(Redacción Imbabura).- La eliminación de los murales que recordaban las movilizaciones de octubre de 2025 en el sector del Partidero, en la vía hacia Cotacachi, ha generado una fuerte reacción de rechazo entre comunidades indígenas y autoridades locales. Las obras, ubicadas a lo largo de la vía E35, fueron cubiertas con pintura durante trabajos de mantenimiento ejecutados por personal de la empresa Panavial.
El concejal de Otavalo, Jorge De la Torre, calificó lo ocurrido como un atentado contra la memoria histórica del territorio. “Rechazo rotundamente esta actividad. Representa la memoria y la lucha del pueblo kichwa; no permitiremos la arbitrariedad ni el autoritarismo”, manifestó. Además, anunció el inicio de una investigación formal para determinar quién ordenó la intervención.
De acuerdo con declaraciones de un miembro de la Unión de Comunidades de Ilumán a medios de comunicación, esta persona acudió al lugar y constató que dos trabajadores de Panavial se encontraban cubriendo el mural. Señaló que la obra representa la lucha indígena durante las movilizaciones y que no debía ser intervenida. Asimismo, indicó que los trabajadores habrían manifestado que la orden de cubrir el mural provenía del Gobierno Central, en Quito. Añadió que el mural también rendía homenaje a Efraín Fueres, quien falleció en ese mismo sitio durante los disturbios registrados en octubre frente a las fuerzas armadas.
Desde las comunidades y organizaciones sociales, el hecho no es visto como una simple acción de mantenimiento vial, sino como un intento de borrar los acontecimientos de 2025, un periodo marcado por intensas movilizaciones sociales y episodios de violencia en la región.
En respuesta, la Unión de Comunidades de Ilumán y otros colectivos se han declarado en estado de alerta y analizan posibles medidas de protesta. Paralelamente, han convocado a artistas y ciudadanos a participar en la restauración del mural, insistiendo en que la memoria colectiva no puede ser silenciada. “La memoria del pueblo no se borra con pintura”, señalaron en su pronunciamiento.
(Redacción Imbabura).- La provincia de Imbabura cierra febrero con una preocupante escalada de violencia que ha conmocionado a sus cantones. Tras un 2025 catalogado como el año más violento del país, los primeros meses de 2026 evidencian que la crisis de seguridad persiste.
Al cierre de 2025, Imbabura acumuló 21 asesinatos, seguida por Cotacachi (6), Otavalo (5) y Urcuquí (1). Las autoridades atribuyeron este escenario a disputas entre bandas criminales, a las que el Gobierno declaró “la guerra”. Solo entre enero y junio de 2025 se registraron 22 homicidios en la provincia.
Enero abrió el año con un doble asesinato en Otavalo
El 19 de enero de 2026, la violencia golpeó a Otavalo con el asesinato de los hermanos Edwin Patricio B., de 46 años, y Óscar Daniel B., de 39, reconocidos comerciantes del sector. El doble crimen, perpetrado bajo la modalidad de sicariato, generó profunda consternación en la comunidad. El hecho no solo impactó por su gravedad, sino también por la percepción ciudadana de escasa respuesta institucional por parte del GAD de Otavalo y la Gobernación de Imbabura.
Febrero: desapariciones
En febrero, la violencia se concentró principalmente en Ibarra, donde se registraron varios casos de desaparición que terminaron en muerte.
2 de febrero: Matías M., quien había sido reportado como desaparecido tras abordar un vehículo de servicio de transporte de la app inDrive, fue hallado sin vida en Ibarra.
5 de febrero: Deyran P., menor de edad que fue reportado como desaparecido en el sector de Alpachaca, fue encontrado muerto con rasgos de violencia días después.
12 de febrero: Francisca T. víctima de secuestro junto a otros ciudadanos, fue asesinada y su cuerpo fue hallado al día siguiente por la Policía Nacional.
A estos hechos se suma el caso del otavaleño Héctor Enríquez, cuyo cuerpo fue localizado el 25 de febrero en la vía Alóag–Santo Domingo, en Pichincha, tras haber sido reportado como desaparecido en la ciudad de Quito.
Solo en Ibarra, febrero dejó al menos tres homicidios confirmados, además de desapariciones que derivaron en muertes violentas. Con este panorama, Imbabura concluye febrero como uno de los meses más violentos en lo que va del año.
(Redacción Ecuador).- Ecuador no solo enfrenta una ofensiva sin precedentes del crimen organizado; también vive un debilitamiento interno de su fuerza policial. Mientras los homicidios y la violencia marcaron récords históricos, la Policía Nacional perdió a miles de sus integrantes más experimentados, en un fenómeno que avanza de forma silenciosa pero constante.
Entre 2020 y 2025, 9.608 policías solicitaron la baja voluntaria, una cifra que evidencia una crisis paralela dentro de la institución. El punto más crítico se registró en 2023, año que coincidió con el periodo más violento del país, cuando 3.053 uniformados decidieron abandonar el servicio activo.
Las cifras revelan una relación alarmante: durante ese mismo quinquenio, 698 policías murieron, lo que significa que por cada uniformado fallecido, casi 14 optaron por retirarse voluntariamente.
El comportamiento de las bajas no fue uniforme. En 2021, las salidas tocaron su nivel más bajo con 465 casos. Sin embargo, en 2022 se produjo un salto abrupto a 1.834 bajas, anticipando el colapso institucional que se evidenciaría al año siguiente. En 2023, Ecuador cerró con 8.004 asesinatos, y la Policía sufrió el mayor éxodo de su historia reciente.
Aunque en 2024 y 2025 las cifras descendieron a 1.887 y 1.493 bajas, respectivamente, el nivel de deserción sigue siendo muy superior al registrado antes de la pandemia, confirmando que el problema no ha sido superado.
Paradójicamente, este debilitamiento ocurre incluso cuando se intenta reforzar la fuerza pública. El 9 de junio de 2023, el entonces presidente Guillermo Lasso encabezó la graduación de 7.301 nuevos policías, una incorporación que no logró compensar la salida masiva de personal con años de experiencia.
Se van los más preparados
El impacto más grave no está en el número, sino en el perfil de quienes se van. Casi el 48% de las bajas corresponde a policías con entre 16 y 20 años de servicio (4.591 casos), es decir, cuadros formados, con liderazgo operativo y conocimiento del territorio. A ellos se suman 3.910 agentes con entre 21 y 25 años de trayectoria.
Detrás de las estadísticas hay historias marcadas por el miedo, el desgaste y la supervivencia. Uno de los casos es el de un Mayor del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) que operaba en Manta, quien solicitó su baja en 2023 tras perder compañeros y recibir amenazas directas del narcotráfico. Su proyecto de vida dentro de la institución terminó abruptamente, dejando atrás años de entrenamiento de élite que hoy ya no están al servicio del Estado.
Este tipo de salidas ha generado un efecto estructural: la Policía enfrenta una escasez de oficiales de alto rango. Actualmente, solo siete generales integran el Mando Institucional, pese a que existen 18 plazas previstas para dirigir unidades estratégicas y zonas críticas.
Quito lidera las bajas
La distribución geográfica de las salidas rompe varios supuestos. Quito concentra el mayor número de bajas voluntarias del país, con 2.589 casos entre 2020 y 2025. Le sigue la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) con 1.087 salidas, y la Zona 1 de la frontera norte —Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos— con 1.205 casos.
En contraste, la Zona 2 (Napo, Orellana y el área rural de Pichincha) registra apenas 374 bajas, el nivel más bajo a escala nacional.
Al analizar provincias específicas, el impacto de la violencia territorial es evidente. Manabí perdió 663 policías, Los Ríos registró 545 bajas, y Esmeraldas vio salir a 449 uniformados, todas zonas fuertemente afectadas por el narcotráfico y el crimen organizado.
Por otro lado, un informe técnico revela una grave desigualdad en la distribución de la Policía Nacional: mientras Quito concentra un excedente de más de 7.000 agentes en relación con su población y nivel delictivo, provincias como Guayas y Los Ríos —epicentros de la violencia criminal y el narcotráfico— operan con un déficit de personal para enfrentar la inseguridad.
Un problema que continúa en 2026
Para el inicio de 2026, ya existen 124 solicitudes de baja en trámite, bajo la figura de “pendiente entrega de requisitos”. Ante este escenario, la institución ha empezado a aplicar filtros más estrictos: en 2025, por primera vez en el quinquenio, 23 solicitudes fueron negadas por incumplimiento del reglamento de carrera o bajo la figura de negativa temporal.
Mientras la ciudadanía exige mayor presencia policial y resultados frente a la delincuencia, la Policía Nacional enfrenta una batalla interna por retener a su personal clave. Menos experiencia en las filas significa menos capacidad operativa, en un contexto donde la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones del país.
(Redacción Túlcan).- Un violento asalto armado ocurrido la mañana del pasado sábado en el parque Isidro Ayora de Tulcán dejó como saldo una persona fallecida en el lugar y dos heridos, dos de ellos dedicados al cambio de divisas.
El hecho ocurrió cuando tres sujetos armados atacaron a dos cambistas en el parque Ayora. Al encontrar resistencia, los delincuentes los amenazaron con un arma blanca y uno de ellos realizó varios disparos. Una de las balas impactó a un ciudadano que transitaba por el lugar, quien falleció de manera inmediata.
Posteriormente se confirmó que la víctima era albañil y se dirigía a la iglesia La Dolorosa junto a su pareja al momento del ataque, por lo que no habría sido el objetivo del asalto. Los dos cambistas resultaron heridos: uno con un impacto de bala en la pierna y el otro con heridas de gravedad. Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital Luis Gabriel Dávila, donde permanecen bajo pronóstico reservado.
Luego del hecho, la Gobernación del Carchi, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó operativos de control y seguridad en distintos sectores de la provincia. El gobernador Byron Borja lideró las acciones de búsqueda para identificar a todos los responsables y realizó una visita a los heridos. El operativo permitió la captura de Milton Rodrigo B. A., señalado como presunto responsable del robo con resultado de muerte. Para el día domingo, la Fiscalía formuló cargos en su contra y un juez dispuso prisión preventiva mientras continúan las investigaciones.
Posteriormente, en la madrugada de hoy se confirmó el fallecimiento de Marcelo Crucerira, uno de los cambistas que había resultado herido durante el asalto. Con este deceso, el número de víctimas mortales ascendió a dos.
Este hecho marca un precedente en la violencia registrada en Tulcán en los últimos años al convertirse en el primer caso reciente en el que una persona es baleada y fallece en el lugar del ataque. Hasta antes de este suceso, los episodios de violencia registrados en la ciudad no habían escalado a muertes causadas por armas de fuego.
De acuerdo con los reportes disponibles, el homicidio más reciente previo a este hecho se registró el 11 de enero de este año, en el sector Chapuel, y correspondió a un ataque con arma blanca ocurrido durante una riña en la vía pública, presuntamente relacionada con el consumo de licor.
Asimismo, en septiembre de 2025 se reportó un caso de tentativa de homicidio, en el que un policía fue procesado por un presunto ataque contra un ciudadano. En ese hecho, la víctima fue trasladada a una casa de salud, se recuperó posteriormente y no se empleó un arma de fuego.
En ese contexto, el hecho suscitado el pasado sábado es el primer caso de esta índole ocurrido en Túlcan.
(Redacción Ibarra).- Un taxista de aplicación de servicio de taxis fue víctima de un violento intento de robo y ataque la noche de ayer, en las calles Camilo Pompeyo y 10 de Agosto en San Antonio de Ibarra. El hecho involucró a cuatro agresores y terminó con la captura de tres de ellos gracias a la intervención de un grupo de ciclistas.
De acuerdo con la versión del conductor, una mujer que llevaba un bebé solicitó un servicio desde el centro comercial Laguna Mall con destino a San Antonio. Al llegar a las inmediaciones del Colegio Daniel Reyes, la mujer pidió descender del vehículo y realizó una llamada avisando que ya había llegado, mientras uno de los sujetos la esperaba en el punto.
En ese momento aparecieron dos individuos más, completando el grupo de cuatro atacantes; los agresores ingresaron al taxi para intimidarlo. Según el relato de la víctima, uno de ellos lo apuntó con un arma de fuego. El taxista forcejeó para evitar el disparo y un tiro se escapó, aunque no lo alcanzó. Ese atacante logró huir inmediatamente.
Los otros tres asaltantes continuaron con el ataque: lo golpearon con la culata del arma, mientras la mujer intentaba herirlo con un cuchillo y, en medio del forcejeo, llegó a lesionarle los ojos con los dedos, todo mientras exigían dinero, sus pertenencias y el vehículo.
Un grupo de ciclistas que pasaba por la zona escuchó los gritos del conductor y acudió en su ayuda. Los deportistas lograron retener a dos de los hombres y a la mujer hasta que minutos después llegó una patrulla de la Policía Nacional. El cuarto agresor escapó por una propiedad cercana, donde arrojó un arma de fuego y varios objetos del taxista durante la huida.
Reportes ciudadanos señalan que este caso evidenciaría una nueva modalidad de robo en la que una mujer con un niño actúa como señuelo para generar confianza en los conductores y permitir que otros delincuentes los sorprendan al llegar al destino. Las autoridades investigan el hecho y continúan recopilando información para ubicar al cuarto sospechoso.
(Redacción Imbabura).– Un nuevo hecho de violencia sacudió las vías de la Costa ecuatoriana. Según relataron los familiares de la víctima, procedente de la provincia de Imbabura, habría recibido un impacto de bala directo en la mandíbula, lo que le provocó una fractura grave. Otro proyectil habría rozado su cuello, incrementando la complejidad del cuadro. El hombre fue llevado a una casa de salud e intervenido quirúrgicamente y, debido a la gravedad de las lesiones, permanece con pronóstico reservado.
Este nuevo episodio pone nuevamente en evidencia la peligrosidad de las vías que conectan a la Costa con el resto del país. En los últimos meses se han registrado ataques armados contra buses interprovinciales, transporte pesado y camiones que trasladan productos o insumos hacia esa zona.
Transportistas de la zona norte, especialmente de las provincias de Imbabura y Carchi, han denunciado reiteradamente la falta de seguridad en las carreteras. Elevando desde septiembre de este año un pedido formal al Gobierno para reforzar la protección en las rutas; sin embargo, aseguran que la situación no ha mejorado.
(Redacción Otavalo).- La Confederación de Pueblos Kichwas de la Sierra Norte (CHIJALLTA FICI) emitió ayer un comunicado oficial con la presencia de presidentes de pueblos, uniones y comunidades de Imbabura. En el documento, que contiene alrededor de nueve resoluciones, la organización adopta una postura crítica frente al Gobierno Nacional y reafirma su decisión de impulsar la campaña por el “NO” en la consulta popular y referéndum convocados por el Ejecutivo.
Uno de los aspectos más controversiales del documento es el punto seis, donde:
“Se exige al municipio de Otavalo que, a partir de este año y de manera permanente, el desfile cívico del 31 de octubre y todos los actos cívicos se realicen sin presencia militar ni policial, en respeto a la memoria de nuestros pueblos que fueron reprimidos con violencia desmedida”.
La resolución refleja las secuelas sociales y políticas que aún persisten en Imbabura, especialmente entre el pueblo otavaleño, quienes mantienen un sentimiento de distancia y desconfianza hacia el accionar del Gobierno en base a lo que muchos consideran un uso desproporcionado de la fuerza policial y militar durante las protestas.
Asimismo, en el punto siete, CHIJALLTA FICI anunció que:
“Prohíbe el ingreso a nuestros territorios a operadores políticos del Gobierno que están utilizando los recursos públicos para tratar de manipular o comprar conciencias para promover la Consulta Popular a favor del Gobierno.
Invitando a su vez a los actores sociales a trabajar de manera conjunta en la campaña por el “No”, y anunciaron que desde su estructura ejercerán un control permanente y estricto sobre los precios de los productos de primera necesidad y del gas en todas sus comunidades.
Con estas resoluciones, la organización indígena marca una postura firme de autonomía y rechazo a la intervención política de Daniel Noboa, reafirmando que, a pesar del fin del paro en Imbabura, la tensión entre las comunidades indígenas y el Estado central persiste, una brecha que se profundizó tras los episodios de represión vividos durante los 30 días de paralizaciones.
(Redacción Imbabura).- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a través del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), reportó que Ecuador registró 5.268 homicidios en el primer semestre de 2025 (enero-julio), lo que representa un incremento del 47% respecto al mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3.753 casos. En lo que respecta a los homicidios intencionales por grupo etario, la estadística nacional evidencia que la población de mayor afectación son víctimas entre los 25 y 29 años, representando el 19,2 % del total de homicidios en el periodo de 2025.
Este lapso de siete meses se ha catalogado como el periodo más violento de la última década, en medio de una crisis de inseguridad marcada por la acción de carteles, mafias y grupos de delincuencia organizada, así como por la fragmentación de bandas criminales y la aparición de nuevas estructuras delictivas desde finales de 2024.
Frente a esta situación, el presidente Daniel Noboa ha decretado 13 estados de excepción y conmoción interna, siendo el más reciente el del 6 de agosto, que incluyó a seis provincias, en su mayoría ubicadas en la región Costa, debido al aumento de robos, homicidios y casos de sicariato.
En el caso de Imbabura, la provincia registra un 4,42% de participación en los homicidios por cada 100 mil habitantes, superando a territorios como Carchi, Loja, Napo, Morona Santiago y Azuay. La tasa provincial de homicidios pasó de 18 en 2024 a 22 en 2025, lo que refleja un aumento de 3,64 puntos respecto al año pasado.
Imbabura registró 4.42% en la tasa de homicidios en el país
En la capital imbabureña, la percepción ciudadana sobre robos, homicidios y delincuencia ha crecido. Entre enero y julio de 2025 se reportaron 15 homicidios, frente a los 12 del mismo periodo en 2024, lo que elevó la tasa provincial del 5,25% al 6,5%.
Cantones como Pimampiro e Ibarra sobresalen con una mayor tasa en la provincia (7,07% y 6,5%, respectivamente), mientras que Cotacachi, Otavalo y Antonio Ante muestran tasas muy bajas, incluso por debajo del promedio latinoamericano de 19,7 por cada 100 mil habitantes.
(Redacción Imbabura).-Ecuador atraviesa una de las peores crisis de seguridad de su historia. Solo en los primeros cinco meses de 2025, el país ha registrado un promedio de un asesinato por hora, según cifras oficiales del Ministerio del Interior. De enero a abril se han contabilizado 3.087 muertes violentas, lo que representa un incremento del 58 % en comparación con el mismo período del año anterior.
Enero y febrero sumaron 1.530 homicidios, mientras que marzo y abril registraron 831 y 726 asesinatos, respectivamente. Las cifras convierten este periodo en el más violento jamás registrado en el país.
A pesar de los operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la violencia continúa escalando. Ciudades de la Costa ecuatoriana, varios sectores de la Sierra y zonas urbanas que antes eran consideradas tranquilas, como Ibarra, también han sido alcanzadas por esta ola delictiva.
En la capital imbabureña, la percepción de inseguridad ha crecido significativamente. La ciudadanía reporta un incremento de los delitos de oportunidad, como robos a domicilios y asaltos a personas en la vía pública, especialmente en zonas con escasa iluminación y sin presencia policial. Los antisociales, a bordo de motocicletas, aprovechan la falta de patrullaje para cometer estos robos. En sectores como Miravalle y Los Huertos Familiares, se registran hasta tres robos por semana según los reportes ingresados a nuestra redacción.
Frente a este panorama, el presidente Daniel Noboa envió el pasado 17 de mayo su primer proyecto de ley a la nueva Asamblea Nacional. Bajo el nombre de “Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno”, la iniciativa busca golpear las finanzas de los grupos delincuenciales, atacando directamente el poder económico del crimen organizado.
La propuesta, calificada como urgente en materia económica, implica reformas al Código Orgánico Integral Penal y otros cuerpos legales. Los asambleístas tienen un plazo de 30 días para tramitarla.
El texto legal propone medidas tributarias, financieras y de seguridad con el objetivo de “proteger a la ciudadanía, estabilizar el sistema económico y reactivar zonas afectadas por el crimen organizado”.
El crecimiento del narcotráfico y la presencia de bandas delincuenciales han profundizado la crisis. Noboa enfrenta el mayor reto de su mandato: recuperar el control territorial y restablecer la seguridad del país.
(Redacción Imbabura).- Conmoción en todo el país causó el feminicidio de la Cbos. Dayana Lamiña Pasquel, servidora policial que fue asesinada a pocos metros de la UPC en donde prestaba servicio, la mañana de este sábado 22 de junio del 2024.
El dolor que embarga a la institución policial suma una nueva víctima, se trata de autor del feminicidio el mayor de policía Carlos Alberto Rodríguez, que murió la noche de este sábado en el hospital de la Policía Nacional en la ciudad de Quito, quien luego de cometer el crimen se disparó en la cabeza.
Rodríguez, abogado de profesión ingreso a las filas policiales muy joven y desde sus inicios formó parte activa del Departamento de Violencia Intrafamiliar, del que fue jefe por varios años en Imbabura, además se desempeñó como Jefe Subrogante del Distrito Tierra del Sol en Cotacachi.
Este feminicidio pone nuevamente en la mesa de debate, la necesidad de un tener un verdadero proceso para combatir la violencia de género, la misma que hasta mayo del 2024, ha cegado la vida de más de 108 mujeres en el Ecuador.
“Nadie sabe lo que pueda pasar por la cabeza del policía que asesinó a su pareja, pero no es posible de que el, siendo el encargado de promover la no violencia en contra de la mujer, haya matado a su esposa” manifestó Clara Díaz, una vecina de Antonio Ante, quien no podría creer lo que había pasado esta mañana en su cantón.
Rodríguez, deja tres hijos en la orfandad, dos de ellos en su primer matrimonio con una ex servidora policial, del cual era el tutor y mantenía la custodia, en vista de que su ex esposa, sufrió un accidente de tránsito en el año 2018, que la dejó con una lesión irreversible que la mantiene con un 80% de discapacidad y está ahora al cuidado de su madre. Y la última, una niña de 8 meses de edad, la misma que procreó con la Cbos. Dayaña Lamiña.
La Policia Nacional se pronuncia:
En un tweet colgado en la red social X (Twitter) la Policía Nacional del Ecuador hizo referencia a este caso y manifestó que las unidades investigativas se encuentran realizando las pericias pertinentes para esclarecer este suceso:
“En relación con lo acontecido en Imbabura, la Policía Nacional del Ecuador informa:
Nuestras unidades investigativas se encuentran realizando las pericias pertinentes para el esclarecimiento del hecho ocurrido en Atuntaqui, en el que murió una servidora policial, presuntamente víctima de femicidio por su pareja sentimental, también policía que intentó atentar contra su vida y fue trasladado a una casa de salud.
Durante el proceso investigativo facilitaremos la información necesaria a las autoridades judiciales, para que establezcan las circunstancias de este caso.
Como Institución, nos solidarizamos con los familiares y amigos de nuestra servidora policial. Las dependencias internas de esta entidad brindan el apoyo necesario ante este lamentable hecho”
