(Redacción Ecuador).- El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) informó que la pobreza extrema en Ecuador bajó al 10,4 % a nivel nacional en junio de 2025, lo que representa que alrededor de 220 mil personas han salido de esta condición en el último año. Según el informe, en las zonas urbanas la pobreza extrema disminuyó al 3,5 %, mientras que en áreas rurales se mantiene elevada, con un 25,1 %, lo que significa que una de cada cuatro personas en el campo vive en condiciones de extrema precariedad.
Pese a la aparente mejora, el propio INEC señaló que no existe una diferencia estadísticamente significativa con respecto a junio de 2024, lo que evidencia que el cambio es leve y no representa una transformación estructural en las condiciones de vida de los ecuatorianos más vulnerables.
En contraste con los datos oficiales, ciudadanos en distintas partes de la provincia expresan que la realidad económica cotidiana sigue siendo compleja. En recorridos realizados en Ibarra, Cotacachi y Otavalo, se constata un aumento del comercio informal, empleos por horas y una creciente dificultad para cubrir el costo de la canasta básica. Muchas personas indican que, aunque no se consideren dentro del umbral de pobreza extrema, sus ingresos han disminuido y sus condiciones laborales se han precarizado.
“Los datos pueden decir que hay menos pobreza, pero en mi barrio cada vez hay más gente vendiendo en las calles o buscando trabajo”, señala Silvia Aguirre, madre de familia oriunda de la ciudad de Ibarra. Este tipo de testimonios refleja una desconexión entre las cifras oficiales y la percepción ciudadana, que se inclina más hacia la incertidumbre económica y la inestabilidad laboral.
Mientras tanto, algunos analistas económicos advierten que la mejora registrada por el INEC, aunque positiva, podría ser frágil y desigual. El empleo adecuado sigue estancado y la informalidad laboral supera el 55 %, lo que impide que amplios sectores de la población accedan a una seguridad económica sostenida. Aseguran que, sin políticas públicas orientadas a la generación de empleo formal y a la redistribución efectiva de la riqueza, los avances podrían revertirse con facilidad.
(Redacción Imbabura).- Una vez posesionado el gobierno de Daniel Noboa el próximo 24 de mayo, los retos a los que se enfrentaría su gobierno en la provincia de Imbabura son claros: vialidad, seguridad y empleo. Estos temas concentran la atención de autoridades locales y ciudadanos, quienes esperan que el nuevo gobierno cumpla con los ofrecimientos adquiridos durante la campaña y atienda las demandas de la provincia.
Vialidad:
El paso lateral de Ibarra: Una obra iniciada en 2013 y paralizada desde 2014 por falta de recursos sigue inconclusa más de una década después. Su construcción fue planificada con el objetivo de descongestionar el tránsito en zonas céntricas de la ciudad y facilitar la movilidad hacia las provincias de Imbabura, Carchi y Esmeraldas.
Durante la campaña presidencial de 2025, el ahora presidente Daniel Noboa ofreció retomar y culminar esta vía estratégica. En 2023, se estimaba que completar la obra costaría alrededor de 65 millones de dólares; sin embargo, en 2025, considerando la variación de precios y el incremento en los costos de materiales e insumos, se calcula que el valor podría ascender a unos 80 millones. A pesar de su importancia para la región, hasta hoy no se ha registrado ningún avance significativo y ningún gobierno ha logrado superar lo construido hace ya diez años.
Vía RVE10, kilómetro 114, sector El Guadual: Se mantiene como uno de los tramos más críticos de la carretera Ibarra–San Lorenzo, que conecta las provincias de Imbabura y Esmeraldas. En diciembre de 2021, un derrumbe destruyó gran parte de la mesa de la vía, inhabilitando completamente el paso vehicular y dejando aisladas a varias comunidades de la zona.
A pesar de múltiples anuncios y compromisos, como la fallida propuesta de construir un puente Bailey, la ejecución de un camino piloto que nunca se concluyó y un contrato firmado en 2023 para una variante con un puente definitivo, adjudicado por USD 3’572.941 (sin IVA), a cargo de la empresa PATE C.A. y con supervisión técnica de IPH Pablo Herrera, con plazo de entrega para el mismo año, la obra nunca se ejecutó. Problemas técnicos, la presencia de una falla geológica, deficiencias en la planificación, trabas administrativas y acciones legales entre contratistas han impedido su avance. Hasta hoy, ni los gobiernos anteriores ni el actual han logrado concretar una solución estructural para este tramo crítico de la vía.
La Ing. Carla Acosta, directora distrital del MTOP en Imbabura, confirmó en rueda de prensa que la vía RVE10, desde Salinas hasta Lita, continúa siendo un punto crítico sin intervención definitiva, afectado por deslizamientos constantes agravados por la pasada temporada invernal. A este se suma otro tramo conflictivo en el sector de Palacara, afectado por socavamiento. Ambos puntos cuentan únicamente con señalización preventiva, sin que hasta ahora se ejecuten obras que garanticen una solución de largo plazo y que además esperan desde el 2021 una solución definitiva.
Seguridad ciudadana: La creciente percepción de inseguridad, el avance del microtráfico y el aumento de la delincuencia exigen una intervención urgente y sostenida en todo el país, especialmente en provincias como Imbabura. Se requiere reforzar la presencia policial, implementar sistemas de videovigilancia, intensificar el patrullaje coordinado y aplicar políticas de prevención con énfasis en entornos escolares y comunitarios. Aunque en 2024 Ecuador registró una tasa de 38,76 muertes violentas por cada 100.000 habitantes —una reducción de 7,42 puntos frente a 2023—, los datos del Ministerio del Interior revelan que solo en el primer trimestre de 2025 se contabilizaron 2.361 homicidios, de los cuales 831 ocurrieron en marzo. Estas cifras reflejan una violencia persistente a nivel nacional, que obliga al Gobierno a actuar con firmeza en todos los territorios, incluyendo a Imbabura, donde la ciudadanía demanda respuestas inmediatas.
Reducción de la pobreza y generación de empleo: Imbabura necesita políticas integrales para disminuir brechas de desigualdad. Fomentar el empleo juvenil, fortalecer emprendimientos rurales y abrir oportunidades en sectores como el agro, el turismo y la economía popular son urgencias que no pueden postergarse. Según datos del INEC de 2024, la provincia de Imbabura registró el 3,8% de desempleo, y solo el 29,1% de su población tenía acceso a un empleo adecuado. El subempleo se posicionó en el 19,9% y el 55,1% permaneció en la informalidad.
Para el presidente Daniel Noboa, enfrentar los problemas que arrastra Imbabura —como la inseguridad, la falta de empleo y el abandono de obras viales estratégicas— no solo representa un reto técnico, político y financiero, sino también una oportunidad clave para recuperar la confianza ciudadana. Atender estas tres áreas de forma articulada permitiría dinamizar la economía local, mejorar la movilidad y fortalecer la seguridad en una provincia que lleva años esperando respuestas concretas.
