(Redacción Ibarra).- Con la llegada de la temporada invernal, vuelven a evidenciarse problemas estructurales en la urbe ibarreña. Las constantes lluvias incrementan de forma significativa el riesgo de taponamientos en el sistema de alcantarillado, una situación que puede derivar en inundaciones y afectar directamente a domicilios, locales comerciales y la normal circulación vehicular.
Durante un recorrido realizado por nuestra redacción, se constató el taponamiento de varias alcantarillas a escasos metros del Parque del Sol, sector de la urbanización Nuevo Hogar, en la esquina de las calles Jorge Dávila Mesa y Ernesto Monge Sandoval. En el lugar se observa acumulación de residuos, alcantarilla obstruida y un crecimiento descontrolado de maleza, señales evidentes de deterioro, falta de mantenimiento y deficiente saneamiento.
Este panorama se agrava con el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), que emitió una alerta vigente del 20 al 24 de enero, periodo en el que se prevén lluvias de intensidad variable, con episodios de precipitaciones moderadas a fuertes e incluso tormentas en varias regiones del país. Para la provincia de Imbabura, el organismo advierte una mayor persistencia de las lluvias y acumulados constantes.
Para prevenir este tipo de emergencias, la responsabilidad recae en la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra (EMAPA-I), entidad encargada de la administración y mantenimiento de servicios clave como el alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, el tratamiento de aguas servidas y la provisión de agua potable.
Por otro lado, la Alcaldía de Ibarra ha intervenido en sectores críticos, como el ingreso del colector del río Ajaví, a lo largo de la calle Heleodoro Ayala, con labores de limpieza de escombros, mantenimiento y monitoreo permanente del caudal. No obstante, la corresponsabilidad de la ciudadanía ibarreña también es fundamental, evitando arrojar basura y desechos en las calles y sumideros, prácticas que agravan el problema durante la época de lluvias.
(Redacción Ibarra).- La noche de este jueves se registró un atropellamiento en la avenida Carchi, en Ibarra. Un hombre perdió la vida tras el impacto y quedó tendido sobre la calzada, mientras que el conductor del vehículo presuntamente involucrado abandonó el lugar.
Las causas del incidente aún no han sido determinadas; sin embargo, de manera preliminar se presume que la escasa iluminación en el sector sumado a la poca visibilidad provocada por la fuerte lluvia habrían influido en el hecho.
Agentes de tránsito y equipos de emergencia acudieron al sitio para hacer el levantamiento del cuerpo y continuar las investigaciones del hecho.
(Redacción Ecuador).- Ecuador no solo enfrenta una ofensiva sin precedentes del crimen organizado; también vive un debilitamiento interno de su fuerza policial. Mientras los homicidios y la violencia marcaron récords históricos, la Policía Nacional perdió a miles de sus integrantes más experimentados, en un fenómeno que avanza de forma silenciosa pero constante.
Entre 2020 y 2025, 9.608 policías solicitaron la baja voluntaria, una cifra que evidencia una crisis paralela dentro de la institución. El punto más crítico se registró en 2023, año que coincidió con el periodo más violento del país, cuando 3.053 uniformados decidieron abandonar el servicio activo.
Las cifras revelan una relación alarmante: durante ese mismo quinquenio, 698 policías murieron, lo que significa que por cada uniformado fallecido, casi 14 optaron por retirarse voluntariamente.
El comportamiento de las bajas no fue uniforme. En 2021, las salidas tocaron su nivel más bajo con 465 casos. Sin embargo, en 2022 se produjo un salto abrupto a 1.834 bajas, anticipando el colapso institucional que se evidenciaría al año siguiente. En 2023, Ecuador cerró con 8.004 asesinatos, y la Policía sufrió el mayor éxodo de su historia reciente.
Aunque en 2024 y 2025 las cifras descendieron a 1.887 y 1.493 bajas, respectivamente, el nivel de deserción sigue siendo muy superior al registrado antes de la pandemia, confirmando que el problema no ha sido superado.
Paradójicamente, este debilitamiento ocurre incluso cuando se intenta reforzar la fuerza pública. El 9 de junio de 2023, el entonces presidente Guillermo Lasso encabezó la graduación de 7.301 nuevos policías, una incorporación que no logró compensar la salida masiva de personal con años de experiencia.
Se van los más preparados
El impacto más grave no está en el número, sino en el perfil de quienes se van. Casi el 48% de las bajas corresponde a policías con entre 16 y 20 años de servicio (4.591 casos), es decir, cuadros formados, con liderazgo operativo y conocimiento del territorio. A ellos se suman 3.910 agentes con entre 21 y 25 años de trayectoria.
Detrás de las estadísticas hay historias marcadas por el miedo, el desgaste y la supervivencia. Uno de los casos es el de un Mayor del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) que operaba en Manta, quien solicitó su baja en 2023 tras perder compañeros y recibir amenazas directas del narcotráfico. Su proyecto de vida dentro de la institución terminó abruptamente, dejando atrás años de entrenamiento de élite que hoy ya no están al servicio del Estado.
Este tipo de salidas ha generado un efecto estructural: la Policía enfrenta una escasez de oficiales de alto rango. Actualmente, solo siete generales integran el Mando Institucional, pese a que existen 18 plazas previstas para dirigir unidades estratégicas y zonas críticas.
Quito lidera las bajas
La distribución geográfica de las salidas rompe varios supuestos. Quito concentra el mayor número de bajas voluntarias del país, con 2.589 casos entre 2020 y 2025. Le sigue la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) con 1.087 salidas, y la Zona 1 de la frontera norte —Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos— con 1.205 casos.
En contraste, la Zona 2 (Napo, Orellana y el área rural de Pichincha) registra apenas 374 bajas, el nivel más bajo a escala nacional.
Al analizar provincias específicas, el impacto de la violencia territorial es evidente. Manabí perdió 663 policías, Los Ríos registró 545 bajas, y Esmeraldas vio salir a 449 uniformados, todas zonas fuertemente afectadas por el narcotráfico y el crimen organizado.
Por otro lado, un informe técnico revela una grave desigualdad en la distribución de la Policía Nacional: mientras Quito concentra un excedente de más de 7.000 agentes en relación con su población y nivel delictivo, provincias como Guayas y Los Ríos —epicentros de la violencia criminal y el narcotráfico— operan con un déficit de personal para enfrentar la inseguridad.
Un problema que continúa en 2026
Para el inicio de 2026, ya existen 124 solicitudes de baja en trámite, bajo la figura de “pendiente entrega de requisitos”. Ante este escenario, la institución ha empezado a aplicar filtros más estrictos: en 2025, por primera vez en el quinquenio, 23 solicitudes fueron negadas por incumplimiento del reglamento de carrera o bajo la figura de negativa temporal.
Mientras la ciudadanía exige mayor presencia policial y resultados frente a la delincuencia, la Policía Nacional enfrenta una batalla interna por retener a su personal clave. Menos experiencia en las filas significa menos capacidad operativa, en un contexto donde la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones del país.
(Redacción Ecuador).- La relación comercial y energética entre Ecuador y Colombia atraviesa uno de sus momentos más tensos, luego de que ambos países anunciaran aranceles del 30 % a sus importaciones y Colombia confirmara además la suspensión de la venta de energía eléctrica a Ecuador.
El conflicto se intensificó tras el anuncio del presidente Daniel Noboa, quien informó que desde el 1 de febrero Ecuador aplicará un arancel del 30 % a productos que ingresen desde Colombia. La medida fue presentada como parte de una estrategia económica y de seguridad.
Horas después, Colombia anunció una medida similar, imponiendo un arancel del 30 % a productos ecuatorianos que se exportan a ese país. Entre los bienes potencialmente afectados se encuentran el banano, camarón, atún y conservas de pescado, aceite de palma, flores y productos industriales procesados.
Analistas advierten que este arancel reduce la competitividad de las exportaciones ecuatorianas en el mercado colombiano y podría provocar una caída en volúmenes de venta, afectando especialmente a sectores agroindustriales y exportadores.
Colombia suspende la venta de energía a Ecuador
A la escalada comercial se sumó una decisión estratégica: Colombia dejó de vender energía eléctrica a Ecuador, un mecanismo que históricamente ha servido como respaldo del sistema eléctrico ecuatoriano en períodos de estiaje, baja generación hidroeléctrica o emergencias energéticas.
Especialistas en el sector eléctrico señalan que, aunque Ecuador no depende de forma permanente de la energía importada, la interconexión con Colombia ha sido clave para evitar cortes y estabilizar el sistema en momentos críticos.
Riesgos para el sistema eléctrico y la economía
La suspensión de la venta de energía reduce el margen de maniobra del sistema eléctrico nacional y obliga a recurrir con mayor intensidad a generación térmica, que resulta más costosa y presiona el gasto público. Este escenario incrementa el riesgo de ajustes financieros, subsidios más elevados o eventuales racionamientos preventivos.
Desde el ámbito económico, analistas advierten que la combinación de aranceles e incertidumbre energética genera presión sobre precios, inversión y empleo, trasladando los efectos del conflicto directamente a la economía real.
Mientras las decisiones se adoptan a nivel gubernamental, los efectos comienzan a sentirse en dos frentes:
En Ecuador, el arancel a productos colombianos podría traducirse en precios más altos para consumidores. En Colombia, el arancel a productos ecuatorianos golpea a exportadores y productores nacionales.
La suspensión de la venta de energía añade un componente adicional que afecta a la planificación eléctrica y a la estabilidad del sistema.
La escalada entre Ecuador y Colombia marca un punto de inflexión en la relación bilateral, al pasar de un conflicto comercial a uno con implicaciones energéticas, cuyos efectos, según analistas, terminan impactando directamente a ciudadanos, productores y consumidores de ambos países.
(Redacción Ecuador).- El anuncio del presidente Daniel Noboa de aplicar un arancel del 30 % a las importaciones ha generado reacciones inmediatas en sectores económicos y comerciales, que advierten que la medida tendrá un impacto directo en los precios que pagan los consumidores en Ecuador.
Aunque el impuesto recae formalmente sobre los productos importados, especialistas señalan que este tipo de cargas tributarias no suelen ser absorbidas por importadores ni distribuidores, sino que se trasladan a lo largo de la cadena comercial hasta llegar al comprador final.
Traslado del costo a precios finales
En la práctica, cuando un bien ingresa desde Colombia con un arancel del 30 %, el importador debe asumir ese valor adicional en aduana. Este incremento se suma al costo base del producto, al transporte, a los márgenes comerciales y al Impuesto al Valor Agregado (IVA).
De acuerdo con estimaciones del sector comercial, un producto que antes costaba 10 dólares puede terminar en percha con un precio entre 16 y 18 dólares, dependiendo del tipo de bien y de la cadena de distribución. El aumento no se limita al porcentaje del arancel, sino que se amplifica por los costos asociados.
Bienes de consumo diario entre los más afectados
El efecto del nuevo impuesto se sentiría con mayor fuerza en productos de uso cotidiano, muchos de los cuales Ecuador importa regularmente desde Colombia por razones de cercanía y competitividad de precios. Entre ellos se encuentran:
Alimentos procesados y bebidas Medicamentos y productos farmacéuticos Artículos de limpieza y aseo personal Plásticos, envases e insumos industriales Repuestos, motocicletas y vehículos ensamblados
En varios de estos rubros, la producción nacional no cubre la demanda interna, lo que limita la capacidad del mercado para sustituir importaciones en el corto plazo.
Impacto en la industria y el comercio local
El arancel también podría afectar a industrias ecuatorianas que dependen de insumos importados desde Colombia. El incremento en los costos de materias primas y componentes se traduce en mayores costos de producción, lo que presiona a las empresas a elevar precios o reducir márgenes.
Representantes del sector productivo advierten que esta situación golpea con mayor fuerza a pequeñas y medianas empresas, que cuentan con menor capacidad financiera para absorber aumentos repentinos en sus costos operativos.
Riesgos colaterales y comercio regional
Economistas alertan que medidas de este tipo pueden generar inflación importada, incentivar el contrabando en zonas fronterizas y provocar distorsiones en el comercio binacional. Además, se advierte que el arancel podría generar tensiones dentro de la Comunidad Andina, que promueve la libre circulación de mercancías entre países miembros.
Mientras el Gobierno defiende la medida como parte de una estrategia económica y de control, el mercado ya anticipa ajustes de precios que, de concretarse, terminarán reflejándose en el gasto diario de los hogares ecuatorianos.
(Redacción Imbabura).- Imbabura se prepara para vivir una gran jornada deportiva este 28 de febrero, gracias a la colaboración de la Prefectura de Imbabura, que impulsa una carrera gratuita abierta a toda la ciudadanía.
El evento denominado Holi Run 5K cuenta con 2.000 cupos habilitados, de los cuales 1.100 ya han sido ocupados. Desde la organización se incentiva a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa, que promueve el deporte, la vida saludable y la integración comunitaria.
La inscripción no tiene costo e incluye camiseta oficial, dorsal, medalla de participación y terminará con una fiesta deportiva pensada para que los corredores y sus familias disfruten de una jornada diferente.
Como antesala al evento principal, mañana se realizará una activación deportiva a las 18h30, con salida desde la Prefectura de Imbabura, ubicada en las calles Bolívar y Oviedo. Esta actividad servirá para el reconocimiento de la ruta, y al finalizar el trote, la ciudadanía podrá inscribirse presencialmente, aprovechando los cupos que aún están disponibles.
Michael Encalada, deportista reconocido en la provincia, informó que este evento se realiza gracias al apoyo de la Prefectura de Imbabura. Además, señaló que, junto a Otavalo Trail, forman parte de la organización de este festival atlético, cuya temática consiste en el lanzamiento de polvos de colores durante la ruta, como una celebración deportiva enmarcada en el Carnaval.
La invitación está abierta para correr, compartir y ser parte de una experiencia que une a Imbabura a través del deporte.
(Redacción Ecuador).- Los recientes controles ejecutados por el Estado en agencias del Registro Civil responden a una estrategia nacional para combatir la intermediación ilegal, los cobros indebidos y la venta de turnos fraudulentos, prácticas que afectan directamente a la ciudadanía.
Como parte de estas acciones, este martes se realizaron operativos simultáneos en varias ciudades del país, con la participación de la Policía Nacional, el Servicio de Rentas Internas, Gobernaciones y agencias municipales de control. Las intervenciones permitieron reducir la presencia de tramitadores en los exteriores de las agencias, inspeccionar locales comerciales y detectar irregularidades administrativas vinculadas a permisos y facturación.
Según información oficial, en 2025 se ejecutaron 99 operativos a escala nacional, que dejaron 46 personas aprehendidas, una sentencia por falsificación y uso de documento falso, y ocho locales clausurados, evidenciando que las detenciones se producen por delitos relacionados con la tramitación ilegal y el fraude documental.
En este contexto, y en medio de la investigación a 32 locales comerciales ubicados en los alrededores de varias agencias del Registro Civil a nivel nacional, en la ciudad de Tulcán cuatro funcionarios del Registro Civil del Carchi fueron desvinculados este martes, en un procedimiento que ha generado cuestionamientos por presuntas presiones y amenazas para forzar la firma de sus renuncias. Según denunciaron abogados de los afectados, la medida se habría ejecutado tras la llegada del coordinador general del Registro Civil a la dependencia local, bajo el argumento de supuestas irregularidades, concretándose al final de la jornada la salida obligada de cuatro servidores.
Las defensas legales aseguran que varios de los funcionarios contaban con nombramiento definitivo y que habrían sido advertidos con posibles penas de prisión de entre cuatro y cinco años si no renunciaban, sin que se les informara el presunto delito. También denunciaron impedimentos para brindar asesoría legal, la ausencia de Fiscalía y Policía durante el proceso, y la incomunicación de los empleados. Entre los desvinculados figuran servidores con hasta 24 y 15 años de trayectoria institucional.
(Redacción Imbabura).- El doble asesinato ocurrido en el centro de Otavalo, ejecutado bajo una modalidad propia del sicariato y presuntamente vinculado a deudas informales, dejó al descubierto no solo la gravedad de la violencia que golpea al cantón, sino también un evidente cruce de responsabilidades entre autoridades locales y nacionales.
Luego de que el Municipio de Otavalo señalara que la seguridad es competencia exclusiva del Gobierno Nacional, la Gobernación de Imbabura respondió con un comunicado en el que expresa su preocupación por los hechos, anuncia acciones generales y, al mismo tiempo, recuerda que los gobiernos municipales también tienen atribuciones en materia de seguridad ciudadana.
En su pronunciamiento, la Gobernación relaciona el crimen con prácticas ilegales de préstamos informales y exhorta a la ciudadanía a no recurrir a estos mecanismos, mientras evita asumir responsabilidades directas por la falta de control y presencia estatal que precedieron al ataque armado.
El comunicado también menciona la reactivación de operativos interinstitucionales y la designación de autoridades, sin detallar fechas, responsables ni medidas concretas que garanticen una respuesta inmediata ante la escalada de violencia.
Además, la entidad provincial cita el COOTAD para recordar que los municipios deben crear y coordinar consejos de seguridad ciudadana, dejando claro que la disputa ya no es solo por la seguridad, sino por quién carga con la culpa política tras el crimen.
Mientras la violencia escala en los cantones y la provincia, las instituciones aún discuten a quién le correspondía actuar.
(Redacción Ibarra).- La Mgtr. María Victoria Rea, directora de cultura del GAD Ibarra, dio a conocer la agenda oficial del Carnaval del Amor 2026, una de las celebraciones más esperadas en Ibarra, que se desarrollará con múltiples eventos culturales, artísticos, turísticos y deportivos en la ciudad y sus parroquias rurales.
Las actividades se desarrollarán del 11 al 14 de febrero con la denominada Calle del Amor, que se extenderá desde la tradicional esquina de Cruz Verde y avanzará a lo largo de la calle José Domingo Albuja hasta el estadio José Domingo Albuja, espacio que contará con decoración especial y varios puntos instagramiables para el disfrute de propios y visitantes, en el marco de la celebración del Día del Amor y la Amistad.
El sábado 14 de febrero se desarrollará el Desfile Temático “Ibarra vive el Carnaval 2026”, con un recorrido por la avenida Camilo Ponce del parque Ciudad Blanca, donde se presentarán carros alegóricos y comparsas coloridas.
Uno de los eventos más destacados será la «Fiesta de Espuma más grande del Ecuador», que se realizará el domingo 15 de febrero con la participación de cuatro cañones de espuma, DJs en vivo y la venta y promoción de la ‘Espumilla más grande’.
La agenda incluye también el Festival Ibarra Vive el Carnaval, un evento artístico-musical que contará con la presentación estelar del cantante Jessi Uribe, prometiendo una noche inolvidable para los asistentes.
El carnaval además, se extenderá a las parroquias rurales de Ibarra, con celebraciones programadas los días 15, 16 y 17 de febrero, en las que cada parroquia desarrollará su propia agenda cultural, musical y artística. Entre los eventos destacados constan el Carnaval del Coangue en el Chota, el Carnaval Ambuquireño, el Carnaval de la Esperanza, con un enfoque artesanal, gastronómico y agroproductivo, y el cierre con el tradicional Carnaval de San Antonio de Ibarra.
Eventos deportivos
El Lic. Alex Salas, director de Deportes y Recreación del Municipio de Ibarra, informó que dentro de la programación deportiva destaca el Desafío Zuleta, que se llevará a cabo el 25 de enero, con una exigente ruta de ciclismo que partirá desde el Bosque Protector Guayabillas hasta la comunidad de Zuleta, a partir de las 08h00.
Además, los días 7 y 8 de febrero se desarrollará la competencia Chota Trail, que contará con cerca de 2.500 participantes en distancias de 3, 7, 15, 30, 50 y 90 kilómetros, en una exigente y emocionante carrera de campo traviesa a lo largo del territorio del cantón.
El 14 de febrero se desarrollará «La Carrera de los Enamorados» con una modalidad para parejas y otra para solteros, en la ‘Calle del Amor’ (calle José Domingo Albuja).
Turismo y experiencias
Finalmente, la Ing. Katya Bastidas, gerente general de INNOVA EP, destacó las actividades turísticas del Tren del Taita Imbabura, que incluirán recorridos como el Tren Nocturno del Amor, el Tren Nocturno de los Solteros y la Chiva Fest o Ferrochiva Carnavalera, experiencias que ofrecerán música en vivo, decoración especial, vino y varias sorpresas para los asistentes.
Con esta amplia agenda, Ibarra, durante los días lunes 16 y martes 17 de febrero —correspondientes al feriado nacional de Carnaval—, se consolida como uno de los principales destinos para visitar en esta festividad.
(Redacción Ibarra).- El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, a través de su Coordinación Zonal 1 con sede en Ibarra, lidera el proceso de articulación técnica y operativa con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) Municipales de la provincia de Imbabura, en cumplimiento de la Resolución SIS-SIS-2025-0025-R, que dispone la interoperabilidad obligatoria de los sistemas de videovigilancia con la plataforma nacional del ECU 911.
Esta resolución, de carácter vinculante, establece que todos los gobiernos locales que cuenten con sistemas tecnológicos orientados a la seguridad ciudadana, tránsito, salud o gestión de riesgos deben integrar sus plataformas al sistema ECU 911. El objetivo es fortalecer la atención integral y oportuna de emergencias, optimizando el uso de recursos tecnológicos en la provincia.
Entre los principales alcances de la normativa se incluye la interoperabilidad de sistemas de videovigilancia, plataformas tecnológicas y centros de monitoreo municipales con el ECU 911; el cumplimiento de parámetros técnicos y operativos definidos en un anexo especializado; la coordinación del uso operativo de los sistemas; la aplicación de protocolos de seguridad de la información y protección de datos personales; así como la garantía de continuidad del servicio y la prevención del uso indebido de las plataformas integradas.
Desde el ECU 911 Ibarra se ha asumido el liderazgo técnico de este proceso mediante la implementación de mesas de trabajo, asesorías especializadas y acompañamiento permanente a los municipios de Imbabura. Estas acciones buscan asegurar una correcta implementación de la interoperabilidad y fortalecer la gestión integral de emergencias en el territorio provincial.
De manera paralela, el ECU 911 también impulsa la interoperabilidad con el sector privado. Este proceso es liderado por la abogada Cecilia Ludeña, Coordinadora Zonal 1, y actualmente cuenta con la participación de cinco empresas de la provincia que mantienen procesos activos para integrar sus sistemas tecnológicos a la plataforma nacional. Esta articulación público-privada contribuye a reforzar la prevención y la atención oportuna de emergencias, ampliando la capacidad de respuesta ante eventos que puedan afectar a la ciudadanía.
