(Redacciòn Quito).- La jueza del Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito dictó una sentencia de 17 años y 4 meses de prisión contra un miembro de la Policía Nacional por el presunto delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, en un caso que se remonta a un operativo policial realizado en Quito en 2016.

Los hechos ocurrieron en el sector de El Bosque, al norte de la capital, cuando los sargentos Diego Trujillo y Leonardo Montalvo realizaban un patrullaje de rutina. Durante el recorrido detectaron un presunto asalto en el que varios individuos intentaban despojar de dos motocicletas a guardias de seguridad, por lo que intervinieron de manera inmediata para frustrar el delito.

La intervención dio paso a una persecución que culminó en un enfrentamiento armado entre los uniformados y los sospechosos. Como resultado, uno de los presuntos delincuentes falleció, mientras que otro fue capturado y posteriormente admitió su participación en el robo. Sin embargo, años después la Fiscalía abrió una investigación para determinar si durante el procedimiento existió una extralimitación en el uso de la fuerza por parte de los policías.

Durante el proceso judicial, ambos sargentos cumplieron medidas cautelares, entre ellas el uso de dispositivos de vigilancia electrónica. Antes de la audiencia de juicio, el sargento Diego Trujillo defendió su actuación y aseguró que su intención fue neutralizar una amenaza durante el enfrentamiento. El caso también cobró notoriedad pública luego de que se viralizara una frase atribuida a la jueza: “Antes de ser delincuente, es ser humano”.

Tras conocerse la sentencia, el ministro del Interior, John Reimberg, anunció que la cartera de Estado presentará los recursos legales correspondientes para apelar la resolución. El funcionario ratificó el respaldo institucional a los uniformados procesados y aseguró que la defensa técnica agotará todas las instancias legales disponibles para buscar la revisión del fallo.

Por su parte, la Policía Nacional expresó su apoyo a los agentes y a sus familias, señalando que el procedimiento realizado en 2016 se ajustó a los principios de uso progresivo, diferenciado y proporcional de la fuerza vigentes en esa época. Mientras se tramita la apelación, el caso continúa generando debate sobre el respaldo legal que reciben los policías cuando enfrentan situaciones que ponen en riesgo la vida de ciudadanos y servidores policiales.