(Redaccion Ecuador).- Autoridades ambientales y judiciales en Ecuador iniciaron acciones legales contra un ciudadano que habría atropellado de forma intencional a un venado cola blanca en el sector de El Empalme, en el cantón Macará, en Loja.
El hecho ocurrió el pasado 2 de mayo de 2026, durante el feriado por el Día del Trabajador, y quedó registrado en video por otro conductor que transitaba por la zona. En las imágenes se observa cómo el vehículo embiste al animal cuando este cruzaba la vía, en lugar de intentar esquivarlo.
Tras la difusión del material en redes sociales, el Ministerio de Ambiente y Energía informó que se logró identificar al conductor y al automotor involucrado, lo que permitió iniciar un proceso administrativo sancionatorio conforme al Código Orgánico del Ambiente (COA).
Las autoridades recordaron que las sanciones por este tipo de infracciones pueden oscilar entre 10 y 200 salarios básicos unificados, lo que equivale a una multa de hasta aproximadamente 96.400 dólares, dependiendo de la gravedad del daño causado a la fauna silvestre.
Además del proceso administrativo, el caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, que investiga el hecho como un presunto delito contra la fauna silvestre, tipificado en el artículo 247 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Esta infracción puede ser sancionada con penas privativas de libertad de uno a tres años en Ecuador.
El venado cola blanca es una especie nativa de la zona sur del país y forma parte de la fauna silvestre que habita en áreas tropicales y boscosas de la provincia de Loja, especialmente en sectores cercanos a la frontera con Perú.
Las autoridades recalcaron que este tipo de casos refuerza la necesidad de respetar la vida silvestre y conducir con precaución en zonas donde existe presencia de animales.
(Redaccion Imbabura).- En Imbabura, varios procesos de desvinculación en instituciones públicas han sido revisados por la justicia en los últimos años. Aunque cada caso tiene particularidades, las decisiones coinciden en un punto: la necesidad de que los despidos estén debidamente motivados y respeten garantías constitucionales, especialmente cuando existen condiciones de vulnerabilidad.
En la provincia existen precedentes que enmarcan esta situaciòn.
Caso 1: Danny Francisco Hidrobo fue cesado en junio de 2019 como Supervisor de la Banda Municipal del GAD de Ibarra. En enero de 2021, la Corte Provincial de Justicia de Imbabura aceptó su acción de protección y concluyó que la desvinculación vulneró el derecho a la seguridad jurídica. La sentencia dejó sin efecto la acción de personal, dispuso su reintegro bajo nombramiento provisional y ordenó el pago de remuneraciones no percibidas, además de aportes al IESS.
Caso 2: En 2023, el Tribunal de Garantías Penales de Imbabura resolvió a favor de Nataly B., quien fue desvinculada como jueza de coactivas de una empresa pública regional con sede en Ibarra. La funcionaria, madre sustituta de un niño con más del 30% de discapacidad, alegó la vulneración de su derecho a la estabilidad laboral reforzada tras ser separada de su cargo luego de una hospitalización.
El tribunal aceptó la acción de protección y ordenó su reincorporación, así como el pago de los sueldos dejados de percibir.
Caso 3: En enero de 2026, la Unidad Judicial Multicompetente Civil de Imbabura resolvió el caso de José Luis Flores Guerrero, exguardia del Gobierno Provincial, desvinculado en 2024 mediante visto bueno.
La jueza determinó que no existió fundamento legal suficiente para la terminación laboral, dejó sin efecto el visto bueno y ordenó el pago de indemnizaciones por despido intempestivo, desahucio y beneficios proporcionales. En este caso, no se dispuso el reintegro, sino compensación económica.
Caso actual: docente y cuidador, bajo análisis constitucional
A estos antecedentes se suma el caso de Luis Hernando Paredes, servidor del área educativa, cuya destitución está siendo analizada en la justicia constitucional.
Paredes fue destituido por el Ministerio de Educación bajo la acusación de “abandono injustificado del trabajo”. Sin embargo, según la acción de protección presentada, es cuidador directo de una persona con discapacidad severa del 97% y había solicitado vacaciones —inicialmente aprobadas— para acompañarla a un tratamiento médico en el exterior.
Durante ese período también presentó problemas de salud respaldados por certificados médicos validados por el IESS. El reclamo señala que la administración basó su decisión principalmente en el registro de salida del país, sin considerar integralmente su condición de cuidador ni los elementos médicos presentados.
Será la justicia constitucional la que determine si existió o no vulneración de derechos como la seguridad jurídica, el derecho al trabajo o la protección reforzada en contextos de discapacidad.
Un tema que sigue en discusión
Los casos registrados en Imbabura muestran que los procesos de desvinculación en el sector público continúan siendo objeto de revisión judicial cuando existen dudas sobre su legalidad o proporcionalidad.
El caso de Luis Paredes se suma a este escenario y podría aportar nuevos criterios sobre la aplicación de causales como el abandono del puesto, especialmente cuando intervienen factores de salud y cuidado de personas en situación de vulnerabilidad.
(Redaccion Ibarra).- La Coordinación Zonal 1 del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, con sede en Ibarra, cumple este 5 de mayo de 2026 doce años de funcionamiento, periodo en el que ha coordinado la atención de 1.444.312 emergencias en la provincia de Imbabura.
Desde su creación en 2014, la central ha gestionado incidentes reportados a través de la línea única 9-1-1 y del sistema de videovigilancia. Del total de casos atendidos, el 63,03% corresponde a seguridad ciudadana (910.347 emergencias), seguido de gestión sanitaria con el 19,33% (279.198 casos) y tránsito y movilidad con el 8,89% (128.330 eventos).
Otros servicios coordinados incluyen atención municipal (4,90%), gestión de siniestros (2,73%), gestión de riesgos (0,76%) y servicio militar (0,36%), según datos oficiales de la institución.
La coordinadora zonal 1 del ECU 911, Cecilia Ludeña, señaló que el trabajo interinstitucional ha sido clave en la operatividad del sistema. “Cada emergencia atendida representa una oportunidad para salvar vidas”, afirmó.
Como parte de la conmemoración, el próximo 8 de mayo se realizará una sesión solemne en reconocimiento al personal operativo, técnico y administrativo, así como a las entidades articuladas que integran el sistema.
En paralelo, la institución informó que 70.591 ciudadanos han participado en 1.344 actividades de socialización, entre ferias, visitas guiadas y capacitaciones, orientadas a fortalecer la cultura de prevención y el uso adecuado del número de emergencias.
El ECU 911 mantiene atención permanente las 24 horas del día, los siete días de la semana, coordinando la respuesta ante distintos eventos en la provincia.
(Redacción Ibarra).-El Instituto Tecnológico ITCA inauguró oficialmente su nuevo periodo académico mayo-septiembre 2026, en un acto que contó con la participación de autoridades institucionales, docentes y comunidad estudiantil.
Durante la jornada, se dio la bienvenida a los estudiantes que inician una nueva etapa de formación profesional, destacando el compromiso del ITCA con la excelencia académica, la innovación y el desarrollo integral.
Las autoridades enfatizaron que este nuevo periodo académico se desarrolla bajo un enfoque moderno, con modalidades presencial, semipresencial y en línea, alineadas a las necesidades actuales de los estudiantes. Además, se reafirmó el impulso a proyectos de investigación, vinculación con la comunidad y fortalecimiento institucional, ejes fundamentales del crecimiento del ITCA.
Cabe destacar que la institución ha venido consolidando iniciativas innovadoras, como su editorial académica y el fortalecimiento de su oferta educativa, lo que evidencia su proyección en la zona norte del país. Con este acto inaugural, ITCA ratifica su compromiso de formar profesionales competentes, con visión crítica y capacidad de aportar al desarrollo del país.
(Redacción Imbabura).- La rendición de cuentas 2025 de la Policía Nacional en Imbabura revela una brecha que impacta directamente en la seguridad: la provincia opera con menos uniformados de los que recomienda el estándar internacional.
Según los datos presentados, Imbabura tiene 469.879 habitantes. De un total de 1.033 efectivos, apenas 914 cumplen funciones preventivas, es decir, son los que realizan patrullaje en territorio.
Bajo el estándar de 300 policías por cada 100.000 habitantes, la provincia debería contar con al menos 1.380 agentes operativos. Sin embargo, actualmente hay 1.033 policías en funciones, lo que representa un déficit de 347 uniformados y reduce la cobertura a aproximadamente 225 por cada 100.000 habitantes.
Ciudad Blanca: menos de la mitad del personal necesario
El Distrito Ciudad Blanca, el más poblado, concentra 209.816 habitantes, pero cuenta con solo 297 policías operativos. Aplicando el estándar internacional, este sector debería tener cerca de 630 policías. La cifra actual representa menos del 50% del personal requerido, evidenciando una presión operativa constante.
Patrullaje extendido y respuesta limitada
Con una extensión cantonal de 1.093 km² y apenas 297 policías en funciones operativas, la carga territorial en el Distrito Ciudad Blanca resulta considerable: en promedio, cada uniformado tendría que cubrir cerca de 3,7 km². Sin embargo, en la práctica —debido a turnos, descansos y otras funciones— el número de agentes en calle se reduce significativamente, lo que puede elevar la cobertura a más de 10 km² por policía en servicio. Esto implica que un solo uniformado podría estar respondiendo en un radio cercano a los 2 kilómetros a la redonda, una distancia que limita el patrullaje preventivo y refleja cómo la falta de personal termina diluyendo la presencia policial en amplios sectores del cantón.
Poco personal para investigar
A esto se suma que solo 102 policías están en investigación y 17 en inteligencia. Lo que refleja una estructura enfocada en patrullaje, pero con limitaciones para enfrentar delitos complejos o estructuras criminales.
Las cifras oficiales muestran que Imbabura no solo enfrenta problemas de inseguridad, sino también una limitación de personal. Con menos policías de los necesarios en las calles, la provincia opera al límite de su capacidad, en un escenario donde la demanda de seguridad supera claramente los recursos disponibles.
Durante la visita del ministro Reimberg a Ibarra, el pasado 26 de marzo, se le consultó sobre el déficit de personal policial frente a una provincia con alta población. El funcionario aseguró que se incrementaría el número de efectivos y se reforzaría el parque automotor para mejorar la seguridad; sin embargo, hasta el momento no hay claridad sobre si este ofrecimiento se ha cumplido en los meses posteriores.
(Redacciòn Imbabura).- En el valle de Intag donde confluyen las parroquias García Moreno y Peñaherra del canton Cotacachi en mbabura, la historia de Llurimagua no es nueva. Desde la década de 1990, este proyecto minero ha pasado por manos de empresas japonesas, canadienses, chilenas y de la estatal ecuatoriana, sin lograr consolidarse. En todos los casos, un mismo factor ha frenado su avance: la resistencia sostenida de las comunidades.
Para este año el Gobierno ha anunciado la licitación del proyecto a pesar de que en 2023 la Corte Provincial de Imbabura revocó su licencia ambiental. El fallo determinó que se vulneraron los derechos de la naturaleza y que no se realizó una consulta ambiental adecuada, ordenando la suspensión de las actividades hasta cumplir con estos requisitos. Sin embargo, hasta la fecha, dicha consulta no se ha llevado a cabo.
Riqueza natural frente a intereses extractivos
Llurimagua se ubica en un ecosistema de bosque nublado que abarca cerca de 4.800 hectáreas y alberga una biodiversidad excepcional. En esta zona habitan especies en peligro de extinción como el oso de anteojos, el jaguar y el puma, además de anfibios únicos como la rana cohete resistencia y la rana arlequín hocicuda, esta última redescubierta tras haber sido considerada extinta.
La extraordinaria riqueza biológica del territorio se ha convertido en uno de los principales argumentos de las comunidades para rechazar el proyecto minero. A esto se suman las alertas sobre impactos ya evidenciados durante fases de exploración, como perforaciones profundas que, según denuncian los habitantes, habrían alterado fuentes de agua, modificando su temperatura y niveles de acidez, y generando posibles riesgos de contaminación.
En medio de este entorno se encuentran comunidades como Junín, donde la conservación no es un discurso, sino una forma de vida. Ríos cristalinos, paisajes naturales y atractivos como las “Cascadas Gemelas”, junto con iniciativas de ecoturismo, sostienen economías locales que dependen directamente del equilibrio del ecosistema.
Sin embargo, ese modelo que ha perdurado por años hoy enfrenta una amenaza latente: la posibilidad de que la actividad minera transforme de manera irreversible un territorio que, hasta ahora, ha apostado por vivir de la naturaleza sin destruirla.
Reformas legales y nuevas empresas aumentan la incertidumbre
El escenario se complica con la reciente reforma a la legislación minera, que según organizaciones ambientales podría flexibilizar los requisitos para la obtención de licencias y debilitar la consulta ambiental. Aunque la normativa aún genera interpretaciones diversas, existe preocupación de que se utilice para acelerar procesos sin cumplir plenamente con las garantías legales.
A esto se suma el interés de nuevas empresas internacionales en la concesión, lo que refuerza la intención de reactivar el proyecto. Paralelamente, se ha cuestionado la reclasificación de Llurimagua como proyecto de mediana escala, pese a ser considerado uno de los mayores yacimientos de cobre del mundo, lo que podría implicar menos exigencias en los trámites.
División y resistencia
Más allá del componente ambiental, el proyecto ha generado tensiones dentro de las propias comunidades. Mientras algunos sectores ven en la minería una posibilidad de empleo y desarrollo económico, otros defienden un modelo basado en la conservación, el ecoturismo y las economías locales sostenibles.
En Intag, iniciativas comunitarias han demostrado que es posible generar ingresos sin afectar el entorno natural. Sin embargo, la presión minera ha profundizado divisiones sociales que se mantienen hasta hoy.
Un conflicto abierto y una decisión pendiente
El futuro de Llurimagua sigue sin definirse. La falta de una consulta ambiental efectiva, las dudas sobre el cumplimiento de fallos judiciales y la posibilidad de nuevos procesos legales, incluso a nivel internacional, mantienen el conflicto en un punto crítico.
Más allá de lo técnico, el caso refleja un debate de fondo sobre el modelo de desarrollo del país. Entre la explotación de recursos minerales y la conservación de territorios biodiversos, Intag se ha convertido en un símbolo de una decisión que Ecuador aún no termina de resolver.
(Redacción Imbabura).– Tras la eliminación de los murales que recordaban las movilizaciones de octubre de 2025, ocurrida el pasado 10 de abril en el sector del Partidero, en la vía hacia Cotacachi, comunidades indígenas, colectivos sociales y autoridades locales impulsaron su restauración como un acto de memoria y resistencia.
Las obras, ubicadas a lo largo de la vía E35, habían sido cubiertas con pintura durante trabajos de mantenimiento ejecutados por personal de la empresa Panavial, lo que generó rechazo en distintos sectores de la provincia.
En respuesta, comunidades y colectivos convocaron a artistas y ciudadanos, quienes participaron activamente en la recuperación del mural, destacando que la memoria colectiva no puede ser silenciada.
La inauguración oficial del renovado Mural de la Memoria de los Mártires se llevó a cabo el viernes 1 de mayo, en el mismo sector del Partidero. El acto fue organizado por dirigentes de la UNORCAC y UNICOBICI de Ilumán, e incluyó una ceremonia ritual en el considerado sitio sagrado.
En el mural se plasman los rostros de Efraín Fuerez, Edison David Farinango de Cotacachi, Jorge Guaman de San Rafael y Rosita Paqui de Loja, quienes fallecieron durante el paro nacional de 2025, en hechos atribuidos a la fuerza pública del gobierno de Daniel Noboa.
El espacio se consolida como un lugar de memoria, donde las comunidades buscan preservar la historia reciente y rendir homenaje a quienes consideran mártires de la lucha social.
(Redacción Ibarra).- El Gobierno Nacional anunció el cierre progresivo del esquema de compensaciones económicas destinado al sector del transporte, como parte de las medidas adoptadas tras la eliminación de subsidios a los combustibles.
El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, confirmó que este apoyo estatal entrará en su fase final y se mantendrá vigente únicamente hasta el viernes 15 de mayo para el transporte intra e interprovincial.
En el caso del transporte urbano, las compensaciones ya finalizaron en abril, conforme al cronograma técnico establecido por la administración actual. Esta decisión marca una diferencia clara entre los distintos segmentos del sector.
Luque también enfatizó que cualquier ajuste en las tarifas del transporte urbano no será competencia del Gobierno central, sino de los Municipios y los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), quienes deberán evaluar y decidir sobre posibles incrementos en el costo del pasaje.
Según cifras oficiales, el Estado ha destinado aproximadamente 177,5 millones de dólares para mitigar el impacto del alza del diésel, beneficiando a cerca de 57.000 transportistas en todo el país.
Con esta medida, el Ejecutivo busca cerrar un ciclo de subsidios temporales que tenían como objetivo estabilizar los costos operativos del transporte tras la reforma en los precios de los combustibles, trasladando progresivamente la responsabilidad a los gobiernos locales y al propio sector.
(Redacción Ibarra).- El mercado Amazonas, uno de los principales puntos de concentración comercial y de abastecimiento en la ciudad de Ibarra y para la región norte del país, actualmente ya no cumple con las condiciones necesarias para su adecuado funcionamiento, tras más de 62 años de servicio.
Debido a su antigüedad y prolongado uso, presenta un evidente deterioro en su infraestructura, así como problemas de insalubridad, desorden y ocupación del espacio público en sus alrededores por parte de vendedores ambulantes. A esto se suman situaciones de inseguridad y la presencia de actividades ilícitas, factores que, con el paso del tiempo, han provocado que el mercado pierda funcionalidad y atractivo para los consumidores.
En este contexto, la construcción de un nuevo Mercado Amazonas en Ibarra se ha posicionado como una de las principales propuestas de campaña de varios candidatos que aspiran a la Alcaldía. Esta obra es presentada como una posible solución a las problemáticas actuales del comercio local y como una apuesta para reordenar, modernizar y dinamizar la actividad comercial en la ciudad.
Este ofrecimiento ha tomado mayor fuerza debido a la presencia de diversos precandidatos a la Alcaldía, quienes, en el marco de sus recorridos y propuestas, buscan captar el respaldo ciudadano de cara a las próximas elecciones. Entre ellos se mencionan Juan Árias, Álvaro Castillo Monge, José Moncayo, Juan Manuel Mantilla, Estefano Bolaños entre otros.
Sin embargo, esta no es una propuesta nueva. Su origen se remonta a administraciones anteriores, durante las cuales distintos alcaldes han pasado por el despacho municipal sin lograr concretar la construcción del nuevo Mercado Amazonas. De esta manera, el proyecto se ha mantenido a lo largo del tiempo como una deuda pendiente con la ciudad.
A continuación, se presenta un repaso de las administraciones que han abordado —sin concretar— este proyecto:
Pablo Jurado (2005–2009): Durante su administración ya se planteaba la necesidad de ordenar y modernizar el sistema de mercados, enmarcado dentro de una visión más amplia de planificación urbana. En ese contexto, se impulsó la idea de transformar los mercados tradicionales en espacios más organizados y funcionales, incluso con características propias de centros comerciales, buscando dejar atrás la percepción de desorden e insalubridad.
Para 2006 ya se hablaba de concentrar la actividad comercial en un solo lugar a través de un macro proyecto que contemplaba infraestructura moderna y la reubicación de comerciantes, incluidos los del mercado Amazonas, hacia el sector de La Playa. La iniciativa contaba con estudios y planos listos, pero su ejecución dependía de un financiamiento estimado en alrededor de 9 millones de dólares, recursos que no pudieron ser cubiertos por el presupuesto municipal y que quedaron sujetos a una eventual asignación del Estado.
Posteriormente, en 2009, en el marco de su campaña de reelección, Jurado también planteó la ampliación del mercado La Playa y la construcción de nuevos centros de abasto en sectores de crecimiento como Los Ceibos, Alpachaca y San Antonio, reforzando la idea de desconcentrar y reorganizar el sistema de mercados de la ciudad.
Jorge Martínez (2009–2014): Durante su administración se mantuvo en agenda la necesidad de reorganizar el sistema de mercados, aunque sin concretar una intervención estructural en el mercado Amazonas. Su gestión priorizó obras de regeneración urbana, entre ellas la construcción del bulevar en el centro de la ciudad, proyecto en el que se invirtieron alrededor de 6 millones de dólares. Si bien estas obras apuntaron a mejorar la imagen urbana y dinamizar el comercio, la problemática de los mercados tradicionales continuó sin una solución de fondo.
Álvaro Castillo (2014–2019): Durante su administración se impulsó la construcción de un nuevo mercado Amazonas en las inmediaciones de la terminal terrestre, como parte de una estrategia para reordenar el comercio en la ciudad. En 2015 se colocó la primera piedra y se inició la ejecución del proyecto, cuyo costo total se estimaba en alrededor de 7 millones de dólares. Sin embargo, la obra se vio afectada por un litigio con la familia Morejón relacionado con la propiedad de los terrenos, lo que frenó su avance. A pesar de haberse invertido cerca de 3 millones de dólares en la primera fase, los trabajos no pasaron de los cimientos y estructura inicial, quedando la obra inconclusa y sin cumplir el objetivo previsto.
Andrea Scacco (2019–2023): Durante su administración se retomó la intención de construir un nuevo mercado Amazonas; sin embargo, se planteó un cambio de enfoque, priorizando su ejecución por etapas o incluso analizando la posibilidad de intervenir en el mismo sitio del actual mercado. Su gestión se centró en la búsqueda de financiamiento externo para viabilizar el proyecto, pero no se logró concretar una inversión ni iniciar obras, por lo que la propuesta volvió a quedar en planificación sin ejecución.
Álvaro Castillo (2023–2027): En la actual administración se ha planteado la creación de un “Sistema de Mercados Centrales”, que contempla la construcción de un nuevo mercado Amazonas junto con infraestructura complementaria, como parte de un proyecto más amplio y estructurado. No obstante, la propuesta se ha mantenido en debate y ha enfrentado resistencia por parte de los comerciantes.
El 15 de julio del año pasado se realizó un proceso de socialización entre dirigentes del mercado y el alcalde, quien informó que no existe un presupuesto asignado para la ejecución del proyecto. En ese contexto, señaló que el Municipio se encuentra gestionando financiamiento a través de empresas internacionales, entre ellas una mexicana y otra española.
La iniciativa, impulsada por el alcalde y delegada a la empresa pública municipal Innova EP, contempla una inversión estimada de 70 millones de dólares mediante un modelo de alianza público-privada. De acuerdo con la planificación, se destinarían 50 millones para el mercado Amazonas, 18 millones para el centro comercial municipal La Playa y 2 millones para la plaza de servicios Amazonas.
Sin embargo, hasta la fecha, la propuesta no se ha concretado y, considerando que la actual administración está próxima a culminar su periodo, su ejecución en el corto plazo resulta poco probable.
(Redacción Ibarra).— Hace pocas horas, habitantes de Ambuquí se movilizaron en rechazo a las operaciones de una planta de asfalto, la cual —según denuncian— habría incumplido varios acuerdos establecidos previamente.
Los moradores recuerdan que hace exactamente un año ya protagonizaron un plantón, tras una resolución de la asamblea popular y dirigentes del sector, bloqueando la vía en señal de protesta por las afectaciones que, aseguran, genera la planta.
Entre los principales reclamos se mencionan presuntos problemas de salud en la población, así como el deterioro del paisaje natural del sector considerado de alto valor turístico y una de las principales fuentes de ingreso para las familias.
