(Redacción Ibarra).– En la Cámara de Comercio de Ibarra se firmó este miércoles el convenio para la elaboración de los estudios técnicos de prefactibilidad del proyecto ferroviario San Lorenzo – Salinas – Manaos, una propuesta de tren de carga pesada y pasajeros con tecnología cero carbono, impulsada con el auspicio del Senior Experten Service (SES) y la cámara de Industrias Ecuador–Alemana.
El proyecto plantea un corredor que partiría desde San Lorenzo considerado el único puerto de gran calado en la costa norte de Sudamérica hasta Manaos una ciudad al nordeste de Brasil,para ello se usaría parte de la antigua red ferroviaria que serviría como base para ser intervenida y modernizada.
El abogado Gustavo Andrade señala que los estudios de prefactibilidad se prevén este listos para diciembre de 2026, y que la construcción podría dinamizar la economía de la Zona 1, el centro del país y el sur de Colombia, facilitando la exportación de mercancías hacia nuevos mercados.
La inversión estimada para el proyecto asciende a 30 mil millones de dólares. Si la prefactibilidad resulta favorable, se avanzará hacia un proceso de licitación internacional. La fase actual, financiada por la organización alemana, será clave para definir la viabilidad técnica y económica y luego proceder con las dos etapas restantes de factibilidad y construcción.
El proyecto plantea un tren impulsado por hidrógeno verde, concebido como un sistema de transporte de cero emisiones que, según sus proponentes, tendría la capacidad de mover cerca de 10.000 contenedores al año, posicionándose así como una alternativa logística competitiva para la región.
La comparación regional muestra que incluso iniciativas de gran escala, como la propuesta ferroviaria entre Perú y Brasil —que contempla unir Porto Velho o Cruzeiro do Sul con Pucallpa y el Megapuerto de Chancay, y que cuenta con infraestructura avanzada del lado brasileño, estudios en marcha, negociaciones y el interés de inversión china— siguen estancadas en etapas preliminares porque Perú no inicia las obras clave y no cuenta con los recursos; a este panorama, la propuesta de conectar San Lorenzo con Manaos carece de conocimiento oficial por parte del Gobierno Nacional, no contempla una planificación concreta y articulada que deja su viabilidad en entredicho y la reduce, por ahora, a un planteamiento sin sustento real.
Aun así, la propuesta de Gustavo Andrade insiste en avanzar, incluso ante países con más recursos, infraestructura y apoyo internacional que han fracasado en proyectos ferroviarios similares.
(Redacción Imbabura).- Desde diciembre de 2021, el kilómetro 114 del sector El Guadual, parroquia La Carolina, cantón Ibarra, quedó afectado por fuertes deslizamientos asociados a la temporada invernal. Desde entonces, la inestabilidad del talud, la pérdida progresiva de la calzada y la falta de una rehabilitación definitiva han convertido este punto en uno de los más peligrosos de la ruta hacia San Lorenzo.
En julio de 2024, un vehículo perdió pista y cayó hacia el río con cinco personas a bordo, todas oriundas de Ibarra. En aquel siniestro murieron Jorge Vásquez Rubio, Mateo Rubio y Marcelo Torres, quienes salieron despedidos del automóvil y quedaron entre las rocas, mientras que otras dos personas resultaron gravemente heridas. Apenas un mes después, en agosto del mismo año, la tragedia volvió a repetirse en el kilómetro 114 cuando otro vehículo se volcó y su único ocupante fue hallado atrapado en el interior y sin signos vitales. Aquellos hechos ya encendían alertas sobre el peligro mortal de este tramo; sin embargo, la situación alcanzó su punto más crítico este viernes, cuando un grupo de seis personas retornaba de una peregrinación desde Quito. El vehículo en el que viajaban, un Trooper color café, cayó al abismo; cuatro ocupantes murieron en el lugar, una persona logró sobrevivir en estado crítico y este lunes fue localizado el cuerpo del último pasajero, arrastrado por la fuerza del río Mira hasta una zona de difícil acceso cercana a San Juan de Las Lachas, donde apareció atrapado entre ramas y sedimentos.
En un periodo que abarca desde julio de 2024 hasta noviembre de 2025, este tramo de la vía ha registrado al menos nueve muertes y tres heridos graves, una cifra alarmante que revela una ruta donde los vehículos se convierten en presas del abismo y derrumbes permanentes de la montaña. De acuerdo con información manejada por nuestra redacción, el número real de víctimas podría ser incluso mayor, pues existen reportes de accidentes que jamás llegaron a instancias oficiales. La preocupación es constante entre transportistas, comunidades rurales, viajeros y organismos de socorro que se ven obligados a utilizar esta vía indispensable que une la Sierra norte con la Costa ecuatoriana.
A pesar de los anuncios de supuestas intervenciones emergentes, la realidad es que no existe una solución definitiva por parte de las autoridades. El kilómetro 114 continúa siendo un tramo inestable y mortal, y cada día quienes se ven obligados a transitar por esta vía juegan con la posibilidad de no regresar a casa.
(Redacción Ibarra).- Esta mañana se llevó a cabo una rueda de prensa en el Salón Amarillo del Torreón para anunciar oficialmente la realización de la 53ª edición de la Cacería del Zorro, uno de los eventos ecuestres más tradicionales del norte del país.
La competencia, que había sido motivo de debate organizativo y postergada debido a una influenza equina, se llevará a cabo finalmente el 29 de noviembre, gracias a la coordinación del Comité Organizador encabezado por el señor Santiago Amador con el apoyo de la Prefectura de Imbabura y la Alcaldía de Ibarra.
Desde la Prefectura se manifestó el respaldo al evento como parte de los esfuerzos de reactivación económica, turística y cultural que se impulsa en la provincia. Las autoridades resaltaron que esta edición cuenta con acreditación oficial y que la logística ha sido fortalecida, especialmente en lo relacionado con parqueaderos, rutas de acceso, seguridad y control del público, con el fin de garantizar una experiencia segura y ordenada para participantes y asistentes.
Durante la presentación, los representantes destacaron que esta edición mantiene vivo el componente cultural, deportivo y turístico que ha caracterizado a la Cacería del Zorro a lo largo de su historia. Jinetes de diferentes localidades participarán en la tradicional competencia ecuestre, que reúne cada año a miles de espectadores.
Como parte del programa, tras la premiación se realizará un concierto artístico en el Autódromo José Tobar Tobar de Yahuarcocha, donde se presentarán talentos como Jombriel, Magic Juan, Papaya Dada, entre otros artistas invitados, que aportarán un cierre festivo a la jornada.
Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía, amantes del deporte ecuestre y visitantes nacionales y extranjeros a disfrutar de esta jornada que combina tradición, destreza y espectáculo, y que constituye un referente en el país.
(Redacción Imbabura).- La indignación crece en Imbabura a 30 días desde la muerte del comunero indígena Fueres, oriundo de la comunidad de Cuicocha, quien falleció la mañana del domingo 28 de septiembre en el hospital de Cotacachi, y aún no se conoce a los responsables de su asesinato. Su muerte, ocurrida durante las protestas del Paro 2025, encendió las alarmas sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de militares y policía nacional durante estas protestas.
La Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza de la Fiscalía abrió una indagación sobre el caso. Se conoce que Fueres perdió la vida tras recibir tres impactos de bala durante un enfrentamiento en el sector del puente Ilumán, en la vía Cotacachi–Otavalo. Sin embargo, hasta el momento no hay detenidos ni versiones oficiales por parte del Gobierno Nacional ni de las Fuerzas Armadas, pese a que en redes sociales circula un video que muestra el nivel de brutalidad ejercido contra el comunero.
En las imágenes se observa a cuatro personas que cargan a un hombre inconsciente mientras al fondo se observan dos tanquetas militares. Uno de los cargadores queda junto al herido mientras los demás huyen ante el ruido de disparos. Segundos después, una tanqueta se detiene y dos militares descienden: uno patea al inconsciente y otro agrede a su acompañante. En los dos minutos y cuarenta segundos que dura la grabación, se contabilizan al menos 33 golpes y patadas, en una escena que refleja un ciclo de violencia desmedida y una respuesta represiva imposible de justificar.
Según declaraciones de Verónica Yaquilema, presidenta de Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), y Diana León, abogada de la organización para el portal GK, se informó que las comunidades tomaron fotografías antes del levantamiento del cuerpo para documentar las heridas de bala. La Fiscalía de Cotacachi y agentes de la Dinased realizaron el procedimiento correspondiente dentro del hospital, recogiendo prendas con evidencias de impacto de proyectil.
Como parte de la investigación, se informó que el cuerpo fue trasladado al Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra, donde una autopsia (presenciada por un familiar y un representante de INREDH) determinó que una bala ingresó por la espalda y salió por el pecho, fracturando la columna cervical y una costilla, con afectación al pulmón izquierdo, y falleció debido a una insuficiencia cardíaca.
Mientras tanto, el silencio oficial persiste. Ni el Gobierno Nacional ni las Fuerzas Armadas han emitido un pronunciamiento público, alimentando la sensación de impunidad e indignación entre las comunidades indígenas y defensores de derechos humanos.
Cronología de la muerte de Efraín Fueres.
27 de septiembre del 2025 (22h00 horas): Gobernación de Imbabura coordinó un convoy para salida de camiones.
Desde la página oficial de la Gobernación de Imbabura se publicaron unas imágenes y fotografías en donde se pudo observar a un grupo de camiones, escoltado por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Según el post de la Gobernación que luego fue borrado, la gobernadora de Imbabura, Elsy Landeta, coordinaba la salida de estos camiones y el ingreso de otros cargados de productos.
28 de septiembre del 2025 (06h30 am): Efraín Fueres recibió un impacto de bala.
Horas más tarde, varios comuneros en el sector de Ilumán atacaron estos camiones que intentaron abrirse paso y que finalmente en horas de la madrugada llegaron a Pichincha; sin embargo, un nuevo convoy de tráileres y camiones que entraba a Imbabura fue emboscado por comuneros nuevamente en el sector de Ilumán. Producto de este enfrentamiento, Efraín Fueres recibió un impacto de bala que acabó con su vida, un tráiler fue incendiado y más de 17 retenidos en la vía.
28 de septiembre del 2025 (09h30 am): Radio Ilumán confirma la muerte de Efraín Fueres
Mediante una entrevista en vivo a una comunera que acompañó el cuerpo de Efraín Fueres desde el hospital de Cotacachi, se confirmó lo que se temía: Efraín había fallecido.
29 de septiembre del 2025 (10h00 am): Organismos internacionales de derechos humanos investigan el caso.
Varios organismos nacionales e internacionales rechazan la violencia en Imbabura y piden que se conforme una investigación independiente para buscar los culpables de la muerte de Efraín Fueres.
21 de Octubre del 2025 (11h30 am): Fuerzas Armadas comparecen a la Asamblea Nacional
El jefe del Estado Mayor reconoce que dentro del operativo que terminó con la vida de Efraín Fueres, hubo un exceso del uso progresivo de la fuerza y constituye un acto de violencia.
21 de octubre del 2025 (12h30 pm): Denuncia por ejecución extrajudicial
En una reunión en la Asamblea Nacional, el abogado y excandidato presidencial Pedro Granja manifiesta que se ha denunciado al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas por el delito de ejecución extrajudicial.
30 de octubre del 2025 (09h30am); La Gobernadora de Imbabura no responde sobre la coordinación del convoy.
Al ser consultada sobre la coordinación del convoy que resultó en la muerte de Efraín Fueres, Elsy Landeta, gobernadora de Imbabura, manifestó que no puede entregar información; sin embargo, se manifestó que los convoys siempre fueron de carácter humanitario y que lamenta la muerte del mismo y que, al ser un tema en investigación, no se puede pronunciar, al final no quiso responder más preguntas.
Las protestas en Ecuador han dejado un rastro de dolor e impunidad. Aunque el saldo de víctimas fatales de las movilizaciones de 2025 es menor al registrado en octubre de 2022 y junio de 2019 (donde hubo siete y once fallecidos, respectivamente), el patrón de falta de justicia se mantiene.
Un ejemplo lamentable es el de Byron Guatatuca Vargas, quien murió el 21 de junio de 2022 tras ser impactado en el rostro por una bomba lacrimógena disparada por la Policía, hecho que le provocó una hemorragia interna y posteriormente su muerte. Su caso, investigado como ejecución extrajudicial desde el 22 de junio de 2022, es uno de los tantos que reflejan la falta de investigación del sistema judicial, pues el 93,3% de las muertes registradas durante las protestas siguen sin esclarecerse. Se conoce que de 15 casos, solo uno llegó a juicio y obtuvo condena, mientras los otros 14 permanecen estancados o fueron archivados. Estos antecedentes revelan una estructura de impunidad persistente, donde las muertes de manifestantes quedan sin esclarecimiento ni responsables. En este contexto, a un mes del fallecimiento de Efraín, todo indica que su caso podría seguir el mismo camino.
(Redacción Imbabura).- Luego de que finalizara el paro nacional liderado por la Conaie, el Gobierno anunció medidas para reactivar la economía y el turismo en Imbabura. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, confirmó que el IVA se reducirá al 8% y se lanzará una campaña nacional para atraer visitantes, mientras se refuerza la seguridad con presencia policial y militar en la provincia.
“Estamos trabajando para que Imbabura vuelva a recibir turistas con tranquilidad y seguridad, a través de campañas de promoción y control permanente en las calles”, señaló Rovira en Ecuador TV.
Esta iniciativa busca atender las demandas de los sectores productivos locales, que registraron importantes pérdidas durante los 30 días de paralización. Los empresarios consideran esencial que la reducción del IVA se mantenga al menos seis meses para generar un efecto real en la recuperación económica.
El asambleísta por ADN, Fernando Jaramillo, indicó que aún se definirá la fecha exacta de aplicación de la medida, pero adelantó que el plan de reactivación tendrá seis meses de vigencia y contará con un presupuesto aproximado de 50 millones de dólares, destinado a apoyar a los afectados por el paro.
(Redacción Ibarra).- El Concejo Municipal de Ibarra aprobó la Ordenanza Sustitutiva para la Organización, Administración y Funcionamiento del Registro de la Propiedad del cantón, luego de más de diez años sin actualización. La normativa anterior databa de 2011, mientras que la tabla de cobros se mantenía vigente desde 2003, pese a que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos establece que debe revisarse anualmente.
Uno de los principales beneficios de la nueva ordenanza es que no se incrementa ningún valor en la inscripción de bienes de hasta 90.000 dólares, lo que garantiza que los proyectos sociales y créditos preferenciales continúen sin afectar a la ciudadanía. Estos trámites representan más del 80% de las inscripciones que realiza la entidad.
Además, los procesos de aclaración o rectificación de errores en escrituras o resoluciones tendrán un costo reducido al 25% del valor original. Por ejemplo, si una inscripción costaba 200 dólares, la aclaración ahora costará solo 50, en beneficio directo de los usuarios.
La actualización también busca mantener costos justos y sostenibles. Según la entidad, algunos trámites tenían valores que representaban menos del 10% del costo real del servicio. En ese sentido, se ajustaron aranceles como el certificado de gravamen, que pasa de 7 a 11,75 dólares (2,5% del salario básico unificado). Este ajuste, explican las autoridades, no representa un aumento repentino, sino la regularización de un rezago de casi dos décadas.
El Registro de la Propiedad de Ibarra destaca además por su eficiencia y modernización. Actualmente, el 95% de los certificados se entregan el mismo día de su solicitud, y los trámites se inscriben en un promedio de 24 a 48 horas. Para mantener este servicio, la institución avanza en la implementación del sistema de Folio Real, que asignará una clave única a cada bien inmueble, optimizando los tiempos de atención y reforzando la seguridad jurídica.
En materia de inclusión, la ordenanza contempla exoneraciones del 50% en aranceles para personas adultas mayores y personas con discapacidad superior al 30%, en cumplimiento de la ley. Asimismo, los procesos de justificación por homónimos —cuando se deben corregir errores ajenos al usuario— dejarán de tener costo, como una medida de equidad hacia los ciudadanos.
Con esta reforma, el Registro de la Propiedad de Ibarra busca equilibrar la sostenibilidad institucional con un servicio ágil, transparente y acorde a las necesidades actuales del cantón.
(Redacción Otavalo).- Esta mañana, la alcaldesa de Otavalo se dirigió a la población en una asamblea pública, en medio de un clima de incertidumbre y confrontación que mantiene la provincia.
Manifestó que, durante los primeros días de las paralizaciones, junto a los concejales del cantón, se intentó instalar una mesa de diálogo con el gobierno y los líderes indígenas, pero los esfuerzos no fueron fructíferos. Además, relató que, en un intento de avanzar en el diálogo, la Gobernación de Imbabura le cerró sus puertas, pese a ser ella una autoridad.
Respecto a la reunión de ayer, la alcaldesa confirmó su participación en los acuerdos para la liberación de los detenidos, quienes regresaron a la provincia para continuar sus procesos legales. Además, detalló los compromisos alcanzados, que incluyen indemnizar a los familiares de las dos personas fallecidas (Efraín Fúeres y José Guaman) y brindar atención inmediata a los heridos durante los disturbios.
Sobre el polémico Decreto 126, que elimina el subsidio al diésel, señaló que no fue abordado durante el diálogo, ya que las autoridades presentes no tenían poder de decisión, dejando el tema en el limbo. Asimismo, anunció que los líderes de las comunidades deberán instalar una asamblea permanente en territorio, con el objetivo de socializar los temas, analizar el decreto y finalmente presentar sus propuestas el día lunes frente a autoridades y la ministra de Gobierno.
La alcaldesa defendió la actuación de los líderes indígenas, asegurando que nunca se “vendieron” al gobierno, como algunos miembros de las comunidades habían denunciado el día de ayer. Señaló que su papel en la reunión fue únicamente el de veedora, garantizando que se cumplieran los planteamientos de ambas partes. Además, hizo un llamado a respetar a los líderes comunitarios y a mantener la estructura de la organización indígena, exhortando a fortalecer la unidad de Otavalo.
Pese a los anuncios del gobierno, la alcaldesa advirtió que el paro no ha terminado y que los acuerdos alcanzados representan solo los primeros pasos de un diálogo aún marcado por la tensión.
Anabel Hermosa recibió múltiples comentarios de indignación y rechazo por parte de los dirigentes indígenas, quienes denunciaron que permitió el ingreso de militares para reprimir al pueblo, un hecho que ha generado gran malestar entre la población otavaleña. La tensión escaló al punto de que numerosos asistentes calificaron la acción como una traición a la comunidad y un ataque directo a los derechos de los manifestantes.
(Redacción Imbabura).- Con la llegada del nuevo año escolar en la región Sierra y Amazonía, los hogares ecuatorianos experimentan emociones mixtas; mientras los niños muestran entusiasmo por el retorno a clases, para muchos padres y madres representa un desafío económico importante. Los gastos en educación, salud, útiles escolares, uniformes, transporte y alimentación generan una carga que, en muchos casos, se solventa gracias a las pensiones alimenticias.
En Imbabura, los índices de morosidad en el pago de pensiones alimenticias siguen siendo altos, afectando tanto a hombres como a mujeres. Los montos adeudados pueden variar desde un salario básico hasta cifras que superan los 100 mil dólares en algunos casos. La Ley de la Niñez y Adolescencia establece, en su art. 11, que el interés superior del niño es prioridad y debe guiar todas las decisiones de autoridades, instituciones públicas y privadas, asegurando un justo equilibrio entre derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes.
El Código también regula la mediación en juicios de alimentos. Según los artículos 43 y 47, la mediación es un procedimiento extrajudicial en el que las partes, asistidas por un mediador neutral, buscan un acuerdo voluntario que ponga fin al conflicto. El acta resultante debe incluir los hechos del conflicto, las obligaciones de cada parte y las firmas de los involucrados. En casos de menores y alimentos, los acuerdos alcanzados pueden ser revisados conforme a la normativa vigente.
A pesar de estas disposiciones, muchos ciudadanos recurren a artimañas jurídicas para eludir sus responsabilidades y existen ciudadanos deudores que enfrentan apremio personal por no pago de pensiones. Algunos eluden las responsabilidades saliendo del país para no pagar y también generan ventas ficticias de bienes para no cumplir con la obligación del alimentista.
Carlos P., padre de dos hijos en Ibarra, menciona: «No cuento con los recursos suficientes y siento que los acuerdos de pensión son muy estrictos; el cálculo no me alcanza para cubrirlos y cumplir con todo lo demás es casi imposible». Por su parte, Verónica M., madre de un niño de 11 años, señala: «Con 200 dólares al mes apenas alcanza para los gastos básicos. En mi caso, el padre de mi hijo sí paga la pensión, pero se ausenta sin preocuparse por el desarrollo afectivo de mi hijo».
En la provincia los pagos de pensiones alimenticias presentan distintos niveles de cumplimiento. Algunas madres y padres cumplen con lo estipulado, otras acumulan deudas y algunas madres incluso llegan a abusar de esta obligación. En todos los casos, los más afectados son los niños, quienes sufren las consecuencias económicas y emocionales. A través del portal web del Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) se puede consultar los valores correspondientes a las pensiones y verificar su cumplimiento.
(Redacción Ibarra).- El asambleísta Luis Fernando Molina realizó un recorrido por el Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra, un centro de salud con cerca de 34 años de funcionamiento y que, según el Ministerio de Salud, fue catalogado en 2015 como el primer hospital de segundo nivel en el norte del país. Solo en ese año atendió a más de 52.973 pacientes en consulta externa y alrededor de 32.466 en sus 17 especialidades.
Molina denunció en sus redes sociales el grave deterioro estructural y las irregularidades que atraviesa el hospital. Durante su visita constató que la infraestructura es obsoleta y no reúne las condiciones necesarias para garantizar una atención médica de calidad ni estándares adecuados de salubridad e higiene. Entre las falencias observadas se encuentran la cocina del hospital en condiciones insalubres y sin mantenimiento, lavandería colapsada por maquinaria obsoleta, servicios de limpieza, alimentación y seguridad impagos desde febrero, déficit de especialistas y despidos bajo la Ley de Integridad Pública. Todo esto ocurre en medio de la crisis sanitaria nacional, marcada por el desabastecimiento y el presunto sobreprecio en la compra de medicamentos, lo que afecta directamente a miles de pacientes que dependen de esta casa de salud.
El asambleísta de Revolución Ciudadana señaló además que el director del hospital se negó a entregar la lista de medicamentos, mientras que los Ministerios competentes no han respondido a los pedidos de información. Además, recordó que, pese a que el Gobierno aseguró que la Ley de Integridad Pública no afectaría al personal sanitario, en la práctica se han registrado despidos y reducción de puestos en varios hospitales del país, incluido el de Ibarra.
(Redacción Ibarra).- El creador de contenido ibarreño Bryan S., enciende una controversial polémica en redes sociales, por lo que podría enfrentar consecuencias legales. El influencer, que se ha ganado una considerable audiencia en TikTok con videos cargados de sátira y opiniones, ha sido denunciado por calumnia tras acusar públicamente a un ciudadano identificado como Edison A. C. de haber sustraído piezas de su vehículo durante las festividades de San Juanes en Caranqui.
En uno de sus videos, que ya no está publicado en la red social, Bryan S. acusa directamente al ciudadano y le da un ultimátum de 48 horas para que se comunique con él y “lleguen a un arreglo”, acusándole de haberse robado varias piezas de su vehículo, además advirtiéndole que, de no hacerlo, “tendrá serios problemas”. Las declaraciones no tardaron en viralizarse, generando un amplio debate entre quienes lo respaldan y quienes cuestionan la ética de hacer justicia a través de las redes sociales. Ante esta situación, Edison A. C. presentó una denuncia formal por calumnias, asegurando que su imagen y reputación han sido gravemente afectadas por afirmaciones sin respaldo legal, detallando además que Bryan S. habría enviado mensajes amenazantes vía WhatsApp contra su integridad y la de su familia.
Por otro lado, Bryan S. habría establecido una estrecha colaboración con un abogado «influencer en tik tok», que ha ganado notoriedad por sus vídeos virales en los que lanza constantes cuestionamientos contra servidores públicos, administraciones locales y agentes de tránsito.
En un video publicado el 24 de julio en la cuenta del mencionado jurista, se observa a ambos personajes comentando el caso que ha desatado la polémica. En el clip, Bryan S. declara: «Veo a este tal Edison cerrando la puerta de mi vehículo. Hay cámaras que lo demuestran; estás grabado, hermano, así que prepárate mi bro, porque te viene lo duro.» Más adelante añade: «Sus amiguitos con los que hace fechorías se han de enojar también con él, porque vamos a desmantelar todo lo que hace, así que que se prepare.»
El abogado, conocido por representar a varios ciudadanos en casos mediáticos, ahora estaría brindando su respaldo legal al influencer para enfrentar las denuncias en su contra.
Según la información pública que se encuentra en el Consejo de la Judicatura, el ciudadano Edison A, cuenta con varios procesos judiciales, por receptación, estafa y robo, sin embargo ninguno de estos procesos judiciales han llegado a buen término, en vista de que no se ha podido demostrar la culpabilidad del ciudadano y la justicia los archivó.
Adicionalmente, se conoce que dentro de este proceso Bryan S. no ha generado una denuncia formal por el presunto robo que acusa en redes sociales.
Este no sería el primer encontrón de Bryan S. con la justicia; se conoce que mantiene un proceso legal previo por presunta difamación contra la empresa Ecuasueña, reconocida por la venta de planes de compra programada de vehículos. En aquella ocasión, el influencer calificó públicamente a la firma de “estafadora”, lo que motivó una demanda por daño a la imagen y desprestigio comercial; igualmente, los videos colgados que son motivo de esta denuncia ya fueron borrados de la red social.
Bryan S. es conocido por sus publicaciones cargadas de humor y crítica y ha sido señalado en varias ocasiones por verter opiniones sin sustento y utilizar su alcance en redes sociales para instalar criterios que en muchos de los casos tienen escasa base argumentativa. Aunque su contenido gira principalmente en torno al entretenimiento, no es inusual que incurra en temas de política y actualidad nacional, lo que ha generado controversia y, además, demandas legales por calumnia.
Nuestra redacción intentó comunicarse vía WhatsApp con el influencer para obtener su versión, pero lamentablemente el canal de WhatsApp que tiene habilitado en su perfil dejó de funcionar.
