(Redacciòn Ecuador).- Durante años, los conductores que realizaban transporte de pasajeros sin contar con la autorización correspondiente podían ser sancionados con una multa de dos salarios básicos, la reducción de 10 puntos en la licencia y la retención del vehículo. Sin embargo, la Sentencia 106-20-IN/24 de la Corte Constitucional cambió el alcance de estas sanciones al establecer que no se puede exigir una autorización para una actividad cuando el propio Estado no ha creado un mecanismo legal para obtenerla.

Esto generó un nuevo escenario para los conductores que utilizan plataformas como Uber, DiDi e inDrive. La sentencia no significa que estas aplicaciones estén automáticamente autorizadas ni que sus conductores tengan libertad para incumplir las normas de tránsito. Lo que establece es que la falta de una autorización no puede convertirse automáticamente en una sanción penal cuando no existe una vía legal para obtener ese permiso.

Otro de los cambios importantes fue la retención de los vehículos. Antes, el artículo 386 del COIP establecía un período mínimo de siete días; la Corte declaró inconstitucional esa condición y determinó que el plazo debe ser de hasta siete días como máximo. Por ello, la sentencia no significa que un agente nunca pueda retener un vehículo, sino que esa medida debe aplicarse dentro de los límites establecidos por la normativa y la interpretación constitucional.

La situación también mantiene abierta la disputa con los taxis de cooperativa, cuyos conductores argumentan que han realizado inversiones para obtener permisos, cupos, placas y cumplir controles técnicos y administrativos. El gremio sostiene que los conductores de plataformas deberían estar sujetos a obligaciones similares para evitar una competencia desigual.

Por su parte, los conductores de aplicaciones defienden su derecho al trabajo y señalan que el Estado todavía no ha creado un sistema específico que les permita regularizar esta modalidad de transporte. Además, la discusión es aún más compleja porque algunos taxis convencionales también utilizan plataformas digitales para conseguir pasajeros.

La Corte Constitucional no eliminó los taxis ni legalizó el transporte informal. Su decisión obliga a que las autoridades y la Asamblea Nacional establezcan reglas claras para las nuevas modalidades de transporte digital. El objetivo es que, en lugar de mantener una disputa entre taxis y aplicaciones, exista una regulación que determine qué requisitos, controles, impuestos y obligaciones debe cumplir cada modalidad.