(Redacción Imbabura).- San Miguel de Urcuquí, el cantón más joven de la provincia de Imbabura, con una población estimada de 15.203 habitantes, según proyecciones del INEC, paga 4.060 dólares a su alcalde, cifra que lo ubica entre las autoridades municipales mejor pagadas de Imbabura, por encima incluso del alcalde de Ibarra, quien lidera un municipio con más de 170.000 habitantes y recibe un sueldo de 3.935 dólares.
El monto ha generado debate local, especialmente si se lo compara con municipios mucho más grandes y complejos como Ibarra u Otavalo. Urcuquí, con apenas el 9% de la población de Ibarra, destina recursos a sueldos municipales que, para algunos sectores ciudadanos, no reflejan las verdaderas prioridades del cantón.
Urcuquí, si bien ha sido parte de importantes proyectos como Yachay, aún enfrenta limitaciones en infraestructura, obra y gestión pública, acceso a empleo y cobertura de servicios básicos. En ese contexto, la ciudadanía empieza a cuestionar si es prudente mantener altos niveles de remuneración en la administración local, mientras aún existen obligaciones sin cumplir.
La comparación entre cantones también resulta ilustrativa. La alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, con alrededor de 125.785 habitantes, recibe USD 4.508; Cotacachi, con más de 44.000 habitantes, paga a su alcalde un salario de 3.800 dólares; Antonio Ante, con más de 45.000, paga 3.654 dólares; y Pimampiro, con unos 12.000 habitantes, mantiene un salario de 2.500 dólares para su autoridad.
(Redacción Imbabura).– En una rueda de prensa realizada esta mañana, el empresario Santiago Amador se dirigió a la ciudadanía ibarreña con el fin de esclarecer la disputa legal que mantiene con la familia del fallecido Hugo Serrano Tamayo, reconocido como el gestor original del evento “La Cacería del Zorro”, una tradicional competencia hípica instaurada en 1972 en la ciudad de Ibarra.
Amador explicó que, a pesar de las acusaciones, no ha existido apropiación indebida de la marca, ya que esta fue legalmente registrada a su nombre ante el SENADI. Indicó que el evento ha sido organizado por un comité desde hace dos décadas, y que la marca cuenta con uso exclusivo y vigente hasta el 20 de junio de 2034. Recalcó que la iniciativa no responde a intereses políticos ni personales, sino que se mantiene como un evento deportivo, familiar y con fuerte impacto económico, estimado en más de 1.5 millones de dólares que benefician al turismo, transporte, gastronomía, hostelería y emprendimientos locales.
Asimismo, aseguró que la competencia respeta el bienestar de los caballos y se organiza con logística especializada para la seguridad de jinetes y espectadores. Informó que este año se llevará a cabo el sábado 30 de agosto, debido a que la empresa Cati alquiló con anticipación desde finales del año pasado el autódromo de Yahuarcocha para septiembre y octubre.
El abogado Jorge Luis Carrión detalló que Amador es titular de dos registros de la marca “Cacería del Zorro”, tanto denominativos como gráficos, bajo las clases internacionales 35 (gestión y administración comercial) y 41 (organización de eventos deportivos y recreativos), por lo que no se estarían vulnerando derechos de terceros, al contar con el aval legal de las autoridades competentes.
Sobre la relación con el señor Serrano, el abogado explicó que durante su vida se le reconocía económicamente cuando existían excedentes en la organización, pero no existía una obligación formal. Además, recalcó que, tras la disminución del interés ciudadano y acogida del evento hacia el año 2010, se conformó el actual comité, con conocimiento técnico en hípica, y Amador registró la marca por facilidad en los trámites.
Amador recordó que Hugo Serrano no fue el único impulsor del evento, mencionando a otros promotores como Marco Dávila, Galo Larrea, Wilson Larrea, Patricio Hidrobo y Joaquín Lalama, quienes contribuyeron a lo largo de los años a consolidar la competencia.
Por su parte, la familia y amigos de Hugo Serrano Tamayo, públicamente durante una rueda de prensa el día lunes, denunciaron que Santiago Amador habría registrado unilateralmente la marca “Cacería del Zorro”, desconociendo los derechos previos del creador y generando un perjuicio económico y moral a su entorno. Considerando que este acto es oportunista y atenta contra los derechos que protegen la propiedad intelectual del señor Serrano, reconocido como el visionario ecuatoriano que creó el evento en 1972, el cual se convirtió en símbolo de identidad y tradición ibarreña. Mencionaron que iniciaron acciones legales ante el SENADI con el fin de declarar la nulidad del registro, argumentando que existe una obra literaria registrada con el nombre “Cacería del Zorro”, elaborada por Álvaro Pesantes y auspiciada por Imbauto que respalda su postura.
Frente a esto, Amador manifestó que, si la familia de Hugo Serrano desea integrarse al comité organizador y asumir las responsabilidades y gastos que representa el evento, puede hacerlo, aunque ve complicado llegar a un acuerdo económico. “Todo está enmarcado dentro de la ley”, recalcó.
Finalmente, el abogado enfatizó que, al tratarse de una marca con signo mixto (denominación y logotipo), el titular tiene derecho exclusivo y puede impedir usos no autorizados o confusos. No se prohíbe que terceros organicen eventos ecuestres, siempre y cuando no utilicen la marca protegida.
Se anunció que en las próximas semanas se desarrollará el lanzamiento oficial del evento, que incluirá la publicidad y promoción del evento, así como la presentación de artistas invitados, la ruta de competencia y el lanzamiento oficial de esta edición 2025 de la Cacería del Zorro, que este año marcará el inicio de las fiestas de fundación de la ciudad.
(Redacción Ibarra).- Con el objetivo de fomentar una cultura vial positiva desde la infancia, la Empresa Pública de Movilidad del Norte, Movidelnor, desarrolla en Ibarra la séptima edición del curso vacacional “Seguridad Vial para los Peques”, dirigido a niñas y niños de entre 5 y 11 años. La iniciativa arrancó el pasado 14 de julio con la participación de 23 niños y se extenderá por dos semanas; durante este tiempo, se desarrollan actividades lúdicas, educativas y visitas a instituciones públicas.
Santiago Chiriboga, gerente general de Movidelnor, destacó la importancia de este programa que se ha consolidado como un referente en la formación temprana. “La movilidad segura se construye desde la educación. Esta séptima edición reafirma nuestro compromiso con una niñez informada, respetuosa y consciente de su rol en el espacio público”, señaló.
A lo largo del curso, los participantes visitan entidades clave como el Cuerpo de Bomberos, el Grupo de Caballería Yaguachi, el ECU 911 y la Policía Nacional, donde conocen de cerca el trabajo articulado en favor de la seguridad vial y ciudadana. Estas experiencias se complementan con dinámicas recreativas, juegos didácticos y talleres que permiten a los pequeños aprender jugando.
Vladimir Chanalata, jefe de la Unidad de Seguridad Vial, explicó que “cada actividad está diseñada para que los niños aprendan normas de tránsito y valores ciudadanos de forma entretenida. Se trata de enseñar más allá de las señales, de formar conciencia y respeto por el otro; por eso, esta propuesta educativa busca generar conciencia, empatía y responsabilidad vial desde edades tempranas, para que los niños se conviertan en portavoces de buenas prácticas en sus hogares y comunidades”.
Para muchos de los asistentes, el curso ha sido una experiencia enriquecedora. “Me gustó cuando fuimos al ECU 911 y cuando jugamos en la escuelita vial. Ahora sé por qué es importante cruzar por el paso cebra”, expresó con entusiasmo Camila B, de 8 años. El cierre del curso incluirá una demostración donde los niños compartirán lo aprendido y evidenciarán que, aunque pequeños, pueden ser grandes agentes de cambio.
(Redacción Ecuador).- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) informó que la pobreza extrema en Ecuador bajó al 10,4 % a nivel nacional en junio de 2025, lo que representa que alrededor de 220 mil personas han salido de esta condición en el último año. Según el informe, en las zonas urbanas la pobreza extrema disminuyó al 3,5 %, mientras que en áreas rurales se mantiene elevada, con un 25,1 %, lo que significa que una de cada cuatro personas en el campo vive en condiciones de extrema precariedad.
Pese a la aparente mejora, el propio INEC señaló que no existe una diferencia estadísticamente significativa con respecto a junio de 2024, lo que evidencia que el cambio es leve y no representa una transformación estructural en las condiciones de vida de los ecuatorianos más vulnerables.
En contraste con los datos oficiales, ciudadanos en distintas partes de la provincia expresan que la realidad económica cotidiana sigue siendo compleja. En recorridos realizados en Ibarra, Cotacachi y Otavalo, se constata un aumento del comercio informal, empleos por horas y una creciente dificultad para cubrir el costo de la canasta básica. Muchas personas indican que, aunque no se consideren dentro del umbral de pobreza extrema, sus ingresos han disminuido y sus condiciones laborales se han precarizado.
“Los datos pueden decir que hay menos pobreza, pero en mi barrio cada vez hay más gente vendiendo en las calles o buscando trabajo”, señala Silvia Aguirre, madre de familia oriunda de la ciudad de Ibarra. Este tipo de testimonios refleja una desconexión entre las cifras oficiales y la percepción ciudadana, que se inclina más hacia la incertidumbre económica y la inestabilidad laboral.
Mientras tanto, algunos analistas económicos advierten que la mejora registrada por el INEC, aunque positiva, podría ser frágil y desigual. El empleo adecuado sigue estancado y la informalidad laboral supera el 55 %, lo que impide que amplios sectores de la población accedan a una seguridad económica sostenida. Aseguran que, sin políticas públicas orientadas a la generación de empleo formal y a la redistribución efectiva de la riqueza, los avances podrían revertirse con facilidad.
(Redacción Ibarra).- Han pasado 61 años desde que el Mercado Amazonas se convirtió en un punto clave para el comercio popular en Ibarra. Fundado en 1964 por cerca de 100 emprendedores provenientes del antiguo Mercado del Águila, este centro de abastos marcó un cambio en la forma de comercializar productos en la ciudad, atrayendo a la población hacia lo que en ese entonces era un potrero, más allá del Obelisco.
Con el paso del tiempo, el mercado creció, se consolidó y se convirtió en un referente para el abastecimiento de la ciudadanía. Sin embargo, hoy enfrenta un panorama muy distinto que preocupa a los ibarreños.
Debido a su antigüedad y prolongado tiempo de operación, el Mercado Amazonas muestra un evidente deterioro en su infraestructura. Este desgaste ha traído consigo graves problemas de insalubridad, como la presencia de plagas, un sistema de alcantarillado que emite olores desagradables y un basurero ubicado cerca de la calle Obispo Mosquera, que causa molestias tanto a los transeúntes como a los vehículos que circulan por la zona. Las mingas realizadas de forma esporádica no han sido suficientes para mejorar las condiciones higiénicas, y con el paso de los años el mercado ha perdido funcionalidad y atractivo para los consumidores.
A esto se suma el desorden generado por el comercio informal, especialmente en la calle Obispo Mosquera, donde diariamente se produce una intensa congestión vehicular por la ocupación de la calzada por parte de vendedores ambulantes. Esta problemática obligó, hace algunos meses, a la colocación de una barrera metálica para evitar la apropiación del espacio público. Sin embargo, las tensiones han persistido, generando enfrentamientos entre comerciantes informales y agentes de control municipal, mientras que los vendedores establecidos dentro del mercado continúan denunciando falta de control, orden y acción efectiva por parte de las autoridades.
Otra problemática evidente en los alrededores del Mercado Amazonas es la inseguridad. En sus inmediaciones se ha identificado la venta de artículos de dudosa procedencia; esta situación se agrava por la notoria falta de patrullaje policial y la escasa presencia de agentes de seguridad, lo que convierte al sector en un punto vulnerable para actividades ilícitas.
Ante este escenario, se conoce que el alcalde Álvaro Castillo ha mencionado en intervenciones anteriores que existe una propuesta para la construcción de un nuevo Mercado Amazonas en un terreno ubicado entre las calles Heleodoro Ayala y José Tobar Tobar, en las inmediaciones de la terminal terrestre. Una vez efectuado el traslado, el actual espacio del mercado sería destinado para la implementación de una estación de transferencia de buses urbanos.
Sin embargo, la mañana de hoy, en rueda de prensa, Blanca Quiguango, representante de los comerciantes del Mercado Amazonas, se pronunció sobre el proyecto, aclarando que durante una socialización realizada el día de ayer con los dirigentes del mercado y el alcalde de la ciudad, él informó que actualmente no existe un presupuesto asignado para la ejecución del proyecto. En ese contexto, explicó que el Municipio se encuentra buscando financiamiento a través de empresas internacionales, entre ellas una mexicana y otra española; esta última ya habría presentado su documentación, la cual se encuentra en proceso de verificación. Se prevé que en aproximadamente ocho días se mantenga una nueva reunión con las partes involucradas, donde se podrían conocer avances concretos y decisiones sobre el futuro del proyecto.
Mientras tanto, aseguró que el Mercado Amazonas continuará abierto y funcionando con normalidad, garantizando así el sustento de cientos de familias que dependen de esta actividad.
Finalmente, hizo un llamado a los comerciantes y a la ciudadanía a no dejarse confundir por rumores o información emitida por líderes y grupos que no representan los intereses reales del sector. “Los comerciantes no estamos desamparados. Es fundamental mantenerse informados por canales oficiales y autoridades legítimas”, puntualizó.
La situación actual del Mercado Amazonas evidencia que el modelo de hace seis décadas ya no responde a las necesidades de una ciudad con alrededor de 170 mil habitantes y en crecimiento.
(Redacción Imbabura).- En un hecho sin precedentes para la jurisprudencia ambiental del país, un juez constitucional reconoció al Lago San Pablo como sujeto de derechos, marcando un hito legal en la protección de la naturaleza en Ecuador. La decisión judicial obliga a las autoridades locales a responder por años de omisión y negligencia en el manejo de este emblemático cuerpo de agua. Durante la audiencia celebrada ayer, el juez acogió la acción de protección presentada por colectivos ciudadanos y declaró responsables a la Empresa Pública de Agua Potable de Otavalo (EMAPAO) y al Municipio de Otavalo por la vulneración de los derechos de la naturaleza.
El fallo dispone la ejecución inmediata de un plan de remediación ambiental que deberá ser elaborado en coordinación con otras entidades del Estado. El proceso judicial con el número 10311-2025-00496 se basó en evidencia técnica, testimonios de la comunidad y múltiples denuncias sobre la creciente contaminación del lago San Pablo, el más emblemático de la provincia. Organizaciones como Unidos por la Pachamama, impulsoras de esta causa, celebraron la sentencia como una victoria histórica y una oportunidad para revertir décadas de daño ambiental.
El pasado 6 de mayo, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) presentó una denuncia ante la Fiscalía provincial de Imbabura por presunto delito contra el agua, según el artículo 251 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). También inició un procedimiento administrativo contra EMAPAO y el Municipio de Otavalo, tras conocerse un diagnóstico técnico de la Corporación para la Defensa del Lago San Pablo, que reveló que las 14 plantas de tratamiento estaban fuera de funcionamiento y que cerca de 68.000 litros de aguas residuales se descargan diariamente en el lago. El nivel de contaminación se situó en 7 sobre 10, calificándolo como “alarmante” por el Ministerio, y de no tomarse acciones urgentes, el lago podría desaparecer en menos de dos años.
Con la sentencia en firme, EMAPAO y el Municipio deberán presentar un plan integral que contemple medidas urgentes para detener la contaminación, restaurar las áreas afectadas y garantizar un sistema sostenible de tratamiento de aguas. Aunque los detalles del fallo aún no han sido publicados, se anticipa que incluirá sanciones técnicas y administrativas concretas para los responsables.
(Redacción Imbabura).- La revocatoria del mandato es un derecho constitucional y una herramienta de participación ciudadana que permite a los ecuatorianos solicitar la salida anticipada de una autoridad elegida por votación popular, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley.
Este mecanismo de democracia directa, contemplado en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, puede aplicarse a alcaldes, concejales, prefectos, asambleístas e incluso al Presidente de la República.
Según la normativa vigente, cualquier ciudadano ecuatoriano que goce de sus derechos políticos puede solicitar una revocatoria de mandato, siempre que haya transcurrido al menos un año desde la posesión de la autoridad en funciones y no se esté en el último año del periodo para el cual fue electa la autoridad. Además, deben presentarse motivos claros y documentados que sustenten el pedido. La solicitud debe ser presentada ante el Consejo Nacional Electoral, y una vez ingresada, la autoridad señalada tendrá siete días para impugnarla. Luego, el CNE dispondrá de siete días más para resolver si acepta o niega el pedido.
Una vez que el CNE admite la solicitud, los proponentes deben recolectar un número de firmas equivalente al 10% del padrón electoral correspondiente al territorio donde fue electa la autoridad. En el caso de Ibarra, donde existen aproximadamente 170 mil electores, se necesitan cerca de 17 mil firmas válidas. El CNE entrega formularios oficiales para la recolección y los ciudadanos tienen un plazo de 180 días para completar esta etapa.
Una vez entregadas las firmas, el Consejo Nacional Electoral tiene un plazo de 15 días para verificar su autenticidad. Si las firmas son válidas y se confirma el cumplimiento de todos los requisitos legales, el CNE debe convocar al proceso de revocatoria en un plazo máximo de tres días. La consulta popular debe realizarse dentro de los 60 días siguientes a la convocatoria.
Esta sería la línea de tiempo que se debería seguir en el caso de que el proceso de revocatoria inicie este 01 de julio del 2025.
01 de Julio del 2025 : Inicio del pedido de revocatoria, formalización de documentos en el CNE.
07 de Julio del 2025 : Fin del periodo de impugnación de la revocatoria
14 de Julio del 2025: Fin del plazo para que el CNE califique o deseche el pedido de revocatoria.
15 de Julio del 2025: En el caso de aprobar el CNE entregará los formularios para la recolección de firmas.
28 de Diciembre del 2025: Fin del plazo para la entrega de las más de 17 mil firmas validas.
12 de Enero del 2026: Fin del plazo para que el CNE verifique las firmas.
15 de enero del 2026: En caso de encontrar las firmas válidas necesarias, el CNE convocará al proceso de revocatoria.
16 de enero del 2026: Inicio de campaña política a favor o en contra de la revocatoria.
15 de marzo del 2026: Elecciones para decidir sobre la revocatoria del mandato.
Desde 2010, seis alcaldes en el país han sido revocados de su cargo:
1. Jorge Tsenkush (Tiwintza, Morona Santiago) – octubre de 2010: El alcalde Jorge Tsenkush fue el primer caso tras la reforma constitucional de 2009. En octubre de 2010, el CNE validó las firmas presentadas por Hernán Uwijint en apoyo a la revocatoria y convocó a la consulta dentro de los 60 días siguientes.
2. Doris López (Jaramijó, Manabí) – julio de 2011: En la consulta del 24 de julio de 2011, la ciudad de Jaramijó decidió revocar a su alcaldesa Doris López. El 46,7% votó por su destitución, siendo uno de los cuatro alcaldes revocados en esa fecha.
3. Víctor González (Pablo Sexto, Morona Santiago) – julio de 2011: Ese mismo 24 de julio, Pablo Sexto removió al alcalde Víctor González mediante consulta popular, con aproximadamente 49 % de votos a favor.
4. Hugo Pineda (Baños, Tungurahua) – julio de 2011: El 24 de julio de 2011, Baños optó por destituir a su alcalde Hugo Pineda, con un 52,1 % de votos a favor de la revocatoria.
5. Segundo Mejía (Palanda, Zamora Chinchipe) – julio de 2011: El alcalde Segundo Mejía fue destituido el 24 de julio de 2011, con un 50,6 % de respaldo a la revocatoria, convirtiéndose en uno de los seis alcaldes removidos en ese proceso masivo.
6. José Bolívar Castillo (Loja, Loja) – junio de 2018: En junio de 2018, la ciudadanía lojana revocó el mandato del entonces alcalde José Bolívar Castillo Vivanco. El proceso fue impulsado por Segundo Armijos, un dirigente de la Unión Provincial de Cooperativas de Taxi, quien argumentó que el exalcalde cometió arbitrariedades con el sistema de fotomultas. En la votación, el 70,8 por ciento de los ciudadanos apoyó su salida del cargo.
Existen procesos abiertos actualmente en el país; en los primeros tres meses de este año, se han presentado pedidos de revocatoria de mandato y remoción de los alcaldes de Riobamba y Quito.
El alcalde John Vinueza enfrentó ya tres procesos de revocatoria de mandato y, además, un pedido ciudadano para su remoción en 2025. El último caso llegó hasta el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que ratificó a Vinueza en el cargo, este 26 de junio se inició un nuevo pedido de revocatoria impulsado por Juan Carlos Romero y actúa en calidad de ciudadano y no representa ningún partido político.
Pabel Muñoz, alcalde de Quito, también enfrenta un proceso de revocatoria de mandato. En su caso, se lo acusa de hacer campaña política a favor de Luisa González, de Revolución Ciudadana, organización política a la que ambos pertenecen. El colectivo Cuida tu voto ha recolectado hasta el momento un total de 165 000 firmas, lo que representa el 80,4% del total requerido. La meta establecida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) es de 205 000 firmas válidas, que deben presentarse hasta el 5 de octubre de 2025.
Por otro lado, algunos actores políticos en Ibarra han mencionado, a través de plataformas como TikTok, que existe un supuesto clamor ciudadano para iniciar un proceso de recolección de firmas con miras a una revocatoria de mandato contra el alcalde de la ciudad. Sin embargo, hasta el momento, el CNE no ha recibido ninguna solicitud formal ni documentación oficial por parte de movimientos o partidos políticos que respalden dicha iniciativa.
(Redacción Imbabura).- La madrugada de este jueves, la tranquilidad del sector Santa Teresita, en la parroquia San Juan de Ilumán, fue alterada por un hecho delictivo cuando un presunto delincuente fue capturado por comuneros luego de intentar esconderse en la zona tras una persecución iniciada desde el centro de Otavalo.
Según testigos, el sujeto habría intentado escapar en una motocicleta, pero fue interceptado por moradores que, alertados por la situación, se organizaron rápidamente y bloquearon su paso. Lo detuvieron y, como señal de castigo, incendiaron la motocicleta en la que huía.
La escena generó conmoción en la comunidad, que expresó su enojo frente a los constantes hechos delictivos. La Policía Nacional acudió al lugar para intervenir, el detenido fue trasladado y puesto a órdenes de las autoridades competentes para su respectivo proceso.
(Redacción Otavalo).– La tranquilidad de Otavalo se ha visto gravemente alterada por una creciente ola de extorsiones a comerciantes locales, quienes en los últimos días han reportado amenazas directas presuntamente por parte de integrantes del grupo delictivo “Los Lobos”.
Uno de los casos más alarmantes ocurrió recientemente, cuando sujetos a bordo de un taxi ingresaron a un establecimiento comercial y entregaron una funda de regalo que contenía en su interior un panfleto con mensajes intimidatorios, en los que se exigía el pago de dinero mensual para cuidar su integridad, lo que comúnmente se conoce como una “vacuna” . El documento, firmado con el nombre de la organización criminal, detallaba incluso el monto que debía ser cancelado para evitar represalias.
La situación se intensificó el día de ayer, cuando cámaras de videovigilancia captaron a varios individuos armados merodeando distintos negocios en el sur de la ciudad, con la aparente intención de amedrentar a sus propietarios. Gracias a una rápida intervención de la Policía Nacional, los sospechosos fueron capturados y puestos a órdenes de las autoridades competentes, donde actualmente se encuentran bajo investigación, por intimidación y tenencia ilegal de armas.
Las primeras indagaciones apuntan a que se trataría de una estructura delictiva organizada, dedicada al cobro de extorsiones en sectores comerciales de la ciudad. Ante estos hechos, la Policía Nacional exhorta a la ciudadanía a no compartir información personal con desconocidos y a denunciar de inmediato cualquier intento de extorsión al 1800 DELITO o al 911.
(Redacción Imbabura).- En horas de la tarde, moradores de Ambuquí se movilizaron en rechazo a las operaciones de la planta de asfalto y actividades mineras que, según denuncian, afectan la salud, el medio ambiente y la economía local.
La medida fue adoptada el pasado 24 de abril durante una asamblea popular, donde se resolvió actuar en defensa de un Ambuquí limpio.
Como parte de la protesta, los habitantes cerraron la vía de acceso al sector y la panamericana norte. La comunidad exige vivir en un entorno libre de contaminación solicitando el apoyo ciudadano y el accionar inmediato de las autoridades.
