(Redacción Imbabura).- El juicio político contra cinco vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) avanza en la Asamblea Nacional y coloca en el foco de atención a dos representantes de la provincia de Imbabura: Piedad Cuarán y David Rosero.
Este jueves 8 de enero de 2026, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) avocó conocimiento, por unanimidad, de la solicitud de juicio político presentada por el asambleísta Luis Fernando Molina, quien acusa a los vocales de presunto incumplimiento de funciones. La resolución dio paso al envío del expediente a la Unidad Técnica Legislativa, que tendrá tres días para emitir el informe técnico correspondiente.
Entre los vocales señalados constan Piedad Cuarán y David Rosero, ambos imbabureños, junto con Andrés Fantoni (presidente del CPCCS), Johanna Verdezoto y Jazmín Enríquez.
El pedido de juicio político se sustenta en tres causales principales, un presunto conflicto de intereses relacionado con Christian Troya, cercano a Mario Godoy, el archivo de impugnaciones presentadas contra Godoy durante el concurso para la designación de vocales del Consejo de la Judicatura y la descalificación de Édison Toro, que habría facilitado la incorporación de Godoy en dicho proceso.
De ser calificada la solicitud tras el informe técnico, el trámite continuará en la Comisión de Fiscalización, presidida por el asambleísta Ferdinan Álvarez (ADN), donde se analizarán las pruebas y argumentos presentados.
Piedad Cuarán, oriunda de Lita, es licenciada en Ecoturismo por la Universidad Técnica del Norte y cuenta con un máster en Ecoturismo de Áreas Protegidas. Antes de su actual cargo, tuvo un paso previo por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde se desempeñó como especialista en Políticas de Interculturalidad, gestora cultural y delegada provincial de Imbabura en 2017.
Por su parte, David Rosero fue consejero del CPCCS en dos periodos: entre 2011 y 2015, y posteriormente de 2019 a 2023, cuando fue destituido. No obstante, fue posesionado nuevamente en abril del año pasado, retomando funciones en el organismo.
El proceso avanza en medio del seguimiento público, especialmente en Imbabura, donde se observa con atención el rol y la actuación de Piedad Cuarán y David Rosero, a la espera del desenlace del juicio político
(Redacción Ibarra).- El Autódromo Internacional de Yahuarcocha, ubicado en Ibarra, será sede este fin de semana del «Gran Encuentro de Cabezales 2025», una competencia que reunirá a conductores de Ecuador y otros países.
La programación oficial arrancará el día sábado 31 de mayo a las 10:00 am, con pruebas de velocidad y habilidad en pista. Durante la noche está previsto varias actividades que incluyen un show de luces, elección del cabezal mejor decorado, presentaciones musicales y se contará además con servicios de food trucks.
Las competencias continuarán el domingo 1 de junio, cuando se disputen las finales y se realice la premiación oficial de los ganadores.
Zona VIP (acceso a pista): $30, preferencia (bajo techo): $10 y general: $5. Los niños pagan a partir de los 5 años.
Las entradas están disponibles a la venta de forma digital en http://www.ticketmas.com.ec y en las boleterías del autódromo.
(Redacción Ecuador).- “Aferrarse a los cargos no le hace bien al país”. Con esas palabras, la abogada ibarreña Diana Salazar anunció este martes 20 de mayo su renuncia como Fiscal General del Estado, luego de seis años y 42 días al frente de una de las instituciones clave en la justicia ecuatoriana.
Nacida en Ibarra en junio de 1981, Diana Salazar se convirtió en un símbolo nacional de la lucha contra la corrupción. Su paso por la Fiscalía estuvo marcado por investigaciones de alto impacto que sacudieron al poder político y económico del país, revelando tramas que involucraron a expresidentes, exvicepresidentes, jueces, asambleístas y funcionarios públicos.
Estos son los 10 casos de connotación nacional que manejó Diana Salazar:
Caso Metástasis
Caso Purga
Caso Plaga
Caso Encuentro
Caso Sobornos
Caso Sinohydro
Caso Vocales
Independencia Judicial
Reconstrucción de Manabí
Caso FIFA Gate
Caso Metástasis:
A raíz del asesinato del narcotraficante Leandro Norero en la cárcel de Cotopaxi, la investigación de la Fiscalía General permitió obtener evidencias, como los celulares de Norero.
Así se determinó su estrategia delictual para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado, entre los que se cuentan jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura y del SNAI, abogados en libre ejercicio y otros. El delito que se investigó fue delincuencia organizada.
El expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, el exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) Pablo Ramírez, y algunos jueces involucrados en el Caso Metástasis, recibieron sentencia la tarde del lunes 25 de noviembre del 2024.
Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia los condenó a nueve años y cuatro meses de prisión por el delito de delincuencia organizada. La Fiscalía General del Estado demostró que Terán y 18 personas más actuaron como parte de una estructura de corrupción en el sistema de justicia para beneficiar al fallecido narcotraficante Leandro Norero.
Caso Purga:
A raíz del caso Metástasis, la Fiscalía encontró indicios para investigar a un exasambleísta, la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, varios jueces de la misma Corte y personal administrativo de la Dirección del Consejo de la Judicatura de esa jurisdicción.
Ellos fueron señalados por el presunto delito de delincuencia organizada para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico. Es decir, partiendo del poder político legislativo, pervirtiendo el poder judicial y favoreciendo o buscando favorecer a criminales como alias “Fito”.
La Corte Nacional de Justicia dictó, el 3 de marzo del 2025, una sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada contra el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes; la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo; y el exjuez del Guayas, Johann Marfetán, en el marco del caso Purga.
Caso Plaga
La Fiscalía General investigó el presunto delito de delincuencia organizada por parte de jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios públicos. Todos fueron señalados por otorgar ilegítimamente acciones constitucionales a personas privadas de la libertad.
Según el Ministerio Público, la red delictiva captaba a sus integrantes a través de la entrega de dinero o favores a cambio de permitir que los presos obtengan libertad.
Caso Encuentro
Fiscalía investiga una presunta organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, quienes, de forma planificada y coordinada, pretendían obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y así interferir en instituciones públicas como: CNEL EP, BanEcuador y Servicio Nacional de Aduanas.
Con sus acciones, el grupo habría direccionado la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas en empresas del Estado, con la finalidad de obtener beneficios económicos.
Caso Sobornos
Un Tribunal de la Corte Nacional sentenció a 8 años de pena privativa de libertad a 18 personas, entre ellos, Rafael Correa y Jorge Glas, expresidente y exvicepresidente de la República, respectivamente. También, dos procesadas recibieron penas atenuadas. Luego de haber analizado las pruebas presentadas por Fiscalía, fueron declarados culpables del delito de cohecho.
La investigación de Fiscalía determinó que los sentenciados conformaron una estructura criminal que recibió sobornos, a través de cruce de facturas y en efectivo, entre 2012 y 2016. Con eso se habría pagado servicios para el movimiento político Alianza País y, a cambio, los empresarios sentenciados recibían contratos con el Estado.
Caso Sinohydro
La investigación de la Fiscalía General permitió develar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero.
Se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en sobornos, aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra. Para la entrega de coimas se habría utilizando a terceras personas a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones. En este caso se investiga el delito de cohecho.
Caso Vocales
En este proceso se investigó el delito de tráfico de influencias. La investigación de este caso se inició en junio de 2022, luego de que un exasambleísta y un abogado denunciaran el hecho, con base en la difusión de la grabación de una conversación entre dos vocales del Consejo de la Judicatura y el entonces presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
En el audio se escuchaba una conversación sobre una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Guadalupe Llori, para mantenerse en el cargo.
Caso Independencia Judicial
Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, fue condenado a nueve años y cuatro meses de cárcel, el 23 de diciembre del 2024, dentro del caso denominado Independencia Judicial. Fue juzgado como parte de la investigación por obstrucción a la justicia.
El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia determinó la culpabilidad de Terán, pues él fue parte de la mayoría de vocales que ejecutó la suspensión y destitución del juez, Walter Macías, relevado de la Corte en el 2023.
Según las investigaciones de Fiscalía, en este caso se habría interferido ilegalmente en el proceso judicial relacionado con la destitución del juez Walter Macías, quien estaba a cargo del caso Vocales.
Caso Reconstrucción de Manabí
La investigación de Fiscalía determinó la presunta existencia de un abuso de fondos públicos en beneficio de terceras personas y empresas, quienes fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto en Manabí del 16 de abril de 2016.
En este caso está procesado el exvicepresidente Jorge Glas. De hecho, ayer (lunes 19 de mayo del 2025) se conoció que él fue llamado a juicio por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en las obras de reconstrucción.
Junto a Glas, que ya tiene dos condenas previas por corrupción, también se juzgará a Carlos Bernal, exsecretario del Comité de Reconstrucción de Manabí, que el entonces vicepresidente lideraba con el objetivo de seleccionar las obras que debían ejecutarse.
CASO FIFA GATE
En 2015, la fiscal Diana Salazar lideró en Ecuador la investigación del caso FIFA Gate, que destapó una red de corrupción en el fútbol. Acusó por lavado de activos al entonces presidente de la FEF, Luis Chiriboga, quien fue condenado a 10 años de prisión. Su trabajo marcó un hito en la lucha contra la corrupción deportiva y consolidó a Salazar como una figura clave en la justicia ecuatoriana.
Pese a mantener siempre un perfil bajo, su firmeza y claridad al presentar pruebas y enfrentar presiones políticas hicieron de Diana Salazar una figura incómoda para sectores del poder.
Su salida de la Fiscalía General se produce en medio de la falta de un reemplazo designado por el Consejo de Participación Ciudadana. Mientras tanto, el doctor Wilson Toainga continuará como subrogante hasta que el proceso concluya.
En su mensaje de despedida, Salazar reiteró su compromiso con la justicia y agradeció la confianza del país. “Estoy segura de que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance”, afirmó.
(Redacción Ibarra).- La Municipalidad de Ibarra en convenio con el Ministerio de Salud Pública inició con la toma de muestras a los comerciantes del Mercado Amazonas, quienes durante toda la emergencia estuvieron en la primera línea y abrieron sus negocios permanentemente.,
“Estamos cumpliendo la norma que dictamina la OMS, estamos tamizando al 5% de la población para tener una idea clara de como avanza el virus en el cantón, la única forma de crear una contingencia de saber quien es positivo o negativo y generar cercos eficaces es haciendo pruebas a la población” afirmó Andrea Scacco, Alcaldesa de Ibarra.
El COE Cantonal del Cantón Ibarra aprobó la compra de 10 mil reactivos para pruebas de electroquimioluminiscencia de la marca Roche, para Covid19, estas pruebas de sangre que cuentan con una efectividad del 99.5% y son tomadas a 10 mil personas dentro del cantón.
El diagnóstico definitivo de COVID-19 requiere la detección directa del SARS-CoV-2 mediante tecnología de amplificación de ácidos nucleicos. Los análisis serológicos pueden contribuir a la identificación de las personas expuestas al virus y valoran el grado de exposición de una población, por lo que podrían ayudar en la toma de decisiones relativas a la aplicación, el cumplimiento o la relajación de las medidas de contención.
Con el apoyo de alrededor de 15 profesionales de salud del Ministerio de Salud Pública se realizarán las 3 mil pruebas para todos los comerciantes, Fredy Estévez Director Distrital de Salud 10D01, confirmó que la única forma que se pueda conocer la realidad del virus es realizando este tipo de pruebas a la población más expuesta. “El trabajo coordinado con la Alcaldía de Ibarra nos ha permitido combatir de mejor manera esta pandemia, las cifras, los casos y el manejo de la emergencia lo demuestran” afirmó Estévez.
Los comerciantes beneficiados aplaudieron la acción de la Alcaldía de Ibarra y el Ministerio de Salud Pública en beneficio del centro de comercio. “Agradecemos a la alcaldesa de Ibarra, al MSP, por esta iniciativa de tomarnos las pruebas a todos los comerciantes, es la única forma de devolverle la buena imagen y generar confianza en los compradores, el Mercado Amazonas tiene que reactivarse y que mejor sabiendo que todos estamos libres del virus” afirmó José Jácome representante de los Comerciantes del sector cerrado del Mercado Amazonas.
Las pruebas se seguirán realizando diariamente en el Estadio de la Liga San Miguel, al sur de Ibarra.
(Redacción Ibarra).- En un contacto informativo con la ciudadanía vía Facebook, Scacco realizó una evaluación a todas las acciones Municipales que se han venido realizando desde que se declaró el estado de emergencia.
Confirmó que con el apoyo de varios técnicos municipales y la coordinación directa con Freddy Estévez, Director Distrital 10D01 del Ministerio de Salud Pública, se realizará la compra de 250 reactivos para la prueba molecular en laboratorio del Covid19.
Esta prueba que la realizará SysLab, laboratorio autorizado por el Ministerio de Salud Pública, consistirá en una toma diaria de 45 muestras, durante 5 días, los resultados tienen un 99.9% de efectividad y estarán disponibles en 48 horas, estas pruebas se realizarán a las personas que está dentro del cerco epidemiológico en Ibarra. “Es la única manera de frenar el virus, conociendo quienes verdaderamente están contagiadas y generando protocolos de aislamiento más rigurosos” mencionó Scacco.
Dijo además que desde la Municipalidad de Ibarra se está coordinando la implementación de cuatro infraestructuras para recibir a las personas en aislamiento obligatorio y así poder ejercer un verdadero control. Estos lugares cuentan con habitaciones, baño privado como establecen los protocolos de Salud, y pueden albergar hasta 210 personas.
