(Redacción Imbabura).– La Policía Nacional ejecutó intervenciones de control en los Centros de Privación de Libertad (CPL) de la provincia, como parte de la Estrategia Operacional 3D, orientada a intervenir estos espacios estratégicos con el objetivo de debilitar, desorientar y desarticular estructuras delictivas que operan al interior de los centros penitenciarios.
Estas acciones permitieron reforzar los niveles de seguridad y control, tanto para las personas privadas de libertad como para el personal de seguridad penitenciaria, en el marco de las operaciones permanentes que ejecuta la institución policial
Durante las acciones policiales se logró el decomiso de varios objetos prohibidos, entre los que constan ocho dispositivos móviles, trece envolturas sujetas a fiscalización, cinco cargadores de celular, ocho cables USB, doce objetos cortopunzantes, dos fosforeras, ocho pipas artesanales y dos auriculares.
La Policía Nacional indicó que estos controles continuarán ejecutándose de manera permanente en la provincia como parte de las estrategias de seguridad para prevenir actos ilícitos.
(Redacción Imbabura).- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a través del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), reportó que Ecuador registró 5.268 homicidios en el primer semestre de 2025 (enero-julio), lo que representa un incremento del 47% respecto al mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3.753 casos. En lo que respecta a los homicidios intencionales por grupo etario, la estadística nacional evidencia que la población de mayor afectación son víctimas entre los 25 y 29 años, representando el 19,2 % del total de homicidios en el periodo de 2025.
Este lapso de siete meses se ha catalogado como el periodo más violento de la última década, en medio de una crisis de inseguridad marcada por la acción de carteles, mafias y grupos de delincuencia organizada, así como por la fragmentación de bandas criminales y la aparición de nuevas estructuras delictivas desde finales de 2024.
Frente a esta situación, el presidente Daniel Noboa ha decretado 13 estados de excepción y conmoción interna, siendo el más reciente el del 6 de agosto, que incluyó a seis provincias, en su mayoría ubicadas en la región Costa, debido al aumento de robos, homicidios y casos de sicariato.
En el caso de Imbabura, la provincia registra un 4,42% de participación en los homicidios por cada 100 mil habitantes, superando a territorios como Carchi, Loja, Napo, Morona Santiago y Azuay. La tasa provincial de homicidios pasó de 18 en 2024 a 22 en 2025, lo que refleja un aumento de 3,64 puntos respecto al año pasado.
Imbabura registró 4.42% en la tasa de homicidios en el país
En la capital imbabureña, la percepción ciudadana sobre robos, homicidios y delincuencia ha crecido. Entre enero y julio de 2025 se reportaron 15 homicidios, frente a los 12 del mismo periodo en 2024, lo que elevó la tasa provincial del 5,25% al 6,5%.
Cantones como Pimampiro e Ibarra sobresalen con una mayor tasa en la provincia (7,07% y 6,5%, respectivamente), mientras que Cotacachi, Otavalo y Antonio Ante muestran tasas muy bajas, incluso por debajo del promedio latinoamericano de 19,7 por cada 100 mil habitantes.
(Redacción Imbabura).– Un operativo ejecutado por la Policía Nacional del Ecuador, la mañana del sábado 2 de agosto, logró un importante golpe al narcotráfico en la provincia. La acción se desarrolló en el sector de Tababuela, durante un control vehicular coordinado por el Centro Regional de Adiestramiento Canino (CRAC) y su Unidad Canina especializada.
El vehículo, un camión de transporte pesado que se desplazaba desde el cantón Bolívar, en la provincia del Carchi, con destino a Guayaquil, fue detenido tras detectarse una actitud sospechosa por parte de su conductor. Aplicando técnicas de perfilamiento, los uniformados decidieron realizar una inspección minuciosa.
Fue el can detector «Azan» quien marcó una zona específica del automotor, lo que llevó a descubrir un compartimento oculto en su estructura. En el doble fondo, los agentes encontraron 241 paquetes tipo ladrillo, con un logotipo negro, que presuntamente contenían clorhidrato de cocaína. La carga tendría un peso total de aproximadamente 241 kilos.
Según estimaciones preliminares, en el mercado nacional cada kilo de cocaína estaría valorado en aproximadamente 2 mil dólares, mientras que su comercialización en el extranjero habría representado una ganancia ilícita cercana a los 10 millones de dólares. El conductor, identificado como Paul P., de 26 años, ciudadano ecuatoriano oriundo de Ambato, fue aprehendido en el lugar y puesto a órdenes de las autoridades competentes.
(Redacción Imbabura).- La Policía Nacional ejecutó un operativo antidrogas en el sector de Ambuquí, provincia de Imbabura, que dejó como resultado la aprehensión de dos ciudadanos ecuatorianos implicados en el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
Durante la ejecución de operaciones mediante técnicas de observación y perfilamiento, personal policial procedió a detener la marcha de un vehículo tipo bus y, al realizar el registro respectivo en la bodega del automotor, se observaron tres cajas envueltas en cinta plástica transparente. Tras la inspección, se encontraron 44 fundas plásticas tipo ziploc en láminas y seis envolturas más, que contenían, presumiblemente, sustancias sujetas a fiscalización. Posteriormente, se confirmó que se trataba de marihuana, con un peso de 25.117 gramos.
Según estimaciones, el valor de la droga en el mercado nacional asciende a 20.018,75 dólares; en el mercado estadounidense, a 103.320 dólares; y en el mercado europeo, a 180.810 dólares. Además, se incautaron dos teléfonos móviles y un vehículo tipo bus.
El procedimiento fue puesto de inmediato a órdenes de la autoridad competente, y el caso se encuentra en proceso de judicialización bajo supervisión de la Fiscalía, mientras continúan las investigaciones para determinar responsabilidades y conexiones con el narcotrágico en la región.
(Redacción Imbabura).-Ecuador atraviesa una de las peores crisis de seguridad de su historia. Solo en los primeros cinco meses de 2025, el país ha registrado un promedio de un asesinato por hora, según cifras oficiales del Ministerio del Interior. De enero a abril se han contabilizado 3.087 muertes violentas, lo que representa un incremento del 58 % en comparación con el mismo período del año anterior.
Enero y febrero sumaron 1.530 homicidios, mientras que marzo y abril registraron 831 y 726 asesinatos, respectivamente. Las cifras convierten este periodo en el más violento jamás registrado en el país.
A pesar de los operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la violencia continúa escalando. Ciudades de la Costa ecuatoriana, varios sectores de la Sierra y zonas urbanas que antes eran consideradas tranquilas, como Ibarra, también han sido alcanzadas por esta ola delictiva.
En la capital imbabureña, la percepción de inseguridad ha crecido significativamente. La ciudadanía reporta un incremento de los delitos de oportunidad, como robos a domicilios y asaltos a personas en la vía pública, especialmente en zonas con escasa iluminación y sin presencia policial. Los antisociales, a bordo de motocicletas, aprovechan la falta de patrullaje para cometer estos robos. En sectores como Miravalle y Los Huertos Familiares, se registran hasta tres robos por semana según los reportes ingresados a nuestra redacción.
Frente a este panorama, el presidente Daniel Noboa envió el pasado 17 de mayo su primer proyecto de ley a la nueva Asamblea Nacional. Bajo el nombre de “Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno”, la iniciativa busca golpear las finanzas de los grupos delincuenciales, atacando directamente el poder económico del crimen organizado.
La propuesta, calificada como urgente en materia económica, implica reformas al Código Orgánico Integral Penal y otros cuerpos legales. Los asambleístas tienen un plazo de 30 días para tramitarla.
El texto legal propone medidas tributarias, financieras y de seguridad con el objetivo de “proteger a la ciudadanía, estabilizar el sistema económico y reactivar zonas afectadas por el crimen organizado”.
El crecimiento del narcotráfico y la presencia de bandas delincuenciales han profundizado la crisis. Noboa enfrenta el mayor reto de su mandato: recuperar el control territorial y restablecer la seguridad del país.
(Redacción Ibarra).- En un operativo denominado «Gran batalla», desarrollado por la Policía Nacional en Ibarra la noche del 24 y madrugada del 25 de mayo de 2025, tres personas fueron aprehendidas tras ser descubiertas transportando aproximadamente 437 gramos de cocaína.
El procedimiento policial se ejecutó como parte de las acciones de control y seguridad en la región norte. Durante la intervención, el Grupo de Operaciones Especiales logró identificar, a la altura del control aduanero en Priorato, un vehículo tipo taxi utilizado para el transporte de la droga y tres teléfonos celulares.
Según información de la Policía Nacional, uno de los detenidos posee antecedentes penales por tráfico ilegal de migrantes, lo que ha levantado sospechas sobre una posible vinculación con redes delictivas dedicadas a este ilícito. Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para determinar nexos con otras organizaciones de narcotráfico.
(Redacción Ecuador).- “Aferrarse a los cargos no le hace bien al país”. Con esas palabras, la abogada ibarreña Diana Salazar anunció este martes 20 de mayo su renuncia como Fiscal General del Estado, luego de seis años y 42 días al frente de una de las instituciones clave en la justicia ecuatoriana.
Nacida en Ibarra en junio de 1981, Diana Salazar se convirtió en un símbolo nacional de la lucha contra la corrupción. Su paso por la Fiscalía estuvo marcado por investigaciones de alto impacto que sacudieron al poder político y económico del país, revelando tramas que involucraron a expresidentes, exvicepresidentes, jueces, asambleístas y funcionarios públicos.
Estos son los 10 casos de connotación nacional que manejó Diana Salazar:
Caso Metástasis
Caso Purga
Caso Plaga
Caso Encuentro
Caso Sobornos
Caso Sinohydro
Caso Vocales
Independencia Judicial
Reconstrucción de Manabí
Caso FIFA Gate
Caso Metástasis:
A raíz del asesinato del narcotraficante Leandro Norero en la cárcel de Cotopaxi, la investigación de la Fiscalía General permitió obtener evidencias, como los celulares de Norero.
Así se determinó su estrategia delictual para evadir a la justicia, con el apoyo de un grupo estructurado, entre los que se cuentan jueces, fiscales, funcionarios del Consejo de la Judicatura y del SNAI, abogados en libre ejercicio y otros. El delito que se investigó fue delincuencia organizada.
El expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán, el exdirector del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) Pablo Ramírez, y algunos jueces involucrados en el Caso Metástasis, recibieron sentencia la tarde del lunes 25 de noviembre del 2024.
Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia los condenó a nueve años y cuatro meses de prisión por el delito de delincuencia organizada. La Fiscalía General del Estado demostró que Terán y 18 personas más actuaron como parte de una estructura de corrupción en el sistema de justicia para beneficiar al fallecido narcotraficante Leandro Norero.
Caso Purga:
A raíz del caso Metástasis, la Fiscalía encontró indicios para investigar a un exasambleísta, la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, varios jueces de la misma Corte y personal administrativo de la Dirección del Consejo de la Judicatura de esa jurisdicción.
Ellos fueron señalados por el presunto delito de delincuencia organizada para favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico. Es decir, partiendo del poder político legislativo, pervirtiendo el poder judicial y favoreciendo o buscando favorecer a criminales como alias “Fito”.
La Corte Nacional de Justicia dictó, el 3 de marzo del 2025, una sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada contra el exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), Pablo Muentes; la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo; y el exjuez del Guayas, Johann Marfetán, en el marco del caso Purga.
Caso Plaga
La Fiscalía General investigó el presunto delito de delincuencia organizada por parte de jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios públicos. Todos fueron señalados por otorgar ilegítimamente acciones constitucionales a personas privadas de la libertad.
Según el Ministerio Público, la red delictiva captaba a sus integrantes a través de la entrega de dinero o favores a cambio de permitir que los presos obtengan libertad.
Caso Encuentro
Fiscalía investiga una presunta organización criminal conformada por funcionarios públicos y particulares, quienes, de forma planificada y coordinada, pretendían obtener réditos económicos indebidos valiéndose de su posición cercana con la política y así interferir en instituciones públicas como: CNEL EP, BanEcuador y Servicio Nacional de Aduanas.
Con sus acciones, el grupo habría direccionado la adjudicación de contratos y el ingreso irregular de personas en empresas del Estado, con la finalidad de obtener beneficios económicos.
Caso Sobornos
Un Tribunal de la Corte Nacional sentenció a 8 años de pena privativa de libertad a 18 personas, entre ellos, Rafael Correa y Jorge Glas, expresidente y exvicepresidente de la República, respectivamente. También, dos procesadas recibieron penas atenuadas. Luego de haber analizado las pruebas presentadas por Fiscalía, fueron declarados culpables del delito de cohecho.
La investigación de Fiscalía determinó que los sentenciados conformaron una estructura criminal que recibió sobornos, a través de cruce de facturas y en efectivo, entre 2012 y 2016. Con eso se habría pagado servicios para el movimiento político Alianza País y, a cambio, los empresarios sentenciados recibían contratos con el Estado.
Caso Sinohydro
La investigación de la Fiscalía General permitió develar una presunta red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, que habría operado entre 2009 y 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero.
Se habrían pagado alrededor de 76 millones de dólares en sobornos, aproximadamente el 4% del valor contratado por la obra. Para la entrega de coimas se habría utilizando a terceras personas a cambio de falsos servicios de consultorías y representaciones. En este caso se investiga el delito de cohecho.
Caso Vocales
En este proceso se investigó el delito de tráfico de influencias. La investigación de este caso se inició en junio de 2022, luego de que un exasambleísta y un abogado denunciaran el hecho, con base en la difusión de la grabación de una conversación entre dos vocales del Consejo de la Judicatura y el entonces presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.
En el audio se escuchaba una conversación sobre una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Guadalupe Llori, para mantenerse en el cargo.
Caso Independencia Judicial
Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, fue condenado a nueve años y cuatro meses de cárcel, el 23 de diciembre del 2024, dentro del caso denominado Independencia Judicial. Fue juzgado como parte de la investigación por obstrucción a la justicia.
El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia determinó la culpabilidad de Terán, pues él fue parte de la mayoría de vocales que ejecutó la suspensión y destitución del juez, Walter Macías, relevado de la Corte en el 2023.
Según las investigaciones de Fiscalía, en este caso se habría interferido ilegalmente en el proceso judicial relacionado con la destitución del juez Walter Macías, quien estaba a cargo del caso Vocales.
Caso Reconstrucción de Manabí
La investigación de Fiscalía determinó la presunta existencia de un abuso de fondos públicos en beneficio de terceras personas y empresas, quienes fueron contratistas y fiscalizadores de contratos suscritos en el marco de la emergencia por el terremoto en Manabí del 16 de abril de 2016.
En este caso está procesado el exvicepresidente Jorge Glas. De hecho, ayer (lunes 19 de mayo del 2025) se conoció que él fue llamado a juicio por presunto peculado (malversación de fondos públicos) en las obras de reconstrucción.
Junto a Glas, que ya tiene dos condenas previas por corrupción, también se juzgará a Carlos Bernal, exsecretario del Comité de Reconstrucción de Manabí, que el entonces vicepresidente lideraba con el objetivo de seleccionar las obras que debían ejecutarse.
CASO FIFA GATE
En 2015, la fiscal Diana Salazar lideró en Ecuador la investigación del caso FIFA Gate, que destapó una red de corrupción en el fútbol. Acusó por lavado de activos al entonces presidente de la FEF, Luis Chiriboga, quien fue condenado a 10 años de prisión. Su trabajo marcó un hito en la lucha contra la corrupción deportiva y consolidó a Salazar como una figura clave en la justicia ecuatoriana.
Pese a mantener siempre un perfil bajo, su firmeza y claridad al presentar pruebas y enfrentar presiones políticas hicieron de Diana Salazar una figura incómoda para sectores del poder.
Su salida de la Fiscalía General se produce en medio de la falta de un reemplazo designado por el Consejo de Participación Ciudadana. Mientras tanto, el doctor Wilson Toainga continuará como subrogante hasta que el proceso concluya.
En su mensaje de despedida, Salazar reiteró su compromiso con la justicia y agradeció la confianza del país. “Estoy segura de que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance”, afirmó.
(Redacción Imbabura).- En una operación clave contra el narcotráfico, la Policía Nacional ejecutó este 14 de mayo el operativo “Gran Llegada” en la provincia de Imbabura, logrando incautar más de 318 kilos de cocaína ocultos en compartimentos camuflados dentro de vehículos y valorados en alrededor de 14 millones de dólares en Europa.
El despliegue, liderado por la Jefatura de Investigación Antidrogas de Imbabura, terminó con la captura de dos personas. Uno fue detenido en Otavalo tras una actitud sospechosa ante la presencia policial, mientras que el segundo fue aprehendido en Tabacundo luego de una intensa persecución.
La droga estaba distribuida en dos automotores: el primero transportaba 168,05 kg y el segundo, 150,59 kg de cocaína. Ambos vehículos fueron retenidos como evidencia. Los detenidos fueron identificados como Pedro C., ecuatoriano sin antecedentes, y Josa N., quien registra un antecedente por acoso sexual.
Según las autoridades, con este operativo se evitó que más de 3 millones de dosis llegaran al mercado ilegal.
