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Operativo “Depuración Azul” investiga a uniformados por venta de armas al crimen organizado en Imbabura

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(Redacción Ecuador).- La Fiscalía General del Estado anunció esta mañana el inicio de un operativo de gran envergadura denominado “Depuración Azul”, que busca desarticular una red de delincuencia organizada dentro de la propia Policía Nacional. La investigación pone en la mira a uniformados en servicio activo que, presuntamente, estarían abasteciendo de armas y municiones a grupos delictivos a cambio de dinero.

Como parte de esta acción, se están realizando allanamientos simultáneos en varias provincias del país, incluyendo Imbabura, Pichincha, Guayas y Cotopaxi. En Imbabura, las autoridades han intervenido en diversos puntos estratégicos para recabar pruebas y desarticular esta presunta estructura criminal.

Este nuevo escándalo ocurre en medio de una escalada de violencia en el país, donde las armas provenientes del mercado negro han sido utilizadas en delitos graves como asesinatos, sicariatos y atentados contra servidores públicos. Uno de los focos principales del operativo es el Departamento de Almacenamiento de la Dirección Nacional de Logística de la Policía, donde se investigan posibles irregularidades en el manejo y entrega de armamento institucional.

Hasta el momento se conoce la aprehensión de 10 uniformados por este delito y otros servidores policiales estarían bajo investigación.

Inseguridad en Ibarra evidencia la urgencia en las reformas penales propuestas por Noboa

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(Redacción Imbabura).-Ecuador atraviesa una de las peores crisis de seguridad de su historia. Solo en los primeros cinco meses de 2025, el país ha registrado un promedio de un asesinato por hora, según cifras oficiales del Ministerio del Interior. De enero a abril se han contabilizado 3.087 muertes violentas, lo que representa un incremento del 58 % en comparación con el mismo período del año anterior.

Enero y febrero sumaron 1.530 homicidios, mientras que marzo y abril registraron 831 y 726 asesinatos, respectivamente. Las cifras convierten este periodo en el más violento jamás registrado en el país.

A pesar de los operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la violencia continúa escalando. Ciudades de la Costa ecuatoriana, varios sectores de la Sierra y zonas urbanas que antes eran consideradas tranquilas, como Ibarra, también han sido alcanzadas por esta ola delictiva.

En la capital imbabureña, la percepción de inseguridad ha crecido significativamente. La ciudadanía reporta un incremento de los delitos de oportunidad, como robos a domicilios y asaltos a personas en la vía pública, especialmente en zonas con escasa iluminación y sin presencia policial. Los antisociales, a bordo de motocicletas, aprovechan la falta de patrullaje para cometer estos robos. En sectores como Miravalle y Los Huertos Familiares, se registran hasta tres robos por semana según los reportes ingresados a nuestra redacción.

Frente a este panorama, el presidente Daniel Noboa envió el pasado 17 de mayo su primer proyecto de ley a la nueva Asamblea Nacional. Bajo el nombre de “Ley Orgánica para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno”, la iniciativa busca golpear las finanzas de los grupos delincuenciales, atacando directamente el poder económico del crimen organizado.

La propuesta, calificada como urgente en materia económica, implica reformas al Código Orgánico Integral Penal y otros cuerpos legales. Los asambleístas tienen un plazo de 30 días para tramitarla.

El texto legal propone medidas tributarias, financieras y de seguridad con el objetivo de “proteger a la ciudadanía, estabilizar el sistema económico y reactivar zonas afectadas por el crimen organizado”.

El crecimiento del narcotráfico y la presencia de bandas delincuenciales han profundizado la crisis. Noboa enfrenta el mayor reto de su mandato: recuperar el control territorial y restablecer la seguridad del país.