democracia. Esta infracción puede ser tramitada por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
En Imbabura, el CNE reforzará el control en los recintos de Ibarra, Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante y Pimampiro, debido a denuncias recientes sobre presuntas presiones para que votantes fotografíen su papeleta a cambio de incentivos económicos. El organismo advirtió que estas prácticas comprometen la integridad del proceso.
La prohibición también aplica a los vocales de mesa, quienes no podrán usar sus celulares durante la jornada ni en el conteo, salvo el responsable de llenar las actas. El CNE insiste en que el respeto a esta disposición será clave para una elección segura y transparente en la provincia.
Además de la sanción por usar el celular en el biombo, en Imbabura rigen otras multas electorales establecidas por el Código de la Democracia. No acudir a votar—obligatorio para ciudadanos de 18 a 65 años—implica una multa del 10% del salario básico, es decir, $47. Infringir la ley seca o el silencio electoral también conlleva sanciones del 50% del salario básico ($235), aplicables a quienes consuman o vendan alcohol en el periodo prohibido, o a quienes realicen propaganda en plena restricción. En el caso de los miembros de las juntas receptoras del voto, no asistir a su mesa genera una multa de $70,50, mientras que abandonarla sin justificación puede costar entre 10 y 20 salarios básicos (de $4.700 a $9.400). Estas sanciones son administradas por el CNE, y pueden consultarse o pagarse en la delegación electoral correspondiente.
