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Conductor será procesado tras atropellar intencionalmente a un venado en Macará

(Redaccion Ecuador).- Autoridades ambientales y judiciales en Ecuador iniciaron acciones legales contra un ciudadano que habría atropellado de forma intencional a un venado cola blanca en el sector de El Empalme, en el cantón Macará, en Loja.

El hecho ocurrió el pasado 2 de mayo de 2026, durante el feriado por el Día del Trabajador, y quedó registrado en video por otro conductor que transitaba por la zona. En las imágenes se observa cómo el vehículo embiste al animal cuando este cruzaba la vía, en lugar de intentar esquivarlo.

Tras la difusión del material en redes sociales, el Ministerio de Ambiente y Energía informó que se logró identificar al conductor y al automotor involucrado, lo que permitió iniciar un proceso administrativo sancionatorio conforme al Código Orgánico del Ambiente (COA).

Las autoridades recordaron que las sanciones por este tipo de infracciones pueden oscilar entre 10 y 200 salarios básicos unificados, lo que equivale a una multa de hasta aproximadamente 96.400 dólares, dependiendo de la gravedad del daño causado a la fauna silvestre.

Además del proceso administrativo, el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, que investiga el hecho como un presunto delito contra la fauna silvestre, tipificado en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta infracción puede ser sancionada con penas privativas de libertad de uno a tres años en Ecuador.

El venado cola blanca es una especie nativa de la zona sur del país y forma parte de la fauna silvestre que habita en áreas tropicales y boscosas de la provincia de Loja, especialmente en sectores cercanos a la frontera con Perú.

Las autoridades recalcaron que este tipo de casos refuerza la necesidad de respetar la vida silvestre y conducir con precaución en zonas donde existe presencia de animales.

Habitantes de Ambuquí cierran la vía en protesta contra planta de asfalto

(Redacción Ibarra).— Hace pocas horas, habitantes de Ambuquí se movilizaron en rechazo a las operaciones de una planta de asfalto, la cual —según denuncian— habría incumplido varios acuerdos establecidos previamente.

Los moradores recuerdan que hace exactamente un año ya protagonizaron un plantón, tras una resolución de la asamblea popular y dirigentes del sector, bloqueando la vía en señal de protesta por las afectaciones que, aseguran, genera la planta.

Entre los principales reclamos se mencionan presuntos problemas de salud en la población, así como el deterioro del paisaje natural del sector considerado de alto valor turístico y una de las principales fuentes de ingreso para las familias.

Ibarra se llena de color con la Holi Run 5K organizada por la Prefectura de Imbabura

(Redacción Imbabura).– La Prefectura de Imbabura tiene todo listo para la Holi Run 5K, un festival atlético, recreativo y deportivo que se realizará este sábado 28 de febrero, a partir de las 17:00, en Ibarra.

El punto de partida y llegada será el emblemático Obelisco de Ibarra. El recorrido iniciará en el obelisco, continuará por la calle Bolívar hasta el parque Santo Domingo, subirá por la calle Sucre, retornará al obelisco, avanzará por la avenida Mariano Acosta hasta el Redondel de la Madre y finalmente regresará al punto inicial.

Durante la ruta, los participantes vivirán una experiencia llena de música y color con el lanzamiento de polvos no tóxicos y biodegradables, garantizando así la seguridad de los asistentes y el cuidado del ambiente.

En rueda de prensa esta mañana, los organizadores informaron que los 3 mil cupos disponibles se agotaron debido a la gran acogida ciudadana. Al tratarse de un evento gratuito, quienes se inscribieron oportunamente recibirán una camiseta oficial y, al finalizar el recorrido, una medalla de participación. La jornada cerrará con un DJ en vivo para celebrar esta fiesta deportiva.

La Holi Run 5K está inspirada en el tradicional festival hindú Holi, conocido como el Festival de los Colores. Más que una competencia, se trata de un encuentro pensado para el disfrute, la integración y la convivencia, abierto a todas las edades, donde familia y amigos pueden participar en un ambiente de inclusión y diversidad.

La entrega de kits se realizará este viernes, de 09:00 a 17:00, en las instalaciones de la Prefectura de Imbabura. Los inscritos deberán presentar su cédula de identidad para retirar su participación.

Municipio analiza nuevo mecanismo para el cobro de la tasa de recolección de basura

(Redacción Ibarra).- Con base en la información vertida el día lunes en la que se anunció que la Empresa Eléctrica Regional del Norte (Emelnorte) dejará de cobrar la tasa de recolección de basura en su planilla y que inicialmente se analizó la posibilidad de que este rubro sea asumido por la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra (EMAPA-I), se conoció finalmente que el Municipio de Ibarra será la entidad encargada de asumir directamente el cobro por el servicio de recolección de residuos sólidos, en cumplimiento de la normativa vigente y de las directrices emitidas por el Ministerio de Ambiente y Energía.

La gestión integral de residuos sólidos, que comprende barrido, recolección, transporte y disposición final, representa un gasto anual aproximado de 6 millones 780 mil dólares para la ciudad. No obstante, por concepto de la tasa se recaudaban apenas cerca de 1 millón 600 mil dólares, por lo que el Municipio debía cubrir la diferencia con recursos propios. Solo la disposición final de los desechos tiene un costo de 117 dólares por tonelada.

En este escenario, una familia promedio pagaba entre 12 y 15 dólares anuales por el servicio, un monto que no reflejaba el costo real del sistema. Ante esta situación, el Municipio resolvió eliminar el subsidio y analizar un reajuste de la tarifa, decisión que cuenta con el respaldo de la administración municipal.

Diego Villalba, director de Medio Ambiente del GAD de Ibarra, informó que el nuevo mecanismo de cobro de la tasa de recolección se aplicará a través del impuesto predial. El valor correspondiente a la gestión integral de residuos se distribuirá en función de los predios, bajo principios legales, contables y financieros establecidos en el Código Orgánico del Ambiente, como la subsidiaridad, la responsabilidad extendida, el principio de “quien más genera, más paga” y el enfoque ambiental “de la cuna a la tumba”.

El Municipio precisó que no se implementará una tarifa plana, como ocurre en otros cantones, sino que el cobro se basará en la cantidad real de residuos generados. Actualmente, el promedio per cápita de generación de basura es de 0,73 kilogramos por habitante al día. De esta manera, una familia de cuatro a cinco integrantes produce alrededor de 3,5 kilogramos diarios, lo que equivale a menos de una tonelada de residuos al año, volumen que será considerado para el cálculo de la tarifa.

En las próximas semanas se definirá el valor final y la periodicidad del cobro, que podría ser mensual o anual, con el fin de facilitar el pago y reducir el impacto en la economía de los ciudadanos. Las autoridades indicaron que los sectores que generan mayores volúmenes de residuos, como el comercial e industrial, asumirán un costo más alto, mientras que el sector residencial pagará de acuerdo con su nivel de generación.

Finalmente, el Municipio señaló que el objetivo de este nuevo esquema es recaudar los recursos necesarios para cubrir los costos operativos reales y garantizar un servicio de recolección de basura eficiente, continuo y sostenible para la ciudad.

EMAPA-I anuncia ajuste gradual de tarifas de servicio de agua potable

(Redacción Ibarra).- El gerente general de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra EMAPA-I, Giovani Rivadeneira, manifestó ayer mediante rueda de prensa los por menores de su gestión en este año y puntualizó algunos cambios con miras a la gestión del siguiente año.

Rivadeneira informó sobre el proceso de revisión de las tarifas del servicio de agua potable, el cual se ejecuta conforme a la normativa vigente y bajo la regulación de la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA). Este procedimiento, señaló, responde a obligaciones legales y técnicas que deben cumplir los prestadores del servicio a nivel nacional, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema y la continuidad del servicio.

De acuerdo con lo explicado, el nuevo plan tarifario se aplicará de manera progresiva durante un período de tres años, con incrementos graduales que buscan reducir el impacto en los usuarios, especialmente en aquellos con menores niveles de consumo.

La nueva estructura tarifaria establece tres categorías: residencial, comercial e industrial. En los sectores residencial y comercial, el cálculo de la tarifa se realizará en función del metro cúbico de agua consumido. En el caso del sector industrial, se aplicará una tarifa fija, que además contará con dos modalidades adicionales, diseñadas según las características del consumo de este grupo.

Como ejemplo del ajuste, Rivadeneira explicó que el incremento será “muy suave” para los usuarios que consuman menos de 30 metros cúbicos de agua. Detalló que un usuario que antes pagaba 4 dólares por un consumo de 10 metros cúbicos, con la nueva tarifa pasará a pagar 5,36 dólares. En el caso de un consumo de 20 metros cúbicos, el valor anterior era de 12 dólares, mientras que con la actualización se pagará 15 dólares, y al finalizar el tercer año del plan tarifario, el monto llegará aproximadamente a 17 dólares.

Desde la entidad se conoce que el costo del metro cúbico de agua para el público es de 0,64 dólares, mientras que su costo real de producción asciende a 1,50 dólares, lo que evidencia un desfase financiero que ha afectado a la institución.

En el ámbito administrativo, Rivadeneira aclaró que no se ha incrementado el personal ni los sueldos, y que durante el presente año se logró recuperar alrededor de 750 mil dólares de cartera vencida. No obstante, indicó que la entidad aún enfrenta un déficit de aproximadamente 1 millón 688 mil dólares, situación que refuerza la necesidad de la revisión tarifaria.

Ibarra declara a Angochagua Área de Conservación para proteger el origen de su agua

(Redaccción Ibarra).- El Concejo Municipal de Ibarra aprobó la creación del Área de Conservación y Uso Sustentable Municipal Angochagua (ACUS), una decisión histórica que protege uno de los territorios naturales más importantes del cantón. Angochagua fue elegida por su papel fundamental en el equilibrio ambiental de la zona, ya que sus páramos y bosques montanos son el origen del agua que abastece a la ciudad y a las comunidades rurales.

Las 5.714 hectáreas que conforman el ACUS funcionan como una gran esponja natural que captura, filtra y regula el agua, garantizando la recarga del acuífero de Ibarra. Además, estos ecosistemas albergan una alta biodiversidad y ayudan a regular el clima, proteger los suelos y reducir los impactos del cambio climático, beneficios que llegan directamente a toda la población del cantón.

Angochagua no solo es clave por su riqueza natural, sino también por el compromiso histórico de sus comunidades, que durante décadas han cuidado páramos, humedales y fuentes de agua. Este trabajo comunitario fue determinante para que la parroquia se convierta en un Área de Conservación, permitiendo ahora una gestión técnica y planificada que enfrente amenazas como la expansión agrícola y el sobrepastoreo.

Con esta declaratoria, Ibarra fortalece la protección de sus ecosistemas estratégicos y da un paso firme hacia un desarrollo responsable. El ACUS Angochagua se proyecta como un modelo de conservación que une a autoridades y comunidades, asegurando agua, naturaleza y bienestar para las actuales y futuras generaciones.

Otavalo atrapada entre la escasez y el abandono de gobierno local y nacional

(Redacción Otavalo).- Diecisiete días de paro nacional han bastado para aislar completamente a Otavalo del resto del Ecuador. Los cierres viales al norte, al sur y en los ejes rurales han incomunicado al cantón, que hoy vive una de sus crisis más duras.

El centro de la ciudad permanece desolado: calles vacías, negocios cerrados y mercados sin actividad. Los comerciantes, sin la posibilidad de vender sus productos, enfrentan pérdidas totales. El desabastecimiento es evidente y la escasez de alimentos empieza a sentirse con fuerza, sobre todo en productos que no se producen en el cantón, como cárnicos, lácteos y comestibles de supermercados.

En varios sectores no hay presencia policial, lo que ha generado un ambiente de temor e incertidumbre. Según la ciudadanía otavaleña, grupos de indígenas armados transitan por las calles custodiando que los locales permanezcan cerrados. La gente asegura que actúan con intimidación, vulnerando el derecho al trabajo y restringiendo toda actividad comercial.

La dificultad en la movilidad es otro golpe para los otavaleños. El transporte público ha desaparecido por el desabastecimiento de combustible, y la población se ve obligada a caminar o movilizarse en motos y bicicletas. Sin embargo, muchos aseguran que manifestantes pinchan los neumáticos de los vehículos que intentan circular, dejando a las personas sin opciones.

La crisis del gas doméstico se ha convertido en una de las mayores preocupaciones en Otavalo. Los distribuidores solo pueden ingresar a las comunidades donde, según múltiples denuncias, los dirigentes imponen condiciones para acceder a los cilindros. A modo de extorsión, el gas se entrega únicamente a quienes apoyan activamente el paro nacional. Este hecho quedó en evidencia en la comunidad de Peguche, donde un ciudadano denunció haber sido víctima de esta práctica. Según su testimonio, algunos dirigentes se toman atribuciones para decidir quién puede comprar y quién no.

Las pocas provisiones que logran ingresar al cantón ya tienen destino asegurado; van dirigidas casi exclusivamente a las comunidades en protesta, mientras el centro urbano permanece sin abastecimiento. En Otavalo se ha instaurado una especie de monopolio en el que la consigna es clara: “Si no apoyas el paro, no hay comida”.

Otavalo, reconocida por su dinamismo comercial, cultural y turístico, hoy se encuentra paralizada, asfixiada por los bloqueos y la incertidumbre. Sus habitantes claman por ayuda y por el restablecimiento del orden, mientras el Gobierno Nacional parece guardar silencio ante una crisis que se agrava cada día.

Caso Lago San Pablo: Fiscalía investiga a la Alcaldía de Otavalo por posible delito contra el agua

(Redacción Otavalo).- La situación legal de la alcaldesa de Otavalo podría complicarse tras el reciente pronunciamiento del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), que confirmó haber presentado una denuncia formal ante la Fiscalía Provincial de Imbabura por un presunto delito contra el agua, en relación con la crítica situación ambiental del lago San Pablo.

El comunicado, emitido el lunes 6 de mayo, también ratifica que el municipio de Otavalo y la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPA-O) se encuentran inmersos en un procedimiento administrativo sancionador abierto por el mismo Ministerio, a la que se suma esta denuncia penal por delitos contra el agua, tipificada en artículo 251 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de tres a cinco años de prisión para quienes contaminen, desequen o alteren cuerpos de agua y recursos hidrobiológicos, provocando daños graves al ambiente.

Como parte del proceso sancionador, el MAATE espera que en un plazo máximo de quince días, se entreguen los resultados de los análisis realizados por la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), los cuales serán incorporados como elementos probatorios en la causa administrativa que lleva adelante el Ministerio.

Por su parte, la Fiscalía será la encarga de recoger las pruebas, elementos de convicción, informes técnicos, testimonios y demás elementos necesarios para determinar el grado de responsabilidad de los actuales administradores de la ciudad, como de la Empresa de Agua Potable de Otavalo y los posibles involucrados en este delito penal.

Como antecedente, un caso similar se registró en Cuenca, en el año 2019. En esa ocasión, el Tribunal de Garantías Penales del Azuay encontró culpable a Lorenzo C., quién contaminó gravemente el agua de la quebrada Cachihuayco y alteró con esto su estado natural, dentro de las sanciones el ciudadano enfrentó una pena privativa de libertad de tres años, además debió cumplir con medidas de reparación integral como la limpieza del área afectada, la siembra de 1.000 árboles y disculpas públicas en medios de comunicación y espacios comunitarios.

Según el COIP, contaminar o alterar cuerpos de agua es considerado un delito ambiental grave. En caso de comprobarse la responsabilidad de los actuales funcionarios municipales, las sanciones podrían escalar hasta afectar directamente a las autoridades responsables del manejo de los sistemas de tratamiento de agua residual que se descargan en este lago.

El futuro del caso dependerá del avance de las investigaciones y del informe técnico que emitirá ARCA en los próximos días. Mientras tanto, la ciudadanía y colectivos ambientales exigen respuestas claras y acciones concretas para proteger el lago San Pablo, frente al silencio de la Alcaldía de Otavalo, que hasta la fecha no ha emitido ningún pronunciamiento oficial, generando desconcierto e incertidumbre en la población.

Ministerio de Ambiente inició un proceso administrativo sancionador en contra de la Alcaldía de Otavalo por contaminación del Lago San Pablo

(Redacción Otavalo).- El lago San Pablo, uno de los cuerpos de agua más emblemáticos del Ecuador y símbolo natural de Imbabura, atraviesa una crisis ambiental alarmante. El nivel de contaminación se sitúa en 7 sobre 10, lo que lo coloca en una categoría crítica según los estándares del Ministerio del Ambiente. Cada hora, aproximadamente 68.000 litros de aguas residuales se vierten directamente en el lago, situación agravada por las 14 plantas de tratamiento que se encuentran inoperativas en la cuenca del lago. Aunque la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, conoce la problemática, no ha presentado un plan de acción concreto para remediar el daño.

Frente a esta situación, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), a través de su Dirección Zonal 1, ha iniciado un proceso administrativo sancionador contra el Municipio de Otavalo por el incumplimiento de las normativas ambientales vigentes. Este proceso se fundamenta en el artículo 151, literal c) de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y Aprovechamientos del Agua, que tipifica como infracción muy grave el vertido de aguas contaminadas al dominio hídrico público sin previo tratamiento y de encontrarse culpables se podrá sancionar hasta con una multa de cinco a once salarios básicos.

La viceministra de Ambiente, María Luisa Cruz, visitó el lago San Pablo junto con personeros de la Agencia de Regulación y Control del Agua, quienes tomaron muestras de agua en puntos estratégicos para evaluar técnicamente el impacto ambiental y contar con la información actualizada. Esta inspección además servirá para sustentar el proceso sancionador que se inició en contra de la Alcaldía de Otavalo, por una infracción ambiental grave. Por su parte, el gobernador de Imbabura, Juan Sebastián Echeverría, fue enfático al indicar que se aplicará todo el peso de la ley contra quienes resulten responsables, advirtiendo que deberán enfrentar sanciones administrativas y posiblemente penales.

El proceso sancionatorio que inició el MAATE en contra de la Alcaldía de Otavalo está en marcha y el Municipio de Otavalo tendrá una semana para mostrar sus descargos sobre las acciones que ha realizado para mitigar el daño causado en el cuerpo de agua.

Nuestra redacción buscó contactarse con las personas encargadas de Ambiente de la Alcaldía Ciudadana de Otavalo, pero hasta el cierre de esta noticia no se recibió una respuesta.

Estas acciones tardías buscan frenar el deterioro del lago, proteger su valor ecológico y evitar que se pierda la denominación como geoparque mundial otorgada por la UNESCO desde 2019.

Ambuquí alza la voz contra humaredas, olores y ruido

(Redacción Ibarra).- La comunidad de Ambuquí, perteneciente al cantón Ibarra al nororiente de la provincia de Imbabura, continúa en pie de lucha. Con movilizaciones y bloqueo de vías, exigen el cierre definitivo de una mina y su respectiva planta de asfalto, que según denuncian, afecta gravemente a la salud de los moradores y al desarrollo turístico de la zona.

Los habitantes aseguran que las emisiones de gases y partículas contaminantes están generando molestias respiratorias, irritación ocular y malestar general tanto en los habitantes como en turistas. Además, mencionan que el fuerte olor a asfalto causa incomodidad entre quienes visitan este destino reconocido por su clima cálido.

En un conversatorio efectuado por la comunidad, al que fueron invitados representantes del Ministerio del Ambiente y otras autoridades, se esperaba tratar posibles soluciones. Sin embargo, la ausencia de dichas entidades generó malestar y dejó sin respuesta los reclamos ciudadanos. La comunidad también cuestiona las concesiones mineras otorgadas en la zona, que no responderían a una escala artesanal sino industrial, sin contar, según afirman, con el consentimiento previo de los pobladores.

Homero Benavides, dirigente de la comunidad, manifestó que los pobladores han recibido amenazas e incluso intimidaciones con armas de fuego por parte de personas vinculadas a los propietarios de la planta, lo que ha encendido aún más las alarmas sobre la vulnerabilidad de quienes alzan su voz.

Elena Yépez, habitante de la zona, señala que la planta de asfalto ha generado una evidente contaminación del aire, mientras que la actividad minera está provocando una degradación ambiental visible: “Una parte de la loma ya está siendo destruida, se nota cómo va desapareciendo poco a poco”, expresó con preocupación.

Esta mañana, autoridades locales, medios de comunicación y moradores realizaron un recorrido por la zona afectada para constatar los daños y reforzar los pedidos de intervención estatal. “Ambuquí no es zona industrial, es un lugar turístico, y queremos que se respete esa esencia”, comentó uno de los habitantes.

Luego de este recorrido se estableció una mesa de diálogo en la cual se determinaron varios acuerdos, entre los que se destaca una nueva revisión con equipos técnicos especializados para poder determinar el grado de afectación de una forma real en la zona, además de la revisión minuciosa de los permisos de uso de suelo y ambientales que fueron otorgados para esta actividad minera. A las 13h30 minutos, en medio de varias intervenciones salió humo blanco y se pudo habilitar la vía. Este miércoles 30 de abril se realizará un nuevo recorrido con todas las autoridades para poder verificar todos los cumplimientos establecidos en la mesa de diálogo.

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