(Redacción Ibarra).- El pasado viernes, la Corte Provincial de Justicia de Imbabura resolvió por unanimidad revocar la sentencia emitida el 9 de abril por el juez Johnny Palacios, dejando sin efecto las medidas cautelares que habían frenado el proceso electoral del Sindicato de Choferes de Imbabura. Asimismo, negó la acción de protección presentada por Edwin Vásquez, expresidente del gremio.

Con este fallo, la Lista 3, encabezada por Cristóbal Moncayo, fue ratificada como ganadora y se presentó en las instalaciones del sindicato para la posesión y transición administrativa. Sin embargo, el proceso no pudo concretarse. En el espacio radial ‘Aquí Estamos’, conducido por Edwin Toaquiza, se denunció que no se permitió el ingreso de Moncayo, debido a irregularidades como puertas cerradas, funcionarios que obstaculizaron el acceso y la ausencia de Vásquez, quien se encontraba en Guayaquil, lo que impidió la formalización de la posesión. Posteriormente, Marcelo Yepes, secretario de Finanzas electo, informó que, tras conversaciones con personal administrativo, se acordó iniciar el proceso de entrega este lunes.

Por su parte, Camilo Bedón, integrante de la nueva administración, adelantó que se impulsará un proceso de fiscalización y auditoría para transparentar los recursos generados durante los 16 años de gestión de Vásquez. Según estimaciones preliminares, el sindicato llegaba a registrar hasta 800 estudiantes por semestre, con aportes cercanos a los 1.000 dólares cada uno, lo que significaría ingresos importantes que deberán ser esclarecidos.

Entre los puntos críticos a revisar están la compra de cuatro lotes en los terrenos de la antigua Unidad Educativa 4 de Julio, el presunto exceso de personal y gastos innecesarios. La nueva directiva ha planteado redirigir los recursos al bienestar de los socios y a mejorar la calidad educativa, con el objetivo de formar conductores de acuerdo con los estándares actuales del perfil profesional.

Otro aspecto señalado fue la limitada participación en las asambleas durante la gestión de Vásquez, donde mantenía el control gracias a su mayoría de apoyo. De los más de 1.100 socios registrados, apenas participaba un 12 % (160 en promedio), lo que reducía la pluralidad de criterios.

Finalmente, se advirtió la necesidad de reformar los estatutos, especialmente el artículo que restringe el ingreso de nuevos socios por criterios de edad, normativa que ha generado controversia y reclamos de actualización.

Con la transición en marcha, los socios esperan que la nueva administración logre transparentar la gestión anterior, fortalecer la democracia interna y elevar la calidad de la formación en el gremio.