(Redacción Quito).– El presidente Daniel Noboa anunció la implementación de un toque de queda en la provincia de Pichincha, medida que regirá del 3 al 18 de mayo de 2026, en el horario de 23:00 a 05:00, como parte de las acciones para enfrentar la crisis de seguridad a nivel nacional.
La restricción limita la circulación de personas y vehículos durante la noche, aunque en las últimas horas se han precisado ciertos alcances sobre la movilidad interprovincial. El toque de queda también se aplicará en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos, así como en los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal.
En el caso de Quito, la medida reducirá la actividad nocturna y reforzará los controles en vías y espacios públicos. Sin embargo, uno de los principales puntos de atención ha sido la movilidad desde otras provincias hacia la capital.
La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) confirmó que los buses interprovinciales podrán circular con normalidad, incluso durante el horario del toque de queda, tras eliminarse las restricciones para los prestadores de servicios de transporte público y logística aeroportuaria. Esto implica que las rutas y frecuencias se mantendrán operativas a nivel nacional.
No obstante, la limitación se mantiene para los pasajeros. Según la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), las personas que lleguen a Quito en horarios restringidos no podrán circular libremente y deberán permanecer dentro de las terminales terrestres hasta que finalice el toque de queda.
En la práctica, esto significa que viajeros provenientes de Imbabura o Carchi, cuyas rutas suelen operar en la madrugada, podrán trasladarse en bus, pero no salir de la terminal hasta las 05:00. Por ejemplo, un pasajero que arribe a Quito a las 03:00 deberá esperar dentro de la terminal hasta que se levante la restricción para poder movilizarse por la ciudad.
(Redacción Ibarra).- Han pasado diez años desde el terremoto del 16 de abril de 2016, uno de los momentos más duros en la historia reciente del Ecuador. En apenas 75 segundos, un sismo de magnitud 7.8 sacudió al país, con epicentro en Manabí, dejando 663 personas fallecidas, miles de heridos y ciudades enteras destruidas. Las provincias más afectadas fueron Manabí y Esmeraldas.
Los daños fueron enormes. Según cifras oficiales, las pérdidas superaron los 3.344 millones de dólares. Además, 83 kilómetros de vías en 31 carreteras resultaron afectados, complicando aún más la movilidad y la llegada de ayuda en los primeros días. Ante la magnitud del desastre, el gobierno de Rafael Correa decretó el estado de excepción para las provincias más golpeadas, con el objetivo de agilizar la atención y la reconstrucción.
En los meses y años posteriores, el país destinó miles de millones de dólares para enfrentar la emergencia. Más de 2.400 millones fueron invertidos, principalmente en la reconstrucción de viviendas, hospitales, escuelas y carreteras. Muchas zonas lograron levantarse nuevamente, aunque en algunos lugares las huellas del terremoto todavía son visibles.
A una década de la tragedia, Ecuador no solo recuerda a las víctimas, sino también lo que cambió a partir de ese momento. Hoy existe una mayor conciencia sobre la importancia de estar preparados ante desastres. Se han fortalecido los protocolos de emergencia, se realizan simulacros y se han mejorado las normas de construcción para reducir riesgos.
Pero si hay algo que marcó esos días, fue la solidaridad. Miles de ecuatorianos se unieron para ayudar. Desde distintas provincias se enviaron víveres, ropa, medicinas y todo tipo de ayuda para los damnificados.
En el caso de Imbabura, la respuesta fue inmediata. En ciudades como Ibarra se organizaron centros de acopio y se recolectaron toneladas de ayuda que fueron enviadas a la costa. También hubo voluntarios de entidades como el Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja que viajaron para colaborar directamente en las zonas afectadas. Ese apoyo se convirtió en un ejemplo del espíritu solidario del país.
(Redacción Imbabura).- El delito de extorsión continúa generando preocupación en la provincia de Imbabura, donde en los últimos días la Policía Nacional ejecutó varios operativos que dejaron cinco personas aprehendidas por presuntamente amenazar a ciudadanos y exigir dinero a cambio de no atentar contra sus vidas.
En el marco del Operativo Libertad 274, desarrollado entre las provincias de Pichincha e Imbabura, fueron capturados dos ciudadanos ecuatorianos y dos venezolanos que, según las investigaciones, se dedicaban a extorsionar a sus víctimas solicitando 2.000 dólares para no agredirlas.
Las detenciones se lograron tras dos allanamientos realizados en ambas provincias. Durante la intervención policial, los sospechosos fueron aprehendidos en flagrancia, encontrando 4 teléfonos celulares, una motocicleta reportada como robada y comprobantes de pago.
A este caso se suma otro hecho ocurrido tres días antes en la ciudad de Ibarra, donde personal de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (UNASE) capturó a un presunto extorsionador que se hacía llamar “Comandos Los Lobos”.
De acuerdo con el reporte policial, el sujeto exigía 3.000 dólares, principalmente a comerciantes, bajo amenazas de atentar contra sus vidas si no realizaban el pago. El individuo fue aprehendido en flagrancia durante un operativo y posteriormente puesto a órdenes de las autoridades competentes.
(Redacción Ecuador).- Ecuador no solo enfrenta una ofensiva sin precedentes del crimen organizado; también vive un debilitamiento interno de su fuerza policial. Mientras los homicidios y la violencia marcaron récords históricos, la Policía Nacional perdió a miles de sus integrantes más experimentados, en un fenómeno que avanza de forma silenciosa pero constante.
Entre 2020 y 2025, 9.608 policías solicitaron la baja voluntaria, una cifra que evidencia una crisis paralela dentro de la institución. El punto más crítico se registró en 2023, año que coincidió con el periodo más violento del país, cuando 3.053 uniformados decidieron abandonar el servicio activo.
Las cifras revelan una relación alarmante: durante ese mismo quinquenio, 698 policías murieron, lo que significa que por cada uniformado fallecido, casi 14 optaron por retirarse voluntariamente.
El comportamiento de las bajas no fue uniforme. En 2021, las salidas tocaron su nivel más bajo con 465 casos. Sin embargo, en 2022 se produjo un salto abrupto a 1.834 bajas, anticipando el colapso institucional que se evidenciaría al año siguiente. En 2023, Ecuador cerró con 8.004 asesinatos, y la Policía sufrió el mayor éxodo de su historia reciente.
Aunque en 2024 y 2025 las cifras descendieron a 1.887 y 1.493 bajas, respectivamente, el nivel de deserción sigue siendo muy superior al registrado antes de la pandemia, confirmando que el problema no ha sido superado.
Paradójicamente, este debilitamiento ocurre incluso cuando se intenta reforzar la fuerza pública. El 9 de junio de 2023, el entonces presidente Guillermo Lasso encabezó la graduación de 7.301 nuevos policías, una incorporación que no logró compensar la salida masiva de personal con años de experiencia.
Se van los más preparados
El impacto más grave no está en el número, sino en el perfil de quienes se van. Casi el 48% de las bajas corresponde a policías con entre 16 y 20 años de servicio (4.591 casos), es decir, cuadros formados, con liderazgo operativo y conocimiento del territorio. A ellos se suman 3.910 agentes con entre 21 y 25 años de trayectoria.
Detrás de las estadísticas hay historias marcadas por el miedo, el desgaste y la supervivencia. Uno de los casos es el de un Mayor del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) que operaba en Manta, quien solicitó su baja en 2023 tras perder compañeros y recibir amenazas directas del narcotráfico. Su proyecto de vida dentro de la institución terminó abruptamente, dejando atrás años de entrenamiento de élite que hoy ya no están al servicio del Estado.
Este tipo de salidas ha generado un efecto estructural: la Policía enfrenta una escasez de oficiales de alto rango. Actualmente, solo siete generales integran el Mando Institucional, pese a que existen 18 plazas previstas para dirigir unidades estratégicas y zonas críticas.
Quito lidera las bajas
La distribución geográfica de las salidas rompe varios supuestos. Quito concentra el mayor número de bajas voluntarias del país, con 2.589 casos entre 2020 y 2025. Le sigue la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) con 1.087 salidas, y la Zona 1 de la frontera norte —Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos— con 1.205 casos.
En contraste, la Zona 2 (Napo, Orellana y el área rural de Pichincha) registra apenas 374 bajas, el nivel más bajo a escala nacional.
Al analizar provincias específicas, el impacto de la violencia territorial es evidente. Manabí perdió 663 policías, Los Ríos registró 545 bajas, y Esmeraldas vio salir a 449 uniformados, todas zonas fuertemente afectadas por el narcotráfico y el crimen organizado.
Por otro lado, un informe técnico revela una grave desigualdad en la distribución de la Policía Nacional: mientras Quito concentra un excedente de más de 7.000 agentes en relación con su población y nivel delictivo, provincias como Guayas y Los Ríos —epicentros de la violencia criminal y el narcotráfico— operan con un déficit de personal para enfrentar la inseguridad.
Un problema que continúa en 2026
Para el inicio de 2026, ya existen 124 solicitudes de baja en trámite, bajo la figura de “pendiente entrega de requisitos”. Ante este escenario, la institución ha empezado a aplicar filtros más estrictos: en 2025, por primera vez en el quinquenio, 23 solicitudes fueron negadas por incumplimiento del reglamento de carrera o bajo la figura de negativa temporal.
Mientras la ciudadanía exige mayor presencia policial y resultados frente a la delincuencia, la Policía Nacional enfrenta una batalla interna por retener a su personal clave. Menos experiencia en las filas significa menos capacidad operativa, en un contexto donde la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones del país.
(Redacción Ecuador).- Los recientes controles ejecutados por el Estado en agencias del Registro Civil responden a una estrategia nacional para combatir la intermediación ilegal, los cobros indebidos y la venta de turnos fraudulentos, prácticas que afectan directamente a la ciudadanía.
Como parte de estas acciones, este martes se realizaron operativos simultáneos en varias ciudades del país, con la participación de la Policía Nacional, el Servicio de Rentas Internas, Gobernaciones y agencias municipales de control. Las intervenciones permitieron reducir la presencia de tramitadores en los exteriores de las agencias, inspeccionar locales comerciales y detectar irregularidades administrativas vinculadas a permisos y facturación.
Según información oficial, en 2025 se ejecutaron 99 operativos a escala nacional, que dejaron 46 personas aprehendidas, una sentencia por falsificación y uso de documento falso, y ocho locales clausurados, evidenciando que las detenciones se producen por delitos relacionados con la tramitación ilegal y el fraude documental.
En este contexto, y en medio de la investigación a 32 locales comerciales ubicados en los alrededores de varias agencias del Registro Civil a nivel nacional, en la ciudad de Tulcán cuatro funcionarios del Registro Civil del Carchi fueron desvinculados este martes, en un procedimiento que ha generado cuestionamientos por presuntas presiones y amenazas para forzar la firma de sus renuncias. Según denunciaron abogados de los afectados, la medida se habría ejecutado tras la llegada del coordinador general del Registro Civil a la dependencia local, bajo el argumento de supuestas irregularidades, concretándose al final de la jornada la salida obligada de cuatro servidores.
Las defensas legales aseguran que varios de los funcionarios contaban con nombramiento definitivo y que habrían sido advertidos con posibles penas de prisión de entre cuatro y cinco años si no renunciaban, sin que se les informara el presunto delito. También denunciaron impedimentos para brindar asesoría legal, la ausencia de Fiscalía y Policía durante el proceso, y la incomunicación de los empleados. Entre los desvinculados figuran servidores con hasta 24 y 15 años de trayectoria institucional.
(Redacción Ecuador).- El Gobierno Nacional informó que, tras un proceso de diálogo técnico y constructivo, se alcanzó un consenso histórico para fijar el Salario Básico Unificado (SBU) del año 2026 en USD 482, lo que representa un incremento de USD 12 respecto al valor vigente. El acuerdo fue anunciado este lunes 15 de diciembre por el Ministerio del Trabajo.
La decisión se adoptó en el seno del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, instancia tripartita conformada por representantes del Gobierno, empleadores y trabajadores, luego de analizar indicadores económicos, sectoriales y laborales, bajo criterios de responsabilidad económica, sostenibilidad empresarial y bienestar laboral.
Este consenso marca un hito, al ser la primera vez en casi nueve años que el nuevo valor del salario básico se establece mediante acuerdo entre todas las partes, reflejando el crecimiento económico del país y buscando fortalecer el poder adquisitivo de los hogares ecuatorianos.
El ministro del Trabajo, Harold Burbano, destacó que este acuerdo evidencia el compromiso del país con un modelo laboral equilibrado, basado en el diálogo y la corresponsabilidad, y señaló que el incremento salarial apunta a impulsar la productividad, la estabilidad laboral y el crecimiento económico.
(Redacción Ibarra).- Luego de que nuestra redacción difundiera una noticia sobre una banda delictiva conocida como “Dulces Sueños”, temida en varias provincias del país por escopolaminar a sus víctimas para robarles, han llegado nuevos reportes que alertan sobre su posible reaparición en la ciudad de Ibarra.
Se sabe, gracias al testimonio de las víctimas, que el grupo de féminas utiliza perfiles falsos en aplicaciones de citas como Tinder para engatusar a sus víctimas con coqueteo y falsas promesas.
Su modus operandi sigue un patrón meticuloso: primero mantienen el contacto por redes sociales o mensajes, realizan un seguimiento previo de sus objetivos y seleccionan cuidadosamente a hombres entre 25 y 40 años, solteros e independientes. Mediante su encanto ganan la confianza de la víctima y acuerdan un encuentro en un lugar concurrido; evitando a toda costa consumir alimentos, para solo limitarse a beber alcohol.
Durante la cita y el cortejo previo, seducen a su víctima proponiendo continuar la cita en un lugar más privado, como un departamento. Ya en ese espacio, piden prestado el teléfono de la víctima fingiendo realizar una llamada y, mediante artimañas, en medio de un descuido, colocan la sustancia en su bebida. En cuestión de minutos, el hombre cae en un estado de vulnerabilidad total, lo que las delincuentes aprovechan para despojarlo de sus pertenencias.
Lo más inquietante es que, según los reportes, estas mujeres no se llevan objetos de alto valor, sino bienes menores o montos que no permiten formular cargos. Además, rotan constantemente de ciudad, abren nuevas cuentas y cambian de identidad para continuar con sus fechorías, dificultando su rastreo.
Nuestra redacción logró contactar a una mujer que, durante varios años, participó en este tipo de hechos ilícitos. Aceptó relatar cómo operaban las bandas y cuál era su papel dentro del grupo. “Cuando veía que bajaban la guardia, que ya estaban confiados y distraídos, era el momento en que actuaba. Aprovechaba cualquier descuido para manipular su bebida sin que lo notaran. Todo era cuestión de segundos. Ellos seguían conversando, riendo, sin imaginar que ya estaban atrapados”, relató.
La escopolamina —conocida también como burundanga o aliento del diablo— es una droga con dosis mínimas de acción, prácticamente imperceptible, no contiene olor ni sabor y con el efecto provoca desorientación, sedación, sometimiento y amnesia. Bajo su influencia, las víctimas pueden acceder abrir la puerta de su casa hasta entregar todo el dinero de su cuenta bancaria sin oponer resistencia.
Según la exintegrante de esta estructura delictiva, se suele minimizar al máximo cualquier contacto con la sustancia y actúan siguiendo rutinas estrictas para no cometer errores. No improvisan ya que cada paso está repetido, memorizado y ejecutado siempre de la misma manera.
(Redacción Imbabura).- El día de ayer el Gobierno Nacional presentó oficialmente el programa “Firmes con Noboa”, una iniciativa económica con una inversión superior a 50 millones de dólares, destinada a reactivar a las familias y negocios afectados por las paralizaciones focalizadas registradas en el país.
Los beneficiarios de este programa son las familias de las provincias de Imbabura y Carchi; los habitantes y negocios de los cantones Cayambe y Pedro Moncayo; así como las parroquias de Guayllabamba y Calderón, en la capital. En cuanto a los destinatarios por actividad económica, el programa está dirigido a pequeños negocios, emprendedores, mujeres emprendedoras y los sectores de turismo y transporte.
El programa “Firmes con Noboa” agrupa créditos, incentivos directos y alivios financieros. Entre los productos destacados se encuentran:
– Crédito al 5 % “Firmes con Noboa”, destinado al sector turismo.
– Crédito Violeta “Firmes con Noboa”, dirigido a mujeres emprendedoras.
– Crédito Bantransportes “Firmes con Noboa” para servicios de transporte de pasajeros o carga.
– Crédito 7×7 “Firmes con Noboa” con tasa del 7 % anual y plazos de hasta 7 años.
– Crédito de chatarrización “Firmes con Noboa” con bono por desintegrar un vehículo antiguo y adquirir uno nuevo o seminuevo.
Adicionalmente, se contempla un aporte directo de $1.000 para pequeños negocios y emprendimientos, así como alivios financieros que incluyen renovación o refinanciamiento de créditos en BanEcuador, con hasta tres meses de gracia total (capital e intereses). También se prevén facilidades de pago y exoneraciones de multas e intereses en el SRI y el IESS.
Impulso al turismo y reducción del IVA
Uno de los componentes más destacados del plan es el paquete de reactivación turística, que contempla la reducción del IVA del 15 % al 8 % para el sector, campañas comunicacionales y un programa de capacitación para 3.000 personas.
Asimismo, se implementará un eje específico de promoción regional, con campañas turísticas acompañadas de la reducción temporal del IVA al 8 % durante feriados y fines de semana, como incentivo para atraer visitantes a Imbabura y las provincias vecinas. Los ministerios de Turismo y Producción liderarán esta estrategia.
Plan de Vivienda y apoyo al agro:
El componente productivo del programa incluye el Plan de Vivienda “Firmes con Noboa”, que ofrece créditos hipotecarios al 4,99 % anual. Además, se ejecutarán proyectos orientados al fortalecimiento del campo y la ganadería, entre ellos:
-Cuidando el agro: Entrega de paquetes tecnológicos con una subvención del 78 % para mejorar la productividad.
– Reconversión y sostenibilidad ganadera: Distribución de kits de semillas y tecnología.
– Diversificando la agroproductividad: Apoyo a la mecanización agrícola para avanzar hacia una producción más tecnificada.
El comunicado oficial detalla los instrumentos financieros y las zonas priorizadas del plan, aunque aclara que los trámites y requisitos específicos aún no han sido publicados. La Presidencia informó que en los próximos días se emitirán los instrumentos técnicos y administrativos necesarios para poner en marcha las medidas. Asimismo, el Gobierno anticipó que el programa será complementado con nuevas acciones estratégicas orientadas a fortalecer la reactivación económica y social de las provincias más afectadas del norte del país.
(Redacción Imbabura).- En un escenario nacional marcado por bloqueos en carreteras y el anuncio de nuevas movilizaciones sociales, el presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción en siete provincias del país: Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo. La medida, que regirá por 60 días, busca enfrentar la “grave conmoción interna” que, según el Gobierno, afecta al libre tránsito, la seguridad y el desarrollo de las actividades económicas y sociales.
El Decreto Ejecutivo 134 dispone operativos conjuntos entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional, con facultades para realizar registros sin orden judicial. También suspende temporalmente la libertad de reunión, restringiendo marchas y aglomeraciones no autorizadas, e intensifica los controles en carreteras y puntos estratégicos. A diferencia de otros estados de excepción recientes, no se establece toque de queda, aunque sí pueden aplicarse restricciones de movilidad en zonas específicas.
En el caso de Imbabura, la provincia se encuentra directamente bajo estas disposiciones. Sin embargo, desde la Alcaldía de Ibarra se extendió un comunicado confirmando que, pese a la declaratoria, las fiestas de Ibarra se desarrollarán con normalidad y se va a garantizar la seguridad en los eventos culturales y festivos de la capital imbabureña.
De esta manera, mientras en varias provincias del Ecuador rigen mayores controles y se prevén nuevas protestas, en Ibarra los habitantes se preparan para vivir sus fiestas con un despliegue especial de seguridad, que busca equilibrar la tradición local con las medidas impuestas a nivel nacional.
(Redacción Imbabura).- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a través del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), reportó que Ecuador registró 5.268 homicidios en el primer semestre de 2025 (enero-julio), lo que representa un incremento del 47% respecto al mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3.753 casos. En lo que respecta a los homicidios intencionales por grupo etario, la estadística nacional evidencia que la población de mayor afectación son víctimas entre los 25 y 29 años, representando el 19,2 % del total de homicidios en el periodo de 2025.
Este lapso de siete meses se ha catalogado como el periodo más violento de la última década, en medio de una crisis de inseguridad marcada por la acción de carteles, mafias y grupos de delincuencia organizada, así como por la fragmentación de bandas criminales y la aparición de nuevas estructuras delictivas desde finales de 2024.
Frente a esta situación, el presidente Daniel Noboa ha decretado 13 estados de excepción y conmoción interna, siendo el más reciente el del 6 de agosto, que incluyó a seis provincias, en su mayoría ubicadas en la región Costa, debido al aumento de robos, homicidios y casos de sicariato.
En el caso de Imbabura, la provincia registra un 4,42% de participación en los homicidios por cada 100 mil habitantes, superando a territorios como Carchi, Loja, Napo, Morona Santiago y Azuay. La tasa provincial de homicidios pasó de 18 en 2024 a 22 en 2025, lo que refleja un aumento de 3,64 puntos respecto al año pasado.
Imbabura registró 4.42% en la tasa de homicidios en el país
En la capital imbabureña, la percepción ciudadana sobre robos, homicidios y delincuencia ha crecido. Entre enero y julio de 2025 se reportaron 15 homicidios, frente a los 12 del mismo periodo en 2024, lo que elevó la tasa provincial del 5,25% al 6,5%.
Cantones como Pimampiro e Ibarra sobresalen con una mayor tasa en la provincia (7,07% y 6,5%, respectivamente), mientras que Cotacachi, Otavalo y Antonio Ante muestran tasas muy bajas, incluso por debajo del promedio latinoamericano de 19,7 por cada 100 mil habitantes.
