(Redacción Ibarra).- El asambleísta Luis Fernando Molina realizó un recorrido por el Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra, un centro de salud con cerca de 34 años de funcionamiento y que, según el Ministerio de Salud, fue catalogado en 2015 como el primer hospital de segundo nivel en el norte del país. Solo en ese año atendió a más de 52.973 pacientes en consulta externa y alrededor de 32.466 en sus 17 especialidades.
Molina denunció en sus redes sociales el grave deterioro estructural y las irregularidades que atraviesa el hospital. Durante su visita constató que la infraestructura es obsoleta y no reúne las condiciones necesarias para garantizar una atención médica de calidad ni estándares adecuados de salubridad e higiene. Entre las falencias observadas se encuentran la cocina del hospital en condiciones insalubres y sin mantenimiento, lavandería colapsada por maquinaria obsoleta, servicios de limpieza, alimentación y seguridad impagos desde febrero, déficit de especialistas y despidos bajo la Ley de Integridad Pública. Todo esto ocurre en medio de la crisis sanitaria nacional, marcada por el desabastecimiento y el presunto sobreprecio en la compra de medicamentos, lo que afecta directamente a miles de pacientes que dependen de esta casa de salud.
El asambleísta de Revolución Ciudadana señaló además que el director del hospital se negó a entregar la lista de medicamentos, mientras que los Ministerios competentes no han respondido a los pedidos de información. Además, recordó que, pese a que el Gobierno aseguró que la Ley de Integridad Pública no afectaría al personal sanitario, en la práctica se han registrado despidos y reducción de puestos en varios hospitales del país, incluido el de Ibarra.
(Redacción Ibarra).- El creador de contenido ibarreño Bryan S., enciende una controversial polémica en redes sociales, por lo que podría enfrentar consecuencias legales. El influencer, que se ha ganado una considerable audiencia en TikTok con videos cargados de sátira y opiniones, ha sido denunciado por calumnia tras acusar públicamente a un ciudadano identificado como Edison A. C. de haber sustraído piezas de su vehículo durante las festividades de San Juanes en Caranqui.
En uno de sus videos, que ya no está publicado en la red social, Bryan S. acusa directamente al ciudadano y le da un ultimátum de 48 horas para que se comunique con él y “lleguen a un arreglo”, acusándole de haberse robado varias piezas de su vehículo, además advirtiéndole que, de no hacerlo, “tendrá serios problemas”. Las declaraciones no tardaron en viralizarse, generando un amplio debate entre quienes lo respaldan y quienes cuestionan la ética de hacer justicia a través de las redes sociales. Ante esta situación, Edison A. C. presentó una denuncia formal por calumnias, asegurando que su imagen y reputación han sido gravemente afectadas por afirmaciones sin respaldo legal, detallando además que Bryan S. habría enviado mensajes amenazantes vía WhatsApp contra su integridad y la de su familia.
Por otro lado, Bryan S. habría establecido una estrecha colaboración con un abogado «influencer en tik tok», que ha ganado notoriedad por sus vídeos virales en los que lanza constantes cuestionamientos contra servidores públicos, administraciones locales y agentes de tránsito.
En un video publicado el 24 de julio en la cuenta del mencionado jurista, se observa a ambos personajes comentando el caso que ha desatado la polémica. En el clip, Bryan S. declara: «Veo a este tal Edison cerrando la puerta de mi vehículo. Hay cámaras que lo demuestran; estás grabado, hermano, así que prepárate mi bro, porque te viene lo duro.» Más adelante añade: «Sus amiguitos con los que hace fechorías se han de enojar también con él, porque vamos a desmantelar todo lo que hace, así que que se prepare.»
El abogado, conocido por representar a varios ciudadanos en casos mediáticos, ahora estaría brindando su respaldo legal al influencer para enfrentar las denuncias en su contra.
Según la información pública que se encuentra en el Consejo de la Judicatura, el ciudadano Edison A, cuenta con varios procesos judiciales, por receptación, estafa y robo, sin embargo ninguno de estos procesos judiciales han llegado a buen término, en vista de que no se ha podido demostrar la culpabilidad del ciudadano y la justicia los archivó.
Adicionalmente, se conoce que dentro de este proceso Bryan S. no ha generado una denuncia formal por el presunto robo que acusa en redes sociales.
Este no sería el primer encontrón de Bryan S. con la justicia; se conoce que mantiene un proceso legal previo por presunta difamación contra la empresa Ecuasueña, reconocida por la venta de planes de compra programada de vehículos. En aquella ocasión, el influencer calificó públicamente a la firma de “estafadora”, lo que motivó una demanda por daño a la imagen y desprestigio comercial; igualmente, los videos colgados que son motivo de esta denuncia ya fueron borrados de la red social.
Bryan S. es conocido por sus publicaciones cargadas de humor y crítica y ha sido señalado en varias ocasiones por verter opiniones sin sustento y utilizar su alcance en redes sociales para instalar criterios que en muchos de los casos tienen escasa base argumentativa. Aunque su contenido gira principalmente en torno al entretenimiento, no es inusual que incurra en temas de política y actualidad nacional, lo que ha generado controversia y, además, demandas legales por calumnia.
Nuestra redacción intentó comunicarse vía WhatsApp con el influencer para obtener su versión, pero lamentablemente el canal de WhatsApp que tiene habilitado en su perfil dejó de funcionar.
(Redacción Imbabura).- San Miguel de Urcuquí, el cantón más joven de la provincia de Imbabura, con una población estimada de 15.203 habitantes, según proyecciones del INEC, paga 4.060 dólares a su alcalde, cifra que lo ubica entre las autoridades municipales mejor pagadas de Imbabura, por encima incluso del alcalde de Ibarra, quien lidera un municipio con más de 170.000 habitantes y recibe un sueldo de 3.935 dólares.
El monto ha generado debate local, especialmente si se lo compara con municipios mucho más grandes y complejos como Ibarra u Otavalo. Urcuquí, con apenas el 9% de la población de Ibarra, destina recursos a sueldos municipales que, para algunos sectores ciudadanos, no reflejan las verdaderas prioridades del cantón.
Urcuquí, si bien ha sido parte de importantes proyectos como Yachay, aún enfrenta limitaciones en infraestructura, obra y gestión pública, acceso a empleo y cobertura de servicios básicos. En ese contexto, la ciudadanía empieza a cuestionar si es prudente mantener altos niveles de remuneración en la administración local, mientras aún existen obligaciones sin cumplir.
La comparación entre cantones también resulta ilustrativa. La alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, con alrededor de 125.785 habitantes, recibe USD 4.508; Cotacachi, con más de 44.000 habitantes, paga a su alcalde un salario de 3.800 dólares; Antonio Ante, con más de 45.000, paga 3.654 dólares; y Pimampiro, con unos 12.000 habitantes, mantiene un salario de 2.500 dólares para su autoridad.
(Redacción Pimampiro).- Desde hace dos semanas, cerca de 2.000 habitantes permanecen sin acceso al servicio de agua potable en la parroquia rural de San Francisco de Sigsipamba en Pimampiro, luego de que el río Blanco, crecido por las fuertes precipitaciones en la zona, arrasara con los sistemas de captación y parte de la tubería que alimenta al sector.
La situación ha obligado a los pobladores a abastecerse de vertientes naturales, en algunos casos lejanas y sin garantías de salubridad, aumentando el riesgo sanitario. Este nuevo evento se suma a una cadena de afectaciones ocasionadas por las lluvias de las últimas semanas en el nororiente de Imbabura. En la misma parroquia, los deslaves provocaron daños en la infraestructura vial y destruyeron canales de riego agrícola, golpeando aún más a una población rural que depende de la producción del campo.
En contraste, en la parroquia rural de Chugá, también parte de Pimampiro, las labores de emergencia permitieron restablecer el 100% del servicio de agua potable con la habilitación de dos nuevas fuentes de captación. No obstante, allí el sistema de riego continúa inutilizado debido a al menos siete deslaves registrados en los últimos días, situación que mantiene en alerta a los agricultores.
Se conoce que equipos técnicos municipales continúan trabajando en el Sistema Regional de Pueblo Nuevo de Yuquín, mientras que en San Francisco de Sigsipamba se llevan a cabo inspecciones para verificar los existentes en la infraestructura y evaluar la calidad del agua en nuevos puntos de captación. Entretanto, comunidades del Valle del Chota también reportan problemas, debido a que el río Chota causó daños en las estructuras de captación del sector Bocatoma, lo que ha provocado cortes intermitentes, baja presión y dificultades constantes para abastecerse.
La persistencia de estas afectaciones pone en evidencia la fragilidad de la infraestructura hídrica rural en el cantón Pimampiro. Varias comunidades aún permanecen a la espera de una intervención técnica por parte del municipio para lograr el restablecimiento total del servicio de agua potable.
(Redacción Imbabura).- En un hecho sin precedentes para la jurisprudencia ambiental del país, un juez constitucional reconoció al Lago San Pablo como sujeto de derechos, marcando un hito legal en la protección de la naturaleza en Ecuador. La decisión judicial obliga a las autoridades locales a responder por años de omisión y negligencia en el manejo de este emblemático cuerpo de agua. Durante la audiencia celebrada ayer, el juez acogió la acción de protección presentada por colectivos ciudadanos y declaró responsables a la Empresa Pública de Agua Potable de Otavalo (EMAPAO) y al Municipio de Otavalo por la vulneración de los derechos de la naturaleza.
El fallo dispone la ejecución inmediata de un plan de remediación ambiental que deberá ser elaborado en coordinación con otras entidades del Estado. El proceso judicial con el número 10311-2025-00496 se basó en evidencia técnica, testimonios de la comunidad y múltiples denuncias sobre la creciente contaminación del lago San Pablo, el más emblemático de la provincia. Organizaciones como Unidos por la Pachamama, impulsoras de esta causa, celebraron la sentencia como una victoria histórica y una oportunidad para revertir décadas de daño ambiental.
El pasado 6 de mayo, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) presentó una denuncia ante la Fiscalía provincial de Imbabura por presunto delito contra el agua, según el artículo 251 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). También inició un procedimiento administrativo contra EMAPAO y el Municipio de Otavalo, tras conocerse un diagnóstico técnico de la Corporación para la Defensa del Lago San Pablo, que reveló que las 14 plantas de tratamiento estaban fuera de funcionamiento y que cerca de 68.000 litros de aguas residuales se descargan diariamente en el lago. El nivel de contaminación se situó en 7 sobre 10, calificándolo como “alarmante” por el Ministerio, y de no tomarse acciones urgentes, el lago podría desaparecer en menos de dos años.
Con la sentencia en firme, EMAPAO y el Municipio deberán presentar un plan integral que contemple medidas urgentes para detener la contaminación, restaurar las áreas afectadas y garantizar un sistema sostenible de tratamiento de aguas. Aunque los detalles del fallo aún no han sido publicados, se anticipa que incluirá sanciones técnicas y administrativas concretas para los responsables.
(Redacción Ibarra).- Todo está listo para la edición número 53 de la emblemática Cacería del Zorro, que este año se adelanta al mes de agosto y contará con un amplio operativo de seguridad, logística y sostenibilidad para garantizar un evento seguro y ordenado.
En una reciente verificación interinstitucional, se confirmó que los permisos ya están en proceso, y cada institución participante ha emitido sus recomendaciones conforme a lo establecido por la ley. Entre los puntos revisados estuvieron el recorrido tradicional, los desembarcaderos, el autódromo, estacionamiento y las zonas de mayor concentración de público. El autódromo, uno de los espacios clave del evento, contará con filtros de seguridad donde se prohibirá el ingreso de armas, se aplicará control de ingreso de personas y se habilitará un carril especial para ambulancias y vehículos de emergencia. Además, se implementará un desvío de tránsito en el peaje de ingreso a Yahuarcocha, con el fin de evitar congestión vehicular.
Para esta edición, se reforzará la seguridad con 250 guardias que custodiarán las zonas de acceso y concentración antes, durante y después del evento. También se ampliaron los parqueaderos para mayor comodidad de los asistentes.
Una de las novedades más importantes de esta edición es la continuidad del “Sello Verde”, una iniciativa ambiental que impulsa la concientización sobre el reciclaje y el manejo responsable de residuos. Como parte del compromiso ecológico del evento, se desplegará personal operativo especializado para ejecutar un plan de limpieza inmediata en coordinación con la empresa de residuos sólidos, apenas concluya la jornada.
Entre las entidades involucradas en la organización se encuentran la Prefectura de Imbabura, la Gobernación, la Intendencia, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos, la Comisaría, Movidelnor, Fauna Urbana y la empresa de Residuos Sólidos, que suman esfuerzos para que el evento más esperado del calendario cultural imbabureño se desarrolle con mejoras en relación a ediciones anteriores.
(Redacción Ibarra).– Un intento de vulnerar la seguridad del Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Ibarra terminó con la detención de dos agentes penitenciarios la noche del jueves 3 de julio.
El hecho ocurrió cerca de las 7:30 p.m cuando personal policial del circuito Arcángel 1 detectó un comportamiento inusual entre las funcionarias Fernanda G. y Jennifer A., quienes intercambiaron una funda plástica blanca en una aparente maniobra coordinada.
La actitud nerviosa de ambas alertó a los uniformados que custodian los filtros de ingreso. Tras el cruce, Fernanda G. huyó del lugar, mientras que Jennifer A. fue interceptada antes de ingresar nuevamente al área de seguridad.
En su poder se encontró una funda con dos envolturas negras que contenían una sustancia compacta de color crema. Tras la verificación de la Unidad de Antinarcóticos, se confirmó que se trataba de cocaína, con un peso neto de 667,50 gramos.
Ambas agentes fueron detenidas en delito flagrante y puestas a órdenes de las autoridades competentes. El caso fue notificado a la Dirección General de Inteligencia y al ECU 911 para los procedimientos correspondientes.
(Redacción Imbabura).- La revocatoria del mandato es un derecho constitucional y una herramienta de participación ciudadana que permite a los ecuatorianos solicitar la salida anticipada de una autoridad elegida por votación popular, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley.
Este mecanismo de democracia directa, contemplado en la Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, puede aplicarse a alcaldes, concejales, prefectos, asambleístas e incluso al Presidente de la República.
Según la normativa vigente, cualquier ciudadano ecuatoriano que goce de sus derechos políticos puede solicitar una revocatoria de mandato, siempre que haya transcurrido al menos un año desde la posesión de la autoridad en funciones y no se esté en el último año del periodo para el cual fue electa la autoridad. Además, deben presentarse motivos claros y documentados que sustenten el pedido. La solicitud debe ser presentada ante el Consejo Nacional Electoral, y una vez ingresada, la autoridad señalada tendrá siete días para impugnarla. Luego, el CNE dispondrá de siete días más para resolver si acepta o niega el pedido.
Una vez que el CNE admite la solicitud, los proponentes deben recolectar un número de firmas equivalente al 10% del padrón electoral correspondiente al territorio donde fue electa la autoridad. En el caso de Ibarra, donde existen aproximadamente 170 mil electores, se necesitan cerca de 17 mil firmas válidas. El CNE entrega formularios oficiales para la recolección y los ciudadanos tienen un plazo de 180 días para completar esta etapa.
Una vez entregadas las firmas, el Consejo Nacional Electoral tiene un plazo de 15 días para verificar su autenticidad. Si las firmas son válidas y se confirma el cumplimiento de todos los requisitos legales, el CNE debe convocar al proceso de revocatoria en un plazo máximo de tres días. La consulta popular debe realizarse dentro de los 60 días siguientes a la convocatoria.
Esta sería la línea de tiempo que se debería seguir en el caso de que el proceso de revocatoria inicie este 01 de julio del 2025.
01 de Julio del 2025 : Inicio del pedido de revocatoria, formalización de documentos en el CNE.
07 de Julio del 2025 : Fin del periodo de impugnación de la revocatoria
14 de Julio del 2025: Fin del plazo para que el CNE califique o deseche el pedido de revocatoria.
15 de Julio del 2025: En el caso de aprobar el CNE entregará los formularios para la recolección de firmas.
28 de Diciembre del 2025: Fin del plazo para la entrega de las más de 17 mil firmas validas.
12 de Enero del 2026: Fin del plazo para que el CNE verifique las firmas.
15 de enero del 2026: En caso de encontrar las firmas válidas necesarias, el CNE convocará al proceso de revocatoria.
16 de enero del 2026: Inicio de campaña política a favor o en contra de la revocatoria.
15 de marzo del 2026: Elecciones para decidir sobre la revocatoria del mandato.
Desde 2010, seis alcaldes en el país han sido revocados de su cargo:
1. Jorge Tsenkush (Tiwintza, Morona Santiago) – octubre de 2010: El alcalde Jorge Tsenkush fue el primer caso tras la reforma constitucional de 2009. En octubre de 2010, el CNE validó las firmas presentadas por Hernán Uwijint en apoyo a la revocatoria y convocó a la consulta dentro de los 60 días siguientes.
2. Doris López (Jaramijó, Manabí) – julio de 2011: En la consulta del 24 de julio de 2011, la ciudad de Jaramijó decidió revocar a su alcaldesa Doris López. El 46,7% votó por su destitución, siendo uno de los cuatro alcaldes revocados en esa fecha.
3. Víctor González (Pablo Sexto, Morona Santiago) – julio de 2011: Ese mismo 24 de julio, Pablo Sexto removió al alcalde Víctor González mediante consulta popular, con aproximadamente 49 % de votos a favor.
4. Hugo Pineda (Baños, Tungurahua) – julio de 2011: El 24 de julio de 2011, Baños optó por destituir a su alcalde Hugo Pineda, con un 52,1 % de votos a favor de la revocatoria.
5. Segundo Mejía (Palanda, Zamora Chinchipe) – julio de 2011: El alcalde Segundo Mejía fue destituido el 24 de julio de 2011, con un 50,6 % de respaldo a la revocatoria, convirtiéndose en uno de los seis alcaldes removidos en ese proceso masivo.
6. José Bolívar Castillo (Loja, Loja) – junio de 2018: En junio de 2018, la ciudadanía lojana revocó el mandato del entonces alcalde José Bolívar Castillo Vivanco. El proceso fue impulsado por Segundo Armijos, un dirigente de la Unión Provincial de Cooperativas de Taxi, quien argumentó que el exalcalde cometió arbitrariedades con el sistema de fotomultas. En la votación, el 70,8 por ciento de los ciudadanos apoyó su salida del cargo.
Existen procesos abiertos actualmente en el país; en los primeros tres meses de este año, se han presentado pedidos de revocatoria de mandato y remoción de los alcaldes de Riobamba y Quito.
El alcalde John Vinueza enfrentó ya tres procesos de revocatoria de mandato y, además, un pedido ciudadano para su remoción en 2025. El último caso llegó hasta el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que ratificó a Vinueza en el cargo, este 26 de junio se inició un nuevo pedido de revocatoria impulsado por Juan Carlos Romero y actúa en calidad de ciudadano y no representa ningún partido político.
Pabel Muñoz, alcalde de Quito, también enfrenta un proceso de revocatoria de mandato. En su caso, se lo acusa de hacer campaña política a favor de Luisa González, de Revolución Ciudadana, organización política a la que ambos pertenecen. El colectivo Cuida tu voto ha recolectado hasta el momento un total de 165 000 firmas, lo que representa el 80,4% del total requerido. La meta establecida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) es de 205 000 firmas válidas, que deben presentarse hasta el 5 de octubre de 2025.
Por otro lado, algunos actores políticos en Ibarra han mencionado, a través de plataformas como TikTok, que existe un supuesto clamor ciudadano para iniciar un proceso de recolección de firmas con miras a una revocatoria de mandato contra el alcalde de la ciudad. Sin embargo, hasta el momento, el CNE no ha recibido ninguna solicitud formal ni documentación oficial por parte de movimientos o partidos políticos que respalden dicha iniciativa.
(Redacción Imbabura).- A pesar de los recientes acercamientos entre el gobernador de Imbabura, Israel Cabezas, y moradores del Valle del Chota junto a mandos de la Policía Nacional para coordinar acciones de seguridad en la zona, los hechos violentos registrados el pasado domingo generan inquietud sobre la efectividad de dichos compromisos.
Videos enviados a nuestra redacción y ampliamente difundidos en redes sociales mostraron a un grupo de personas armadas descender de una camioneta e intentar atacar un vehículo SUV blanco, donde presuntamente se encontraba un agente policial. Minutos después, los sujetos se desplazaron tranquilamente por las calles del sector, portando armas de alto calibre, sin que se haya reportado intervención alguna por parte de las fuerzas del orden.
Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el ataque ocurrido en el Valle del Chota. La única comunicación conocida provino de un mensaje de WhatsApp, en el que se señaló: “Ante el hecho suscitado en el sector del Valle del Chota, me permito informar que, por parte de la Policía Nacional, a través de las unidades especiales, se encuentra recabando la información necesaria, a fin de poder dar a conocer los detalles”. La Policía Nacional no ha confirmado si el incidente dejó personas heridas o fallecidas. Sin embargo, habitantes del sector reportaron haber escuchado múltiples detonaciones durante el ataque.
Este hecho ha vuelto a encender las alarmas en una zona que ya ha estado históricamente vinculada con hechos irregulares. En 2023, un videoaficionado captó cómo un grupo de jóvenes habría cerrado la circulación en el puente del Chota mientras detonaban armas de fuego y reproducían música a alto volumen. También se han denunciado actividades relacionadas con contrabando y agresiones a la propiedad privada y a servidores policiales.
“¿Qué habría ocurrido si este mismo hecho se daba en las calles de Ibarra o en una zona céntrica?”, comentan varios usuarios en redes sociales, cuestionando la aparente falta de reacción frente a lo ocurrido en el Valle del Chota.
Pese a los esfuerzos de diálogo por parte de las autoridades provinciales, la población manifiesta su preocupación por la ausencia de resultados claros y acciones visibles, lo que alimenta la percepción de impunidad en la provincia. “¿La ley aplica para todos o solo para algunos?”, es otra de las preguntas que circula ampliamente en el debate público.
(Redacción Carchi).- Durante un operativo ejecutado por la Jefatura de Investigación Antidrogas en Carchi, se logró interceptar un cargamento con aproximadamente 14 kilos de marihuana ocultos cuidadosamente en una estructura de mármol. La acción policial tuvo lugar en la Terminal Terrestre de Tulcán, como parte del operativo denominado “Renacer”. En el lugar fue detenido el ciudadano Cadena R., quien estaría vinculado en comisión de servicios para la Alcaldía y se desempeñaba como inspector en la Prefectura del Carchi. Hasta el momento, la institución no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre el caso. El ciudadano permanece a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las diligencias legales correspondientes.
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