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Empresa recogió productos caducados de una quebrada de Ibarra tras cuestionada disposición de residuos

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(Redacciòn Ibarra).- Un caso de disposición ilegal de residuos generó preocupación entre los moradores en Ibarra, luego de que se denunciara el abandono de una gran cantidad de productos alimenticios en una quebrada ubicada en el sector La Violeta, sobre la conocida Ruta de las Haciendas. El hecho quedó registrado en un video el pasado mièrcoles 1 de julio, en el que se observa a presuntos trabajadores descargando los residuos desde un camión que portaba la imagen de la reconocida empresa ecuatoriana de embutidos y productos cárnicos La Italiana.

Tras la publicación de la noticia por parte de nuestro medio, el dia sabado 4 de julio personal del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Ibarra realizó una inspección en el sitio, constatando que los desechos correspondían a embutidos en mal estado y productos lácteos con su fecha de caducidad vencida.

Con estos antecedentes, las autoridades se pusieron en contacto con la empresa relacionada con los productos encontrados para notificar lo ocurrido y, posteriormente, emitieron la respectiva citación a la Comisaría Ambiental del GAD de Ibarra, dando inicio al proceso administrativo correspondiente conforme a la normativa vigente.

La comisaria ambiental del GAD de Ibarra, Paola Molina, manifestó que, de acuerdo con lo establecido en las ordenanzas municipales, además del proceso sancionador y las posibles multas económicas, se exige la restitución del sitio afectado a sus condiciones originales.

Por su parte, el director de Medio Ambiente del GAD de Ibarra, Diego Villalba, explicó que cuando existe un volumen considerable de residuos provenientes de empresas o establecimientos, estas deben notificar al Municipio para coordinar el acompañamiento técnico y el traslado del material al relleno sanitario de San Alfonso, donde se garantiza una disposición final adecuada mediante la destrucción de productos caducados.

Villalba enfatizó que este procedimiento evita la contaminación de las cuencas hídricas, la vegetación y otros ecosistemas, reduciendo los riesgos ambientales derivados del abandono de este tipo de residuos.

Tras conocerse el caso, Juan Pablo Madero, gerente de Marketing de La Italiana, manifestó que «el camión pertenece a un distribuidor de la zona, es un servicio externo, que no es de su total control pero que sí debe responder a su filosofía». Además, señaló que «este tipo de camiones, disponen de un sistema de refrigeración, lo que en algunas ocasiones genera un excedente de hielo» y que lo que se está «desechando» es el exceso de hielo. Asimismo, indicó que » la práctica o ejecución no es la correcta, ya que existe un tratamiento y proceso para cada uno de estos casos».

Finalmente, afirmó: «Hemos tomado las correcciones internas necesarias, para que este tipo de prácticas no se repitan y cada uno de los actores, internos o externos, se apeguen a nuestras políticas, normativas y filosofía.»

En Ecuador, el Código Orgánico del Ambiente (COA) prohíbe este tipo de prácticas por los daños que ocasionan al ambiente y a las fuentes hídricas. Dependiendo de la gravedad del caso, los responsables enfrentan sanciones administrativas, económicas e incluso penales, conforme a lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Llurimagua: el cobre que podría sepultar la vida en Intag

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(Redacciòn Imbabura).- En el valle de Intag donde confluyen las parroquias García Moreno y Peñaherra del canton Cotacachi en mbabura, la historia de Llurimagua no es nueva. Desde la década de 1990, este proyecto minero ha pasado por manos de empresas japonesas, canadienses, chilenas y de la estatal ecuatoriana, sin lograr consolidarse. En todos los casos, un mismo factor ha frenado su avance: la resistencia sostenida de las comunidades.

Para este año el Gobierno ha anunciado la licitación del proyecto a pesar de que en 2023 la Corte Provincial de Imbabura revocó su licencia ambiental. El fallo determinó que se vulneraron los derechos de la naturaleza y que no se realizó una consulta ambiental adecuada, ordenando la suspensión de las actividades hasta cumplir con estos requisitos. Sin embargo, hasta la fecha, dicha consulta no se ha llevado a cabo.

Riqueza natural frente a intereses extractivos

Llurimagua se ubica en un ecosistema de bosque nublado que abarca cerca de 4.800 hectáreas y alberga una biodiversidad excepcional. En esta zona habitan especies en peligro de extinción como el oso de anteojos, el jaguar y el puma, además de anfibios únicos como la rana cohete resistencia y la rana arlequín hocicuda, esta última redescubierta tras haber sido considerada extinta.

La extraordinaria riqueza biológica del territorio se ha convertido en uno de los principales argumentos de las comunidades para rechazar el proyecto minero. A esto se suman las alertas sobre impactos ya evidenciados durante fases de exploración, como perforaciones profundas que, según denuncian los habitantes, habrían alterado fuentes de agua, modificando su temperatura y niveles de acidez, y generando posibles riesgos de contaminación.

En medio de este entorno se encuentran comunidades como Junín, donde la conservación no es un discurso, sino una forma de vida. Ríos cristalinos, paisajes naturales y atractivos como las “Cascadas Gemelas”, junto con iniciativas de ecoturismo, sostienen economías locales que dependen directamente del equilibrio del ecosistema.

Sin embargo, ese modelo que ha perdurado por años hoy enfrenta una amenaza latente: la posibilidad de que la actividad minera transforme de manera irreversible un territorio que, hasta ahora, ha apostado por vivir de la naturaleza sin destruirla.

Reformas legales y nuevas empresas aumentan la incertidumbre

El escenario se complica con la reciente reforma a la legislación minera, que según organizaciones ambientales podría flexibilizar los requisitos para la obtención de licencias y debilitar la consulta ambiental. Aunque la normativa aún genera interpretaciones diversas, existe preocupación de que se utilice para acelerar procesos sin cumplir plenamente con las garantías legales.

A esto se suma el interés de nuevas empresas internacionales en la concesión, lo que refuerza la intención de reactivar el proyecto. Paralelamente, se ha cuestionado la reclasificación de Llurimagua como proyecto de mediana escala, pese a ser considerado uno de los mayores yacimientos de cobre del mundo, lo que podría implicar menos exigencias en los trámites.

División y resistencia

Más allá del componente ambiental, el proyecto ha generado tensiones dentro de las propias comunidades. Mientras algunos sectores ven en la minería una posibilidad de empleo y desarrollo económico, otros defienden un modelo basado en la conservación, el ecoturismo y las economías locales sostenibles.

En Intag, iniciativas comunitarias han demostrado que es posible generar ingresos sin afectar el entorno natural. Sin embargo, la presión minera ha profundizado divisiones sociales que se mantienen hasta hoy.

Un conflicto abierto y una decisión pendiente

El futuro de Llurimagua sigue sin definirse. La falta de una consulta ambiental efectiva, las dudas sobre el cumplimiento de fallos judiciales y la posibilidad de nuevos procesos legales, incluso a nivel internacional, mantienen el conflicto en un punto crítico.

Más allá de lo técnico, el caso refleja un debate de fondo sobre el modelo de desarrollo del país. Entre la explotación de recursos minerales y la conservación de territorios biodiversos, Intag se ha convertido en un símbolo de una decisión que Ecuador aún no termina de resolver.

Ibarra declara a Angochagua Área de Conservación para proteger el origen de su agua

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(Redaccción Ibarra).- El Concejo Municipal de Ibarra aprobó la creación del Área de Conservación y Uso Sustentable Municipal Angochagua (ACUS), una decisión histórica que protege uno de los territorios naturales más importantes del cantón. Angochagua fue elegida por su papel fundamental en el equilibrio ambiental de la zona, ya que sus páramos y bosques montanos son el origen del agua que abastece a la ciudad y a las comunidades rurales.

Las 5.714 hectáreas que conforman el ACUS funcionan como una gran esponja natural que captura, filtra y regula el agua, garantizando la recarga del acuífero de Ibarra. Además, estos ecosistemas albergan una alta biodiversidad y ayudan a regular el clima, proteger los suelos y reducir los impactos del cambio climático, beneficios que llegan directamente a toda la población del cantón.

Angochagua no solo es clave por su riqueza natural, sino también por el compromiso histórico de sus comunidades, que durante décadas han cuidado páramos, humedales y fuentes de agua. Este trabajo comunitario fue determinante para que la parroquia se convierta en un Área de Conservación, permitiendo ahora una gestión técnica y planificada que enfrente amenazas como la expansión agrícola y el sobrepastoreo.

Con esta declaratoria, Ibarra fortalece la protección de sus ecosistemas estratégicos y da un paso firme hacia un desarrollo responsable. El ACUS Angochagua se proyecta como un modelo de conservación que une a autoridades y comunidades, asegurando agua, naturaleza y bienestar para las actuales y futuras generaciones.

Yahuarcocha en proceso de renacimiento: la Alcaldía de Ibarra lidera su recuperación ambiental

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(Redacción Ibarra).- La Alcaldía de Ibarra, consciente de la importancia ambiental, social y turística de la laguna de Yahuarcocha, ha puesto en marcha una serie de acciones integrales para proteger este ecosistema y mejorar las condiciones sanitarias en su entorno.

Estas medidas marcan un antes y un después en la coloración del espejo de agua de la laguna, así como también en su ecosistema.

“Nuestra laguna de Yahuarcocha está reviviendo. Este fue mi compromiso con la ciudad y lo estamos cumpliendo. Para lograrlo, construimos un sedimentador que funciona como un filtro natural, absorbiendo nutrientes y evitando el crecimiento de algas, mientras retiramos las plantas maduras y conservamos las jóvenes para mantener el equilibrio ecológico. Hoy, los niveles de nutrientes son tan estables como hace varios años, lo que reduce materiales pesados y mejora notablemente la calidad del agua. No descansaremos hasta recuperar totalmente nuestra hermosa laguna”, expresó el Ing. Álvaro Castillo, alcalde de Ibarra.

Estas acciones forman parte de un esfuerzo conjunto y coordinado para desacelerar el envejecimiento natural de Yahuarcocha y garantizar que este espacio siga siendo un lugar vivo, saludable y sostenible para las futuras generaciones.

Esfuerzos por conservación

Yahuarcocha, un espejo de agua que ha experimentado un proceso natural de envejecimiento conocido como sucesión lacustre, enfrenta hoy retos acelerados por la intervención humana. Desde la construcción de canales de desfogue que redujeron su nivel de agua en aproximadamente metro y medio, hasta la entrada histórica de aguas residuales y sedimentos con nutrientes y plaguicidas provenientes de zonas agrícolas aguas arriba, la laguna ha visto afectadas su profundidad y calidad.

Estudios muestran que, mientras en 1979 la laguna alcanzaba hasta 9 metros de profundidad, en 2023 llegó apenas a 7 metros, y adquirió un color verde intenso, señal de su avanzada etapa de eutrofización.

Pese a estos desafíos, Yahuarcocha continúa siendo un recurso vital para la ciudad, pues purifica el aire, regula el clima, almacena agua, alberga numerosas especies y es un importante espacio de recreación y turismo.

Cuidar este cuerpo de agua es responsabilidad de todos.

Acciones municipales en marcha:

  1. Inspección del sistema de alcantarillado: 

Se realiza una revisión exhaustiva del sistema ubicado en el tramo posterior al asfaltado hacia la laguna, enfocándose en verificar el estado de las fosas sépticas de los locales cercanos, para prevenir filtraciones y contaminación.

  • Ordenanza de zonificación: 

Desde 2014, es decir, desde la primera administración del Ing. Álvaro Castillo, se promueve una normativa que prioriza la conservación del espejo de agua y establece zonas de amortiguamiento, prohibiendo actividades industriales en el área de Yahuarcocha y sus alrededores.

  • Control en locales de alimentos: 

Se exige la construcción e implementación de trampas de grasa para evitar que residuos grasos contaminen el sistema de alcantarillado y, por ende, la laguna.

  • Mantenimiento y monitoreo ambiental: 

Se ejecutan labores de mantenimiento en las orillas, retirando plantas acuáticas maduras para permitir su renovación. Además, se realizan monitoreos mensuales de plancton y aves, y se ejecutó la extracción de especies invasoras como el cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii).

  • Mejora en afluentes y biotratamiento: 

Se han limpiado canales de ingreso de agua y construido un sedimentador artesanal para retener sedimentos antes de que lleguen a la laguna. Además, se ha reintroducido la planta sumergida Elodea densa para estabilizar nutrientes, y se emplean equipos de ultrasonido para controlar el crecimiento de cianobacterias.

Multa por contaminación al Lago San Pablo se pagará con dinero de todos los contribuyentes

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(Redacción Ibarra).- La multa de USD 23 970 impuesta por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) al GAD de Otavalo y a la Empresa Pública EMAPAO-EP, por contaminar el Lago San Pablo, no será asumida por ninguna autoridad ni funcionario en particular, sino por el propio municipio. Es decir, el dinero saldrá de los impuestos y contribuciones que pagan los ciudadanos otavaleños.

El proceso sancionador, emitido el 8 de julio de 2025, se fundamenta en hallazgos técnicos y de laboratorio que evidenciaron descargas de aguas residuales sin tratamiento adecuado, así como incumplimientos en parámetros bacteriológicos, aceites y grasas.

Aunque la multa busca remediar el daño ambiental, muchos ciudadanos cuestionan que el costo recaiga en el presupuesto municipal, afectando potencialmente otros servicios o proyectos locales. Según expertos, los USD 23 970 equivalen a:

– La construcción de 4 parques infantiles completamente equipados en barrios populares.
– La rehabilitación de al menos 2 km de vías rurales con adoquinado.
– La compra de 120 luminarias LED para mejorar la seguridad en zonas urbanas.
– El equipamiento de un centro de salud con insumos médicos básicos.

“Es injusto que seamos los ciudadanos quienes paguemos por la ineficiencia y falta de control de quienes están al frente”, reclamó un habitante de la zona en redes sociales.

La Dirección Zonal 1 del MAATE también ordenó la ejecución urgente de un Plan de Acción para optimizar las plantas de tratamiento y evitar futuras descargas al lago. Sin embargo, aún no se ha aclarado cómo se financiarán estas medidas adicionales.

Juez constitucional falla a favor del lago San Pablo y ordena ejecutar un plan de remediación ambiental

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(Redacción Imbabura).- En un hecho sin precedentes para la jurisprudencia ambiental del país, un juez constitucional reconoció al Lago San Pablo como sujeto de derechos, marcando un hito legal en la protección de la naturaleza en Ecuador. La decisión judicial obliga a las autoridades locales a responder por años de omisión y negligencia en el manejo de este emblemático cuerpo de agua. Durante la audiencia celebrada ayer, el juez acogió la acción de protección presentada por colectivos ciudadanos y declaró responsables a la Empresa Pública de Agua Potable de Otavalo (EMAPAO) y al Municipio de Otavalo por la vulneración de los derechos de la naturaleza.

El fallo dispone la ejecución inmediata de un plan de remediación ambiental que deberá ser elaborado en coordinación con otras entidades del Estado. El proceso judicial con el número 10311-2025-00496 se basó en evidencia técnica, testimonios de la comunidad y múltiples denuncias sobre la creciente contaminación del lago San Pablo, el más emblemático de la provincia. Organizaciones como Unidos por la Pachamama, impulsoras de esta causa, celebraron la sentencia como una victoria histórica y una oportunidad para revertir décadas de daño ambiental.

El pasado 6 de mayo, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) presentó una denuncia ante la Fiscalía provincial de Imbabura por presunto delito contra el agua, según el artículo 251 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). También inició un procedimiento administrativo contra EMAPAO y el Municipio de Otavalo, tras conocerse un diagnóstico técnico de la Corporación para la Defensa del Lago San Pablo, que reveló que las 14 plantas de tratamiento estaban fuera de funcionamiento y que cerca de 68.000 litros de aguas residuales se descargan diariamente en el lago. El nivel de contaminación se situó en 7 sobre 10, calificándolo como “alarmante” por el Ministerio, y de no tomarse acciones urgentes, el lago podría desaparecer en menos de dos años.

Con la sentencia en firme, EMAPAO y el Municipio deberán presentar un plan integral que contemple medidas urgentes para detener la contaminación, restaurar las áreas afectadas y garantizar un sistema sostenible de tratamiento de aguas. Aunque los detalles del fallo aún no han sido publicados, se anticipa que incluirá sanciones técnicas y administrativas concretas para los responsables.

Caso Lago San Pablo: Fiscalía investiga a la Alcaldía de Otavalo por posible delito contra el agua

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(Redacción Otavalo).- La situación legal de la alcaldesa de Otavalo podría complicarse tras el reciente pronunciamiento del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), que confirmó haber presentado una denuncia formal ante la Fiscalía Provincial de Imbabura por un presunto delito contra el agua, en relación con la crítica situación ambiental del lago San Pablo.

El comunicado, emitido el lunes 6 de mayo, también ratifica que el municipio de Otavalo y la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPA-O) se encuentran inmersos en un procedimiento administrativo sancionador abierto por el mismo Ministerio, a la que se suma esta denuncia penal por delitos contra el agua, tipificada en artículo 251 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de tres a cinco años de prisión para quienes contaminen, desequen o alteren cuerpos de agua y recursos hidrobiológicos, provocando daños graves al ambiente.

Como parte del proceso sancionador, el MAATE espera que en un plazo máximo de quince días, se entreguen los resultados de los análisis realizados por la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), los cuales serán incorporados como elementos probatorios en la causa administrativa que lleva adelante el Ministerio.

Por su parte, la Fiscalía será la encarga de recoger las pruebas, elementos de convicción, informes técnicos, testimonios y demás elementos necesarios para determinar el grado de responsabilidad de los actuales administradores de la ciudad, como de la Empresa de Agua Potable de Otavalo y los posibles involucrados en este delito penal.

Como antecedente, un caso similar se registró en Cuenca, en el año 2019. En esa ocasión, el Tribunal de Garantías Penales del Azuay encontró culpable a Lorenzo C., quién contaminó gravemente el agua de la quebrada Cachihuayco y alteró con esto su estado natural, dentro de las sanciones el ciudadano enfrentó una pena privativa de libertad de tres años, además debió cumplir con medidas de reparación integral como la limpieza del área afectada, la siembra de 1.000 árboles y disculpas públicas en medios de comunicación y espacios comunitarios.

Según el COIP, contaminar o alterar cuerpos de agua es considerado un delito ambiental grave. En caso de comprobarse la responsabilidad de los actuales funcionarios municipales, las sanciones podrían escalar hasta afectar directamente a las autoridades responsables del manejo de los sistemas de tratamiento de agua residual que se descargan en este lago.

El futuro del caso dependerá del avance de las investigaciones y del informe técnico que emitirá ARCA en los próximos días. Mientras tanto, la ciudadanía y colectivos ambientales exigen respuestas claras y acciones concretas para proteger el lago San Pablo, frente al silencio de la Alcaldía de Otavalo, que hasta la fecha no ha emitido ningún pronunciamiento oficial, generando desconcierto e incertidumbre en la población.

Ministerio de Ambiente inició un proceso administrativo sancionador en contra de la Alcaldía de Otavalo por contaminación del Lago San Pablo

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(Redacción Otavalo).- El lago San Pablo, uno de los cuerpos de agua más emblemáticos del Ecuador y símbolo natural de Imbabura, atraviesa una crisis ambiental alarmante. El nivel de contaminación se sitúa en 7 sobre 10, lo que lo coloca en una categoría crítica según los estándares del Ministerio del Ambiente. Cada hora, aproximadamente 68.000 litros de aguas residuales se vierten directamente en el lago, situación agravada por las 14 plantas de tratamiento que se encuentran inoperativas en la cuenca del lago. Aunque la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, conoce la problemática, no ha presentado un plan de acción concreto para remediar el daño.

Frente a esta situación, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), a través de su Dirección Zonal 1, ha iniciado un proceso administrativo sancionador contra el Municipio de Otavalo por el incumplimiento de las normativas ambientales vigentes. Este proceso se fundamenta en el artículo 151, literal c) de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos y Aprovechamientos del Agua, que tipifica como infracción muy grave el vertido de aguas contaminadas al dominio hídrico público sin previo tratamiento y de encontrarse culpables se podrá sancionar hasta con una multa de cinco a once salarios básicos.

La viceministra de Ambiente, María Luisa Cruz, visitó el lago San Pablo junto con personeros de la Agencia de Regulación y Control del Agua, quienes tomaron muestras de agua en puntos estratégicos para evaluar técnicamente el impacto ambiental y contar con la información actualizada. Esta inspección además servirá para sustentar el proceso sancionador que se inició en contra de la Alcaldía de Otavalo, por una infracción ambiental grave. Por su parte, el gobernador de Imbabura, Juan Sebastián Echeverría, fue enfático al indicar que se aplicará todo el peso de la ley contra quienes resulten responsables, advirtiendo que deberán enfrentar sanciones administrativas y posiblemente penales.

El proceso sancionatorio que inició el MAATE en contra de la Alcaldía de Otavalo está en marcha y el Municipio de Otavalo tendrá una semana para mostrar sus descargos sobre las acciones que ha realizado para mitigar el daño causado en el cuerpo de agua.

Nuestra redacción buscó contactarse con las personas encargadas de Ambiente de la Alcaldía Ciudadana de Otavalo, pero hasta el cierre de esta noticia no se recibió una respuesta.

Estas acciones tardías buscan frenar el deterioro del lago, proteger su valor ecológico y evitar que se pierda la denominación como geoparque mundial otorgada por la UNESCO desde 2019.

Oso de Anteojos fue visto en la parroquia La Esperanza del cantón Ibarra

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(Redacción Imbabura).- En un evento sin precedentes, un oso fue avistado en la parroquia La Esperanza, sorprendiendo a los residentes de la zona. Esta aparición inusual ha generado preocupación y conciencia sobre la importancia de proteger nuestro planeta y sus habitantes.

Según expertos, la alteración de los ecosistemas naturales obliga a los animales a salir de sus hábitats en busca de alimento, lo que puede llevar a encuentros inesperados entre humanos y fauna silvestre.

Ante esta situación, se han activado los protocolos para el cuidado y protección de esta especie. Las autoridades locales y organizaciones ambientales trabajan conjuntamente para garantizar la seguridad del oso y de la comunidad.

«Es fundamental tomar conciencia sobre la importancia de preservar nuestros ecosistemas y proteger la biodiversidad», afirmó un representante de la organización ambiental local. «Cada acción cuenta, y debemos unirnos para defender nuestro planeta».

Se recomienda a los residentes de la zona:

  • Mantener la calma y no acercarse al oso
  • Informar a las autoridades sobre cualquier avistamiento
  • Apoyar iniciativas de conservación y protección del medio ambiente

La aparición del oso en La Esperanza es un recordatorio de la interconexión entre humanos y naturaleza. Es hora de tomar acción y proteger nuestro planeta para garantizar un futuro sostenible para todas las especies.