(Redacción Ibarra).- El uso de uniformes de fuerzas del orden para cometer delitos se ha convertido en una preocupante modalidad criminal en Ecuador, evidenciando vacíos en el control y comercialización de estas prendas.

El reciente caso ocurrido la madrugada de este domingo evidencia con claridad esta problemática. Manuel Fabián Franco Cedeño, de 42 años, presunto líder del grupo delincuencial organizado “Comando 66”, y Diego Caballero, de 31 años, fueron asesinados al estilo sicariato en el sector de la Cruz Verde, en la intersección de las calles El Retorno y avenida Teodoro Gómez de la Torre. En el lugar, la Policía Nacional encontró a una de las víctimas al interior de la licorería “Montana” y a la otra en el karaoke “Concierto”, ubicado junto al mismo establecimiento. Durante las pericias se levantaron varios indicios balísticos y, horas más tarde, se halló un vehículo presuntamente vinculado al hecho, incinerado en el sector de Los Cañaverales. Lo más alarmante del caso, según videos difundidos en redes sociales, es que los sicarios vestían uniformes similares a los de la Policía Nacional.

El uso de uniformes policiales o militares para ejecutar robos, secuestros, extorsiones e incluso asesinatos se ha vuelto cada vez más frecuente en el país. La facilidad para adquirir estas prendas agrava la situación. Aunque algunos comercios solicitan credenciales oficiales, en otros la venta se realiza sin mayores controles, tanto en tiendas físicas como a través de internet y redes sociales.

Según datos expuestos en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, solo en 2024 se registraron más de 1.200 denuncias relacionadas con delitos en los que se utilizaron uniformes de instituciones del Estado. Actualmente, no existe una normativa específica que regule su comercialización. Mientras un uniforme completo puede costar entre 200 y 300 dólares, prendas individuales se ofertan desde los 30 a 40 dólares.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el uso indebido de uniformes e insignias oficiales con penas de 15 a 30 días de prisión; sin embargo, no establece controles claros sobre su venta, lo que deja un vacío legal que es aprovechado por estructuras criminales.

Ante esta problemática, en la Asamblea Nacional se analiza una propuesta para modernizar y homologar los uniformes de las fuerzas del orden. Entre las medidas planteadas está la incorporación de códigos QR visibles, personales e intransferibles en los atuendos de policías, militares, agentes de tránsito y bomberos. Esta herramienta permitiría verificar en tiempo real la identidad de los uniformados mediante dispositivos móviles, dificultando así la suplantación.

Mientras tanto, la ciudadanía enfrenta un escenario cada vez más complejo, donde incluso la imagen de autoridad puede ser utilizada como herramienta para delinquir.