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Empresa recogió productos caducados de una quebrada de Ibarra tras cuestionada disposición de residuos

(Redacciòn Ibarra).- Un caso de disposición ilegal de residuos generó preocupación entre los moradores en Ibarra, luego de que se denunciara el abandono de una gran cantidad de productos alimenticios en una quebrada ubicada en el sector La Violeta, sobre la conocida Ruta de las Haciendas. El hecho quedó registrado en un video el pasado mièrcoles 1 de julio, en el que se observa a presuntos trabajadores descargando los residuos desde un camión que portaba la imagen de la reconocida empresa ecuatoriana de embutidos y productos cárnicos La Italiana.

Tras la publicación de la noticia por parte de nuestro medio, el dia sabado 4 de julio personal del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Ibarra realizó una inspección en el sitio, constatando que los desechos correspondían a embutidos en mal estado y productos lácteos con su fecha de caducidad vencida.

Con estos antecedentes, las autoridades se pusieron en contacto con la empresa relacionada con los productos encontrados para notificar lo ocurrido y, posteriormente, emitieron la respectiva citación a la Comisaría Ambiental del GAD de Ibarra, dando inicio al proceso administrativo correspondiente conforme a la normativa vigente.

La comisaria ambiental del GAD de Ibarra, Paola Molina, manifestó que, de acuerdo con lo establecido en las ordenanzas municipales, además del proceso sancionador y las posibles multas económicas, se exige la restitución del sitio afectado a sus condiciones originales.

Por su parte, el director de Medio Ambiente del GAD de Ibarra, Diego Villalba, explicó que cuando existe un volumen considerable de residuos provenientes de empresas o establecimientos, estas deben notificar al Municipio para coordinar el acompañamiento técnico y el traslado del material al relleno sanitario de San Alfonso, donde se garantiza una disposición final adecuada mediante la destrucción de productos caducados.

Villalba enfatizó que este procedimiento evita la contaminación de las cuencas hídricas, la vegetación y otros ecosistemas, reduciendo los riesgos ambientales derivados del abandono de este tipo de residuos.

Tras conocerse el caso, Juan Pablo Madero, gerente de Marketing de La Italiana, manifestó que «el camión pertenece a un distribuidor de la zona, es un servicio externo, que no es de su total control pero que sí debe responder a su filosofía». Además, señaló que «este tipo de camiones, disponen de un sistema de refrigeración, lo que en algunas ocasiones genera un excedente de hielo» y que lo que se está «desechando» es el exceso de hielo. Asimismo, indicó que » la práctica o ejecución no es la correcta, ya que existe un tratamiento y proceso para cada uno de estos casos».

Finalmente, afirmó: «Hemos tomado las correcciones internas necesarias, para que este tipo de prácticas no se repitan y cada uno de los actores, internos o externos, se apeguen a nuestras políticas, normativas y filosofía.»

En Ecuador, el Código Orgánico del Ambiente (COA) prohíbe este tipo de prácticas por los daños que ocasionan al ambiente y a las fuentes hídricas. Dependiendo de la gravedad del caso, los responsables enfrentan sanciones administrativas, económicas e incluso penales, conforme a lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Video viral en Quito abre debate sobre derecho a la intimidad y la difusión de procedimiento policial

(Redacción Ecuador).- La difusión de un video en el que se observa a una pareja manteniendo relaciones sexuales dentro de un vehículo en Quito ha reactivado el debate sobre los límites legales de este tipo de actos en espacios públicos y el alcance de la intervención policial. El hecho se registró en el sector de La Mariscal, cerca de la Plaza Foch, donde agentes de la Policía Nacional, durante un patrullaje nocturno, sorprendieron a la pareja en el interior de un automóvil estacionado.

En Ecuador, mantener relaciones sexuales dentro de un vehículo en un espacio público no constituye un delito, ya que esta conducta no está tipificada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). No obstante, los ocupantes podrían estar expuestos a sanciones administrativas de carácter municipal por el uso indebido del espacio público, así como a intervenciones derivadas de denuncias ciudadanas si se considera que el acto afecta el orden público o la convivencia.

Además, podrían generarse otras infracciones si el vehículo se encuentra estacionado en un lugar no permitido o agravantes como la participación de menores de edad, la falta de consentimiento o la presencia de violencia, casos en los que se configuraría un delito contra la integridad sexual.

Expertos señalan que, si bien los agentes están facultados para realizar controles en espacios públicos, deben actuar bajo principios de proporcionalidad y respeto a los derechos ciudadanos. La Constitución ecuatoriana garantiza el derecho a la privacidad, la honra y la imagen personal. Aunque un vehículo no tiene la misma protección que un domicilio, sí existe una expectativa razonable de intimidad que exige intervenciones prudentes.

CASOS ANTERIORES EN EL PAÍS

En marzo de 2022, se difundió un video en el que se observaba a una pareja manteniendo relaciones sexuales dentro de un vehículo estacionado en un terreno baldío en Guayaquil, situación en la que intervinieron agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM). En ese entonces, la entidad aclaró que el material no fue grabado por su personal, sino que fue difundido por un ciudadano.

Otro hecho ocurrió el 24 de junio de 2023, cuando una pareja fue captada manteniendo relaciones sexuales en una cabina de la Aerovía, un sistema que prohíbe expresamente la realización de “actos indebidos que atenten contra las buenas costumbres”. El video fue posteriormente viralizado en redes sociales por un operador, a partir de imágenes obtenidas del sistema de vigilancia del Consorcio Aerosuspendido Guayaquil.

En estos casos, la difusión de este tipo de contenido sin consentimiento podría constituir el delito de violación a la intimidad, sancionado con penas de uno a tres años de prisión, de acuerdo con el artículo 178 del COIP. En el ámbito administrativo, algunos municipios han regulado estas conductas; por ejemplo, el Municipio de Pastaza mantiene vigente, desde 2016, una ordenanza que prohíbe mantener relaciones sexuales en espacios públicos como calles, plazas, aceras, parques y escenarios deportivos.

Este nuevo suceso en Quito evidencia los vacíos y límites de la normativa ecuatoriana frente a conductas en espacios públicos. Aunque mantener relaciones sexuales dentro de un vehículo no constituye un delito penal, sí puede generar sanciones administrativas y la intervención de las autoridades cuando se considera que afecta el orden o la convivencia. Sin embargo, la polémica se centra en el manejo del procedimiento y la posible vulneración a la intimidad, especialmente por la grabación y difusión del hecho.

Juez constitucional falla a favor del lago San Pablo y ordena ejecutar un plan de remediación ambiental

(Redacción Imbabura).- En un hecho sin precedentes para la jurisprudencia ambiental del país, un juez constitucional reconoció al Lago San Pablo como sujeto de derechos, marcando un hito legal en la protección de la naturaleza en Ecuador. La decisión judicial obliga a las autoridades locales a responder por años de omisión y negligencia en el manejo de este emblemático cuerpo de agua. Durante la audiencia celebrada ayer, el juez acogió la acción de protección presentada por colectivos ciudadanos y declaró responsables a la Empresa Pública de Agua Potable de Otavalo (EMAPAO) y al Municipio de Otavalo por la vulneración de los derechos de la naturaleza.

El fallo dispone la ejecución inmediata de un plan de remediación ambiental que deberá ser elaborado en coordinación con otras entidades del Estado. El proceso judicial con el número 10311-2025-00496 se basó en evidencia técnica, testimonios de la comunidad y múltiples denuncias sobre la creciente contaminación del lago San Pablo, el más emblemático de la provincia. Organizaciones como Unidos por la Pachamama, impulsoras de esta causa, celebraron la sentencia como una victoria histórica y una oportunidad para revertir décadas de daño ambiental.

El pasado 6 de mayo, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) presentó una denuncia ante la Fiscalía provincial de Imbabura por presunto delito contra el agua, según el artículo 251 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). También inició un procedimiento administrativo contra EMAPAO y el Municipio de Otavalo, tras conocerse un diagnóstico técnico de la Corporación para la Defensa del Lago San Pablo, que reveló que las 14 plantas de tratamiento estaban fuera de funcionamiento y que cerca de 68.000 litros de aguas residuales se descargan diariamente en el lago. El nivel de contaminación se situó en 7 sobre 10, calificándolo como “alarmante” por el Ministerio, y de no tomarse acciones urgentes, el lago podría desaparecer en menos de dos años.

Con la sentencia en firme, EMAPAO y el Municipio deberán presentar un plan integral que contemple medidas urgentes para detener la contaminación, restaurar las áreas afectadas y garantizar un sistema sostenible de tratamiento de aguas. Aunque los detalles del fallo aún no han sido publicados, se anticipa que incluirá sanciones técnicas y administrativas concretas para los responsables.

Caso Lago San Pablo: Fiscalía investiga a la Alcaldía de Otavalo por posible delito contra el agua

(Redacción Otavalo).- La situación legal de la alcaldesa de Otavalo podría complicarse tras el reciente pronunciamiento del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), que confirmó haber presentado una denuncia formal ante la Fiscalía Provincial de Imbabura por un presunto delito contra el agua, en relación con la crítica situación ambiental del lago San Pablo.

El comunicado, emitido el lunes 6 de mayo, también ratifica que el municipio de Otavalo y la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (EMAPA-O) se encuentran inmersos en un procedimiento administrativo sancionador abierto por el mismo Ministerio, a la que se suma esta denuncia penal por delitos contra el agua, tipificada en artículo 251 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de tres a cinco años de prisión para quienes contaminen, desequen o alteren cuerpos de agua y recursos hidrobiológicos, provocando daños graves al ambiente.

Como parte del proceso sancionador, el MAATE espera que en un plazo máximo de quince días, se entreguen los resultados de los análisis realizados por la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), los cuales serán incorporados como elementos probatorios en la causa administrativa que lleva adelante el Ministerio.

Por su parte, la Fiscalía será la encarga de recoger las pruebas, elementos de convicción, informes técnicos, testimonios y demás elementos necesarios para determinar el grado de responsabilidad de los actuales administradores de la ciudad, como de la Empresa de Agua Potable de Otavalo y los posibles involucrados en este delito penal.

Como antecedente, un caso similar se registró en Cuenca, en el año 2019. En esa ocasión, el Tribunal de Garantías Penales del Azuay encontró culpable a Lorenzo C., quién contaminó gravemente el agua de la quebrada Cachihuayco y alteró con esto su estado natural, dentro de las sanciones el ciudadano enfrentó una pena privativa de libertad de tres años, además debió cumplir con medidas de reparación integral como la limpieza del área afectada, la siembra de 1.000 árboles y disculpas públicas en medios de comunicación y espacios comunitarios.

Según el COIP, contaminar o alterar cuerpos de agua es considerado un delito ambiental grave. En caso de comprobarse la responsabilidad de los actuales funcionarios municipales, las sanciones podrían escalar hasta afectar directamente a las autoridades responsables del manejo de los sistemas de tratamiento de agua residual que se descargan en este lago.

El futuro del caso dependerá del avance de las investigaciones y del informe técnico que emitirá ARCA en los próximos días. Mientras tanto, la ciudadanía y colectivos ambientales exigen respuestas claras y acciones concretas para proteger el lago San Pablo, frente al silencio de la Alcaldía de Otavalo, que hasta la fecha no ha emitido ningún pronunciamiento oficial, generando desconcierto e incertidumbre en la población.