(Redacción Quito).- A través de un video publicado en TikTok, el usuario “El Quiteño”, quien cuenta con una comunidad cercana a los 191 mil seguidores, expresó su inconformidad luego de adquirir un plato de comida en una reconocida franquicia de comida asiática ubicada en un centro comercial de Quito. Según manifestó, el popular chaulafán que compró por USD 7,99 no coincidía con la imagen promocional exhibida en el local.
De acuerdo con el consumidor, el plato recibido presentaba una porción más reducida y una apariencia distinta a la mostrada en el menú y material publicitario de la franquicia. El hecho rápidamente generó reacciones y abrió el debate sobre casos de publicidad engañosa en establecimientos de comida en Ecuador.
Expertos en materia de consumo y competencia señalan que, en Ecuador, este tipo de situaciones podrían ser denunciadas ante la Superintendencia de Competencia Económica, entidad encargada de investigar prácticas desleales y actos de engaño que afecten a los consumidores y al mercado. La institución indica que la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado prohíbe actos de competencia desleal relacionados con publicidad engañosa.
Este tipo de casos ya han tenido antecedentes en Ecuador. En abril de 2024, la Superintendencia de Competencia Económica (SCE) sancionó a la empresa Marketing Worldwide Ecuador con una multa cercana al millón de dólares por prácticas relacionadas con publicidad engañosa y agresiva en la promoción de productos comercializados mediante televentas.
Según informó la entidad de control, la empresa reconoció haber realizado actos de engaño en la publicidad de los productos Colageterna y Helix Original desde 2019. La Superintendencia indicó que, pese a que se ordenó retirar la publicidad investigada y cumplir varias medidas correctivas, la compañía no presentó los respaldos necesarios para demostrar el cumplimiento de las disposiciones, motivo por el cual se ratificó la sanción económica de USD 945.472.
No obstante, la propia Superintendencia señala que la protección de los consumidores también puede involucrar la intervención de otras entidades, como la Defensoría del Pueblo y organismos de control vinculados a los derechos del consumidor, dependiendo de la magnitud y naturaleza de la presunta afectación.El reclamo también ha generado cuestionamientos entre consumidores sobre los límites de la publicidad comercial, ya que muchos aseguran que, debajo de las imágenes promocionales y en letras pequeñas, suele colocarse la frase “imagen referencial” para deslindarse de posibles responsabilidades legales. Esto ha abierto el debate sobre hasta qué punto las fotografías utilizadas por restaurantes y franquicias representan de manera real el producto que finalmente recibe el cliente.
(Redaccion Imbabura).- En Imbabura, varios procesos de desvinculación en instituciones públicas han sido revisados por la justicia en los últimos años. Aunque cada caso tiene particularidades, las decisiones coinciden en un punto: la necesidad de que los despidos estén debidamente motivados y respeten garantías constitucionales, especialmente cuando existen condiciones de vulnerabilidad.
En la provincia existen precedentes que enmarcan esta situaciòn.
Caso 1: Danny Francisco Hidrobo fue cesado en junio de 2019 como Supervisor de la Banda Municipal del GAD de Ibarra. En enero de 2021, la Corte Provincial de Justicia de Imbabura aceptó su acción de protección y concluyó que la desvinculación vulneró el derecho a la seguridad jurídica. La sentencia dejó sin efecto la acción de personal, dispuso su reintegro bajo nombramiento provisional y ordenó el pago de remuneraciones no percibidas, además de aportes al IESS.
Caso 2: En 2023, el Tribunal de Garantías Penales de Imbabura resolvió a favor de Nataly B., quien fue desvinculada como jueza de coactivas de una empresa pública regional con sede en Ibarra. La funcionaria, madre sustituta de un niño con más del 30% de discapacidad, alegó la vulneración de su derecho a la estabilidad laboral reforzada tras ser separada de su cargo luego de una hospitalización.
El tribunal aceptó la acción de protección y ordenó su reincorporación, así como el pago de los sueldos dejados de percibir.
Caso 3: En enero de 2026, la Unidad Judicial Multicompetente Civil de Imbabura resolvió el caso de José Luis Flores Guerrero, exguardia del Gobierno Provincial, desvinculado en 2024 mediante visto bueno.
La jueza determinó que no existió fundamento legal suficiente para la terminación laboral, dejó sin efecto el visto bueno y ordenó el pago de indemnizaciones por despido intempestivo, desahucio y beneficios proporcionales. En este caso, no se dispuso el reintegro, sino compensación económica.
Caso actual: docente y cuidador, bajo análisis constitucional
A estos antecedentes se suma el caso de Luis Hernando Paredes, servidor del área educativa, cuya destitución está siendo analizada en la justicia constitucional.
Paredes fue destituido por el Ministerio de Educación bajo la acusación de “abandono injustificado del trabajo”. Sin embargo, según la acción de protección presentada, es cuidador directo de una persona con discapacidad severa del 97% y había solicitado vacaciones —inicialmente aprobadas— para acompañarla a un tratamiento médico en el exterior.
Durante ese período también presentó problemas de salud respaldados por certificados médicos validados por el IESS. El reclamo señala que la administración basó su decisión principalmente en el registro de salida del país, sin considerar integralmente su condición de cuidador ni los elementos médicos presentados.
Será la justicia constitucional la que determine si existió o no vulneración de derechos como la seguridad jurídica, el derecho al trabajo o la protección reforzada en contextos de discapacidad.
Un tema que sigue en discusión
Los casos registrados en Imbabura muestran que los procesos de desvinculación en el sector público continúan siendo objeto de revisión judicial cuando existen dudas sobre su legalidad o proporcionalidad.
El caso de Luis Paredes se suma a este escenario y podría aportar nuevos criterios sobre la aplicación de causales como el abandono del puesto, especialmente cuando intervienen factores de salud y cuidado de personas en situación de vulnerabilidad.
(Redacción Ibarra).- El Cuerpo de Bomberos de Ibarra avanza en su proceso de modernización operativa mediante la implementación de protocolos especializados para la atención de emergencias con vehículos híbridos y eléctricos. Esta iniciativa se fortaleció con una capacitación desarrollada el 30 y 31 de marzo en las instalaciones de KIA matriz, en Quito, donde participaron 25 efectivos operativos.
Durante la formación, los bomberos adquirieron conocimientos técnicos sobre la arquitectura de estos automotores, diferenciando entre sistemas híbridos, híbridos enchufables y totalmente eléctricos. Además, se abordó la identificación de componentes de alto voltaje, circuitos energizados y zonas de riesgo, así como el comportamiento de las baterías de ion litio ante impactos, deformaciones o exposición a altas temperaturas.
Especialistas señalaron que, aunque estos vehículos cuentan con altos estándares de seguridad y presentan bajos niveles de riesgo en condiciones normales, existen factores externos que pueden generar situaciones críticas que requieren una intervención especializada.
En el ámbito operativo, se socializaron protocolos que incluyen la evaluación de la escena, la identificación del tipo de vehículo, su estabilización y la delimitación de zonas seguras. Uno de los aspectos clave es la desenergización del sistema eléctrico de alto voltaje mediante puntos de corte definidos por el fabricante, así como la desconexión de la batería auxiliar.
Asimismo, se enfatizó el uso de equipos de protección personal dieléctricos y herramientas aisladas para reducir el riesgo de descargas eléctricas durante las intervenciones. En casos de incendio, se abordaron técnicas específicas como el enfriamiento prolongado de baterías, el monitoreo térmico constante y el manejo del incidente bajo criterios de materiales peligrosos.
Con este proceso, la institución busca fortalecer su capacidad de respuesta ante nuevas tecnologías en el parque automotor, garantizando intervenciones más seguras, técnicas y eficientes frente a emergencias.
(Redacción Ibarra).- El servicio de delivery se ha convertido en una de las opciones más utilizadas por la ciudadanía para recibir alimentos, compras y encomiendas en distintos sectores de la ciudad. Su rapidez y comodidad han hecho que cientos de personas confíen a diario en repartidores que recorren Ibarra en motocicleta.
Sin embargo, en las últimas semanas se han reportado casos aislados en los que delincuentes se disfrazarían de repartidores para cometer asaltos. De acuerdo con versiones ciudadanas, estas personas se movilizan en motocicletas y utilizan mochilas y vestimenta similares a las de servicios de delivery, lo que les permite aprovechar momentos en los que transeúntes o ciudadanos se encuentran en la calle o fuera de su vivienda. En cuestión de segundos ejecutan el robo y huyen del lugar, dificultando su identificación, ya que se mezclan entre las decenas de repartidores que circulan de forma habitual en Ibarra.
Las autoridades han señalado que no se trata de una práctica generalizada, sino de situaciones puntuales que ya están siendo analizadas. Al mismo tiempo, recalcan que el servicio de delivery continúa siendo una fuente de trabajo legítima para numerosos repartidores que cumplen con su labor de manera honesta. Ante esta situación, se recomienda tomar precauciones, especialmente al momento de transitar por la vía pública o al ingresar a los hogares, con el fin de evitar ser víctimas de esta modalidad de robo.
También, varios ciudadanos que se dedican al oficio de delivery han manifestado que, en las últimas semanas, fueron víctimas de “vacunas” y extorsiones. Según sus testimonios, han recibido constantes actos de intimidación, lo que ha generado preocupación e inseguridad mientras realizan su trabajo diario, afectando no solo su tranquilidad, sino también el normal desarrollo de sus actividades.
Ambos casos representan un riesgo directo para la actividad económica de los motociclistas, quienes dependen de este oficio para su sustento diario y hoy se ven obligados a trabajar en un entorno marcado por falta de seguridad.
(Redacción Túlcan).- Un violento asalto armado ocurrido la mañana del pasado sábado en el parque Isidro Ayora de Tulcán dejó como saldo una persona fallecida en el lugar y dos heridos, dos de ellos dedicados al cambio de divisas.
El hecho ocurrió cuando tres sujetos armados atacaron a dos cambistas en el parque Ayora. Al encontrar resistencia, los delincuentes los amenazaron con un arma blanca y uno de ellos realizó varios disparos. Una de las balas impactó a un ciudadano que transitaba por el lugar, quien falleció de manera inmediata.
Posteriormente se confirmó que la víctima era albañil y se dirigía a la iglesia La Dolorosa junto a su pareja al momento del ataque, por lo que no habría sido el objetivo del asalto. Los dos cambistas resultaron heridos: uno con un impacto de bala en la pierna y el otro con heridas de gravedad. Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital Luis Gabriel Dávila, donde permanecen bajo pronóstico reservado.
Luego del hecho, la Gobernación del Carchi, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó operativos de control y seguridad en distintos sectores de la provincia. El gobernador Byron Borja lideró las acciones de búsqueda para identificar a todos los responsables y realizó una visita a los heridos. El operativo permitió la captura de Milton Rodrigo B. A., señalado como presunto responsable del robo con resultado de muerte. Para el día domingo, la Fiscalía formuló cargos en su contra y un juez dispuso prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.
Posteriormente, en la madrugada de hoy se confirmó el fallecimiento de Marcelo Crucerira, uno de los cambistas que había resultado herido durante el asalto. Con este deceso, el número de víctimas mortales ascendió a dos.
Este hecho marca un precedente en la violencia registrada en Tulcán en los últimos años al convertirse en el primer caso reciente en el que una persona es baleada y fallece en el lugar del ataque. Hasta antes de este suceso, los episodios de violencia registrados en la ciudad no habían escalado a muertes causadas por armas de fuego.
De acuerdo con los reportes disponibles, el homicidio más reciente previo a este hecho se registró el 11 de enero de este año, en el sector Chapuel, y correspondió a un ataque con arma blanca ocurrido durante una riña en la vía pública, presuntamente relacionada con el consumo de licor.
Asimismo, en septiembre de 2025 se reportó un caso de tentativa de homicidio, en el que un policía fue procesado por un presunto ataque contra un ciudadano. En ese hecho, la víctima fue trasladada a una casa de salud, se recuperó posteriormente y no se empleó un arma de fuego.
En ese contexto, el hecho suscitado el pasado sábado es el primer caso de esta índole ocurrido en Túlcan.
(Redacción Imbabura).-En dias anteriores, la Gobernación de Imbabura, a través de la Intendencia de Policía de Imbabura, la Comisaría Nacional de Ibarra y la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), ejecutó operativos de verificación en varias estaciones de servicio del cantón Ibarra. Las acciones incluyeron revisión de medidas, control de precios y comprobación del cumplimiento de normas técnicas para garantizar un abastecimiento seguro y transparente para la ciudadanía.
No obstante, en las últimas horas se conoció el reporte de un transportista que manifestó haber tenido inconvenientes tras abastecer diésel en una gasolinera de Ambuquí. El conductor señaló que, poco después, su vehículo presentó fallas y que, al revisar el sistema, habría encontrado indicios de presunta presencia de agua en el combustible. Este reporte, aún no confirmado por las autoridades, llama la atención de los usuarios y resalta la importancia de mantener controles permanentes en todas las estaciones de servicio de la provincia.
(Redacción Ibarra).- Una banda delictiva conocida como «Dulces Sueños», famosa en varias provincias por escopolaminar a sus víctimas, podría estar operando ahora en Ibarra, poniendo en riesgo a los ibarreños más picarones.
Los antecedentes a nivel nacional son preocupantes. En Quito, tres jóvenes fueron drogados y asaltados por mujeres en un restaurante. En Guayaquil, el pasado mes de abril, un hombre denunció que dos mujeres lo escopolaminaron en su departamento de Urdenor 2 y lo despojaron de sus pertenencias. En todos estos casos, las asaltantes son mujeres.
Ahora, la amenaza toca cerca de casa. A nuestra redacción llegaron dos nuevos testimonios que confirman que el modus operandi se repite. Uno de ellos proviene de un ciudadano de Ambato, quien relató que fue víctima de estas mujeres: tras ser escopolaminado, le robaron 5 mil dólares de su cuenta bancaria. El afectado compartió fotografías de los perfiles falsos utilizados para delinquir y alertó que estas mismas mujeres ya estarían operando en Ibarra.
La alerta ya genera alarma en Ibarra con un reciente caso ocurrido este día jueves en la madrugada, cuando un joven relató en la red social Facebook cómo una mujer, que se identificó como “Alejandra”, lo abordó en una licorería de la avenida Atahualpa, ofreciéndole un trago. Lo que parecía una simple promoción se convirtió en un robo con escopolamina. La mujer insistió en subirse a su vehículo y, con la excusa de “poner música”, pidió el código de su celular. Minutos después, la víctima notó cómo ella añadía algo a su bebida. Tras un solo vaso, comenzó a sentirse mareado, sin reflejos y prácticamente paralizado. Horas después despertó dentro de su auto, despojado de billetera, celular, dinero y demás pertenencias. El diagnóstico médico confirmó la presencia de escopolamina.
El joven logró rescatar una fotografía de la presunta implicada, que coincide con los perfiles compartidos desde Ambato, reforzando la sospecha de que estas delincuentes ya estarían activas en Ibarra, utilizando distintos métodos para ganarse la confianza de sus víctimas.
Estos casos han generado preocupación y elevan la alerta a todas las personas que frecuentan aplicaciones de citas en internet y se dejan llevar por mujeres hermosas, que posiblemente sean perfiles falsos, para llegar a su casa o en su auto y proceden a delinquir; además, estos casos nos recuerdan la importancia del cuidado personal que deben tener las personas para evitar ser víctimas de la delincuencia.
(Redacción Ibarra).- Desde el mes de abril, los robos de medidores de agua potable han ido en aumento en distintos sectores de Ibarra, entre ellos Azaya, Huertos Familiares, Parque del Avión, Parque Industrial, La Quinta, Cananvalle y Jardín de Paz. El lunes 10 de junio se reportaron tres casos en la avenida José Miguel Vaca, a la entrada de Azaya, y nuevamente hoy en la madrugada se sustrajeron aproximadamente ocho medidores de agua en el sector Las Palmas vía a Urcuquí, generando pérdidas de suministro según vecinos del lugar.
La realidad es que los robos se han intensificado en 2025 pero los primeros casos datan de hace más de dos años.
La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra (EMAPA-I) confirmó un repunte en la sustracción de medidores y emitió una alerta oficial a través de su página institucional, en la que exhorta a la ciudadanía a reforzar las medidas de seguridad domiciliaria.
Según EMAPA-I, estos dispositivos son objeto de robo por el valor de sus componentes metálicos, principalmente cobre, bronce y latón, los cuales son revendidos en centros de reciclaje de chatarra o a compradores informales. Un medidor de agua promedio contiene entre 300 y 600 gramos de componentes metálicos reutilizables (esto varía según el tipo y modelo del medidor). Los precios en recicladoras informales suelen estar en el rango entre $4 y $6 por kilo de cobre y $2.50 a $4 por kilo de latón o bronce. Haciendo una estimación, un delincuente obtendría entre 1 y 3 dólares por medidor robado si lo vende por partes metálicas, un monto bajo individualmente, pero un delito rentable cuando se roban varios medidores.
No se descarta que algunos medidores sean reutilizados en instalaciones clandestinas o reactivaciones ilegales, con el fin de evitar los trámites formales de reconexión, cuyo costo para acceder al servicio de agua potable es de 265 dólares aproximadamente.
La empresa recomienda a los usuarios:
Revisar periódicamente el medidor y su entorno.
Proteger con un recubrimiento la caja donde está instalado.
En caso de robo, presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.
Para gestionar la reposición del medidor, el usuario debe presentar:
Copia de la cédula del propietario.
Última planilla de agua pagada.
Fotografías de la fachada de la vivienda.
Imagen del lugar donde se encontraba instalado el medidor.
Finalmente, la empresa invita a la ciudadanía a reportar cualquier actividad sospechosa al ECU 911. Hasta la fecha no se registran personas detenidas en relación con estos hechos, aunque las investigaciones por parte de las autoridades continúan en curso.
(Redacción Ecuador).- “Aferrarse a los cargos no le hace bien al país”. Con esas palabras, la abogada ibarreña Diana Salazar anunció este martes 20 de mayo su renuncia como Fiscal General del Estado, luego de seis años y 42 días al frente de una de las instituciones clave en la justicia ecuatoriana.
Nacida en Ibarra en junio de 1981, Diana Salazar se convirtió en un símbolo nacional de la lucha contra la corrupción. Su paso por la Fiscalía estuvo marcado por investigaciones de alto impacto que sacudieron al poder político y económico del país, revelando tramas que involucraron a expresidentes, exvicepresidentes, jueces, asambleístas y funcionarios públicos.
Estos son los 10 casos de connotación nacional que manejó Diana Salazar:
Caso Metástasis
Caso Purga
Caso Plaga
Caso Encuentro
Caso Sobornos
Caso Sinohydro
Caso Vocales
Independencia Judicial
Reconstrucción de Manabí
Caso FIFA Gate
Caso Metástasis:
A raíz del asesinato del narcotraficante Leandro Norero en la cárcel de Cotopaxi, la investigación de la Fiscalía General permitió obtener evidencias, como los celulares de Norero.
Así se determinó su estrategia delictual para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado, entre los que se cuentan jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura y del SNAI, abogados en libre ejercicio y otros. El delito que se investigó fue delincuencia organizada.
El expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, el exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) Pablo Ramírez, y algunos jueces involucrados en el Caso Metástasis, recibieron sentencia la tarde del lunes 25 de noviembre del 2024.
Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia los condenó a nueve años y cuatro meses de prisión por el delito de delincuencia organizada. La Fiscalía General del Estado demostró que Terán y 18 personas más actuaron como parte de una estructura de corrupción en el sistema de justicia para beneficiar al fallecido narcotraficante Leandro Norero.
Caso Purga:
A raíz del caso Metástasis, la Fiscalía encontró indicios para investigar a un exasambleísta, la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, varios jueces de la misma Corte y personal administrativo de la Dirección del Consejo de la Judicatura de esa jurisdicción.
Ellos fueron señalados por el presunto delito de delincuencia organizada para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico. Es decir, partiendo del poder político legislativo, pervirtiendo el poder judicial y favoreciendo o buscando favorecer a criminales como alias “Fito”.
La Corte Nacional de Justicia dictó, el 3 de marzo del 2025, una sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada contra el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes; la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo; y el exjuez del Guayas, Johann Marfetán, en el marco del caso Purga.
Caso Plaga
La Fiscalía General investigó el presunto delito de delincuencia organizada por parte de jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios públicos. Todos fueron señalados por otorgar ilegítimamente acciones constitucionales a personas privadas de la libertad.
Según el Ministerio Público, la red delictiva captaba a sus integrantes a través de la entrega de dinero o favores a cambio de permitir que los presos obtengan libertad.
Caso Encuentro
Fiscalía investiga una presunta organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, quienes, de forma planificada y coordinada, pretendían obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y así interferir en instituciones públicas como: CNEL EP, BanEcuador y Servicio Nacional de Aduanas.
Con sus acciones, el grupo habría direccionado la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas en empresas del Estado, con la finalidad de obtener beneficios económicos.
Caso Sobornos
Un Tribunal de la Corte Nacional sentenció a 8 años de pena privativa de libertad a 18 personas, entre ellos, Rafael Correa y Jorge Glas, expresidente y exvicepresidente de la República, respectivamente. También, dos procesadas recibieron penas atenuadas. Luego de haber analizado las pruebas presentadas por Fiscalía, fueron declarados culpables del delito de cohecho.
La investigación de Fiscalía determinó que los sentenciados conformaron una estructura criminal que recibió sobornos, a través de cruce de facturas y en efectivo, entre 2012 y 2016. Con eso se habría pagado servicios para el movimiento político Alianza País y, a cambio, los empresarios sentenciados recibían contratos con el Estado.
Caso Sinohydro
La investigación de la Fiscalía General permitió develar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero.
Se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en sobornos, aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra. Para la entrega de coimas se habría utilizando a terceras personas a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones. En este caso se investiga el delito de cohecho.
Caso Vocales
En este proceso se investigó el delito de tráfico de influencias. La investigación de este caso se inició en junio de 2022, luego de que un exasambleísta y un abogado denunciaran el hecho, con base en la difusión de la grabación de una conversación entre dos vocales del Consejo de la Judicatura y el entonces presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
En el audio se escuchaba una conversación sobre una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Guadalupe Llori, para mantenerse en el cargo.
Caso Independencia Judicial
Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, fue condenado a nueve años y cuatro meses de cárcel, el 23 de diciembre del 2024, dentro del caso denominado Independencia Judicial. Fue juzgado como parte de la investigación por obstrucción a la justicia.
El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia determinó la culpabilidad de Terán, pues él fue parte de la mayoría de vocales que ejecutó la suspensión y destitución del juez, Walter Macías, relevado de la Corte en el 2023.
Según las investigaciones de Fiscalía, en este caso se habría interferido ilegalmente en el proceso judicial relacionado con la destitución del juez Walter Macías, quien estaba a cargo del caso Vocales.
Caso Reconstrucción de Manabí
La investigación de Fiscalía determinó la presunta existencia de un abuso de fondos públicos en beneficio de terceras personas y empresas, quienes fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto en Manabí del 16 de abril de 2016.
En este caso está procesado el exvicepresidente Jorge Glas. De hecho, ayer (lunes 19 de mayo del 2025) se conoció que él fue llamado a juicio por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en las obras de reconstrucción.
Junto a Glas, que ya tiene dos condenas previas por corrupción, también se juzgará a Carlos Bernal, exsecretario del Comité de Reconstrucción de Manabí, que el entonces vicepresidente lideraba con el objetivo de seleccionar las obras que debían ejecutarse.
CASO FIFA GATE
En 2015, la fiscal Diana Salazar lideró en Ecuador la investigación del caso FIFA Gate, que destapó una red de corrupción en el fútbol. Acusó por lavado de activos al entonces presidente de la FEF, Luis Chiriboga, quien fue condenado a 10 años de prisión. Su trabajo marcó un hito en la lucha contra la corrupción deportiva y consolidó a Salazar como una figura clave en la justicia ecuatoriana.
Pese a mantener siempre un perfil bajo, su firmeza y claridad al presentar pruebas y enfrentar presiones políticas hicieron de Diana Salazar una figura incómoda para sectores del poder.
Su salida de la Fiscalía General se produce en medio de la falta de un reemplazo designado por el Consejo de Participación Ciudadana. Mientras tanto, el doctor Wilson Toainga continuará como subrogante hasta que el proceso concluya.
En su mensaje de despedida, Salazar reiteró su compromiso con la justicia y agradeció la confianza del país. “Estoy segura de que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance”, afirmó.
(Redacción Imbabura).- El Ministerio de Salud Pública (MSP) confirmó que, hasta el 4 de mayo de 2025, se han registrado 381 casos confirmados de tosferina a escala nacional y 110 casos sospechosos en espera de diagnóstico. Imbabura se encuentra entre las provincias con más contagios reportados, con un total de 26 casos confirmados.
A nivel nacional, el brote ha encendido las alertas de las autoridades sanitarias, aunque se insiste en que no debe generar alarma, sino conciencia sobre la importancia de la vacunación. El grupo más afectado por esta enfermedad bacteriana es el de menores de un año, seguido por adultos entre los 50 y 64 años.
El ministro de Salud Pública, Edgar Lama, anunció una campaña nacional de vacunación denominada “Ponte al día con tus vacunas contra la tosferina”, que iniciará en Guayas, Manabí, Pichincha y Santo Domingo. Aunque Imbabura no ha sido priorizada en esta primera fase, se ha confirmado el abastecimiento suficiente de vacunas en las coordinaciones zonales, incluyendo la Zona 1, a la cual pertenece la provincia.
La enfermedad, altamente contagiosa, se transmite por gotículas respiratorias y puede causar complicaciones graves, sobre todo en lactantes no inmunizados. En lo que va del año, se han reportado 11 fallecimientos en el país, seis de ellos en menores de un año.
El esquema nacional de vacunación contempla la administración de la vacuna pentavalente a los 2, 4 y 6 meses de edad, y refuerzos con DPT a los 18 meses y 5 años. Sin embargo, las coberturas aún están por debajo del 95% ideal. En 2025, hasta abril, la cobertura para la tercera dosis de pentavalente se sitúa apenas en el 25% a nivel nacional, mientras que los refuerzos alcanzan el 24% y 18% respectivamente.
En el caso de Imbabura, las autoridades de salud han activado cercos epidemiológicos, reforzado la vigilancia en centros educativos y reiterado la necesidad de que padres y madres aseguren que sus hijos cuenten con el esquema de inmunización completo. También se recomienda no enviar a clases a menores con síntomas respiratorios, y seguir las indicaciones de las brigadas médicas en caso de visitas domiciliarias.
El MSP recuerda que la vacuna es segura, gratuita y disponible en los centros de salud públicos del país.
