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PROADIS 2026 impulsa el emprendimiento estudiantil con más de 35 ideas productivas

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(Redacción Ibarra).- Con el objetivo de fortalecer las competencias emprendedoras y acercar a los estudiantes al mercado laboral, se desarrolló la segunda edición de la feria PROADIS 2026, un espacio académico donde las ideas se convierten en productos, marcas y futuro.

La feria reúne a las carreras de Agroindustria y Diseño Gráfico, integrando el trabajo de dos facultades: FECYT y FICAYA, con la participación de aproximadamente 300 estudiantes, quienes presentaron más de 35 ideas de negocio productivas, desarrolladas como parte de un proyecto de aula y evaluación práctica.

Marco Lara, coordinador de la carrera de Agroindustria, destacó que el propósito principal de PROADIS es dotar a los estudiantes de competencias específicas para encaminarse al emprendimiento, abrirse oportunidades en el mercado laboral y fomentar la creación de microempresas sostenibles.
“Este tipo de experiencias permite que los estudiantes apliquen sus conocimientos en contextos reales, desarrollando propuestas con visión productiva y comercial”, señaló.

Por su parte, el decano de la FECYT, Jorge Revelo, resaltó el trabajo interdisciplinario entre carreras, enfocado en la creación de productos que puedan venderse, ser competitivos y sostenibles, generando un beneficio directo para la comunidad. Además, subrayó la importancia de la práctica permanente en aulas, talleres y espacios abiertos a la ciudadanía.

Desde la FICAYA, la subdecana Rosario Espín explicó que PROADIS —Produce, Alimenta y Diseña— integra la producción alimentaria con el diseño estratégico, promoviendo la valorización de la materia prima y el valor agregado a los productos presentados en esta feria.
“Se aprovecha la diversidad del país y se complementa con una propuesta visual que hace a los productos más atractivos para el mercado, impulsando el espíritu emprendedor”, indicó.

PROADIS 2026 se consolida así como un espacio que conecta el aula con el mundo real, donde la creatividad, la innovación y el trabajo colaborativo se reflejan en productos alimenticios innovadores, marcas con identidad y empaques creativos, demostrando el potencial para generar impacto y oportunidades reales apra estudiantes universitarios.

Moradores de Huertos Familiares en Ibarra viven entre asaltos y robos frecuentes

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(Redacción Ibarra).- La noche de ayer, cerca de las 20:46, dos jóvenes transitaban por la intersección de las calles Manabí y 13 de Abril, en el sector de Huertos Familiares en Ibarra, cuando fueron interceptados por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, sin cascos de protección. Ante esto, los jóvenes huyeron sin dar oportunidad a los delincuentes de perpetrar el robo.

Según denuncias ciudadanas, esta modalidad delictiva se repite constantemente en la zona, caracterizada por dos individuos en motocicleta, armados y que circulan sin cascos e incluso sin placas de identificación, aprovechando la ausencia de patrullaje policial.

Moradores del sector aseguran que no existe control permanente de la Policía, situación que ha generado un ambiente constante de inseguridad, especialmente durante la noche y la madrugada; esta falta de presencia se refleja en los múltiples robos e intentos de asalto reportados durante el mes de enero, hechos que se registraron tanto en horas tempranas de la mañana, afectando principalmente a estudiantes, como en la noche, cuando ciudadanos se movilizan hacia sus hogares.

Denuncian presuntas irregularidades judiciales en proceso que derivaría en intento de desalojo en Priorato

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(Redacción Ibarra).– Habitantes del sector de Priorato denunciaron públicamente un intento de desalojo que califican de ilegal. De acuerdo con el expediente 10333-2015-01234, el proceso de ejecución y remate adjudicó a la ciudadana Nubia del Rocío Tatamues Enríquez únicamente el 50% de las acciones y derechos del bien.

La providencia judicial es clara: al tratarse de una copropiedad, no procede la singularización (delimitación física) del terreno. Cualquier división del inmueble debería tramitarse en un proceso legal distinto; sin embargo, los moradores denuncian que se pretende ejecutar un desalojo y descerrajamiento sin que exista un inventario previo o una partición que determine qué parte específica del predio corresponde a la adjudicada, debido a que las viviendas se encuentran distribuidas en toda la propiedad y no exclusivamente en el 50% rematado, lo que hace imposible un desalojo sectorizado.

Los denunciantes apuntan directamente al juez Pablo Veintimilla y, en calidad de terceros perjudicados, aseguran que nunca fueron notificados del proceso. Denuncian además que el depositario judicial, quien actúa también como accionante, omitió informar al juez en el acta de embargo sobre la existencia de viviendas consolidadas y el número de personas que habitan el predio. Esta situación es crítica, ya que muchas de las familias afectadas han residido en el sector por más de 15 años y cuentan con promesas de compra-venta notarizadas; en el lugar existe presencia de grupos vulnerables como niños y adultos con discapacidad.

Los ciudadanos solicitan la intervención inmediata del Consejo de la Judicatura. Exigen que se investigue el accionar judicial y se determine si existen presiones externas que estén forzando una ejecución no contemplada en la ley.

Cierre de la ANT obliga a suspender sanciones por licencias y matrículas vencidas

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(Redacción Ibarra).- El cierre temporal de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) a nivel nacional obligó al Gobierno a adoptar medidas excepcionales para evitar perjuicios a la ciudadanía. Entre ellas, la suspensión de sanciones por licencias de conducir y matrículas vehiculares vencidas mientras duren las interrupciones en el servicio.

La decisión se tomó debido a que miles de usuarios no han podido realizar trámites de renovación, emisión o actualización de documentos, lo que habría generado multas y sanciones sin que exista responsabilidad directa de los conductores.

Como parte de la medida, las autoridades dispusieron una ampliación automática de la vigencia de licencias y matrículas caducadas hasta que la ANT restablezca su atención regular. El objetivo es garantizar el derecho a la movilidad y evitar afectaciones económicas innecesarias.

El Gobierno señaló que estas acciones responden a la necesidad de mantener el orden y la tranquilidad ciudadana durante el periodo de cierre, mientras se normalizan los servicios del sistema de tránsito.

Desenlace trágico para Matías Martínez joven desaparecido en Ibarra

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(Redacción Ibarra).– La desaparición de Matías David Martínez Almeida, reportada el pasado viernes en la ciudad de Ibarra, generó profunda consternación entre la ciudadanía.

Matías, de 26 años, estudiante de Diseño Gráfico de la PUCE Ibarra, fue visto por última vez en el sector del Tennis Club Country en las calles Cristóbal Gómez Jurado y avenida Mariano Acosta, saliendo de un domicilio cerca de las 10:16 de la noche y abordando un vehículo de color gris, que funciona como servicio de transporte, en una aplicación popularizada entre los jóvenes denominada Indrive. Desde ese momento, familiares y amigos emprendieron una intensa búsqueda.

La mañana de este lunes, de manera preliminar, se conoció que Matías habría sido víctima de un presunto secuestro exprés desde que abordó el taxi informal en Ibarra. Según la información recabada, el vehículo habría circulado por diferentes cajeros automáticos de entidades bancarias, donde delincuentes se habrían vaciado las cuentas de Matías.

Posteriormente, personal de la DINASED localizó el cuerpo de Matías en el sector de Chorlaví, en un terreno baldío ubicado en la vía hacia Imbaya, luego de que un agricultor alertara a la Policía Nacional cerca de las 05:30 a.m. En el lugar se realizó el levantamiento del cadáver y fue trasladado a la morgue del Hospital San Vicente de Paúl, donde se realizarán los procedimientos correspondientes para determinar las causas exactas del deceso.

Preliminarmente se conoce que se trataría de una muerte violenta, por lo que las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del hecho.

(Actualización): 13h07

Falsos repartidores utilizan servicios de delivery como fachada para robar

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(Redacción Ibarra).- El servicio de delivery se ha convertido en una de las opciones más utilizadas por la ciudadanía para recibir alimentos, compras y encomiendas en distintos sectores de la ciudad. Su rapidez y comodidad han hecho que cientos de personas confíen a diario en repartidores que recorren Ibarra en motocicleta.

Sin embargo, en las últimas semanas se han reportado casos aislados en los que delincuentes se disfrazarían de repartidores para cometer asaltos. De acuerdo con versiones ciudadanas, estas personas se movilizan en motocicletas y utilizan mochilas y vestimenta similares a las de servicios de delivery, lo que les permite aprovechar momentos en los que transeúntes o ciudadanos se encuentran en la calle o fuera de su vivienda. En cuestión de segundos ejecutan el robo y huyen del lugar, dificultando su identificación, ya que se mezclan entre las decenas de repartidores que circulan de forma habitual en Ibarra.

Las autoridades han señalado que no se trata de una práctica generalizada, sino de situaciones puntuales que ya están siendo analizadas. Al mismo tiempo, recalcan que el servicio de delivery continúa siendo una fuente de trabajo legítima para numerosos repartidores que cumplen con su labor de manera honesta. Ante esta situación, se recomienda tomar precauciones, especialmente al momento de transitar por la vía pública o al ingresar a los hogares, con el fin de evitar ser víctimas de esta modalidad de robo.

También, varios ciudadanos que se dedican al oficio de delivery han manifestado que, en las últimas semanas, fueron víctimas de “vacunas” y extorsiones. Según sus testimonios, han recibido constantes actos de intimidación, lo que ha generado preocupación e inseguridad mientras realizan su trabajo diario, afectando no solo su tranquilidad, sino también el normal desarrollo de sus actividades.

Ambos casos representan un riesgo directo para la actividad económica de los motociclistas, quienes dependen de este oficio para su sustento diario y hoy se ven obligados a trabajar en un entorno marcado por falta de seguridad.

ANT cerrará 30 días tras operativo ‘Caso Jaque’: director y funcionarios detenidos por presunta red de corrupción

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(Redacción Ecuador).- La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) permanecerá cerrada a nivel nacional durante 30 días, luego del operativo denominado ‘Caso Jaque’, ejecutado este viernes 30 de enero por la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada al interior de la institución.

Durante la intervención, las autoridades allanaron oficinas de la ANT en Quito, Ibarra y Santo Domingo, logrando la detención del director nacional de la entidad y ocho funcionarios, quienes estarían involucrados en una red dedicada a cobros ilegales por trámites de licencias, con valores que fluctuaban entre 150 y 200 dólares por usuario.

El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que esta estructura delictiva operaba desde dentro de varias agencias de tránsito del país y tendría presuntos vínculos con el grupo criminal Los Choneros. Según las investigaciones preliminares, el perjuicio económico superaría los tres millones de dólares, dinero que habría sido desviado a cuentas de los involucrados.

En los allanamientos se incautaron 38 teléfonos celulares, ocho computadoras portátiles, 55 dispositivos electrónicos, 165 documentos, además de 53.510 dólares en efectivo, un arma de fuego, dos alimentadoras y 29 cartuchos.

Reimberg explicó que el cierre temporal de la ANT permitirá avanzar con las investigaciones y ejecutar un proceso de depuración y reestructuración del personal, reiterando que todas las dependencias de la institución suspenderán sus actividades durante 30 días.

En la ciudad de Ibarra, las oficinas de la ANT también fueron allanadas como parte del operativo; sin embargo, hasta el momento no existe información oficial sobre personas detenidas producto de la intervención local. Asimismo, no se ha emitido un pronunciamiento por parte de la actual directora de la ANT en Ibarra, Patricia Unda.

Sectores de Ibarra sin luz: ¿A quién corresponde realmente la responsabilidad?

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(Redacción Ibarra). – A día de hoy, el tramo norte del Anillo Vial y varios sectores de la urbe continúan sin iluminación; la ausencia de luminarias operativas mantiene en riesgo a conductores y peatones que transitan a diario por estas zonas, incrementando la probabilidad de accidentes y profundizando la sensación de inseguridad ciudadana.

Esta problemática ya fue expuesta por esta redacción en una publicación del 20 de marzo del año pasado. En aquella ocasión, Álvaro Gaibor, director de Distribución de EMELNORTE, señaló que las luminarias instaladas se encontraban inoperativas debido al robo de conductores eléctricos. Como medida correctiva, anunció el reemplazo del cableado de cobre por conductores de aluminio y la gestión de un convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Ibarra, en cumplimiento de la regulación ARCERNNR-007/23, con el fin de viabilizar el mantenimiento y restablecimiento del servicio. Según lo manifestado entonces, los trabajos se ejecutarían en un plazo aproximado de 20 días, intervención que posteriormente el propio Gaibor afirmó que sí se habría realizado.

Av. Camilo Ponce Enríquez día martes 20 de enero, hora: 20:09 min

El día martes 27 de enero, nuestra redacción mantuvo una reunión con el señor Álvaro Gaibor, en la cual se expuso, mediante material fotográfico, que una hilera de cuatro postes de luminarias ubicados en la avenida Camilo Ponce Enríquez, junto al parque Ciudad Blanca, no se encontraban operativos, indicó que enviaría técnicos para verificar si era posible realizar algún arreglo y ponerlas en funcionamiento, aclarando que, de existir cables desprendidos, no podrían intervenir, sin embargo para el día jueves ya fueron habilitados, pese a que no era su competencia según lo manifestado por Gaibor.

Dentro de las competencias de EMELNORTE y las del GAD de Ibarra existen varias dudas que la ciudadanía no tiene claro y se genera confusiones, la primera es que no todos los postes de alumbrado público le pertenecen a Emelnorte y no todos le pertenecen al Gad Ibarra, por ejemplo la iluminación al interior del Parque Ciudad Blanca, es competencia del Municipio, pero la Av. Camilo Ponce, desde el periférico sur hasta cuatro postes antes de la Av. Mariano Acosta, no es competencia de Emelnorte según lo manifestado por Gaibor, ya que los cuatro últimos postes están conectados al parque Ciudad Blanca.

También se abordó la situación de la avenida 13 de Abril y del tramo norte del Anillo Vial. En un recorrido realizado por esta redacción, se constató que los arreglos ejecutados han sido parciales. Al respecto, Gaibor indicó que durante la vigencia del convenio se intervinieron los postes, dejándolos operativos; sin embargo, aseguró que el robo de cableado es constante. Asimismo, ratificó que el alumbrado del parterre central de la avenida 13 de Abril asi como la iluminación al interior del parque Ciudad Blanca es competencia del Municipio de Ibarra y no de EMELNORTE.

Por otro lado, ante múltiples reportes ciudadanos sobre luminarias inoperativas, esta redacción realizó un recorrido reciente por distintos sectores de la ciudad, evidenciando fallas persistentes en calles como Luis Felipe Borja, Alfredo Gómez Jaime y Juan de la Roca. En estos puntos no se han ejecutado acciones correctivas visibles frente a las fallas en el tendido eléctrico urbano, lo cual contrasta con la afirmación de Gaibor de que EMELNORTE realiza supervisiones periódicas en la ciudad.

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Policía Nacional ejecutó control en Centros de Privación de Libertad de Imbabura

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(Redacción Imbabura).– La Policía Nacional ejecutó intervenciones de control en los Centros de Privación de Libertad (CPL) de la provincia, como parte de la Estrategia Operacional 3D, orientada a intervenir estos espacios estratégicos con el objetivo de debilitar, desorientar y desarticular estructuras delictivas que operan al interior de los centros penitenciarios.

Estas acciones permitieron reforzar los niveles de seguridad y control, tanto para las personas privadas de libertad como para el personal de seguridad penitenciaria, en el marco de las operaciones permanentes que ejecuta la institución policial

Durante las acciones policiales se logró el decomiso de varios objetos prohibidos, entre los que constan ocho dispositivos móviles, trece envolturas sujetas a fiscalización, cinco cargadores de celular, ocho cables USB, doce objetos cortopunzantes, dos fosforeras, ocho pipas artesanales y dos auriculares.

La Policía Nacional indicó que estos controles continuarán ejecutándose de manera permanente en la provincia como parte de las estrategias de seguridad para prevenir actos ilícitos.

Nombre de la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, invade publicidad municipal

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(Redacción Otavalo).- La presencia del nombre de la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, en material de comunicación institucional volvió a encender el debate sobre los límites entre informar gestión pública y promocionar a una autoridad usando recursos del Estado.

En varios eventos vinculados a la Alcaldía de Otavalo —entre ellos la promoción del Pawkar Raymi 2026, cuya difusión comenzó el pasado 14 de enero— se ha evidenciado el uso reiterado de una gráfica institucional en la que el nombre de la alcaldesa destaca de forma predominante en distintos materiales publicitarios. Esta presentación, por su diseño y énfasis visual, resulta llamativa y deliberada, y según el criterio de varios especialistas; lo que se asemejaría más a una marca personal que a una identificación oficial del Municipio.

Al revisar el Sistema Nacional de Contratación Pública, se pudo verificar que el 4 de diciembre de 2025, desde la Unidad de Comunicación de la Alcaldía de Otavalo, se inició un proceso de ínfima cuantía para la adquisición de bienes destinados al proyecto de difusión de acciones de la Alcaldía Ciudadana de Otavalo.

Dentro de las especificaciones técnicas de dichos bienes constan stands, inflables, carpas inflables, arcos inflables, obeliscos inflables, tótems, roll-ups, backing y otros elementos promocionales, los cuales no solo incorporan el nombre institucional de la Alcaldía Ciudadana de Otavalo, sino también el nombre de la primera autoridad del cantón.

Asimismo, en las redes sociales institucionales, particularmente en la cuenta oficial de Facebook de la Alcaldía Ciudadana de Otavalo, se observa de manera reiterada la inclusión del nombre de la alcaldesa, acompañado de los hashtags #OtavaloHermosa y #OtavaloHuyaylla, un llamativo juego de palabras que refuerza la evidente apropiación simbólica de los canales institucionales.

¿Qué dice la norma?

El Código de la Democracia, en su artículo 219, prohíbe a servidores e instituciones públicas utilizar recursos o bienes públicos para promocionar nombres u organizaciones políticas dentro de instituciones, obras o proyectos bajo su cargo. Especialistas señalan que el punto no es impedir la comunicación institucional, sino evitar que el presupuesto público se use para posicionamiento personal o con fines que puedan afectar la equidad política.

Contraloría ya ha observado casos similares

La Contraloría General del Estado sí ha revisado y observado el uso de recursos públicos en publicidad institucional cuando esta incluye nombres de autoridades u organizaciones políticas. Un antecedente directo es el examen especial realizado al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en el que se analizaron los gastos de publicidad, información y difusión en vallas y otros medios, específicamente para determinar si se utilizaron recursos y espacios públicos para promocionar nombres de personas u organizaciones políticas. Aunque en ese caso el informe concluyó con observaciones y recomendaciones —y no con una sanción administrativa definitiva—, el proceso dejó establecido que este tipo de prácticas son objeto de control fiscal. Además, la Contraloría ha reiterado en comunicados oficiales que mantiene controles permanentes, especialmente en periodos electorales, para evitar el uso de bienes y recursos públicos con fines de promoción personal o política, en concordancia con la prohibición expresa del artículo 219 del Código de la Democracia.

Cuando sí hay sanción: el precedente del TCE

En la vía electoral, el Tribunal Contencioso Electoral ha sancionado casos vinculados al uso de bienes públicos en contextos de promoción. En la causa 084-2019, el TCE declaró responsable al entonces rector de la ULEAM, Alejandro Miguel Camino Solórzano, y dispuso una multa de 10 remuneraciones básicas por permitir que vallas de propiedad pública sean usadas con publicidad electoral, citando el art. 219 como base prohibitiva y aplicando el régimen de infracciones.

Documentos públicos del requerimiento de la ORDEN DE COMPRA DEL GAD DE OTAVALO.

REQUERIMIENTO DE COMPRA Y SERVICIODescarga
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ADQUISIÓN DE BIENESDescarga

Evento de promoción del Pawkar Raymi Pinsaquí 2026 (14 de enero de 2026): https://www.facebook.com/share/p/1Ao4bHFfvk/

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