(Redacciòn Antonio Ante).- La fuerte lluvia registrada la tarde de ayer volvió a evidenciar un problema que se repite año tras año en Atuntaqui. Varias calles de la ciudad y sectores de la vía Panamericana E35 sufrieron anegamientos, especialmente en el carril sur-norte del ingreso a la urbe, donde la acumulación de agua dificultó el tránsito vehicular y provocó una importante congestión.
Las inundaciones en este sector no son nuevas. Desde la construcción de la autovía E35 y la incorporación del paso a desnivel de Atuntaqui, alrededor del año 2010, los episodios de acumulación de agua han sido recurrentes durante la temporada invernal. La obra permitió que el tránsito entre Ibarra y Otavalo evite ingresar al centro de la ciudad, pero también modificó la dinámica del drenaje en la zona.
Extraoficialmente, se señala que uno de los principales problemas es la presencia de una acequia que debería ser entubada o embovedada para evitar que el agua desemboque en este punto. Además, se advierte sobre la falta de colectores pluviales con capacidad suficiente para captar y evacuar el agua que desciende desde sectores altos como Andrade Marín.
Según información conocida por este medio, la concesionaria encargada de la administración y mantenimiento de la autovía sostiene que los sumideros ubicados dentro de la E35 se encuentran operativos y reciben mantenimiento de manera regular, al tratarse de infraestructura bajo su competencia. Desde esa perspectiva, la responsabilidad de controlar y canalizar las aguas lluvias provenientes de la parte alta correspondería al Municipio de Antonio Ante.
Desde el punto de vista técnico, el paso a desnivel funciona como un punto bajo, por lo que el agua superficial tiende naturalmente a concentrarse allí. Cuando la capacidad de alcantarillas, sumideros o sistemas de drenaje resulta insuficiente, el agua se acumula rápidamente y termina afectando la circulación vehicular.
Un estudio de 2023 al que tuvimos acceso defiende que: «La falta de planificación y diseño adecuado para enfrentar el crecimiento poblacional y urbano ha provocado que la infraestructura existente sea insuficiente para soportar lluvias intensas», lluvias como la de este jueves. Asimismo, el taponamiento de sumideros por basura, hojas o sedimentos puede reducir significativamente la capacidad de evacuación del agua, agravando la situación.
A ello se suma que la construcción de la autovía incrementó considerablemente las superficies impermeables. Mientras anteriormente parte del agua podía infiltrarse en terrenos naturales, hoy grandes extensiones de asfalto y hormigón aceleran la escorrentía y aumentan el volumen de agua que llega a los sistemas de drenaje.
Sin embargo, el problema parece ir más allá del paso a desnivel. Las inundaciones también afectan calles internas de Atuntaqui, parques y vías que conectan con la Panamericana, lo que apunta a una problemática urbana más amplia relacionada con la falta de capacidad hidráulica de los colectores, el crecimiento urbano sin una ampliación proporcional de la infraestructura de drenaje y calles que terminan funcionando como canales naturales de escorrentía.
(Redacción Antonio Ante).- La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (SOT) sancionó al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Antonio Ante con una multa de USD 35.525,88 tras detectar irregularidades en la transformación de la clasificación del suelo en su territorio.
Según el organismo de control, el municipio modificó la categoría de aproximadamente 2.134 hectáreas —originalmente destinadas a uso agrario— hacia suelo urbano y de expansión urbana sin cumplir los procedimientos establecidos en la normativa vigente.
El análisis técnico y jurídico determinó que estas modificaciones fueron incorporadas en el Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS), sin contar con requisitos clave como la autorización previa de la Autoridad Agraria Nacional, informes técnicos habilitantes y otros parámetros obligatorios. En total, se incumplieron cinco de los seis requisitos exigidos por la ley.
La SOT concluyó que estas acciones constituyen una infracción al ordenamiento territorial, conforme a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS). Además de la multa económica, la entidad dispuso como medida de reparación que el GAD adecúe su planificación territorial al marco legal vigente.
El expediente también fue remitido al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que podría intervenir dentro de sus competencias para evaluar posibles acciones adicionales y fortalecer la política pública en esta materia.
La Superintendencia advirtió que este tipo de incumplimientos no solo vulneran la normativa, sino que también pueden afectar la sostenibilidad del territorio y la soberanía alimentaria, al alterar el uso de suelos rurales destinados a la producción agrícola. Finalmente, la institución aclaró que el municipio tiene derecho a impugnar la resolución por las vías administrativas o judiciales correspondientes.
Desde la administración del GAD Municipal de Antonio Ante, mediante un comunicado oficial, señaló que las observaciones emitidas por el organismo de control corresponden a procesos de planificación territorial ejecutados en el periodo 2019-2023, y que la actual gestión ha emprendido acciones desde noviembre de 2025 para corregir dichas situaciones, garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y fortalecer una administración transparente y responsable.
(Redacción Antonio Ante).- Cerca de las 2:19 de la madrugada, el sistema de emergencia ECU911 recibió una alerta sobre un posible secuestro en el sector de Imbaya, en el cantón Antonio Ante en Imbabura.
Según reportó el hermano de la víctima, la persona estaba siendo seguida mediante una ubicación GPS a través de su teléfono celular.
Luego de la alerta del ECU911, miembros de la Policía Nacional intervinieron y lograron ubicar tanto al vehículo involucrado como a la persona que se encontraba en su interior. Al momento, la víctima se encuentra a buen recaudo y fuera de peligro.
(Redacción Ecuador).- El Gobierno Nacional anunció una disminución temporal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para el sector turístico con motivo del feriado de Carnaval 2026. La medida regirá del sábado 14 al martes 17 de febrero.
La decisión fue adoptada mediante el Decreto Ejecutivo 304, firmado por el presidente Daniel Noboa, y establece que la tarifa del IVA pasará del 15% al 8% exclusivamente para servicios vinculados a actividades turísticas.
El propósito de esta disposición es estimular el turismo interno y fortalecer la actividad económica en uno de los periodos de mayor desplazamiento de viajeros a escala nacional.
El beneficio estará dirigido únicamente a los establecimientos que consten en el registro oficial del Ministerio de Turismo. Entre los servicios contemplados se encuentran:
Hospedaje: hoteles, hostales y alojamientos similares.
Alimentos y bebidas: restaurantes, cafeterías y locales gastronómicos.
Transporte turístico y alquiler de vehículos con fines turísticos.
Agencias de viajes y operadoras que ofrezcan paquetes y recorridos.
Organización de eventos como congresos, ferias y convenciones.
El control sobre la correcta aplicación de la nueva tarifa estará a cargo del Servicio de Rentas Internas, que verificará que los comprobantes de venta reflejen el 8% durante los días establecidos. Con esta reducción temporal, las autoridades buscan incentivar el consumo en el sector y generar mayor movimiento económico durante el feriado.
(Redacción Ibarra).- La ciudad de Ibarra se prepara para recibir nuevamente partidos de la Serie A del fútbol ecuatoriano, luego de confirmarse que Leones Fútbol Club, reciente ascendido a la máxima categoría, jugará como local en el Estadio Olímpico Ciudad de Ibarra durante la temporada 2026, marcando así el regreso del balompié profesional de élite a la capital imbabureña.
El Estadio Olímpico de Ibarra ya fue casa del Imbabura F.C. y ha sido testigo de numerosos encuentros del máximo nivel, por lo que su elección responde tanto a la infraestructura como al peso futbolístico que representa para la región. Leones Fútbol Club, con sede en Atuntaqui, fue fundado el 4 de noviembre de 2017 bajo el nombre de Club Deportivo Profesional Leones del Norte y está afiliado a la Asociación de Fútbol Profesional de Imbabura (AFI). Desde sus inicios en la Segunda Categoría provincial, el club mostró una marcada vocación competitiva y en 2018, en su primera participación profesional, alcanzó el subcampeonato de Imbabura y clasificó por primera vez a los zonales de ascenso, sentando las bases de un proyecto deportivo ambicioso.
A partir de 2020, Leones inició una etapa de consolidación y dominio a nivel provincial, logrando cuatro títulos consecutivos en Imbabura entre 2020 y 2023. Este proceso culminó en la temporada 2023, cuando el equipo consiguió el ascenso a la Serie B y se proclamó campeón nacional de la Segunda Categoría, confirmando su crecimiento sostenido dentro del fútbol ecuatoriano. En 2024, la institución adoptó oficialmente el nombre de Leones Fútbol Club, fortaleciendo su identidad.
La temporada 2025 se convirtió en la más importante de su historia bajo la conducción de Édison Méndez y Giovanny Espinoza, Leones logró el ascenso a la Serie A tras vencer a 9 de Octubre por 1-0 en La Troncal. De esta modo, el club anteño debutará en la máxima categoría del fútbol ecuatoriano en 2026, mientras Ibarra se alista para revivir jornadas de fútbol de primer nivel, con el llamado a que la afición y la ciudadanía acompañen y respalden a este nuevo representante en la Serie A.
(Redacción Imbabura).- El ministro del Interior, John Reimberg, atribuyó a las disputas entre bandas criminales —a las que el Gobierno ha declarado “la guerra”— el hecho de que 2025 se convirtiera en el año más violento del país, con más de 9.000 homicidios registrados. Según la autoridad, la ofensiva estatal contra el crimen organizado intensificó los enfrentamientos entre estructuras delictivas, lo que derivó en cerca de 9.300 muertes violentas a nivel nacional durante el año pasado.
En Imbabura, se registraron 33 asesinatos, más del doble de los contabilizados en 2024. Las cifras ubican al año pasado como el segundo más violento en diez años, solo por debajo de 2019, cuando la provincia enfrentó el impacto directo de la minería ilegal en Urcuquí.
La capital provincial concentró el mayor número de muertes violentas. Ibarra acumuló 21 asesinatos, seguida por Cotacachi (6), Otavalo (5) y Urcuquí (1), lo que evidencia una preocupante concentración de la violencia en zonas urbanas y refuerza la alerta sobre el avance del crimen organizado en la provincia.
Autoridades y analistas de seguridad advierten que este repunte no es un hecho aislado. La disputa por economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal ha convertido a Imbabura en un territorio estratégico para organizaciones criminales, que utilizan a Ibarra como centro logístico y refugio, según reportes policiales y militares.
El hallazgo de armas de alto poder, municiones y explosivos durante los operativos ejecutados en 2025 confirmó la presencia de estructuras armadas con una capacidad operativa sin precedentes en la provincia. Ante este escenario, Imbabura enfrenta uno de sus mayores desafíos en materia de seguridad, un compromiso que el gobernador Jorge Ortíz asumió públicamente el día de su posesión. Mientras tanto, la ciudadanía exige acciones más contundentes y mantiene la expectativa de que el 2026 marque el inicio de un periodo de mayor paz y tranquilidad para la provincia.
(Redacción Imbabura).- Imbabura vivió durante 2025 uno de los años más complejos y conflictivos de su historia política reciente, marcado por una prolongada paralización provincial, una profunda inestabilidad institucional y una ciudadanía que no olvidó la percepción de abandono del Gobierno central durante casi 30 días del paro nacional. Este escenario dejó una huella en la memoria colectiva y reconfiguró la dinámica política local, fortaleciendo el descontento social y la desconfianza hacia las autoridades, un malestar que posteriormente se reflejaría en la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa.
Paro 2025
Las paralizaciones iniciaron en Imbabura el 22 de septiembre, cuando comunidades indígenas y sectores sociales se movilizaron en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, convirtiendo a la provincia en el epicentro de las protestas en el norte del país. Durante cerca de treinta días, se registraron bloqueos permanentes e intermitentes en la vía E35, desde Salinas hacia el norte, afectando puntos estratégicos como Ibarra, Natabuela, Atuntaqui, Cotacachi, Tabacundo y Cajas, en el límite con Pichincha, así como numerosos sectores rurales entre ellos Imantag, Ilumán, Buenos Aires, González Suárez, Caluquí, Quichinche, Peguche, Eugenio Espejo, Coñaqui y Zuleta. Esta situación aisló las principales rutas de la provincia y paralizó la vida cotidiana, provocando escasez de combustible, alimentos, lácteos, cárnicos, gas de uso doméstico y medicinas. Además, la exportación florícola se vio interrumpida, generando pérdidas económicas estimadas en cerca de dos millones de dólares diarios, de acuerdo con la Cámara de Comercio.
La conflictividad alcanzó su punto más crítico en el cantón Otavalo, donde se produjeron disturbios que afectaron el casco urbano y causaron daños a bienes públicos y privados, incluidos vehículos, motocicletas y la incineración de un comando de la Policía Judicial. En este contexto, 12 personas fueron detenidas y procesadas por presuntos actos de terrorismo. Los enfrentamientos con las fuerzas del orden dejaron dos víctimas mortales en Imbabura: Efraín Fuérez, comunero de Cuicocha, falleció por impacto de bala, y posteriormente José Guamán perdió la vida mientras era trasladado en un helicóptero del Cuerpo de Bomberos de Quito hacia el Hospital Eugenio Espejo, tras recibir un disparo que comprometió órganos vitales. Tras casi un mes de tensión social, se alcanzaron acuerdos entre el Ejecutivo y las organizaciones indígenas, lo que permitió el cese de las manifestaciones, cerrando uno de los episodios más críticos para la provincia.
Imbabura le dijo no a la consulta popular y marcó distancia del Gobierno:
En la consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa, Imbabura registró un resultado mayoritariamente adverso al Ejecutivo, con el “No” imponiéndose en la mayoría de las preguntas relacionadas con seguridad, justicia y reformas institucionales. El comportamiento del voto fue interpretado como una respuesta política y social frente al desgaste acumulado durante el año, especialmente tras el paro nacional y la percepción de abandono estatal. Más allá del contenido de las preguntas, el resultado evidenció un voto de castigo, en el que amplios sectores de la población expresaron su inconformidad con la gestión gubernamental y el manejo de la crisis.
Cuatro gobernadores y una provincia sin estabilidad política:
Imbabura cerró el año marcada por una fuerte inestabilidad política en la Gobernación, con constantes cambios de autoridad durante el gobierno del presidente Daniel Noboa. El primer gobernador del periodo fue Juan Sebastián Echeverría, quien asumió el cargo el 21 de marzo de 2024 y permaneció hasta el 19 de junio, con una gestión enfocada en seguridad y control territorial, especialmente en zonas conflictivas como Buenos Aires, aunque rodeada de cuestionamientos y polémicas mediáticas.
Tras su salida, el 19 de junio fue designado Leonardo Israel Cabezas González, quien permaneció cerca de tres meses en funciones, con un trabajo centrado en territorio y seguridad, aunque con resultados limitados. La crisis se profundizó el 18 de septiembre de 2025, cuando Luis Efraín Amaguaña Muenala asumió la Gobernación y renunció apenas cuatro días después, tras recibir amenazas contra él y su familia en medio del paro nacional.
El 23 de septiembre asumió Elsy Maite Landeta Sánchez, cuya administración estuvo marcada por cuestionamientos a su capacidad de gobernabilidad y por su ausencia en el debate público, al no conceder entrevistas a medios de comunicación, lo que generó en la ciudadanía una percepción de falta de liderazgo y presencia institucional. Finalmente, el 17 de diciembre, el Gobierno Nacional designó a Jorge Aníbal Ortiz Cifuentes, militar en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano, con la expectativa de devolver estabilidad y orden a la conducción política de Imbabura.
Deudas de Daniel Noboa con Imbabura :
En cuanto a los ofrecimientos y deudas pendientes con la provincia de Imbabura, en lo que va de 2025 no se registraron avances concretos en varias obras consideradas prioritarias para la conectividad y el desarrollo regional. Entre ellas consta el paso lateral de Ibarra, una infraestructura estratégica destinada a descongestionar el tránsito urbano y facilitar la movilidad hacia Carchi y Esmeraldas, que permanece inconclusa desde hace más de una década y cuya reactivación fue anunciada durante la campaña presidencial de Daniel Noboa, sin que hasta ahora se evidencie intervención alguna. A esta situación se suma la problemática de la vía RVE10, en el kilómetro 114, sector El Guadual, así como otros tramos críticos entre Salinas, Lita y Palacara, afectados por derrumbes y socavamientos desde 2021, que continúan sin una solución estructural. Pese a contratos firmados, anuncios oficiales y la confirmación de autoridades del Ministerio de Infraestructura y Transporte sobre la persistencia de estos puntos críticos, durante 2025 no se han ejecutado obras definitivas, manteniéndose las afectaciones a comunidades, al transporte interprovincial y a la seguridad vial en la provincia.
Esta mañana se posesionó Jorge Ortíz, quien asume el mando provincial de Imbabura de cara al 2026. En su discurso, las promesas de seguridad, salud y desarrollo no estuvieron lejos de los ofrecimientos planteados por sus antecesores. La interrogante que queda abierta es si, esta vez, esos compromisos se traducirán en acciones concretas y resultados visibles durante el próximo año.
Hoy en Imbabura 