(Redacción Ibarra).- La mañana de este jueves, cerca de las 08h52, se reportó una emergencia por la presencia de dos canes abandonados dentro de un canal ubicado en las calles Darío Egas y Eleodoro Ayala, en el sector de Pilanquí, en Ibarra.
Tras recibir la alerta, personal operativo del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, perteneciente a la estación Terminal Terrestre, acudió de inmediato al lugar para atender la situación y evitar que los animales resultaran afectados por el agua.
Al llegar, los bomberos constataron que una de las perritas, conocida por los vecinos como Estrella, ya había sido puesta a salvo por moradores del sector, debido a que se encontraba en una zona de fácil acceso. Sin embargo, la segunda perrita, llamada Tormenta, permanecía dentro del canal, lo que representaba un riesgo, especialmente por la crecida del río Ajaví.
Ante este escenario, el personal bomberil ejecutó maniobras de rescate utilizando una escalera para descender al interior del canal. Tras varios minutos de trabajo, lograron poner a salvo al animal y culminar con éxito la operación. Posteriormente, ambas perritas fueron trasladadas hasta Fauna Urbana, entidad que se encargará de su cuidado y resguardo mientras se define su situación.
(Redacción Ibarra).- Un ciudadano fue víctima de un asalto cerca de las 23h35 del pasado sábado 28 de febrero en la intersección de las calles Tobías Mena y Luis Dávila.
En el video de una cámara de videovigilancia se observa a la víctima caminando junto con su bicicleta cuando fue interceptado por un hombre y una mujer. Los presuntos asaltantes, de aproximadamente 30 años de edad, lo empujaron al suelo y, tras un forcejeo, lograron sustraerle su teléfono celular. Luego del robo, los dos huyeron del sitio.
Posteriormente, el propietario del dispositivo de la marca iPhone logró ubicarlo mediante el sistema de rastreo de iCloud, colocó la respectiva denuncia en Fiscalía; pese a conocer la ubicación del dispositivo, manifestó que no recibió ayuda de las autoridades.
(Redacción Ibarra).- El cierre de la calle Miguel Oviedo y la Avenida 17 de Julio, que conectan el centro de la ciudad con el barrio La Victoria, permanecerán cerradas al tránsito vehicular desde este martes 3 de marzo. La restricción responde a trabajos en un muro de contención, según informó la Unidad Educativa Fisco-Misional “San Francisco de Asis” mediante un comunicado oficial. La medida obliga a los conductores a tomar rutas alternas.
Desde la institución se indicó que, a partir de este martes, permanecerán cerradas las calles Miguel Oviedo y avenida 17 de Julio. El ingreso estará habilitado únicamente para busetas escolares destinadas al embarque y desembarque de estudiantes, así como para peatones. Los vehículos particulares deberán acceder por la entrada de la Comunidad Capuchina, ubicada en el parque González Suárez, junto a la iglesia San Francisco.
Ante el cierre, los conductores han optado por utilizar vías alternas como la E35, a la altura del sector de El Olivo, para luego incorporarse a la avenida 17 de Julio por el sector de la Universidad Técnica del Norte. Otra opción es tomar la avenida El Retorno, atravesar el barrio Los Ceibos por la calle Tahuando o continuar por el sector de la Cruz Verde hasta conectar con la calle José Domingo Albuja. Estas rutas permiten redistribuir parcialmente la carga vehicular hacia el sector de La Victoria, aunque en horas pico también presentan alta congestión.
Padres de familia de la Unidad Educativa San Francisco de Asís, así como de otras instituciones que confluyen en el sector —la Unidad Educativa Oviedo y la Unidad Educativa Fiscomisional Nuestra Señora de Fátima— expresaron su preocupación por la situación. Señalan que el congestionamiento dificulta el ingreso y salida de estudiantes, especialmente en los horarios de mayor demanda, y afecta la puntualidad en planteles educativos, oficinas y actividades comerciales.
Las tres unidades educativas se encuentran en un radio cercano, lo que incrementa significativamente el flujo vehicular en calles como Juan Montalvo y Juan José Flores. Esta última permanecerá habilitada y se conecta con un carril de la avenida 17 de Julio desde el sector de La Victoria,permitiendo la circulación desde ese punto hasta el centro de la ciudad.
Hasta el momento, no se ha informado una fecha estimada para la reapertura total de la calle Miguel Oviedo.
(Redacción Ibarra).- Lo que comenzó como una serie de denuncias por mensajes intimidantes terminó destapando una presunta red de extorsión que operaba en Imbabura y Los Ríos. Cuatro personas fueron aprehendidas durante el operativo “Libertad 223”, ejecutado por la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión (UNASE), entre ellas un policía en servicio activo.
Según las investigaciones, los sospechosos enviaban mensajes de texto y videos en los que aparecían armas de fuego, identificándose como integrantes de “Los Lobos”. Las amenazas estaban dirigidas principalmente a comerciantes y familias de Ibarra y Quevedo, a quienes exigían altas sumas de dinero bajo advertencia de atentar contra sus hijos o cónyuges si no cumplían con los pagos en los plazos establecidos.
Las indagaciones se extendieron por varias semanas. Agentes especializados realizaron seguimientos y aplicaron técnicas investigativas para ubicar los inmuebles desde donde presuntamente se coordinaban las extorsiones. La madrugada del operativo, varias viviendas fueron allanadas de manera simultánea en ambas ciudades.
Entre los detenidos figura un servidor policial que, de acuerdo con las primeras versiones, habría utilizado su experiencia y conocimientos institucionales para facilitar la planificación de las acciones delictivas. Este elemento ha generado especial preocupación en las autoridades, al tratarse de un funcionario en servicio activo.
Durante los allanamientos se incautaron tres teléfonos celulares, considerados indicios clave dentro del proceso, además de dinero en efectivo y documentos que vincularían a los aprehendidos con varias denuncias presentadas en los últimos meses.
Los cuatro sospechosos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía General del Estado. En Ecuador, este delito puede ser sancionado con penas de cinco a diez años de prisión, dependiendo de los agravantes que se determinen en el proceso judicial.
(Redacción Ibarra).- Un hecho de violencia se registró la tarde de este lunes en el centro de la ciudad, específicamente en las calles Antonio José de Sucre y Teodoro Gómez de la Torre.
De manera preliminar, se conoció que tres personas armadas habrían intentado cometer un robo en el sector. Durante el incidente, una persona resultó herida.
El ECU911 coordinó esta emergencia y desplegó a dos patrulleros de Policía Nacional, quienes confirmaron la existencia de una persona herida a causa del hecho delictivo.
Hasta el momento no se reportan fallecidos.
Actualización:
Nuevos detalles se conocen sobre el hecho violento registrado la tarde de ayer en el centro de la ciudad. Este martes, las autoridades confirmaron la aprehensión de cuatro personas por porte y tenencia de arma de fuego, quienes estarían presuntamente vinculadas a grupos de delincuencia organizada. La intervención policial se produjo tras una alerta ciudadana que reportó disparos en la zona, permitiendo una rápida acción de los uniformados.
Durante el operativo se levantaron como indicios un arma de fuego, un vehículo y una motocicleta, elementos que serán parte de las investigaciones en curso.
(Redacción Imbabura).- La provincia de Imbabura cierra febrero con una preocupante escalada de violencia que ha conmocionado a sus cantones. Tras un 2025 catalogado como el año más violento del país, los primeros meses de 2026 evidencian que la crisis de seguridad persiste.
Al cierre de 2025, Imbabura acumuló 21 asesinatos, seguida por Cotacachi (6), Otavalo (5) y Urcuquí (1). Las autoridades atribuyeron este escenario a disputas entre bandas criminales, a las que el Gobierno declaró “la guerra”. Solo entre enero y junio de 2025 se registraron 22 homicidios en la provincia.
Enero abrió el año con un doble asesinato en Otavalo
El 19 de enero de 2026, la violencia golpeó a Otavalo con el asesinato de los hermanos Edwin Patricio B., de 46 años, y Óscar Daniel B., de 39, reconocidos comerciantes del sector. El doble crimen, perpetrado bajo la modalidad de sicariato, generó profunda consternación en la comunidad. El hecho no solo impactó por su gravedad, sino también por la percepción ciudadana de escasa respuesta institucional por parte del GAD de Otavalo y la Gobernación de Imbabura.
Febrero: desapariciones
En febrero, la violencia se concentró principalmente en Ibarra, donde se registraron varios casos de desaparición que terminaron en muerte.
2 de febrero: Matías M., quien había sido reportado como desaparecido tras abordar un vehículo de servicio de transporte de la app inDrive, fue hallado sin vida en Ibarra.
5 de febrero: Deyran P., menor de edad que fue reportado como desaparecido en el sector de Alpachaca, fue encontrado muerto con rasgos de violencia días después.
12 de febrero: Francisca T. víctima de secuestro junto a otros ciudadanos, fue asesinada y su cuerpo fue hallado al día siguiente por la Policía Nacional.
A estos hechos se suma el caso del otavaleño Héctor Enríquez, cuyo cuerpo fue localizado el 25 de febrero en la vía Alóag–Santo Domingo, en Pichincha, tras haber sido reportado como desaparecido en la ciudad de Quito.
Solo en Ibarra, febrero dejó al menos tres homicidios confirmados, además de desapariciones que derivaron en muertes violentas. Con este panorama, Imbabura concluye febrero como uno de los meses más violentos en lo que va del año.
(Redacción Ibarra). – La provincia de Imbabura marcó un hito histórico al obtener el primer lugar en la primera edición de la Ecuador Farmer’s Collection Auction, una iniciativa presentada por Qima Coffee en asociación con la Alliance for Coffee Excellence, organización reconocida mundialmente por promover cafés de la más alta calidad.
El café ganador, de la variedad Geisha, alcanzó una sobresaliente puntuación de 90,13 puntos, superando la barrera de los 90 y convirtiéndose en el mejor lote del certamen. Fue cultivado por el productor imbabureño Andrés Yépez, quien actualmente desarrolla seis variedades de café de especialidad en la Hostería Cananvalle, una finca de siete hectáreas ubicada a apenas diez minutos del centro de Ibarra.
En esta primera edición fueron seleccionados 36 lotes por un jurado internacional, considerado uno de los paneles más amplios reunidos para una subasta inaugural. La colección reúne cafés cultivados por pequeños productores de distintas regiones del país, reflejando la diversidad geográfica y genética que caracteriza al Ecuador.
La subasta internacional se realizará el 26 de marzo de 2026, consolidándose como una vitrina global para los cafés ecuatorianos de especialidad.
De acuerdo con los datos oficiales del certamen:
Loja lideró en número de lotes con 26.
Pichincha presentó 5 lotes.
Zamora Chinchipe participó con 4 lotes.
Imbabura, aunque con 1 lote seleccionado, alcanzó la máxima puntuación del evento.
Entre las variedades más representadas estuvieron:
Sidra Bourbon (10 lotes)
Típica Mejorado (9 lotes)
Geisha (6 lotes)
Green Tip Geisha (3 lotes)
F1 (2 lotes)
En cuanto a procesos, predominó el lavado (18 lotes), seguido de natural (9 lotes), además de métodos innovadores como maceración carbónica, honey y procesos anaeróbicos, evidenciando la experimentación técnica que vive actualmente el sector cafetalero ecuatoriano.
El logro de Andrés Yépez no solo posiciona a Imbabura en la cima del certamen, sino que confirma el potencial de la provincia dentro del competitivo mercado del café de especialidad. Su finca, además de producir café de alta calidad, impulsa el agroturismo vivencial, permitiendo a visitantes conocer el proceso completo, desde el cultivo hasta la taza.
Ecuador, con su geografía andina, marcados contrastes de altitud y clima, y una nueva generación de productores comprometidos con la excelencia, consolida así su presencia en el escenario internacional del café.
La primera Ecuador Farmer’s Collection Auction no solo premia calidad; también abre la puerta para que pequeños agricultores proyecten su trabajo al mundo, demostrando que el café ecuatoriano está listo para competir entre los mejores.
(Redacción Carchi).- Un accidente de tránsito se registró la madrugada de este viernes en la vía E35, en el sector Santa Rosa, en el ingreso sur a San Gabriel en Carchi. El siniestro dejó como saldo tres personas fallecidas y tres heridas.
De acuerdo con información preliminar, cerca de las 03:00 el sistema de emergencias ECU 911 recibió la alerta sobre una colisión frontal de gran magnitud entre dos vehículos particulares: un SUV Chevrolet Captiva y una camioneta Chevrolet Luv D-Max.
La fuerza del impacto provocó que uno de los automotores se incendiara y que ambos quedaran con severos daños estructurales. La vía permaneció parcialmente cerrada mientras los equipos de socorro realizaban labores de rescate y aseguraban la zona.
En el lugar se confirmó el fallecimiento de dos personas de manera inmediata, mientras que una tercera víctima perdió la vida minutos después debido a la gravedad de sus lesiones. Asimismo, tres ocupantes resultaron heridos y fueron atendidos por paramédicos antes de ser trasladados a casas de salud.
Al sitio acudieron unidades de la Policía Nacional del Ecuador, personal del Cuerpo de Bomberos y equipos de tránsito, quienes efectuaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente.
Hace breves momentos las autoridades confirmaron que entre las víctimas mortales está el exintendente de Policía del Carchi, Alexis Enríquez; su esposa, Diana Obando, y su padre, Germán Enríquez.
(Redacción Ibarra).- Con una propuesta que combina producción nacional, bajo costo de mantenimiento y amplia cobertura de servicio, la marca JAC Motors fortalece su iniciativa «La Camioneta del Ecuador», destacando los modelos Páramo y Pacífico, ensamblados localmente por AYMESA.
Presentadas en septiembre del año pasado, estas camionetas han ganado espacio en el mercado por ofrecer una de las estructuras de costo de tenencia más competitivas del país. Sus mantenimientos preventivos se realizan cada 7.500 kilómetros y tienen un valor menor a 2 centavos por kilómetro, convirtiéndose en una de las opciones más económicas del Ecuador en este rubro.
Dentro de la gama de camionetas destacan:
Pacífico (Gasolina): desde USD 19.990
Pacífico (Diésel 4×2): desde USD 21.990
Páramo (Diésel 4×4): desde USD 26.990
Estas cifras posicionan a la línea como una de las camionetas más accesibles del mercado, especialmente considerando su respaldo industrial nacional.
Uno de los pilares de la propuesta es su amplia red de atención. JAC cuenta con más de 63 puntos de servicio a nivel nacional, garantizando disponibilidad de repuestos, soporte técnico y mantenimiento especializado en todo el país.
La marca también impulsa la transición energética con sus modelos eléctricos:
E10X: desde USD 14.990
E30X: desde USD 18.990
Ambos incluyen cargador portátil y cargador fijo, además de tecnologías avanzadas de asistencia a la conducción. La infraestructura se fortalece con más de 50 puntos de carga exclusivos en el país. Para el mercado urbano y familiar, la marca exhibe además los SUVs JS2, JS3 y JS4, modelos que han ganado popularidad por su equipamiento y relación precio-beneficio.
En Ibarra, los interesados pueden conocer toda la gama en la concesionaria ubicada en la avenida Mariano Acosta y Manuelita Cañizares, sector La Florida.
Además, como beneficio especial, hasta fin de mes, por la compra de tu vehículo, recibirás un bono de USD 1.000, una oportunidad adicional para acceder a una camioneta ensamblada en Ecuador con uno de los costos de mantenimiento más bajos del país.
(Redacción Otavalo).- En el marco de la acción de protección presentada a favor de la conservación del río El Tejar, causa N.º 10282-2024-00138, se inició un proceso judicial que marcó un antes y un después en la defensa ambiental del cantón Otavalo. La demanda fue impulsada a finales de 2024 por dirigentes barriales, entre ellos representantes del barrio Los Portales, y el colectivo Unidos por la Pacha Mama, quienes denunciaron la constante contaminación del afluente y la inacción institucional frente a las descargas de aguas servidas.
Durante la audiencia desarrollada el 1 de mayo de 2024, la Procuraduría del Municipio de Otavalo aseguró que no existía contaminación en el río, mientras que la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo (EMAPAO) sostuvo que, de existir, los niveles serían “aceptables”. Ante estas afirmaciones, el juez constitucional resolvió suspender la audiencia y dispuso la práctica de dos diligencias clave: una inspección judicial para constatar de manera directa el estado del cauce y un análisis químico exhaustivo de las aguas, con el fin de determinar el grado real de contaminación.
El proceso avanzó y, en febrero de 2025, la Corte Provincial de Justicia de Imbabura ratificó la sentencia que declaró al río El Tejar sujeto de derechos, determinando responsabilidades directas del Municipio de Otavalo y de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Otavalo por negligencia prolongada en el manejo del sistema de alcantarillado y el control de descargas contaminantes. El fallo ordenó medidas de reparación integral a corto, mediano y largo plazo, así como disculpas públicas por décadas de omisiones.
El origen estructural del problema se remonta a 2010, cuando se formuló el proyecto para la construcción de los colectores marginales del interceptor del río El Tejar (margen derecho) y la primera etapa del sistema de tratamiento de aguas servidas para la ciudad de Otavalo. Esta obra, concebida para captar las descargas del casco urbano y evitar que las aguas residuales se viertan directamente al cauce, quedó inconclusa hace más de catorce años. En febrero de 2025 se destinaron aproximadamente 45 mil dólares para actualizar los estudios orientados a la construcción de los colectores marginales y a la segunda etapa del tratamiento de aguas servidas. No obstante, un año después no se concretó la contratación correspondiente, lo que, según los accionantes, implicó un año adicional de contaminación continua. En noviembre de 2025, mediante consulta formal, se solicitó al Municipio la certificación de incorporación presupuestaria en la proforma 2026 para la construcción del sistema de colectores. La respuesta municipal detalló asignaciones para monitoreos ambientales, la adquisición de un dron con licencias y certificaciones por 12 mil dólares y la contratación de servicios profesionales para educación ambiental por 10.846 dólares; sin embargo, no precisó recursos destinados directamente a la construcción de los colectores marginales, infraestructura considerada esencial para frenar las descargas contaminantes.
En 2010 se estimó para la primera etapa una inversión de 7 millones de dólares; sin embargo, ante la limitada capacidad de endeudamiento, se asignaron únicamente 2 millones. Para 2025 debía haberse completado dicha inversión, pero actualmente se calcula que se requerirían alrededor de 7 millones de dólares para ejecutar integralmente el sistema.
El 31 de diciembre de 2025, dentro de la misma causa, el juez constitucional recordó a las entidades accionadas que el 13 de marzo de 2026 debían presentar los resultados correspondientes a las medidas de corto plazo, advirtiendo que, de no hacerlo, el despacho judicial aplicaría las facultades coercitivas previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial. En el sector de El Batán se tomaron muestras por parte del GAD y EMAPAO para demostrar técnicamente que la calidad del agua había mejorado.
Desde mediados de enero de 2026 se ejecutaron trabajos de limpieza y mantenimiento de pozos de revisión y alcantarillado en varios sectores de la ciudad. El 9 de febrero se intervino el denominado punto Z2, en las calles Ricaurte y Colón, sector El Batán, donde se realizó limpieza de rejillas, sumideros y pozos, además de redireccionar aguas servidas hacia la Planta de Tratamiento La Fuente de la Salud, ubicada en el sector San Eloy. Previamente, se había intervenido el sistema de aguas residuales del mercado 24 de Mayo.
El 22 de febrero de 2026, EMAPAO anunció la culminación de las intervenciones técnicas orientadas a eliminar las descargas directas en cinco zonas específicas: Segundo Castro, Abdón Calderón, Antonio Ricaurte, Cristóbal Colón y la avenida Luis Cisneros. Se ejecutaron nuevas interconexiones, mantenimiento de colectores, adecuación de estructuras pluviales y actualización del catastro de redes. Según declaraciones oficiales, la Alcaldía destinó más de 640 mil dólares para estos trabajos, cuyo plazo concluía el 13 de marzo de 2026, fecha en la que debía justificarse judicialmente la descontaminación del cauce en El Batán.
La sentencia también dispuso la elaboración de una planificación complementaria con participación ciudadana para la protección y recuperación del río, así como la proyección de un parque lineal en la quebrada El Tejar. Paralelamente, se encuentra en fase precontractual la consultoría para el rediseño y actualización de los estudios definitivos de alcantarillado mixto, encauzamiento de aguas y protección de laderas.
Con la declaratoria de sujeto de derechos y el seguimiento judicial permanente, el río El Tejar deja de depender únicamente de decisiones administrativas y pasa a estar amparado por una obligación legal de cumplimiento obligatorio. El proceso, que inició con la negación de la contaminación y avanzó hacia la constatación técnica y la imposición de medidas estructurales, marca un precedente en la defensa ambiental del cantón y mantiene bajo vigilancia el cumplimiento efectivo de las obras que, por más de una década, quedaron pendientes.
