(Redacción Imbabura).- El doble asesinato ocurrido en el centro de Otavalo, ejecutado bajo una modalidad propia del sicariato y presuntamente vinculado a deudas informales, dejó al descubierto no solo la gravedad de la violencia que golpea al cantón, sino también un evidente cruce de responsabilidades entre autoridades locales y nacionales.

Luego de que el Municipio de Otavalo señalara que la seguridad es competencia exclusiva del Gobierno Nacional, la Gobernación de Imbabura respondió con un comunicado en el que expresa su preocupación por los hechos, anuncia acciones generales y, al mismo tiempo, recuerda que los gobiernos municipales también tienen atribuciones en materia de seguridad ciudadana.

En su pronunciamiento, la Gobernación relaciona el crimen con prácticas ilegales de préstamos informales y exhorta a la ciudadanía a no recurrir a estos mecanismos, mientras evita asumir responsabilidades directas por la falta de control y presencia estatal que precedieron al ataque armado.

El comunicado también menciona la reactivación de operativos interinstitucionales y la designación de autoridades, sin detallar fechas, responsables ni medidas concretas que garanticen una respuesta inmediata ante la escalada de violencia.

Además, la entidad provincial cita el COOTAD para recordar que los municipios deben crear y coordinar consejos de seguridad ciudadana, dejando claro que la disputa ya no es solo por la seguridad, sino por quién carga con la culpa política tras el crimen.

Mientras la violencia escala en los cantones y la provincia, las instituciones aún discuten a quién le correspondía actuar.